Consenso y oposición en la descolonización de Puerto Rico
Paradojas del Estado Libre Asociado
El Estado Libre Asociado (ELA) nace en el 1950 al fin de la Segunda Guerra Mundial y al comienzo de la Guerra Fría como fórmula descolonizadora reconocida hasta el presente por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a petición oficial del Gobierno de los EE.UU. y de Puerto Rico. Esta fórmula descolonizadora de gobierno propio quedó forjada en la Constitución formulada y ratificada por el ejercicio soberano del pueblo de Puerto Rico en virtud de la Ley Pública 600 del Congreso de EE.UU. de 1950, también conocida como “Ley de Constitución y Convenio”. La oficialidad del Partido Popular Democrático (PPD) ha argumentado que el status de Puerto Rico tiene autonomía política consagrada por aquel pacto bilateral que no puede ser alterado sino por mutuo consentimiento. El gobernador Rafael Hernández Colón formuló en 1975 el Nuevo Pacto de Unión Permanente entre Puerto Rico y los Estados Unidos que reconoce “residuos coloniales” a ser erradicados, limitaciones jurídicas y de política pública para el ejercicio pleno de gobierno propio y de la autodeterminación. “La culminación del ELA”, consistentemente propuesta, exige que los cambios necesarios tienen que ser compatibles con la relación existente con EE.UU., la cual ha de ser ratificada en ese nuevo pacto bilateral según establecido por la naturaleza del pacto del 1952 como un cuerpo político autónomo, no territorial y no colonial. Los postulados de autonomía fiscal, defensa común, mercado común, moneda común, bandera común y ciudadanía común deben quedar explícitos. Para los autonomistas, estos elementos constitutivos son los que le han dado originalidad al Estado Libre Asociado y han servido de fundamentos para sus logros económicos y políticos. (Hernández Colón R., 1991; Hernández Mayoral, J. y Hernández Rivera P, 2011; Hernández Rivera P, 2014).Los detractores del ELA, representados por el Partido Nuevo Progresista (PNP) y por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), han negado la existencia del pacto bilateral o la probabilidad de que sea revalidado al sostener que el actual estado jurídico es el de un territorio no incorporado, sujeto en todo sentido a la autoridad plenaria y unilateral del Congreso de EE.UU., según fue dispuesto en el Tratado de París en 1899. Por tanto, no le reconocen al pueblo voluntad política o soberanía alguna desde entonces al presente. Según esta visión, el status actual no provee la unión permanente ni garantiza la ciudadanía norteamericana a los residentes del territorio de Puerto Rico. Tampoco puede el status actual, de acuerdo a estas posturas, proveer las bases para el reconocimiento de una soberanía puertorriqueña separada o de un nuevo pacto de status, de gobierno a gobierno, que sea exigible en derecho. Si Puerto Rico es un territorio no incorporado, cualquier Congreso puede revocar a cualquier Congreso anterior y ningún Congreso obliga a futuros congresos.1)
Ante la perplejidad de muchos, recientemente el ELA ha sido impugnado por el Procurador General, Donald B. Verrilli, en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. El 23 de diciembre de 2015, la Oficina del Procurador revierte las posturas oficiales históricamente asumidas frente a la comunidad internacional al sostener que la autoridad de la Constitución y las leyes del Estado Libre Asociado no emanan del pueblo de Puerto Rico. Más aún, el Procurador sostiene que el Congreso no tiene autoridad para otorgarle poderes a un territorio al amparo de la Constitución de los EE.UU., la cual, según el Procurador, solo provee las opciones para tener colonias bajo los poderes plenipotenciarios del Congreso, declarar estados federados o reconocer a una nación independiente. De este modo, la administración del presidente Barack Obama quebranta la postura histórica de EE.UU. ante la ONU de que el ELA es soberano de manera similar al resto de los estados federados en materias no regidas por la Constitución de los EE.UU. y por el consentimiento de las partes. Paradójicamente, la administración Obama se acerca a la postura del independentismo tradicional, sostenida consistentemente desde el 1952 de que el ELA es “un fraude monumental”2.
Este argumento no parece tomar en consideración las nuevas reglas del juego político, que permitirían avanzar en el proceso de descolonización jurídica de Puerto Rico y su ubicación en los nuevos escenarios globalizantes, neoliberales y neocoloniales, conjugados desde fin de la Guerra Fría en 1989 y en el nuevo orden del siglo XXI. La globalización ha consolidado el movimiento de integración económica de los mercados –la incorporación de cada rincón del planeta al modo de producción capitalista– y el proceso de aumento continuo de interdependencia entre los países del mundo, lo cual implica la apertura de fronteras ideológicas y geopolíticas, y la sustitución de alianzas militares por acuerdos de cooperación, de consensos básicos o contratos temporales. Una vez terminada la Guerra Fría, se abrió un abanico de posibilidades para superar los obstáculos que impedían el progreso de la Isla en los nuevos escenarios de la globalización mundial. Pero, pasado un cuarto de siglo, ninguna de esas posibilidades es factible sin un consenso básico que sirva de punto de partida, ya sea para una eventual república independiente, estadidad federada, o para un Estado Libre Asociado descolonizado (no colonial y no territorial)3.
Consenso y oposición
Un consenso básico que sirva de punto de partida significa una toma de posición circunstancial, nunca la conclusión del diálogo y mucho menos un consenso permanente. Significa asimismo que tal consenso no habrá de abolir la diversidad de los razonamientos o “juegos del lenguaje” que caracterizan una sociedad plural y democrática. Si hay consenso acerca de las reglas que definen el juego, obtenido de los <<jugadores>>, el mismo es pasajero en el tiempo y el espacio, por tanto, está sujeto a una eventual rescisión. Se trata, pues, según diría el filósofo francés Jean-Francois Lyotard, de un “contrato temporal”. Suscribo su concepción de la categoría de consenso como acuerdo o contrato temporal en su planteamiento para el manejo del problema de legitimización de las interacciones sociales y específicamente de los asuntos políticos:
Esta orientación corresponde a la evolución de las interacciones sociales, donde el contrato temporal suplanta de hecho la institución permanente en cuestiones profesionales, afectivas, sexuales, culturales, familiares, internacionales, lo mismo que en asuntos políticos. La evolución es evidentemente equívoca: el contrato temporal es favorecido por el sistema a causa de su gran flexibilidad, de su menor costo, de la efervescencia de las motivaciones que lo acompañan, todos ellos factores que contribuyen a una mejor operatividad (Lyotard, 1994:118).
La ubicación de Puerto Rico en los nuevos escenarios políticos que ha provocado la globalización, requiere partir del consenso sobre los constituyentes de la situación actual de Puerto Rico. Exige, pues, adelantar el proceso de descolonización que origina un status político, cuya flexibilidad permite su propia modificación y adaptación. Necesariamente será del pueblo soberano de donde emane el consentimiento a las alteraciones y negociaciones necesarias en el ámbito jurídico del estatuto político, específicamente en cuanto a la aplicabilidad de las leyes federales que sean pertinentes al bienestar del pueblo. El pueblo necesita protegerse de cualquier decisión que tome el Congreso norteamericano que se aplique arbitraria y unilateralmente a Puerto Rico. Necesita protegerse también de los políticos puertorriqueños que cabildean en el Congreso contra la voluntad expresa del pueblo. Esta necesidad puede satisfacerla por medio del voto, ya sea en una elección, un plebiscito, un referéndum, por medio de sus legisladores o de una Asamblea Constituyente electa. Un consenso, pues, exigiría de parte de los dirigentes la formulación de los lineamientos estratégicos, procesales y un “contrato temporal” para una política clara y convincente tanto para el pueblo como para el Congreso. Y no faltan ejemplos.
Uno de ellos, es el que ofrece la estrategia política iniciada por el gobernador de Puerto Rico, ideólogo principal del ELA y del PPD, Rafael Hernández Colón, en el cuatrienio de 1988-92: el proyecto del Senado “Puerto Rico Status Referendum Act” (S.712) el 4 de abril de 1989 por el senador Bennett Johnston. Se logra el consenso procesal de los tres partidos con relación a los siguientes puntos de partida para la autodeterminación mediante un plebiscito: definiciones precisas de cada fórmula de status; una segunda votación entre las dos fórmulas con mayor apoyo en caso de que ninguna fórmula alcanzara una mayoría de 50% de los votos; y garantías adecuadas de que el gobierno de EE.UU. implantaría el status político seleccionado democráticamente por el pueblo de Puerto Rico. Como es sabido, el consenso queda frustrado dos años después ante la negativa del Congreso a comprometerse a otorgar la estadidad de ésta salir triunfante en el plebiscito. El gobernador Hernández Colón concluyó que el Congreso norteamericano “trancó” el proceso porque quedó demostrado que es imposible la estadidad federada, al reconocer el carácter nacional de Puerto Rico, y el grave daño económico, social y cultural que le haría la estadidad tanto a Puerto Rico como a los EE.UU. (R. Hernández Colón, 1991:337).
El consenso fracasó por segunda vez en 1991, primero ante la legislatura y luego ante el pueblo, cuando Hernández Colón intentó elevar los principios políticos, los acuerdos procesales y los componentes nacionales4
al nivel de los derechos constitucionales, según habían sido endosados por los dirigentes de los partidos en el proceso plebiscitario de 1989-1991. La oposición del sector anexionista y la división de su propio partido canceló las tres cuartas partes de los votos necesarios en la legislatura para convertir el consenso en derecho mediante una enmienda constitucional. Ante este segundo fracaso de consenso, Hernández Colón insistió en llevar los acuerdos procesales y los componentes nacionales como requisitos para la descolonización y la autodeterminación ante la consideración del pueblo por medio de una consulta nombrada “Referéndum sobre Derechos Democráticos del Pueblo” en diciembre de 1991. Una vez más, fracasó el consenso por la misma oposición de un sector del PPD y de los anexionistas. Sobre todo, debido a que, evidentemente, la elevación de los componentes nacionales al plano constitucional resultaba incompatible con las indicaciones del Congreso al cancelar la posibilidad de “la Estadidad Jíbara”5. Por el contrario, el PIP se alió al PPD en el intento fallido de sustituir el consenso como punto de partida o contrato temporal por una finalidad o medida de carácter permanente, a sabiendas de que ello implicaba la exclusión de facto y de jure de la fórmula estadista. Así, la alianza del PPD y el PIP causó el fracaso del consenso al pretender elevar a rango constitucional los componentes nacionales sin que mediara la concienciación y la convicción en los constituyentes de la imposibilidad de la estadidad tanto para Puerto Rico como para EE.UU. El proceso iniciado de descolonización jurídica y autodeterminación quedó entonces cancelado.
Durante su incumbencia, Hernández Colón exploró la descolonización en otros ámbitos más allá del jurídico al potenciar el ELA ubicándolo en la corriente global. Con tal propósito, llevó a cabo prácticas de política pública para la diversificación de mercados y la descentralización gubernamental; de afirmación nacional con la ley del español como idioma oficial y la celebración del Quinto Centenario; de relaciones internacionales con la Expo de Sevilla y la Gran Regata Colón. Al mismo tiempo, durante su incumbencia, se fortalecieron las instituciones histórico-culturales, se restauró el patrimonio arquitectónico y se erradicó la práctica establecida de persecución a los independentistas. En una entrevista con la historiadora Silvia Alvarez Curbelo, Hernández Colón da cuenta de esa disposición. No deja de reconocer, sin embargo, el gran defecto del pacto bilateral de 1952, según queda aquí explícito:
Para que la relación de Puerto Rico con Estados Unidos se fundamente en nuestros tiempos, sobre bases de legitimidad, se requiere una sola cosa: que en Puerto Rico no se apliquen las leyes del gobierno federal sin el consentimiento de los puertorriqueños (1996: 124).
Sugiere una manera de superar ese defecto mediante un proceso consensual entre las fuerzas políticas de Puerto Rico y de los EE.UU., lo cual implica una negociación sobre consensos establecidos con el Congreso:
Que durante un período de cinco años, mediante la acción de la Legislatura o de una Constituyente, el pueblo de Puerto Rico considere que áreas de legislación federal quiere que aplique y cuales no… Después de los cinco años, se implantaría un mecanismo bilateral mediante el cual el Congreso solo podría aplicar a Puerto Rico aquellas leyes que específicamente protegen un interés vital para Estados Unidos (1996: 124).
Aquel proceso de búsqueda de consenso, afirmación cultural y consolidación nacional explorado por Hernández Colón quedó congelado con el triunfo avasallador del partido anexionista, el PNP, en las elecciones del 1992. La respuesta estratégica del anexionismo, retoma elementos patrios populistas, fomenta la falsa conciencia de la “Estadidad Jíbara”, se apodera del discurso independentista tradicional al estigmatizar al “ELA colonial” frente a la disyuntiva jurídico-política que propone la anexión, negando la existencia de la nacionalidad puertorriqueña (en palabras del gobernador del PNP Pedro Rosselló: “Puerto Rico no es ni nunca ha sido una nación”). Al mismo tiempo, se inserta en la propaganda e imagen del partido de gobierno la modalidad de un neonacionalismo que, entre otros ejemplos, configuran los siguientes: la referencia a la Isla como patria, la consigna publicitaria, “Puerto Rico lo hace mejor”, la celebración politizada de la llegada de Miss Puerto Rico como Miss Universo, la representación oficial del equipo Olímpico, la conservación del idioma vernáculo en la estadidad, los reconocimientos mensuales que otorga el Senado a figuras de la cultura popular, y el homenaje televisado que rinde la Cámara de Representantes a la bandera puertorriqueña en su centenario. Resulta muy revelador este último ejemplo, dado que previamente la bandera puertorriqueña era para la oficialidad un símbolo antiamericano, vinculado al “nacionalismo terrorista”.
También se redoblaron esfuerzos con la administración Clinton para destruir la legitimación del ELA y su particular forma de gobierno propio con políticas neoliberales. Sobre todo, logró socavar, en alianza con el independentismo, la autonomía fiscal en que estaba cimentado el crecimiento económico mediante la sección 936 de 1976 del Código de Rentas Internas Federal abolida en 1996 con repercusiones que aún padecemos en la economía del País6. Algunos ejemplos de esas políticas neoliberales son los siguientes: la venta de la Telefónica, Navieras de Puerto Rico, y los hospitales municipales; la privatización del sistema de salud; la venta de cinco hoteles; la privatización de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, y más recientemente, bajo la administración de Fortuño, del Aeropuerto Luis Muñoz Marín y de varias carreteras expresos. Fue bajo la administración de Pedro Rosselló que se inició la deuda extra constitucional y la corrupción rampante que debilita las instituciones del país y alcanza todos los sectores privados, sin excepción.
El plebiscito de 1993 fue impuesto por el partido de gobierno en momentos en que el PPD se enfrentaba a una derrota abrumadora, a una deuda económica astronómica y a una profunda crisis de liderato. El PNP rechazó todas y cada una de las condiciones procesales sugeridas por el PPD y PIP para llevar a cabo dicha consulta. Curiosamente, las definiciones aparecidas en las papeletas sobre las tres alternativas de status, según definidas por los partidos políticos y sus respectivas propagandas, parecían describir tres variantes del Estado Libre Asociado7. El ELA, apelando a su consigna de lo “mejor de dos mundos”, prevaleció con un 48.6%, dado el efectivo manejo alusivo a la afirmación nacional, al bienestar económico y los derechos políticos garantizados por la ciudadanía norteamericana. La “Estadidad Jíbara” aumentó su apoyo a 46.3% en relación al plebiscito del 1967 cuando obtuvo 38.8%.
En 1996, los anexionistas desde el poder instigan y a la vez maniatan otra iniciativa del Congreso, por mediación del Representante republicano de Alaska, Don Young, quien radicó el H.R.3024, “United States-Puerto Rico Status Act”. El Proyecto Young fue objetado por los autonomistas por definir el ELA como sujeto a los poderes plenarios del Congreso y a la Cláusula Territorial. Además, desestabilizaba esta fórmula, al sujetarla a plebiscitos cada diez años. Por el contrario, el Proyecto Young tuvo el apoyo del PIP porque, de prevalecer, contenía un proceso de transición para la Independencia a diez años y una Asamblea Constitucional de Estatus. En 1998 se reintrodujo este proyecto de ley como el H.R.856, con una enmienda producto del cabildeo de los autonomistas, que exigía como requisito para la estadidad, la enseñanza y el dominio del inglés, y su uso cotidiano en las instituciones de Puerto Rico, como es requerido en todos los estados federados. Fue aprobado en la Cámara de Representantes con 209 votos a favor y 208 en contra. Al pasar al Senado Federal como S.472, quedó engavetado. No conforme con ello, ese mismo año los anexionistas impusieron un plebiscito con opciones definidas por ellos: el ELA territorial, la libre asociación, la estadidad y la independencia. Por su parte, los autonomistas introdujeron una enmienda para añadir una quinta columna para la alternativa, “ninguna de las anteriores”, prevaleciendo con un 50.3% frente a la estadidad con un 46.5% y la independencia con un 2.2%, el ELA territorial con 0.1% y la libre asociación con 0.3%.
Nuevamente, el PNP acude a las urnas en las elecciones de noviembre del 2012 con otra estrategia contra los autonomistas, en alianza con el PIP. Esta vez el 54% del electorado respondió “NO” a la pregunta que identifica al ELA, “¿Está usted de acuerdo con mantener la condición política territorial actual?” La estadidad bajó a un 44.4%. Sorprendentemente el ELA Soberano alcanza un 24.2%, que sumado al 26.5% de papeletas en blanco, resultado del llamado del PPD a optar por esa alternativa, equivale al 50.7%. Es el mismo resultado obtenido en el 1998, a favor de las posturas estratégicas del PPD de votar por “Ninguna de las anteriores”, para evadir la trampa de favorecer el ELA colonial o territorial según impuesto por la alianza de los otros partidos de los extremos. La independencia no logra alcanzar el 5% del apoyo electoral en ninguno de los plebiscitos, siendo su punto máximo un 4.4% en 1993, declinando a 4% en 2012. Ante estos resultados divididos, los anexionistas reclamaron mayoría por primera vez contra el ELA.
Actualmente, Puerto Rico y EE.UU. se enfrentan al inmovilismo de las tres fuerzas políticas dominantes en el País por los pasados 25 años; a la ignorancia, inacción y confusión de gran parte de los legisladores estadounidenses; a una crisis fiscal con una deuda impagable de alrededor de 70 mil millones y, para colmo, se enfrentan a un nuevo proyecto de ley, una vez más sin acuerdo de las partes, H.R. 2000 “Puerto Rico Status Resolution Act” del Comisionado Residente Pedro Pierluisi para un plebiscito Estadidad “sí” o “no”. El presidente Barack Obama opta por acudir al Tribunal Supremo con aquella postura que revoca la posición histórica de EE.UU. desde 1950 al presente ante la ONU anulando el cumplimiento con el Artículo 73 de su Carta Constitutiva y propone lo que entiende es la relación jurídica política entre Puerto Rico y EE.UU.(ver nota 1).
Anulación de la oposición bicéfala
Puerto Rico no quiere ser y siente que no podría sostenerse en los niveles económicos alcanzados, si fuera un estado independiente. Y es que el independentismo tradicional ha sostenido un discurso altamente abrasivo, antinorteamericano, anticapitalista y separatista. Plantea, además, una soberanía absoluta frente a una colonia absoluta y la descolonización como un mecanismo exclusivamente jurídico-político. Su discurso no reconoce la soberanía del pueblo, ni sus logros y alcances en la descolonización y en la construcción de su identidad nacional, insistentemente reafirmada en el ámbito jurídico-político del ELA y más allá de sus preferencias de estatus8. Por tanto, el mito cultural y nacional, contenido en el discurso del independentismo tradicional, en la corriente del “redentorismo mesiánico” de Betances y Albizu, apela a sólo un 5% de la población. Indiscutiblemente, en la construcción de la cultura nacional, el independentismo ha tenido un incalculable valor por su creatividad, resistencia y militancia pero al mismo tiempo, las fuerzas forjadas en la consigna “patria o muerte” y la lucha armada sin apoyo popular, han tenido un impacto contraproducente igualmente incalculable.
Sabemos también que Puerto Rico no es ni quiere ser culturalmente igual a un estado y económicamente no está a la par con los demás estados, y que, dado los costos que supone para EE.UU. y los desniveles económicos respecto del estado más pobre (Mississippi), la estadidad no parece factible. Sólo una cuarta parte de la población residente en la Isla está inclinada a subordinar la nacionalidad puertorriqueña a la ciudadanía norteamericana. Así lo revela un estudio realizado por la Universidad de Puerto Rico, el cual concluye que solo un 26% de los entrevistados identificados con la estadidad afirmaron que la ciudadanía norteamericana es para ellos más importante que la nacionalidad puertorriqueña, 44% dijo que la nacionalidad es más importante y 30% dijo que ambas eran igualmente importantes (Benítez Nazario, Rivera Ortiz: 1995). Vale señalar que la construcción del discurso del independentismo tradicional ha sido usurpada y manejada magistralmente por los políticos anexionistas y la poderosa prensa monopolizada a su servicio –hasta unir los opuestos en un cuerpo bicéfalo- para negar los logros y avances descolonizadores alcanzados por el ELA más allá del ámbito jurídico-político. La oposición bicéfala clasifica de manera despectiva al ELA como una colonia sujeta a los poderes plenipotenciarios de la cláusula territorial de la Constitución de los EE.UU. Irónicamente, el liderato anexionista se ha apropiado del discurso catastrófico de la “isla en cantos” y su insistencia en la condición colonial de Puerto Rico para ganarse el apoyo de grandes sectores del pueblo. Dicha fórmula es defendida con carácter de urgencia contra los males del “ELA colonial”, al mismo tiempo que, se atribuye a la presencia norteamericana en la Isla todos los logros alcanzados.
Mientras, el independentismo tradicional se diluye en la complicidad articulando la ideología catastrófica de la realidad y la elaboración de una fantasiosa imagen de superioridad intelectual y política, sectaria y excluyente. Ha sido incapaz de articular un modelo económico alterno lo suficientemente persuasivo como para convencer al pueblo de la superioridad de su fórmula frente al ELA y la estadidad federada. El independentismo tradicional, aglutinado predominantemente en el PIP, el único grupo independentista con franquicia electoral, ha quedado silenciado por la inclusión de la afirmación cultural y la identidad nacional en el discurso autonomista. Otros sectores del movimiento independentista están estigmatizados ante el pueblo por su defensa del socialismo autoritario, de la revolución cubana, por la lucha armada o por la persecución y supresión llevada a cabo por las agencias policíacas estatales y federales. La alternativa independentista ha quedado rezagada porque es vista además como anacrónica y retardadora de la modernización y el progreso, al ser asociada con las condiciones económicas paupérrimas y las políticas autoritarias que vive el resto del Caribe que sí ejerce la independencia jurídica que propone el independentismo. De este modo, el liderato independentista le ha servido mejor a la causa estadoísta que a la independencia, pues, además, han tenido que reconocer la estadidad como una fórmula descolonizadora al amparo de la Resolución 1514 de 1962 de la Organización de Naciones Unidas (H. Rodríguez Vecchini, 1994).
Aquellos aún entrampados en el discurso de oposición bicéfala juegan a la ruleta rusa, dados los dispositivos de devaluación que contienen y las consecuentes expectativas de que sea el norteamericano quien resuelva el problema colonial. Los anexionistas suponen y exigen el ejercicio plenipotenciario de la cláusula territorial de la Constitución de los Estados Unidos para incorporar a este territorio que comprende una minoría étnica considerada inferior por muchos norteamericanos —véase el éxito de las peroratas anti migratorias de los principales aspirantes republicanos a la presidencia de los Estados Unidos— hasta supuestamente alcanzar la igualdad política y económica en la estadidad federada. El independentismo tradicional confía en la denegación de la estadidad cuando se confronte al norteamericano con nuestro carácter nacional. Espera, en cambio, que se imponga la independencia con la ayuda de una minoría y en abierto menosprecio a la voluntad del pueblo. Este esquema de impotencia autoritaria incapacita al independentismo tradicional a enfrentarse a los retos de la ubicación de Puerto Rico en el nuevo mapa mundial.
El sociólogo Ramón Grosfoguel llama la atención hacia el repudio a la independencia como alternativa descolonizadora en la postguerra, característico de todo el Caribe no independiente. La mayoría de estos pueblos han expresado sucesivamente su preferencia por alguna forma de unión permanente a las respectivas metrópolis. En las Islas Vírgenes y Puerto Rico la fórmula independentista obtuvo menos del 5%, en Curazao 0.5%, San Martín holandés, 0.4%. En Martinica y Guadalupe, Departamentos Franceses de Ultramar, el 75% favoreció la integración a la Comunidad Económica Europea y del mismo modo votó Bermudas, 75% en favor del status quo en relación a Inglaterra.
En el Caribe de la postguerra las incorporaciones no independientes (coloniales, autonomistas o anexionistas) a la metrópolis han sido mucho más beneficiosas en términos de niveles de vida y derechos civiles para las capas populares que las incorporaciones neo-coloniales de las repúblicas independientes. Ahí está el ejemplo no sólo de Puerto Rico vis-a-vis las repúblicas neo-coloniales del Caribe inglés (Grosfoguel, 1996a: 27).
Visiones antitéticas de la elite política e intelectual y su deconstrucción
El mayor obstáculo a todo propósito de lograr un consenso nacional ha sido la entronización de la contraposición de dos corrientes ideológicas surgida de la producción intelectual en las ciencias, en la filosofía, en las artes y en la literatura durante el período de la Guerra Fría. No se trata de la contraposición entre los que afirman y los que niegan la nacionalidad. Se trata más bien, del conflicto entre dos visiones antitéticas sobre la realidad nacional. El historiador Carlos Pabón afirma:
Estamos ante un conflicto entre elites políticas e intelectuales por la hegemonía del discurso de “lo nacional”. El asunto planteado es el saber/poder de nombrar, definir, clasificar, y por tanto, de excluir, borrar, tachar, en todo lo concerniente al imaginario nacional. ¿Quién dominará la producción de bienes simbólicos y el capital cultural ligado a lo nacional? (Pabón, 1996: 30).
Un sector de le elite política e intelectual considera a Puerto Rico, según palabras de la socióloga Marcia Rivera, “un país paradisíaco, donde el progreso y la modernidad han encontrado un justo balance con la cultura y nos vislumbran a la cabeza de América Latina y el Caribe al abrirse el nuevo siglo”. Otro sector, de la elite política e intelectual, con el que indudablemente se identifica M. Rivera, “reitera que Puerto Rico es un país de futuro o derrotero incierto. Puerto Rico se enfrenta a un acelerado proceso de crisis social, pérdida de valores y propósito colectivo”. En otras palabras, para unos Puerto Rico termina el siglo siendo <<la Isla del Encanto>>, pero para otros tantos, somos una verdadera <<isla en cantos>> (1990: 4)
El sector de la elite política e intelectual, apologista de <<la Isla del Encanto>>, ha estado orientada por el método científico positivista y la versión parsoniana de la escuela estructural -funcional con el objetivo de proveer datos y explicaciones útiles a los políticos, planificadores y administradores en la tarea de desarrollar política pública (Rivera Medina E., Ramírez, R.: 1985). También resalta estadísticas para demostrar la modernidad alcanzada por el país desde la creación del Estado Libre Asociado en 1950. El sector de la elite política e intelectual, que presenta, en contraposición, la visión de la <<isla en cantos>>, procede de distintas vertientes de las ciencias sociales que han tenido como objeto común de su crítica los postulados oficialistas sobre la naturaleza de la sociedad. Todas estas vertientes confluyen en un movimiento intelectual que no sólo tiene un objeto en común sino también el enfoque crítico que ha predominado es la teoría del materialismo histórico dialéctico y el pensamiento marxista contemporáneo. La producción científica social de este sector, que tuvo efectos políticos en la academia, el estado y en la sociedad civil, parte de una denuncia del sistema colonial atribuido al ELA con críticas a veces moderadas y otras acérrimas (Rivera Medina E., Ramírez, R.: 1985) La retórica del discurso de la “isla en cantos”, elaborado en la academia y divulgado por el liderato del independentismo tradicional, logró imponerse sobre la visión oficial de la “Isla del Encanto” –hasta estigmatizarlo de colonialista, oportunista y enajenado. Irónicamente, el discurso de la “isla en cantos” ha resultado ser el más colonizado, puesto que le niega al pueblo toda capacidad de creatividad, sabiduría y voluntad, en la historia de la afirmación cultural y nacional. La consecuencia ha sido nefasta. Ha reducido la política y ha subordinado al político a la polémica jurídica del estatus.
La retórica de la oposición bicéfala contra el ELA, bien podría caracterizarse por lo que la crítica Irma Rivera Nieves llama “subjetivación por devaluación”. Es decir, la configuración del sujeto mediante la devaluación de los gobernados: “seres inferiores al americano para los anexionistas, colonizados-alienados psiquiatrizables para independentistas y socialistas, devaluación de todo lo nacional que los populares practicaron hasta hace muy poco” (Rivera Nieves, 1995: 264). Esta coincidencia de la configuración del sujeto por devaluación entre los dos partidos se agota frente a los fenómenos globales que sugieren la reorganización y redefinición de la Política y de lo político, la mutación de las categorías y de las ideologías totalizantes y antagónicas (Rivera Nieves, 1995).
Algunos intelectuales al final del siglo -sobre todo los que se autodenominan postmodernistas- iniciaron la desmitificación de esas ideologías desgastadas y debilitadas ante el nuevo escenario. Iniciaron la relación dialógica necesaria. Trabajan en la autopsia de la Soberanía, el Estado nacional, la Estadidad, el Imperialismo, la condición colonial, el tercer mundo. Están en la búsqueda de nuevas categorías, teorías, paradigmas (Gil, 1994, 1995a,b). Detectan y develan la emergencia de “un discurso edificante en el cual el viejo discurso de nuestra impotencia, poquedad e insignificancia ha sido sustituido por uno (un discurso) afirmativo de nuestras capacidades y potencias colectivas” (Rivera Nieves, 1995: 270).
El Estado Libre Asociado y la Descolonización
La historia del país, particularmente a lo largo del siglo 20, está plagada de contradicciones y complejidades, muchas veces exacerbada por la singular relación política con los Estados Unidos. Puerto Rico constituye, sin duda, un caso muy particular en el planeta. Su formación nacional ha estado intervenida y coartada por el colonialismo, primero el español y luego el estadounidense. La formación nacional implica, pues, un proceso simultáneo de descolonización. En este proceso, la sociedad puertorriqueña exhibe un profundo sentido de identidad cultural que se expresa de maneras muy diversas, con un origen geográfico y una composición étnica, que en sus quinientos años de formación y transformación, crea y recrea una idiosincrasia cultural abierta al cambio y cuya visión de mundo, inseparable de sus estrategias de sobrevivencia, está muy ligada a la peculiar organización económica y política del ELA. Esta organización ha tenido como uno de sus más importantes efectos el fenómeno de una migración masiva que ha llegado a ser característica de la condición nacional. El hecho de que cada puertorriqueño es un migrante virtual, tanto por razones económicas, educativas, como de vínculos familiares, nos constituye en una nación migratoria en constante circulación. La diáspora tiene un potencial político y económico de enormes proporciones, pero para ello es indispensable entender a Puerto Rico como transnacional, al tiempo de crear estructuras permanentes en ambas direcciones.9
El sentido de pertenencia nacional ha probado ser tan profundo que, paradójicamente, la enorme población de migrantes puertorriqueños que ha tenido que trasladarse a los EE.UU., se sigue identificando como puertorriqueña. Estos puertorriqueños forman parte de la nación y del proceso de descolonización. Como bien sostiene el crítico H. Rodríguez Vecchini, dicha migración, que ha sido catalogada tendenciosamente como un mal social, un sufrimiento y hasta una enfermedad, bien podría ser interpretada, por el contrario, como libertad para la movilidad social, un movimiento saludable que permite el enriquecimiento cultural y económico relativo a las posibilidades insulares y caribeñas. Hoy más relevante y aplicable al republicanismo ultraderechista racista, clasista y xenofóbico que entonces, observando el fenómeno desde los EE.UU. y reaccionando ante los movimientos reaccionarios y nacionalistas que se exacerbaron en la época del presidente Reagan, escribe:
Vivimos en lo que nos gustaría creer que es una sociedad pluralista abierta al plurilingüismo y diferencias culturales dialógicas. Esperamos que nunca se proponga abolir estas diferencias en nombre de una impuesta mismidad “universal” monológica y monolingüe, ni mucho menos curar el sufrimiento social con la segregación, confinamiento o amputación, un remedio a menudo prescrito por el nacionalismo fascista y otras formas de retórica totalitaria (1994: 95).
Más allá de los debates políticos sobre la asimilación cultural de la Isla, necesaria o no, para convertirse en estado norteamericano, o de ser verificable o no que las identidades están destinadas a desaparecer con la globalización, el hecho es que los puertorriqueños son culturalmente diferenciables y comparten una condición nacional, incluyendo la migratoria. El efecto político de nuestra idiosincrasia cultural plantea un dilema nacional imaginario: queremos ser puertorriqueños sin perder los derechos que nos confiere la ciudadanía norteamericana y la particular relación económica con Estados Unidos. Digo “imaginario” porque es el resultado de un argumento político ajeno a la vivencia cotidiana. El dilema procede de la elite política e intelectual, particularmente, la independentista tradicional y la anexionista, la que asume o impone la disyuntiva al problematizar el status político, proponiendo, como única solución al mismo, escoger entre su nacionalidad y los derechos políticos y económicos que disfruta con la ciudadanía norteamericana. El pueblo ha conjugado esos dos constituyentes que atesora profundamente en su continuidad bajo el status actual: se siente profundamente puertorriqueño y ejerce los derechos de la ciudadanía norteamericana sin sentir el dilema10
. Los puertorriqueños en la historia colonial han articulado sin aparente contradicción una identidad nacional-cultural con una identidad jurídico-política que repudia, o cuando menos evade, ese dilema. Ello explica por qué no aparece “la solución al problema del estatus político” como una prioridad o una necesidad del puertorriqueño común en las encuestas o los estudios de conducta política.
La afirmación cultural, la consolidación nacional y la modernidad alcanzadas durante el siglo 20, y de forma vertiginosa en los pasados sesenta y cinco años, incluyen en el imaginario colectivo la coexistencia de dos identidades nacionales: la norteamericana y la puertorriqueña. La fórmula política del ELA, –“tan ambivalente y conciliatoria como exclusiva/inclusiva” (Rodríguez Vecchini, 1994: 38)– ha hecho posible que se conjuguen ambas identidades, pues la realidad nacional es inseparable de la propia concepción del ELA. Efectivamente, Puerto Rico es en su realidad nacional:
…un pueblo democráticamente constituido en un territorio autónomo, en un “protectorado”, “permanentemente” asociado con los Estados Unidos. Esto equivale, de facto e inconvencionalmente de jure, a una autonomía bajo una forma neocolonial de gobierno propio, i.e. colonialismo por consentimiento y por tanto sólo parcialmente colonial (Rodríguez Vecchini, 1994: 38).
El nuevo escenario sugiere un cambio de posición, una metamorfosis de aquellas visiones que supere la paralización antagónica y permita lograr el encuentro con una nueva racionalidad política. Sugiere, además, insertar la complejidad de los problemas característicos de toda sociedad industrializada, densamente poblada y con políticas públicas improvisadas, sin renegar el marco histórico en que se han dado nuestros logros y nuestra afirmación nacional, sin obliterar el diagnóstico y la solución a los problemas usando como excusa o barrera la atribución de todos los males a la condición jurídica del ELA.
Según el sociólogo García Canclini, la modernidad la constituyen cuatro movimientos básicos: “un proyecto emancipador, un proyecto expansivo, un proyecto renovador y un proyecto democratizador” (1989: 31). Cierto es que se logró un desarrollo industrial y una infraestructura extraordinaria, así como una clase trabajadora profesional altamente productiva especializada en la electrónica y en la farmacéutica, en las finanzas y en la informática, con una destacada participación femenina. En estos logros de modernización, la universidad jugó un papel protagónico impulsando, además, la popularización de la ciencia y la educación, y la democratización cultural y política. La modernización de Puerto Rico logró, en la última mitad del Siglo 20, una transformación económica y social que le ha permitido servir de ejemplo sobresaliente, un “showcase” del progreso en el mundo.
La emergencia de nuevos modelos teóricos con espacios e instrumentos manejables para un reconocimiento de los logros extraordinarios, progresivos y sólidos en el ámbito político, económico y social, en el proceso de afirmación y orgullo nacional, en el enriquecimiento cultural, en la apertura a establecer vínculos y alianzas para jugar un papel protagónico en el Caribe y Latinoamérica, posibilitará la erradicación necesaria del antagonismo de las visiones. La construcción de nuevos modelos teóricos permitirá sustituir las visiones antagónicas por una síntesis desapasionada de extremos triunfalistas y derrotistas. Entonces tendremos un punto de partida para el consenso y un camino certero hacia la culminación del proceso de descolonización económica, sociológica y jurídica. Si en vez de señalar al ELA como “fraude monumental” e insistir en el discurso de su impugnación repitiendo que “el ELA es el problema”, partiéramos de que con el ELA se inició el proceso de descolonización, liberaríamos las fuerzas que maniatan su culminación para ubicarnos a la vanguardia de la globalización.
Referencias
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- Ver H.R. 3024, H.R. 856, S. 472 “Proyecto para proveer un procedimiento que conduzca a un total gobierno propio para Puerto Rico” conocido como Proyecto Young, presentado por el representante por Alaska en el Congreso norteamericano, Don Young, el 6 de marzo de 1996, “Carta del Congreso al Pueblo de Puerto Rico, enviada por los presidentes de las comisiones congresionales encargadas de trabajar con el estatus de nuestra isla”, 29 de febrero de 1996. (www.congress.gov/bill/105 y www.independencia.net/index/php [↩]
- La postura asumida por el Procurador General de los Estados Unidos en torno a la posición del ELA dentro del esquema constitucional norteamericano es denunciada, y rechazada por el Gobernador de Puerto Rico. El Tribunal Supremo concedió la solicitud de revisión del caso de P.R. vs, Sánchez Valle, caso criminal sobre doble exposición. El Procurador General de EE.UU. compareció como amigo de la corte y alegó que PR no tiene soberanía alguna, por tanto no puede acusar a una persona que haya sido acusada antes en la corte federal. Ver la columna del Gobernador Alejandro García Padilla, “Con toda Seriedad “, END, 27 de diciembre, de 2015, ver la carta enviada al Secretario de las Naciones Unidas, 26 de diciembre de 2015 en http:/ppdpr.net/columna http://ppdpr.net/cartaonu, Commonwealth of Puerto Rico, Petitioner, vs. Luis M. Sánchez Valle, ET AL., www.supremecourt.gov. [↩]
- Reitero porque así tiene que quedar estipulado en el Nuevo Pacto del ELA, conservando su nombre original. No importa la variante final que se adopte, a las que se le han dado distintos nombres, con el mismo significado: ELA Soberano, Libre Asociación o República Asociada. El PNP, en sus alternancias en el poder, ha eliminado el nombre constitucional del ELA de sus ramas de gobierno, dada la persistente pretensión de impugnar la legitimidad de su idiosincrasia y la originalidad de su nombre. En el 1998 el PPD aprobó una resolución para reafirmar “la injerencia del ELA establecido en 1952 como un cuerpo político autónomo, no colonial ni territorial, en unión permanente con los Estados Unidos”. [↩]
-
La papeleta del Referéndum para la aprobación o rechazo de la Reclamación de Derechos Democráticos aprobada por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico. 8 de diciembre de 1991:
Nosotros, el Pueblo de Puerto Rico, solemnemente reclamamos que se garantice en nuestra Constitución, los siguientes derechos democráticos:
* el derecho inalienable a determinar libre y democráticamente nuestro status político
* el derecho a escoger un status de plena dignidad política sin subordinación colonial, ni territorial, a los poderes plenarios del Congreso de los Estados Unidos
* el derecho a votar por las tres alternativas de status, Estado Libre Asociado, Estadidad e Independencia, fundamentadas en la soberanía del pueblo de Puerto Rico
* el derecho a que la alternativa triunfante en una consulta de status requiera más de la mitad de los votos emitidos
* el derecho a que toda consulta sobre status garantice, bajo cualquier alternativa, nuestra cultura, idioma e identidad propia, que incluye nuestra representación deportiva internacional
* el derecho a que toda consulta sobre status garantice, bajo cualquier alternativa, la ciudadanía americana que salvaguarda la Constitución de los Estados Unidos de America.
Esta reclamación constituye un reclamo al Gobierno de Puerto Rico para que estos derechos se consagren en la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y una petición al Presidente de los Estados Unidos y al Congreso para que estos derechos sean respetados al actuar sobre nuestro status político. www.eleccionesdepuertorico.org [↩]
- “Estadidad Jíbara” fue una categoría acuñada genialmente por Don Luis A. Ferré, fundador del Partido Nuevo Progresista (PNP) al ganar por primera vez en las elecciones del 1968, usando la consigna “el estatus no está en issue”, consigna originada por Don Luis Muñoz Marín, fundador del Partido Popular Democrático (PPD) en el 1936. El PPD, al triunfar en 1940, acogió la trayectoria autonomista conjugada en la conciencia colectiva desde los tiempos del coloniaje Español en el siglo XIX al fundar el ELA en 1950. “Estadidad Jíbara” se refiere al mito de que el pueblo puede conservar su idioma, su cultura, su identidad caribeña, su condición étnica y aun siendo pobre, puede llegar a ser estado federado con solo pedirlo mayoritariamente. [↩]
- Se trata de la “Ley de Exención Contributiva de Posesiones y Territorios Insulares” que permitía al capital norteamericano repatriar ganancias desde la Isla libre de impuestos. Al ser derogada en 1996, a petición del gobierno anexionista, con un periodo de transición de diez años para las industrias acogidas a este beneficio, culmina su desaparición para el 2006. El ejemplo, más dramático sobre todos, lo es el traslado las farmacéuticas, que llegaron a producir 70% de la producción mundial en la Isla. La derogación de la 936 no beneficio a ninguna de las partes, al contrario, se trasladaron fuera de P.R. y EE.UU., trajeron la recesión, provocaron la deuda astronómica, la migración masiva y la crisis jurídica política que estamos discutiendo en este artículo. [↩]
- Ver la papeleta del plebiscito de 1993 en el cuarto y quinto inciso, la fórmula de la estadidad – “Es la garantía permanente de todos los derechos que da la Constitución de los Estados Unidos de América – incluyendo la preservación de nuestra cultura – Es la garantía permanente de ciudadanía norteamericana , nuestros dos idiomas, himnos y banderas.” En la columna de la independencia el cuarto párrafo solicitaba un tratado de amistad y colaboración para: “la continuación de los beneficios adquiridos de Seguro Social, veteranos y otros; la ciudadanía puertorriqueña y la de Estados Unidos para quien quiera conservarla, el derecho a usar la moneda propia o el dólar, acceso al libre mercado de Estados Unidos; incentivos contributivos para la inversión norteamericana y aportaciones federales en igual cantidad que al presente durante al menos una década.” ,www.eleccionesdepuertorico.org, Escrutinio del Plebiscito 1993 [↩]
- La presencia del Gobierno federal ha penetrado todos los ámbitos de la vida cotidiana de los puertorriqueños: alimentación, salud, educación, seguridad, milicia, sistema de justicia, comunicaciones, puertos, aeropuertos, exportaciones –importaciones, la banca, la manufactura, servicios públicos, turismo y comercio son manejados con capital norteamericano y sus cerca de 25 agencias con alrededor de 30 mil empleados. Además, las agencias circulan alrededor de 26 mil millones, una cuarta parte del presupuesto del País. Desde la invasión en 1989 no hemos desarrollado autosuficiencia fiscal y de relaciones de mercado. La eficiencia y la reglamentación de sus instituciones gozan del respeto, admiración e imagen de superioridad frente a las del gobierno propio. No olvidemos las ataduras de los veteranos. La oficina de Asuntos del Veterano en un censo llevado a cabo en el 2010, calcula que hay alrededor de 108,000 veteranos que reciben beneficios. (elnuevodia.com, 9 de feb, 2013) www.juntadeplanificaciónpr.gov. [↩]
- Los datos del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) son elocuentes: desde el inicio de la recesión económica, del 2006 al 2015 alrededor de 500,000 personas emigraron a los Estados Unidos. La diáspora representa 5.2 millones, 1.5 millones más que los residentes en la Isla. Sin embargo, los puertorriqueños se ubican como una minoría étnica, que habla otro idioma, luce diferente, tiene otra cultura y otra idiosincrasia. No es fácil imaginar que el Congreso le de la bienvenida a un estado cuya población total es minoritaria. [↩]
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“Si tiene dudas – argumenta Grosfoguel – pregúntele no tan sólo a un puertorriqueño, sino a un santomeño, martiniquense o curazaeño si quiere la independencia para su Isla o si renunciaría a la ciudadanía holandesa, francesa o norteamericana. En Surinam, cuando los holandeses impusieron la independencia, casi la mitad de la población se mudó a Holanda.” (Grosfoguel, 1996a:27)
*Una primera versión de artículo se publica en la Revista Nómada, Colectivo Editorial Nómada Inc., junio de 1997, núm. 3. San Juan, P.R. Ha sido editado y ampliado. Agradezco la colaboración en esta edición de Ivelisse Rivera, Margarita Benítez y Viviana Abreu. [↩]