Los temblores del 2020 llegan, igual que los del 1867, en medio de tiempos calamitosos. Solo que ahora las calamidades se difunden al instante y se confunden con teorías de conspiraciones tecnológicas.
Los temblores del 2020 llegan, igual que los del 1867, en medio de tiempos calamitosos. Solo que ahora las calamidades se difunden al instante y se confunden con teorías de conspiraciones tecnológicas.
Si la Comisión Federal de Transporte Marítimo ni el gobierno de Puerto Rico intervienen en el oligopolio portuario, quedaría en manos de los tribunales definir cómo se articula el control de los muelles.
En los últimos seis años, más de $300 millones en fondos públicos han ido a consultores relacionados a la AEE que establecen la pauta en el manejo de la corporación pública.
Muestreos de suelo en lugares donde una década atrás se descargaron miles de toneladas de cenizas de carbón confirman que el riesgo de exposición a sustancias tóxicas y peligrosas se extiende más allá del solar industrial de AES.
Las agencias federales que encabezan como contratistas son el Departamento del Ejército de los Estados Unidos y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias.
El saqueo, realizado por medio de un esquema principal y varios secundarios que comparten el mismo modus operandi y protagonistas similares, fue orquestado desde La Fortaleza por los allegados más cercanos del gobernador Rosselló Nevares y con su conocimiento.
“Caerle encima a esta puta”. Es la expresión que escribe en un chat de Telegram el gobernador Ricardo Rosselló en referencia a la puertorriqueña Melissa Mark-Viverito, vicepresidenta del Latino Project y exconcejal en Nueva York.
La comisionada residente de Puerto Rico en Washington, Jenniffer González, es como la madrina de las Zonas de Oportunidad en el Congreso de los Estados Unidos.
La demanda exige información de los archivos relacionados con los nombramientos de la Junta de Control Fiscal, documentos sobre conflictos éticos y divulgación de intereses financieros que les fueron requeridos para la creación del ente por la Ley federal PROMESA.
[CHEQUEO DE DATOS] La cifra de 3% que utilizó el gobernador Rosselló en su Mensaje de Situación de Estado, se calculó por promedio de años anteriores cuando lo correcto es calcular el número mes a mes.
Mientras el Estado no resuelve el acceso al agua potable para más de un millón y medio de haitianos, las empresas extraen agua del principal acuífero que abastece la región de forma gratuita y sin ningún control.
Este reportaje conjunto del Centro de Periodismo Investigativo, Diario Libre y Le Nouvelliste investiga la sequía en la región caribeña que amenaza con recrudecer en los próximos meses debido a la negligencia de los gobiernos en la planificación y mantenimiento de su infraestructura.
En medio de la creciente sequía que trae el cambio climático, la fragmentación de responsabilidades, la falta de monitoreo y la inacción del gobierno de Puerto Rico, sumados a una “petición” del gobierno federal, provocan negligencia en el manejo del agua.
El gobierno de Puerto Rico retiró por segunda vez el contrato que sometió a la Junta de Control Fiscal (JCF) para el traslado de confinados a cárceles privadas de Estados Unidos.
Tres científicos reconocieron que lo peor de este capítulo es cómo AES sigue evadiendo su responsabilidad sobre los lugares donde sus cenizas de carbón han sido enterradas, para la construcción de urbanizaciones, centros comerciales y carreteras.
En los dos años gobernación de Ricardo Rosselló, el empresario ha facturado $52.2 millones. Además, en octubre de 2017 obtuvo un contrato de $45,973 con FEMA para manejo publicitario luego del huracán María.
En EEUU los gobernadores designaron como Zona de Oportunidad solo el 25% de los territorios que cualificaban como áreas de bajos ingresos. En contraste, una excepción del Congreso permitió que casi el 98% de Puerto Rico fuese declarado Zona de Oportunidad.
Algunos líderes comunitarios piensan que podría ser un espectáculo sin resultados.
Las Zonas de Oportunidad fueron designadas como parte de la reforma contributiva del presidente Donald Trump.
Tras la fiscalización, los consumidores pueden hacer valer sus derechos y existe el mecanismo para que los clientes puedan objetar las facturas a la compañía tejana Sunnova.
El Gobierno de Puerto Rico cierra el año 2018 como defensor de la desprestigiada práctica de regalar y mantener ocultos los privilegios fiscales.