Crítica a la «Respuesta de profesores» de Sociología y otras unidades
Me hicieron llegar el pronunciamiento que profesores/as del Departamento de Sociología y Antropología de la UPR han redactado y que se publicó en 80grados el 23 de febrero con el título “Respuesta de profesores y profesoras ante el estado de situación de la universidad pública”. En un email, la profesora Madeline Román pide que endosemos el pronunciamiento para incluir nuestro nombre en la lista de profesores y profesoras que ya han endosado el mismo. Indica que más adelante enviarán otro documento donde harán propuestas específicas de recortes y reestructuraciones para que también lo endosemos.
No puedo endosar este documento porque me preocupan demasiadas cosas del mismo. Creo que por querer aparecer como que aceptamos que hay ineficiencia administrativa y hace falta una reestructuración de la Universidad y que se debe cortar en ese ámbito, se acepta la premisa de la JCF de que hay que hacer recortes, y eso es demasiado peligroso. Creo que muchos de los y las colegas que ya han firmado lo hacen de buena fe, pero creo que es bien peligroso lo que han firmado. Veamos:
Punto 1 del pronunciamiento:
El punto 1 del pronunciamiento dice: «1. Con independencia de las diferentes lecturas que se han producido en torno al estado de situación por el que atraviesa el país, nosotros estamos en la disposición de ponderar y de llevar a cabo las reestructuraciones y los recortes que sean necesarios. Reconocemos que estamos en una situación que demanda el que todos tengamos que hacer ajustes. Sin embargo, debemos aclarar que nuestra disposición a conceder ante estos recortes se produce reconociendo que los estos no son producto de haber incumplido con nuestra responsabilidad como profesores/as. Las situaciones por las que atraviesa la Universidad son el resultado de la mala administración y del problema de la deuda y no es una crisis de conocimientos.»
Me parece que si de entrada dices que “estamos en la disposición…de llevar a cabo…los recortes que sean necesarios” y “Reconocemos que estamos en una situación que demanda el que todos tengamos que hacer ajustes” y mencionas “nuestra disposición a conceder antes estos recortes”, ya aceptas lo que dice la JCF, que hay que hacer recortes, ya lo concedes. No creo que sea correcto. Hay mucho despilfarro en la UPR, y si se mira con detenimiento seguro que podemos hacerla más eficiente y ahorrar dinero, pero eso no es lo que propone la JCF, lo que propone la JCF es quitarle de un porrazo $300 millones a la UPR y que quitar esos $300 millones es necesario. Este primer punto de este pronunciamiento no cuestiona eso, sino que admite que están dispuestos a “conceder antes esos recortes”, te amilanas a lo que quiere hacer la JCF. Lo del total de $300 millones en recortes que quiere hacer la JCF no lo mencionan sino hasta mucho más adelante en el pronunciamiento (ver abajo).
Punto 2 del pronunciamiento:
«2. Aun así, entendemos que la Universidad, en tanto centro productor de conocimiento, tiene que reestructurarse de manera efectiva dejando atrás prácticas administrativas deficientes y políticas que obstaculizan la buena operación de un sistema educativo complejo. Estas estructuras y prácticas no nos permiten mayor participación en la toma de decisiones y a la misma vez no nos informan del contenido de los recortes propuestos por parte de la alta administración universitaria, Estos recortes tendrían que efectuarse sin perjudicar la formación de las nuevas generaciones.»
Estoy de acuerdo que hay que reestructurar la Universidad para dejar atrás prácticas administrativas deficientes. Pero en el punto 2 realmente lo único que objetan es no tener participación en la toma de decisiones sobre los recortes. Pero ya aceptaron que hay que recortar, por lo tanto, aceptan la premisa de la JCF que hay que recortar y solo quieren participar sobre qué se cortará. Yo estoy en contra de los recortes por $300 millones que pide la JCF, pero a favor de que la comunidad universitaria entre en un proceso de participación de todos los sectores para reestructurar la Universidad y arrancarle de raíz la influencia de la política partidista en la administración universitaria que tanto daño le hace a la institución. En esa reestructuración que decidiremos entre todos de seguro encontraremos que podremos ahorrar mucho dinero que se despilfarra actualmente, pero lo debemos hacerlo buscando hacer apresuradamente recortes como pretende hacer la JCF, AAFAF y el gobierno de turno.
Punto 3 del pronunciamiento:
“3. Hacemos constar que la UPR lleva ya varios años haciendo ajustes presupuestarios de todo tipo (más de 100 millones anuales en recortes en los últimos tres años). Ha sido un esfuerzo enorme por no atentar contra la labor más importante del principal centro docente del país que es la producción y divulgación del conocimiento acorde con el estado presente de la ciencia. Esto se evidencia en la labor creativa, investigativa y en publicación de libros y artículos. Contrario a lo que algunos sectores quieren hacer creer, la universidad cuenta con un cuerpo de profesores altamente calificados y comprometidos con la producción de conocimientos con los que puedan atenderse los graves y urgentes problemas que enfrenta el país. Los trabajos que se conducen en la UPR comprenden las áreas de enseñanza, investigación, creación y un servicio a la comunidad académicamente informado. Nuestro cuerpo de docentes labora intensa y arduamente en proyectos extramuros de todo tipo. Todo esto ha sido posible por el carácter público de la Universidad.»
Es contradictorio entonces cuando en el punto 3 del documento dicen que llevamos «varios años haciendo ajustes presupuestarios de todo tipo (más de $100 millones anuales en recortes en los últimos tres años)” y que “Ha sido un esfuerzo enorme por no atentar contra la labor más importante del principal centro docente del país…”, pero ya en el punto 1 inicial dicen que están dispuestos a «conceder ante esos recortes” nuevos.
Punto 4 del pronunciamiento:
“4. El legado de más de un siglo de la Universidad de Puerto Rico al país y a nuestra sociedad es incuestionable. La UPR ha contribuido al desarrollo de todos los programas académicos del país, ha formado a los profesionales que se quedan en Puerto Rico y sirven a Puerto Rico, ha desarrollado y mantenido programas competitivos a la altura de las mejores universidades del hemisferio y ha provisto servicio a las poblaciones menos favorecidas económicamente: servicios de salud, clínicas legales de libre acceso a las comunidades, apoyo técnico y de preservación de áreas costeras, preservación del patrimonio cultural del país, entre otros.”
En el punto 4 se dice lo importante que es la Universidad para el país, y estoy totalmente de acuerdo. Pero ese argumento debería ser para no aceptar ni un recorte más. La reestructuración de la universidad, que pudiera generar ahorros, la debemos hacer los universitarios ponderadamente, no con la espada de Damocles sobre nuestros cuellos a toda prisa sin participación de la comunidad, como quiere recortar $300 millones la JCF ahora.
Punto 5 del pronunciamiento.
“5. Reconocemos la necesidad de hacer recortes, pero llamamos la atención también al hecho de que para mantener a la UPR como un centro docente competitivo en el plano global es necesario incurrir en gastos e inversiones ineludibles en aras de garantizar un desarrollo institucional a la altura de esta aspiración. Esto implica que la racional económica no puede ser la que impere de manera absoluta en una institución cuya singularidad es la producción de conocimiento. Bajo esta lógica, nos preguntamos: ¿De dónde salió y cómo se justifica la cifra de los 300 millones de dólares? ¿Cómo la implantación de ajustes de esa magnitud afectará de forma duradera la misión universitaria y su capacidad de posicionamiento internacional? Por ejemplo, la eliminación de profesores por contrato. Estos quienes brindan un servicio vital al encargarse de un porciento considerable de los ofrecimientos curriculares de la institución, tendría el efecto inmediato de sobrecargar a los profesores de plantilla y esto, a su vez tendría efectos negativos: supondría menos tiempo para las investigaciones (por ende, la acreditación de la Universidad y la habilidad de atraer a nuevos profesores y nuevos fondos se afectaría severamente), y afectaría la calidad de la enseñanza.”
En el punto 5 vuelven a decir que “Reconocemos la necesidad de hacer recortes…”. ¿Porqué? ¿No y que llevamos años haciendo recortes que a duras penas nos permiten poder continuar nuestro proyecto educativo, pero, aun así, creemos necesarios más recortes? Finalmente, aquí se cuestiona por primera vez en el pronunciamiento cómo se justifica la cifra de los 300 millones de dólares. Y añaden “¿Cómo la implantación de ajustes de esa magnitud afectará de forma duradera la misión universitaria y su capacidad de posicionamiento internacional?» Me pregunto yo, ¿creen que la JCF les va a contestar esa pregunta? No, la JCF viene a cortar para pagar la deuda y ya, no le interesa las consecuencias.
El pronunciamiento en ese punto 5 señala la preocupación con la eliminación de docentes que brindan servicios por contrato y las consecuencias nefastas que hacerlo tendría sobre los ofrecimientos curriculares, sobre las investigaciones, las acreditaciones, el reclutamiento de profesores, la obtención de fondos para investigaciones, y la calidad de la enseñanza, que comparto. Pero esa preocupación es argumento para no hacer recortes.
Prosigue el pronunciamiento indicando que la oferta académica se ha reducido drásticamente y que “se rumora que mucho de los recortes propuestos se centran en la labor de la docencia, currículo, academia en general, pudiendo centrarse en reestructuración de carácter administrativo y organizacional.” Pero si lo que querían decir es que solo aceptan recortes a la parte administrativa y organizacional, ¿por qué no lo dicen desde el principio e indican que una reestructuración administrativa y organizacional la debemos hacer nosotros ponderadamente, no ante amenazas de la JCF?
Luego dice el pronunciamiento que las universidades privadas también deben hacer recortes. O sean, de entrada, aceptan hacer recortes a la UPR, y ahora quieren que se hagan recortes a otras instituciones del país. Yo estoy de acuerdo que las instituciones privadas, y en mi parecer también las iglesias, no deberían gozar de tantas exenciones contributivas y debería pagar más al erario porque bastante lucro que logran de sus actividades, pero no creo que sea nuestro rol admitir la premisa de la JCF que tenemos que hacer recortes y como nos van a recortar a nosotros, nosotros debemos decir que también les corten a otros.
Hay otras opciones, como lo es indicar que la salud (otra de las áreas donde la JCF quiere cortar) y la educación son servicios esenciales en un país y que para salir de esta crisis en vez de hacer recortes en esas áreas lo que se debe hacer es invertir más en esas áreas para salir más rápido de la crisis económica en que nos encontramos, a la vez que nos unimos al reclamo de la auditoría de la deuda para conocer qué parte de ella es legal y reestructurar la que sea legal en términos favorables a nosotros. Pero esto no lo propone este pronunciamiento. Sobre esto es importante leer en Diálogo la columna “Recortes en salud y educación podrían provocar 3,000 muertes prevenibles” que salió publicada el 26 de febrero que incluye pasajes como los siguientes:
“Stuckler y Basu (2013) plantean que los países del mundo han servido de un gran experimento durante las últimas décadas. Un grupo de países siguió la ruta de la austeridad. A cambio de recibir un rescate económico del Fondo Monetario Internacional, países como Corea del Sur y Tailandia en la crisis del Este Asiático de los 90, y países como Grecia, Italia, y España durante la Gran Recesión de 2007-2008, aplicaron severos recortes a sus servicios de educación y salud. La idea era tener dinero para pagar su deuda. Un gobierno con sus cuentas saldadas supuestamente inspiraba confianza en los inversionistas, así que arreglaba la economía también. Otro grupo de países se fue por la ruta opuesta. Países como Malasia en la crisis del Este Asiático y países como Islandia, Finlandia y Suecia, decidieron no pagar su deuda de inmediato y aumentar los gastos del gobierno en salud y educación”.
y
“El patrón es evidente e inescapable. Los que se fueron por la ruta de la austeridad, les tomó mucho más tiempo salir de la crisis y poder pagar su deuda. Los recortes profundizaron la crisis económica. Menos actividad económica implicó menos recaudos para el gobierno, y por tanto complicó aún más la situación con la deuda. Mientras tanto, las pésimas condiciones económicas junto a recortes en salud provocaron directa e indirectamente miles de muertes innecesarias. Esto destaca que las políticas económicas no son asuntos meramente de “aquel índice sube 2 puntos pero esta tasa baja 3”. Las políticas económicas literalmente son asuntos de vida o muerte para la población.”
y
“A diferencia de los países en la ruta de la austeridad, países como Malasia en los 90 e Islandia, Finlandia y Suecia en la última crisis, invirtieron en salud y educación. Esta inversión no solo salvó vidas, sino que estimuló la economía. Más actividad económica implicó mayores recaudos, por tanto muchos de estos países pagaron sus deudas primero que los países en la vía de austeridad.»
La oración final del pronunciamiento que dice: “Favorecemos mantener una Universidad abierta que nos permita potenciar un pensar y un hacer continuo de cara a los desafíos que enfrenta el país”, es un llamado a «mantener una Universidad abierta». Por lo tanto, es una crítica a la posición del estudiantado que en asamblea votó a favor del paro y en contra de la APPU que también en asamblea votó a favor de un paro. Yo también quisiera que la Universidad nunca tuviera que cerrar, pero hay momentos en que no podemos descartar ninguna opción para enfrentar una amenaza tan grande como lo es la destrucción de la universidad. No puedo aceptar firmar un pronunciamiento con ese tipo de llamado, cuando el momento requiere resistencia. No podemos ceder a dejarle el camino abierto a quienes quieren destruir la Universidad y desmantelarla, sin ofrecer nosotros resistencia. Por eso estoy de acuerdo con lo que dice un ex-alumno en una columna en Metro del 26 de febrero (ver aquí):
“Nada de esto pone en entredicho la necesidad de reestructurar nuestra universidad. Nadie está en contra de limpiarla de las sabandijas que la han corrompido; secuestrado para lucrarse y aprovecharse de nuestro sueño hecho realidad. Nadie cuestiona la necesidad de hacerla más transparente, accesible, eficiente. Pero no nos confundamos. La Universidad de Puerto Rico hay que transformarla no desmantelarla.
“Esa institución que hemos construido cada uno de nosotros con el sudor de nuestro trabajo sigue representando hoy la oportunidad que tenemos de salvarnos a nosotros mismos y desarrollarnos a plenitud. Por eso esta semana miles marchamos para repudiar vehementemente el plan destructivo de la Junta de Control Fiscal de Estados Unidos y la administración Rosselló.
Nuestra contestación tiene que ser clara y concisa: ni la educación, ni la salud, ni el sustento de nuestros viejos, ni la integridad de nuestro ambiente, ni los derechos de nuestras futuras generaciones son negociables. Sabemos que embestirán con fuerza, pero nosotros resistiremos, insistiremos y al final, venceremos.”