La universidad pública, que fue una de las víctimas de la junta de control en la capital federal, no termina de recuperarse quince años más tarde.
La universidad pública, que fue una de las víctimas de la junta de control en la capital federal, no termina de recuperarse quince años más tarde.
Se generaliza la figura de las juntas que toman control sobre las finanzas de las ciudades o territorios, a pesar de que afectan la democracia local, imponen medidas de austeridad sin controles, y no tienen mecanismos para evaluar su eficiencia o ser fiscalizadas.
Detroit estaba en quiebra hace cuatro años y hoy parece dar señales de recuperación fiscal, aun cuando la pobreza y las casas dilapidadas te abofetean la cara al salir del centro de la ciudad.
Imaginemos que la Comisión para la Auditoría está en funciones y que convoca a vistas públicas. Se llevan a cabo en alguna plaza pública y se transmiten por internet, radio y televisión.
Los números del plan fiscal, una vez se presenten los estados financieros auditados, pueden variar para bien o para mal, admitió la integrante de la JCF Ana Matosantos.
Hoy, permanece sin respuesta la pregunta. ¿Dónde están todos los documentos que contienen todos los detalles de ese proceso riguroso de evaluación de los nominados a la Junta?
Afuera, protestas. Adentro, aires de triunfo permeaban el encuentro entre los industriales y el nuevo gobierno. Mucho ocurría mas allá de la tarima, después de los discursos, y fuera de cámara.
El experto independiente de la ONU sobre Deuda Externa y Derechos Humanos, Juan Pablo Bohoslavsky alerta sobre propuestas de la Junta de Control Fiscal.
En el nuevo informe se destacan la falta de controles y supervisión, el desapego a las normas internas, la violación de reglamentos de la SEC y los conflictos de interés entre las divisiones de las casas acreditadoras.
Como miembros de la Junta de Control Fiscal Carlos García y José Ramón González tendrán que tomar decisiones relacionadas al pago de los bonos que ellos ayudaron a tramitar.
De una lista de 72 asistentes seleccionados por la Junta, 69 eran miembros del sector empresarial, representado por la industria de la construcción, la tecnología, las farmacéuticas, los hospitales, las finanzas, la banca, la abogacía y la ingeniería.
La reunión pública no duró media hora y tuvo más bien el formato de una conferencia con libreto, en la cual las decisiones tomadas por unanimidad no admitieron ninguna discusión.
Aunque la tensión entre los bandos era obvia y el país recién despertaba con un apagón monumental, la mañana del primer día de vistas comenzó relajada…
En el juicio que comienza este jueves se pone a prueba si PROMESA protege o no al gobierno de Puerto Rico en contra de las demandas de los bonistas y los fondos buitre.
El gobierno de Puerto Rico sonó la campana: $3.5 mil millones en Bonos de Obligación General de un país en serios aprietos económicos estaban disponibles.
De una primera revisión de los documentos sobresale que fueron 275 las firmas de inversión que compraron deuda de la emisión de $3.5 mil millones de Bonos de Obligación General del año 2014.
Entrevista con James “Jim” Millstein, principal asesor en reestructuración del gobierno, presidente de la firma Millstein & Co. y quien trabajó en el borrador de PROMESA.
Lo más claro que tienen abogados, economistas y asesores del gobierno conocedores de la ley federal de «PROMESA», es que no saben cómo va a funcionar el estatuto.
El juego es en Brasil, de una puertorriqueña contra una alemana y lo estoy viendo aquí, con la hermandad dominicana de Santurce.
La renunciante presidenta del Banco Gubernamental de Fomento, Melba Acosta Febo, podría activar, nuevamente, la llamada revolving door o puerta giratoria entre el gobierno y la empresa privada.
Entre quienes acudieron la semana pasada al 1er Encuentro de Bonistas de Puerto Rico, se paseaban con traje y corbata algunos de los personajes que han sido señalados como responsables de la debacle financiera del gobierno.