De recibir la llamada de un medio para verificar datos luego de una entrevista, el fact-checking ahora pasa a ser todo un sistema de verificación de la veracidad del discurso público, una modalidad en sí misma.
De recibir la llamada de un medio para verificar datos luego de una entrevista, el fact-checking ahora pasa a ser todo un sistema de verificación de la veracidad del discurso público, una modalidad en sí misma.
En el juicio que comienza este jueves se pone a prueba si PROMESA protege o no al gobierno de Puerto Rico en contra de las demandas de los bonistas y los fondos buitre.
De una primera revisión de los documentos sobresale que fueron 275 las firmas de inversión que compraron deuda de la emisión de $3.5 mil millones de Bonos de Obligación General del año 2014.
El CPI solicitó al gobernador y al nuevo presidente del Banco Gubernamental de Fomento, Alberto Bacó, que no retrasen más el proceso de entrega de la información solicitada sobre los bonistas por cuestiones burocráticas.
Lo más claro que tienen abogados, economistas y asesores del gobierno conocedores de la ley federal de «PROMESA», es que no saben cómo va a funcionar el estatuto.
Los miembros del congreso ya tienen un “fuerte sentido de a quién quieren ver en la junta”, afirma un documento de la empresa de investigación financiera Heights Securities. Predecible.
El artista y su empresa El Cartel Records adeudan más de $3 millones en contribuciones al Servicio de Rentas Internas de Estados Unidos contrario a lo declarado en abril por su representante legal Edwin Prado.
Hay dos demandas en tribunales relacionadas con el Aguirre Offshore GasPort, una contra la Oficina de Gerencia de Permisos, en la cual se impugna la DIA, y otra contra la Junta de Planificación.
Más de veinte organizaciones de la sociedad civil apoyaron la radicación del proyecto de la Cámara 2944 para crear la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, presentado de forma bipartita.
Compañías que comparten oficinas y socios han obtenido más de $19 millones en contratos con agencias y municipios bajo las administraciones de los gobernadores Acevedo Vilá, Fortuño y García Padilla.
Con la multiplicidad de plataformas digitales existentes y la sobrecarga de información que los ciudadanos reciben de innumerables canales informativos, ¿cómo diferenciarnos en este contexto?
Cuando pasaron el umbral del salón donde Juan Cruz impartió su taller de crónica, la línea imaginaria que separa al escritor del periodista desapareció.
Tercero de la serie investigativa Bomba de tiempo, las cenizas de carbón. Colaboración entre el Centro de Periodismo Investigativo y el periódico La Perla del Sur.
Segundo de la serie investigativa Bomba de tiempo, las cenizas de carbón. Colaboración entre el Centro de Periodismo Investigativo y el periódico La Perla del Sur.
Primero de la serie investigativa Bomba de tiempo, las cenizas de carbón. Colaboración entre el Centro de Periodismo Investigativo y el periódico La Perla del Sur.
Un 73% de los candidatos auditados por la Oficina del Contralor Electoral incumplieron con sus responsabilidades de reporte de gastos e ingresos de sus campañas y comités.
Ella cree en este tipo de historias, en investigaciones colectivas que buscan un impacto y dejan atrás la era de la gran exclusiva para cambiarla por la era de las historias globales.
El BGF dice que no tiene la información sobre la deuda que emitió, sino que la debe tener Barclays. Barclays a su vez dice que no divulga esa información, que se debe conseguir en la base de datos de EMMA. Esta última no tiene la información, según comprobó el CPI.
El cuadro que pintan los Estados de Ingresos y Gastos del Fondo General, contenidos en los Estados Financieros del ELA, es irreal y contradice las cifras que ofrece públicamente el propio Gobierno, reveló el Centro de Periodismo Investigativo.
El Gobierno de Puerto Rico enfrenta hoy una debacle fiscal que afecta directamente y a diario a sus ciudadanos por la negligencia sostenida de funcionarios clave durante, al menos, los pasados 15 años. Nadie ha sido referido o amonestado, investigado, ni procesado por lo que, según las leyes vigentes, podrían ser delitos.
V2A fue la firma consultora encargada de asesorar a la administración del ex gobernador del Luis Fortuño en la implementación de la Ley 7. Ahora tiene un contrato por $409,500 para «apoyar» al “grupo de trabajo” nombrado por el gobernador en la producción de un plan de ajuste fiscal y económico.