“Generar empleos y mejorar servicios”
«Los recursos económicos que recaudará el Gobierno con el 4% de arbitrios que impondrá a las corporaciones foráneas deben usarse para mejorar los servicios públicos deteriorados por efecto de los despidos de la Ley 7, además de para aliviar la carga contributiva de los asalariados y la clase media», afirmó José Rodríguez Báez, presidente de la Federación de Trabajadores de Puerto Rico (FTPR).
«Ya era tiempo de que los trabajadores paguen menos contribuciones. El problema es que el Gobierno dejó cerca de 30,000 empleados sin ingresos. Para éstos, no significa nada la reducción en las contribuciones, ya que están desempleados, sin poder atender sus necesidades básicas. Para ellos y para los que la empresa privada ha dejado sin trabajo lo verdaderamente importante es encontrar un empleo. Solo generando ingresos permanentes podrían beneficiarse de cualquier reforma contributiva», abundó el dirigente sindical.
Por otro lado, Rodríguez Báez recordó que el Gobierno no debe limitarse al arbitrio a las corporaciones foráneas, que son apenas unas 35 ó 40, sino que debe gravar las ganancias, hasta ahora intocadas, de esas corporaciones y que rondan en los 35 mil millones de dólares anuales.
«Imponer por sólo seis años un arbitrio descendiente de impuesto a las corporaciones foráneas que compran a sus filiales establecidas en Puerto Rico es poco y llega tarde. Los sindicatos le presentamos al Gobierno desde que empezó a hablar de la crisis fiscal alternativas como ésa y otras que hubiesen allegado fondos al fisco sin despedir empleados públicos ni causar el deterioro visible hoy en todos los servicios al pueblo. El Gobierno descartó todas nuestras propuestas, sustentadas con datos y estudios, y optó por los despidos. Ahora empieza a reconocer que la crisis no era fruto del exceso de gasto sino de falta de recaudos. Pero ya el daño está hecho para cerca de 30 mil familias», explicó Rodríguez Báez.
«Por eso insistimos en que para al menos mitigar ese daño, los nuevos recaudos tienen que atender la situación pésima de los servicios públicos y tienen que atender la creación de empleos que les devuelvan la esperanza a los miles y miles que la perdieron con la Ley 7 y sus repercusiones en la empresa privada», subrayó.
Sostuvo que con un impuesto que desaparecerá dentro de seis años no será posible hacer justicia a los miles y miles de trabajadores desempleados, ni será posible sacar del hoyo en que se encuentran los servicios que el pueblo procura en las agencias de Gobierno.
«El Gobierno tiene que ir tras recaudos permanentes para obtener resultados permanentes. Las extraordinarias ganancias de las empresas, que sobrepasan de 35 mil millones de dólares anuales, no pueden seguir disfrutando eternamente de una exención contributiva total. Hay que ponerlas a pagar. Y el Gobierno tiene que coger en serio las demás alternativas propuestas por el movimiento obrero desde hace por lo menos tres años para enfrentar la crisis fiscal sin seguir empeorando el servicio público ni propiciando más despidos», concluyó.