Inicio » 80grados, Portada, Puerto Rico

Camino a una crisis ecológica: 100 días de Ricardo Rosselló


los primeros 100 días de Ricardo Rosselló
y el Plan para Puerto Rico visto desde el lente ambiental

cienciapr

El gobernador Ricardo Rosselló comenzó el cuatrienio con una batería de órdenes ejecutivas y proyectos de ley en línea con el “Plan para Puerto Rico” de su campaña electoral.  Estas primeras acciones incluyeron: (1) la consolidación de puestos de facto, si no aun de jure, con varios nombramientos concurrentes de personas a dos o tres escaños públicos; (2) los primeros recortes y congelamiento del presupuesto gubernamental; y (3) la consolidación de poder en la oficina del Gobernador controlando, entre otras, las relaciones públicas y asesoría legal de todas las agencias del ejecutivo. Trajo la administración actual una nueva perspectiva con el Presupuesto Base Cero y ha respondido casi punto por punto, al estilo de un reñido juego de tenis, a la Junta de Control Fiscal, generando un Plan Fiscal con medidas que, para el beneplácito de la Junta, incluyeron disposiciones más radicales que las que ellos mismos solicitaron, tales como el recorte de sobre $450 millones a la Universidad de Puerto Rico.

Los primeros 100 días de esta administración que culminaron el 12 de abril de 2017, incluyeron acciones que atentan directamente contra el ambiente:

  • La primera vez en que se nombra a una misma persona como Secretaria del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y Presidenta de la Junta de Calidad Ambiental (JCA).  Esto va en contra del espíritu de ambas agencias y del derecho del país, el cual reconoce que el DRNA y la JCA deben permanecer como entes autónomos pues sus funciones son conflictivas (Artículo 1, Plan de Reorganización Número 1 de 1993: “Se reconoce asimismo que las funciones de la Junta de Calidad Ambiental son conflictivas con las anteriormente descritas, por lo que este organismo debe permanecer como uno autónomo que responda directamente al Gobernador.”)

 

  • Venta de activos del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) que son tierras de gran valor ecológico y agrícola.  Esta opción  se ha planteado como una de las acciones que la Junta podría tomar para generar ingresos y pagar la deuda pública. Marcando el paso, las primeras acciones del BGF han sido liquidar activos, para generar capital rápidamente y pagar parte de la deuda del Banco. Esto en contra de sus expresiones en octubre 2016, en que Rosselló estableció que “no contemplamos la venta de activos naturales” (Alvarado, 2016).

 

  • Falta de reconocimiento o protección ante los riesgos bajo Ley PROMESA de la venta de terrenos de valor agrícola o de áreas naturales protegidas en poder de los organismos gubernamentales (ver análisis del Pinchot Conservation Institute http://dialogoupr.com/merced-de-promesa-las-reservas-naturales-y-terrenos-agricolas/)

 

  • Enmiendas al código civil que restituirían la mal llamada “Enmienda Tito Kayak” con la intención de intimidar y coartar las manifestaciones en apoyo a  los recursos naturales y agrícolas como ejercicio democrático asociado a la expresión pública.

 

  • Centralización de la petición y el uso de fondos federales de los cuales muchas organizaciones no gubernamentales dependen.

 

  • Creación de un Consejo Asesor Sobre Construcción (OE-2017-016) con representación solamente de contratistas e ingenieros, sin incluir expertos en el campo de la planificación y aprovechamiento de los recursos naturales.

 

  • Medidas de control fiscal que amplían los proyectos críticos bajo PROMESA.

 

  • Aprobación de la reforma de permisos que penaliza la participación pública en el proceso de revisión de documentos, cuyo efecto socava la fiscalización ciudadana y las posibilidades de incidir efectivamente en el proceso decisional gubernamental.

 

  • Imposición de nueva infraestructura sin los fondos para atender las necesidades que dicho cambio requiere y sin fondos para garantizar el funcionamiento de la infraestructura existente. En el caso de Grecia, las agencias ambientales colapsaron bajo su propio peso, y los problemas y conflictos ambientales escalaron al aumentar el uso de combustibles alternos.  En  el caso de PR, ya observamos que esta presión económica está llevando a compañías con activos como la Autoridad de Tierras a presionar nuestro sector más vulnerable, los agricultores, para producir mayores fuentes de ingresos a corto y largo plazo. La amenaza a los sectores de producción crea un esquema de retroalimentación negativa al amenazar nuestra capacidad para producir alimentos en un periodo de crisis.

 

  • Cancelar los incentivos y créditos contributivos otorgados por la Ley de Servidumbres de Conservación para fomentar la protección a perpetuidad de terrenos de gran valor agrícola y ecológico.

 

  • Supeditar el Plan de Uso de Terrenos a los Planes de Ordenamiento Territorial y reducir el ámbito de poderes de la Junta de Planificación (JP).  Mientras que PROMESA es la única ley que reconoce la importancia del Plan de Uso de Terrenos, la intención de cambiar el PUT para que refleje las clasificaciones de terreno de los planes de ordenación municipales le quita capacidad a la JP de establecer un uso y aprovechamiento del terreno y sus recursos naturales cónsono en el país. Relegando la responsabilidad a intereses individuales y sustituyendo nuevamente una visión de planificación estratégica a la actual construcción fragmentada, basada en ganancias a corto plazo.

Este grupo de acciones ha dejado al pueblo en un estado de aturdimiento y ansiedad que se puede describir como un tipo de “post-traumatic stress disorder” (PTSD).  No uso la comparación a la ligera, es como estar justo antes del momento de impacto de un choque y justo después a la misma vez.  Para la mayoría de sus acciones, aún nos encontramos definiendo, tratando de entender sus impactos.  Aunque como con cualquier accidente mayor, algunas consecuencias se ven de inmediato y otras muchos años después, ya tenemos todos los factores para vislumbrar el camino que está trazando esta administración con estas nuevas decisiones para PR (ver la Doctrina del Shock de Naomi Klein).

Las implicaciones ambientales del “Plan para Puerto Rico” y las primeras acciones de esta Administración son extremadamente preocupantes. El Plan, en primera instancia, no reconoce el medio ambiente más allá de las funciones documentadas para el desarrollo económico. En una situación en la que tenemos muchos servicios indirectos que dependen de un medioambiente saludable y cuyo valor económico no se ha evaluado, esta es una premisa peligrosa. Segundo, el Plan enfoca casi completamente en las necesidades urbanas asociadas a la concentración de personas en un espacio, sin considerar las áreas geográficas que sustentan a las zonas urbanas. Aun la agricultura se atiende en función de su rol para suplirle a la urbe y no en función del bienestar rural. Tercero, el Plan busca cómo arreglar problemas para prolongar la vida, por ejemplo, de un acuífero, sin tomar en consideración (y propiciando que se aceleren y agudicen) muchas de las causas y patrones que han causado el problema, como lo es la deforestación, la construcción desmedida y no planificada, o la contaminación de las fuentes de agua del país. Al igual que no atiende causa, el Plan para PR carece de una visión a largo plazo, excluyendo retos actuales a nuestro desarrollo económico como son el cambio climático y las responsabilidades y repercusiones para atender sus impactos ya documentados en pérdidas económicas en la producción agrícola e infraestructura costera.

Por último, el Plan para PR parece haberse desarrollado sin ningún  tipo de reconocimiento a las leyes vigentes. La Administración se ha dado a la tarea de desmantelar las garantías dirigidas al uso juicioso del patrimonio ambiental de Puerto Rico, retrotrayendo el estado de derecho a uno de pre-leyes o de antiguas agencias ambientales en el que prevalecía la ya descartada mentalidad de economía, contaminación y trabajos versus ambiente y salud.

Conjuntamente, la administración ha redoblado sus esfuerzos para profundizar nuestra dependencia en combustibles fósiles que emiten particulados al aire de PR en áreas que ya están  comprometidas. Cambiaron la ley de permisos con el propósito de evitar la participación ciudadana en procesos de evaluación de impacto ambiental y establecimiento de políticas públicas. Se penaliza la participación en el proceso de evaluación ambiental, se busca restituir una enmienda que ya fue evaluada como una herramienta para amedrentar la libre expresión (enmienda Tito Kayak). Es ahora, que la planificación estratégica a nivel de paisaje con proyectos como el Bosque Modelo y la clasificación de terrenos con una visión integrada a largo plazo como el Plan de Uso de Terrenos, son más necesarias que nunca. Estos ejemplos de planificación estratégica nos ayudan a preparar el presupuesto del país, integrar a los ciudadanos en un desarrollo económico integral que atienda la desigualdad económica, y proteger el paisaje que nos sirve de amortiguador para crisis ecológicas y económicas. Es precisamente ahora, y en sus primeros 100 días, cuando estas necesarias herramientas se ven amenazadas ante el canto de sirena de la construcción desinhibida.

La ausencia del medio ambiente más allá de su percibida función como un insumo de la producción de bienes nos lleva a la consecuencia más severa y duradera de las acciones de esta administración. En su afán de complacer las demandas de la Junta de Control Fiscal, ponen en riesgo un capital activo que permitiría que iniciativas como el turismo sostenible (de base comunitaria, agroecológico, ecológico), sembradíos diversificados y otras alternativas con poca inversión y grandes rendimientos sean herramientas que puedan impulsar nuestro desarrollo en el siglo 21. El efecto inmediato de esta complicidad ya lo vemos en los eventos en Playuela, Peñuelas, Arecibo y Guánica. Lo vemos en la “re-evaluación” de la zona marítimo terrestre o en la incapacidad de reconocer el valor agregado de una playa con bosque en pleno Isla Verde.

Por último, las medidas socioeconómicas que han caracterizado estos primeros 100 días de la Administración han sido traducidas en leyes que atentan directamente contra las condiciones laborales, la educación y salud pública; medidas que reducen el ingreso disponible y aumentan impuestos al ciudadano. Esta desigualdad que se crea en condiciones de vida, ingresos, acceso a educación y salud están directamente relacionadas a un deterioro de los indicadores ambientales y mantiene una relación inversa con la sostenibilidad (Haupt and Lawrence, 2012). Boyce, et al. (1994, 1999) elabora que la desigualdad en ingresos centraliza aún más las cúpulas de poder. En su análisis, Boyce concluye que esta desigualdad de poder deja a los más vulnerables sin las herramientas para enfrentar y contrarrestar a los grandes intereses que causan la degradación ambiental. En otras palabras una sociedad desigual, explica Boyce, sobrevalora los beneficios de los “ricos” y subvalora los costos que se le distribuyen a la sociedad.

En fin, esta Administración parece estar dirigida, consciente o inconscientemente, a exacerbar las condiciones de desigualdad y aumento de la pobreza, que nos lleva irremediablemente a un aumento en los problemas de salud, mayor degradación ambiental, la explotación de los recursos naturales y la pérdida de resiliencia. La venta de activos en terrenos urbanos, agrícolas o en áreas naturales, la explotación de recursos sin contabilizar su impacto ni ofrecer medidas de mitigación, son problemáticas, entre otras acciones. La continuación de estas acciones y el empecinado rechazo a la auditoría de la deuda de Puerto Rico perpetúan las injusticias y, ante la impunidad avalada por el Estado, fomentan el despilfarro de fondos que nos trajo a este momento histórico del país y que nos lleva inevitablemente a una crisis ecológica cuyos efectos no será posible “renegociar”.

Referencias

Alvarado Leon, G. (2016). Promete un nuevo gobierno amigable con el ambiente. El Nuevo Día. Retrieved from http://www.elnuevodia.com/noticias/politica/nota/prometeunnuevogobiernoamigableconelambiente-2251975/

Boyce, J. K. (1994). Inequality as a cause of environmental degradation. Ecological Economics, 11(1994), 169-178.

Boyce, J. K., Klemer, A. R., Templet, P. H., & Willis, C. E. (1999). Power distribution, the environment, and public health: A state-level analysis. Ecological Economics, 29(1999), 127–140.

Coburn, D. (2004). Beyond the income inequality hypothesis: class, neo-liberalism, and health inequalities. Social Science & Medicine, 58(2004), 41–56.

Estrada Lopez, E. (2017). A merced de PROMESA las reservas naturales y terrenos agrícolas. Diálogo. Retrieved from http://dialogoupr.com/merced-de-promesa-las-reservas-naturales-y-terrenos-agricolas/

García, I. (2016). Plan para Puerto Rico. Partido Nuevo Progresista. Retrieved from http://planparapuertorico.com/

Haupt, J., & Lawrence, C. (2012). Unexpected connections: Income inequality and environmental degradation. Retrieved April 26, 2017, from http://www.shapingtomorrowsworld.org/hauptInequality.html

Klein, N. (2008). The Shock Doctrine: The Rise of Disaster Capitalism (1st ed.). Picador.

Orden Ejecutiva No. OE-2017-016 del Gobernador de Puerto Rico, Hon. Ricardo A. Rosselló Nevares, para crear el Consejo Asesor del Gobernador sobre la Industria de la Construcción y derogar la Orden Ejecutiva OE-2014-005.

Plan de Reorganización,  No. 1 del 9 de diciembre del 1993.

  • Jose A. Colón López

    Cuando se parte de la ignorancia desde la cuna de seda, sin haber vivido la experiencia de la necesidad, se toman acciones para llenar el récord con aparentes logros. Pero cuando los logros resultaran en agravar la crisis de la capacidad de sobrvivir de la masa del pueblo, muchas veces las consecuencias no se perciben de inmediato. Puerto Rico sufre, igual que los EEUU, de la ignorancia de los electores que escogen gobernantes aún más ignorantes que usan el poder para hacer daño porque no se sienten parte de nuestro pais. Tienen sus miras en la metrópolis que, a su vez, está tambien en decadencia. Cuando el pueblo se eduque y sepa tomar el poder para el bien común podremos comenzar a asegurar nuestro futuro. Esperemos que la Naturaleza aguante y no lleguemos al punto de no retorno. Tengo mis dudas.

    • Rodolfo J. Lugo-Ferrer

      No se parte de la ignorancia desde la cuna de seda, sí, se está muy consciente de lo que se hace. La palabra ignorancia se puede utilizar para la masa iletrada y analfabeta funcionar que apoya. Ignorancia para los segundos, pero no para los primeros.