Del tumbe al despilfarro
Ni la razón, ni la sensibilidad, ni el bien común parecen ser requisitos de este gobierno al momento de trazar los lineamientos de su política pública.
Todo anda “manga por hombro” y, hasta el momento, el balance de la gestión gubernamental que dirige Luis Fortuño parece inclinarse sólo a favorecer amigos, colaboradores e inversionistas políticos. No hay orden en la casa.
Ejemplo de esto es lo ocurrido con el plan de inspección compulsoria de furgones, que tras la queja de una importante compañía naviera que adujo a irregularidades en el proceso de implantación se logró que el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Puerto Rico emitiera una orden paralizando momentáneamente su implantación.
En este caso hay muchos ángulos confusos que hablan mal del modelo de administración pública del país. Para la inspección de furgones, la Autoridad de Puertos contrató a la compañía Rapidscan Security Systems, con la que firmó un acuerdo por 20 años aun cuando su cotización resultó ser $135 millones más alto que el resto de los licitadores.
Nadie ha explicado cómo la Junta de Subasta de la agencia accedió a la otorgación de ese contrato cuando los servicios que presuntamente se ofrecerán resultan más costosos, en momentos en que el discurso estatal navega en pronunciamientos de crisis y estrechez económica.
Como si fuera poco, esta semana trascendió que Rapiscan Security System, cuya matriz cita en el estado de California, es una empresa a la que está asociado Andrés Guillemard, un abogado vinculado al Partido Nuevo Progresista (PNP) y quien, además, es cuñado del Comisionado Residente en Washington, Pedro Pierluisi.
Al margen de considerar la efectividad o no de la política de inspección de furgones, en su faz el proceso de selección del contratista es, más que irresponsable, señas del ejercicio de un poder inescrupuloso.
Pero eso no es todo. La lista de contratos turbios crece sin que ningún funcionario del gobierno rinda explicaciones.
Otro entuerto apareció esta semana en Arecibo, donde el Comité de Amigos y Vecinos en Defensa de la Poza del Obispo denunció otro contrato concedido por la Autoridad de Puertos, en este caso a la firma Lighthouse Adventures of Puerto Rico.
Según la denuncia, con esta contratación se dispuso el alquiler de trece cuerdas de terreno en las que ubica la Poza, por la suma irrisoria de $1,600 mensuales.
Se trata de los terrenos del litoral turístico más importante de la zona norte de la Isla, lo que implicará la privación a los ciudadanos del disfrute de los recursos y bellezas naturales de esa región.
La empresa Lighthouse Adventures of Puerto Rico, dirigida por Juan Chapel Díaz, del que se trazan fuertes vínculos con el PNP, también goza de un contrato de alquiler del faro histórico de Arecibo que, según se indicó, tiene crasas irregularidades. A este señor hay que pagarle $10 por persona para disfrutar de la belleza del faro, además de los $3 por el uso del estacionamiento.
Esto no acaba aquí. Las turbulencias en el manejo de contrataciones “bota la pelota” con el gasoducto del norte, un proyecto que sin hacer un hoyo en tierra ya le cuesta al país más de $20 millones, y ni hablar de las consecuencias sociales y de salud que acarrea.
Este despilfarro de dinero, denunciado por Casa Pueblo de Adjuntas desde principios de año, ha ido a parar al bolsillo de un grupo selecto de aliados del gobierno que, en su empeño por empujar la construcción del tubo de gas, se inventan las justificaciones para defender un proyecto que pone en riesgo 200 mil vidas. Son un conciliábulo de capitalistas salvajes a quienes no les importa armar argumentos y planes cantinflescos con tal de alimentar la vorágine de su avaricia.