Austeridad y Democracia
Las políticas de austeridad consisten en la reducción del gasto público y el aumento de impuestos (directos o indirectos). El objetivo es permitir que el gobierno libere y disponga de recursos para atender la crisis fiscal y pagar la creciente deuda pública contraída con el sector financiero quienes, no pocas veces, han adoptado cuestionables prácticas para incrementar sus márgenes de ganancias y maximizar beneficios con el interés de continuar aumentando su acervo de capital.
En Puerto Rico se han estado adoptando políticas de austeridad desde, por lo menos, el inicio de la crisis económica y fiscal en el 2006. Posiblemente las dos instituciones que, desde ese momento, han ejemplificado el apoyo a la austeridad y la promoción de medidas basadas en esos principios son el Consejo Asesor de Reconstrucción Económica y Fiscal (CAREF) nombrado en el 2008 por Luis Fortuño, entonces recién electo Gobernador de Puerto Rico, y la Junta de Control Fiscal, creada por el Congreso de EE.UU. en el 2016 a través de la Ley PROMESA.
El CAREF lo formaban banqueros, empresarios, desarrolladores, abogados corporativos y otros. Su presidente era Richard Carrión, entonces Principal Oficial Ejecutivo del Banco Popular; mientras, su director ejecutivo era Marcos Rodríguez Emma, quien en ese momento trabajaba para Empresas Fonalledas (y a quien luego Luis Fortuño nombra como Secretario de la Gobernación[1]). José Ramón González, actual miembro de la Junta de Control Fiscal, también integró el CAREF.[2] Este último, había sido poco antes Presidente y Principal Oficial Ejecutivo del Banco Santander, institución financiera que participó en la emisión millones en bonos del Gobierno de Puerto Rico y por lo cual obtuvo cuantiosos beneficios.[3]
El CAREF tenía la tarea de realizar una evaluación de la condición fiscal y económica del país para ofrecer recomendaciones que estuvieran dirigidas a atender problemas observados entonces. El conjunto de sugerencias se divulgó a la población en un informe producido en enero de 2009. Entre las mismas se encontraban despedir empleados públicos, disminuir la jornada de trabajo, declarar una moratoria en las cláusulas económicas de los convenios colectivos firmados, modificar beneficios marginales como el pago en efectivo de los días de enfermedad en exceso, reducir los fondos asignados por el Gobierno Central a la Universidad de Puerto Rico (UPR), recortar las asignaciones a los municipios, disminuir el presupuesto de los gastos generales, consolidar agencias, vender propiedades del gobierno y formar alianzas público privadas.[4]
Interesantemente, el CAREF recomendó medidas que son impulsadas actualmente por la JCF, cuerpo creado para eliminar el déficit presupuestario y garantizar el pago de la deuda a los bonistas. La JCF está constituida por siete miembros que fueron nombrados por el Presidente de EE.UU. Además de José Ramón González, los otros integrantes de ese organismo del gobierno federal son José Carrión III, Carlos García, Arthur González, Ana Matosantos, Andrew Biggs y David Skeel. Luis Fortuño fue consultado para el nombramiento de José Carrión III y Carlos García a la JCF. Es muy probable que la recomendación que este otorgó a cada uno de ellos haya sido favorable pues el primero es un donante reconocido del Partido Republicano y el Partido Nuevo Progresista[5] que ha señalado públicamente que contribuyó dinero para la campaña electoral de Luis Fortuño como Gobernador de Puerto Rico en el 2008 y que conserva una relación de amistad con él.[6] Mientras que Carlos García — quien tenía relación profesional estrecha con José Ramón González y fue su sustituto en la posición de Presidente y Principal Oficial Ejecutivo del Banco Santander — durante la Administración de Luis Fortuño fue el Presidente del Banco Gubernamental de Fomento y uno de los responsables principales de ejecutar las recomendaciones realizadas por el CAREF.[7]
Note que tanto los miembros del CAREF como de la JCF no son funcionarios electos por los puertorriqueños. Sin embargo, este no es el único paralelismo. El perfil laboral de ellos es similar: profesionales ligados a la banca, las finanzas, los seguros y el derecho corporativo, entre otros. Además, la dirección de cada una de esas instituciones fue asignada a personas que provienen de una misma familia y tienen acceso directo a los círculos de poder en Puerto Rico y en EE.UU. Estos paralelismos ponen de manifiesto un hecho innegable: la austeridad es autoritaria.
En la Isla, las elecciones generales han sido reconocidas tradicionalmente por la población como el principal espacio de participación democrática (concepto problemático en un contexto colonial). Desde el comienzo de la crisis económica y fiscal en el 2006 ha habido tres elecciones generales: 2008, 2012 y 2016. Para cada una de ellas, la cantidad de los electores inscritos se ha reducido; además del número de participantes y los votos obtenidos por candidato electo como gobernador. Algunos podrán señalar que dicha disminución es resultado de la merma en la población producto de los procesos migratorios que se han estado observando en el país durante la pasada década. Pero cuando comparamos el cambio relativo en la población con los indicadores electorales, vemos que los cambios no son proporcionales. Es decir, mientras la población se redujo casi 9% (de acuerdo con proyecciones que realicé utilizando como referencia los censos del 2000 y 2010), los electores inscritos, los electores participantes y los votos del candidato electo gobernador disminuyeron 12.31%, 18.17% y 35.62%, respectivamente.
Este comportamiento electoral pone de manifiesto el creciente malestar que existe en la población con los partidos y la clase política. Como resultado hemos visto en años recientes el surgimiento de organizaciones tales como Movimiento Unión Soberanista y el Partido del Pueblo Trabajador. Su interés ha sido ofrecer alternativas políticas distintas al país, pero no han tenido éxito electoral. Mayor éxito electoral tuvieron las candidaturas independientes — no vinculadas a partidos políticos — que se presentaron las pasadas elecciones para intentar articular ese malestar en expresión política. Los empresarios Alexandra Lúgaro y Manuel Cidre se nominaron para la posición de Gobernador y el salubrista José Vargas Vidot hizo lo propio como candidato por acumulación en el Senado. Los primeros sumaron juntos 266,235 votos. Esta cifra equivale a cerca del 17% del favor popular. Mientras el último, fue el candidato a legislador que mayor apoyo obtuvo con 157,788 votos.
El comportamiento electoral que hemos descrito anteriormente expresa malestar no tan solo con los partidos y la clase política, también señala un disgusto creciente con los procesos electorales. Por ejemplo, la cantidad de personas inscritas que no participan en las elecciones ha aumentado entre el 2008 y el 2016 de 515,000 a 565,000 aproximadamente. Esta cifra no incluye ciudadanos que decidieron no inscribirse en el registro electoral para poder participar en dichos eventos.
Me parece que una de las razones principales para tales conductas responde a que en Puerto Rico la inmensa mayoría de los electores son personas que se sostienen a sí mismos y a sus familias vendiendo su trabajo a cambio de un salario que muchas veces es exiguo y apenas da para vivir. Ese salario es el único ingreso del cual disponen pues no tienen otros medios para sostenerse. Dichos electores van cada cuatro años a las urnas para elegir personas que representen sus intereses en la gestión gubernamental. Sin embargo, esos candidatos —una vez son funcionarios electos— en lugar de cumplir con las promesas que realizaron en sus respectivas campañas políticas y legislar a favor de esa mayoría de personas que son trabajadores y decidieron votar por ellos, aprueban medidas para beneficio de intereses económicos que son una ínfima minoría en el país. Aníbal Acevedo Vilá, Luis Fortuño y Alejandro García Padilla no cumplieron promesas hechas cuando aspiraban a la posición de Gobernador. El primero estableció el impuesto al consumo, el segundo despidió empleados públicos y el tercero quitó recursos a la Universidad de Puerto Rico. Cada uno de ellos habían prometido no ejecutar esas medidas en caso de triunfar en las elecciones. Prometer otra cosa limitaban sus posibilidades de éxito. ¿O alguien piensa, por ejemplo, que Ricardo Rosselló hubiese sido Gobernador si hubiese dicho explícitamente en su campaña que limitaría el derecho a acumular licencia de vacaciones, licencia de enfermedad y bono de navidad? ¿O que cerraría escuelas públicas, subiría los costos de estudios en la Universidad de Puerto Rico y privatizaría la Autoridad de Energía Eléctrica?
Como resultado hemos visto entonces cómo la ciudadanía busca espacios alternos a las urnas para hacer valer sus derechos. La solución hallada ha sido ocupar las calles y otros espacios públicos. Tras el Huracán María, vecinos se organizaron para exigir la electrificación de sus hogares, comunidades escolares se movilizan para defender sus escuelas y mantener las mismas abiertas y trabajadores del sector público y del sector privado se convocan para marchar contra la austeridad. A pesar de los intentos realizados para limitar tales iniciativas ciudadanas a través de la desinformación, la utilización de la fuerza policiaca y la radicación de casos en los tribunales, múltiples sectores defienden sin miedo derechos básicos esenciales y los limitados espacios de acción democrática en un contexto social crecientemente autoritario.
[1] Véase https://www.elnuevodia.com/noticias/locales/nota/rodriguez-emaentradellenoalafortaleza-621535/. Recuperado el 25 de mayo de 2018.
[2] Véase http://reformagubernamental.uprrp.edu/CAREF-Informe%20Fiscal.pdf para los miembros del CAREF en la página A-1 del Informe al Gobernador sobre Reconstrucción Fiscal del CAREF. Recuperado el 25 de mayo de 2018.
[3] Véase http://periodismoinvestigativo.com/2016/12/bajo-la-lupa-dos-integrantes-de-la-junta-de-control-fiscal-por-su-pasado-en-banco-santander/. Recuperado el 25 de mayo de 2018.
[4] Véase http://reformagubernamental.uprrp.edu/CAREF-Informe%20Fiscal.pdf. Recuperado el 25 de mayo de 2018.
[5] Véase https://www.elnuevodia.com/noticias/politica/nota/presentelamanodefortuno-2255321/. Recuperado el 25 de mayo de 2018.
[6] Véase https://www.elnuevodia.com/noticias/politica/nota/presenciaboricuaenelprocesodeprimariasrepublicanas-1167588/. Recuperado el 25 de mayo de 2018.
[7] Véase http://hedgeclippers.org/wp-content/uploads/2016/12/20161025_HedgeClippers_ReportPR-spanish_v1-2.pdf. Recuperado el 25 de mayo de 2018.