Distorsiones y mitos sobre la democracia en Puerto Rico
Vale indicar que encontramos confusiones conceptuales, distorsiones de la realidad y pura mitología entre los puertorriqueños de todos los grupos según la primera preferencia de estatus de los entrevistados: estadistas, estadolibristas conservadores del ELA territorial, soberanistas libre asociacionistas e independentistas. No fue la mayoría en cada grupo, y en eso hemos caminado hacia adelante. No obstante, con cerca de un 30% de distorsiones y de conceptos equívocos en cada grupo por preferencia de estatus, sabemos que tenemos una necesidad urgente de una mucho mejor educación política.
De entrada, dejemos claro que estas distorsiones y confusiones sobre el concepto de la democracia no son, obviamente, casuales, ni provienen únicamente de una responsabilidad puramente individual. No se trata de culpar a las víctimas. Sin llegar a teorías conspirativas, sabemos que construimos colectivamente la realidad social. Y sabemos también que en Puerto Rico ha habido un cierto “diseño de ausencia” de la discusión democrática en nuestras escuelas y en el espacio público. Las ignorancias y mitos que muchos demuestran podríamos fácilmente llamarlas “sponsored ignorance” o “sponsored mythologies”, ya que hay fuerzas sociales y políticas que por acción, o por su actitud pasiva, han impedido una discusión informada y pública sobre lo que debe ser una democracia. Es algo auspiciado. Nada conviene más a los políticos que un Pueblo ignorante, confundido y paralizado por la perplejidad. No son, sin embargo, solo los partidos políticos y las políticas públicas educativas de los gobiernos las que han auspiciado el clima de ignorancia y confusión. Todo acontece también gracias a fuerzas que van desde los medios de comunicación hasta algunos intereses comerciales privados.
En casi cualquier rincón del planeta, incluso en los países democráticos de mayor estabilidad y desarrollo, existen dudas, confusiones y hasta mitos sobre lo que conlleva un sistema político democrático. Pero no olvidemos el refrán: “mal de muchos, consuelo de tontos”. No nos podemos consolar con que haya problemas en otros lugares. Tenemos que entender, primero que nada, cuáles exactamente son las distorsiones sobre qué es la democracia que habitan en las mentes de nuestra gente, de algunos de nuestros ciudadanos, y cómo podríamos tener una democracia real y auténtica con una mayor discusión pública educativa. Es preciso superar la situación en que nuestra llamada “democracia” es solo un mito que sirve para entretenernos creyendo que somos “un país democrático”, sin realmente serlo, y, entretenidos con eso, “dejar hacer” a quienes controlan nuestra vida colectiva.
Cuando hablo de mitos no me referiré a la discusión teórica interesante sobre mitos democráticos, como la trabajada, por ejemplo, por Kimon Valaskakis. Este académico de cultura griega, profesor emérito de la Universidad de Montreal en Canadá, y Presidente de La Nueva Escuela de Atenas ha creado en Montreal este “think tank” para el estudio de propuestas sobre gobernanza global. El trabajo colectivo dirigido por él se concentra en cuatro mitos de la democracia actual: la infalibilidad del pueblo, la supremacía de la democracia representativa, el pacifismo de los países democráticos y la correlación entre democracia nacional y democracia mundial. Son muy buenos temas para otras reflexiones futuras.
Composición de la Muestra de la Investigación
El grupo de los estadistas (que adujeron que su primera preferencia es la estadidad federada) se compone de 59 entrevistados y entrevistadas. No llegaron a 60, porque un PNP señaló que su primera preferencia es el ELA territorial y la estadidad la tiene más bien como una segunda opción, por si el ELA no puede continuar. Le sigue el grupo de los populares conservadores, cuya preferencia de estatus era todavía en 2015 “el ELA territorial, como está, sin cambios mayores que nos acerquen a la soberanía puertorriqueña”. Favorecieron el ELA a pesar de que la guía de investigación lo llamó territorial y que se aclaró que al decir “ELA como está” se quiso significar que no conllevara cambios mayores hacia la soberanía. De esa manera, nos garantizamos que los que escogieran esa fórmula fueran conservadores de verdad. Solo 47 personas de una muestra de 263 entrevistados se clasificaron ellos mismos en esa categoría. La razón por la cual es un número sensiblemente menor al de los estadistas —y aún más pequeño que el de los libre asociacionistas e independentistas— es que un buen número de populares seleccionados para entrevista por los estudiantes entrevistadores pensando que serían pro ELA territorial, respondieron luego durante la entrevista que creen que el mejor estatus para nuestro país es el de la libre asociación soberana. Y no lo dijeron con dudas y confusiones. Eran ya tan claramente libre asociacionistas para el año 2015, que lo supieron explicar muy bien durante la entrevista. Por tal razón, no podían figurar entre los populares conservadores del ELA territorial, sino entre los libre asociacionistas. De hecho, poco más del 50% de los libre asociacionistas entrevistados para este estudio (69) dijeron ser miembros del PPD. Los demás libre asociacionistas eran “independientes” o “no afiliados” y algunos eran independentistas que consideran que la libre asociación es un estatus más viable que la independencia en el momento histórico actual. Hubo independentistas que incluso vieron la libre asociación como una buena transición y una manera de “garantizar” que Estados Unidos compense a Puerto Rico por más de 100 años de distorsiones en nuestra economía para provecho principal de los intereses estadounidenses, más que para beneficio del Pueblo de Puerto Rico. Finalmente, se entrevistó a un grupo de independentistas que sumó 87 personas. La razón para tener un número mayor de independentistas que de otros grupos por preferencia de estatus fue que una proporción notable de los entrevistados como no afiliados, dijeron que su primera preferencia de estatus es la independencia. Por lo tanto, en términos de primera preferencia de estatus, había que considerarlos como independentistas.
Es evidente, para cualquiera que sepa de metodología de las ciencias sociales que este estudio no fue una encuesta con una muestra representativa, con un margen de error conocido, de modo que los datos fueren generalizables al UNIVERSO del total de puertorriqueños. Este estudio con la metodología de las entrevistas profundas —algunas de ellas duraron 2 horas y requirieron 2 o más visitas a la persona entrevistada— al usar una muestra finalista, es decir, con una finalidad particular, que no era generalizar a la población total, no nos permite hacer tales generalizaciones, como se hacen en las encuestas. La finalidad de la muestra fue otra: entrevistar suficientes personas entre los principales grupos de primera preferencia de estatus como para poder observar las principales tendencias existentes al interior de cada grupo. Bueno, pues una de las tendencias observadas es que una proporción considerable en todos los grupos respondió a la pregunta ofreciendo sugerencias de cambio equivocadas, distorsionadas o erróneas, que reflejaban falta de claridad, o ignorancia evidente de lo que conlleva que un sistema político pueda decirse que es “democrático”. La pregunta formulada fue la siguiente: ¿Qué piensa que es lo más urgente de cambiar en Puerto Rico para que pueda haber una mejor democracia? Esta pregunta fue totalmente abierta y los entrevistados y entrevistadas podrían mencionar hasta 3 cambios por persona.
Al final de esta columna les proveo los datos del “peso relativo de las ignorancias, distorsiones y mitos”, comparados con las proporciones porcentuales de las respuestas aceptables en cada uno de los cuatro grupos mencionados y clasificados a base de su primera preferencia de estatus.
Distorsiones y mitos entre los estadistas
Solo se puede captar la naturaleza de las carencias de conocimiento sobre el concepto de democracia entre los puertorriqueños y puertorriqueñas que fueron entrevistados en esta investigación, cuando leemos ejemplos específicos, que nos dan cuenta de sus confusiones, distorsiones y mitos. Comenzamos con las respuestas no válidas de los 59 entrevistados que dijeron que la estadidad federada es su primera preferencia de estatus.
Estas propuestas equivocadas para “mejorar la democracia” fueron, entre otras, las siguientes:
“Que haya mejor salud y educación”, “Recortar gastos en el gobierno”; “Mayor eficacia en las corporaciones públicas”; “Que funcionen las cámaras legislativas, que ahora no funcionan”; “Mayor atención a la economía”; “Unicámara para tener menos gastos en el gobierno”; “Reducir la burocracia”; “Revisar los sueldos de los legisladores”; “Más iniciativas de gobierno que sean productivas”; “Limpiar la casa, es decir, sacar a los políticos que no sirven”; “Que haya un cambio drástico de administración”; “Que la judicatura sea fiel a los principios del derecho”; Mejorar la Composición del Senado”.
Como se ve, estas propuestas podrían mejorar la calidad del gobierno y de la gestión pública, pero no están relacionadas directamente con una mejor democracia. Confundir la efectividad del gobierno con la calidad de la democracia fue el error más común entre los estadistas. La entrevista tuvo una pregunta por separado sobre cómo mejorar el gobierno de Puerto Rico. Sin embargo, la pregunta sobre cómo mejorar la democracia apareció primero y ello nos permitió constatar que muchas personas en Puerto Rico no pueden distinguir bien entre “buen gobierno” (efectividad en las administraciones públicas) de una parte, y la elevación de la calidad democrática del sistema político, de otra parte. Y esto ocurrió entre muchos estadistas. Al tomar el gobierno de Puerto Rico como “ejemplo de gobierno democrático” trasladaron sus deseos y propuestas de mejora en el gobierno a una respuesta sobre cómo mejorar la democracia en Puerto Rico. Preguntamos por los elefantes y nos hablaron de las hormigas, en otras palabras.
Estas personas no fueron capaces de caer en cuenta de que el gobierno puede mejorar en muchas formas sin que su realización del ideal democrático mejore correlativamente. Un gobierno puede ser muy efectivo, gobernar mejor, gastar menos o despilfarrar menos el dinero público y ser una dictadura. La efectividad en la toma de decisiones no garantiza que las mismas se tomaron democráticamente. Para decirlo en palabras del filósofo de la Grecia Antigua, Aristóteles, la democracia tiene más que ver con quiénes gobiernan y con qué fines gobiernan los que gobiernan, que con el “cómo” se gobierna en los detalles. Esa diferencia no se entiende muy bien en el discurso público en Puerto Rico y por eso vimos esta confusión tan abundante y clara entre los estadistas. La única de las respuestas mencionadas arriba que podría tener que ver con democracia, además de con buen gobierno, es “que funcionen las cámaras legislativas, que ahora no funcionan”. Es de conocimiento general que las cámaras legislativas ejercen una función democrática de representación de los electores del país, cosa que queda inefectiva si las cámaras “no funcionan”. Realmente lo que quiso decir el entrevistado que mencionó esto, sin embargo, es que las cámaras “funcionan mal”, pero al decirlo, no relacionó esto con la merma en una capacidad representativa genuina, ni con otros aspectos de la democracia.
Por supuesto, puede haber otras cualidades del cómo se gobierna, que tienen que ver con el nivel de democracia del gobierno. Por ejemplo, la transparencia gubernamental, porque la misma se refiere a la responsabilidad política democrática de los gobernantes ante los gobernados. Si algunas personas mencionaron esta forma de mejorar la democracia, lo consideramos una respuesta válida. Nótese que algunas de las preocupaciones que reflejan esas propuestas de mejor gobierno de los estadistas tuvieron muy presente la preocupación con el malgasto del dinero público, y con la deuda excesiva, con la corrupción gubernamental y con otros males que hemos sufrido por el mal gobierno en Puerto Rico como por ejemplo “que hay políticos que no sirven” y la propuesta sería “sacarlos del gobierno”. Estas personas no dijeron, ni probablemente se pusieron a pensar, si “sacarlos del gobierno” se haría o no democráticamente.
Quiero comentar en particular la propuesta de “Mayor atención (del gobierno) a cuestiones de la economía”. Aquí se refleja no meramente una ignorancia, sino un mito bastante difundido entre los puertorriqueños de diferentes preferencias de estatus. Es la creencia errónea de que si la economía va bien eso es mérito del gobierno y si va mal es por su culpa. Es una distorsión de la realidad que se convierte en mito e incluso hay quien decide su voto dependiendo de cómo “evalúa” la “gestión económica” de un gobierno. Estas personas olvidan que estamos en un régimen capitalista y que Puerto Rico es un territorio colonial de una de las grandes potencias económicas del globo. Por un lado, por ser una economía capitalista, la mayor parte de lo que ocurre en la economía está determinado por decisiones de las empresas privadas, no de los gobiernos. Por otro lado, muchos aspectos que tienen que ver con cómo anda la economía de Puerto Rico están determinados por limitaciones que le impone el colonialismo estadounidense a Puerto Rico en su economía. Finalmente, aún otras están impactadas por lo que ocurre en los mercados internacionales. Hay una pequeña parte que se le puede atribuir al gobierno de Puerto Rico y a su política económica. Pero que el gobierno le ponga mayor atención a la economía no resuelve necesariamente los problemas económicos de Puerto Rico y además muchas cosas que el gobierno quisiera hacer para estimular la economía no las puede hacer por el marco legal territorial y por la institucionalidad que ha impuesto Estados Unidos a su territorio no incorporado de Puerto Rico. Si “mayor atención a la economía por parte del gobierno interno de Puerto Rico” no garantiza una mejor economía, mucho menos garantizaría una mejor democracia, así porque así, automáticamente. No olvidemos que se preguntó por mejoras a la democracia, no por mejoras en el gobierno interno.
Otro tipo de respuestas inválidas de los estadistas tuvieron que ver con la sustentación de otros mitos. Veamos.
“Que el gobierno de Puerto Rico tenga menos poderes en sus manos; “Privatizar las corporaciones públicas”;
Estas dos menciones nos remiten a un mito que encontramos repetido por los estadistas en varios tramos de la entrevista. Se trata de la idea de que es mejor que Puerto Rico —en cuyo gobierno interno ellos perciben que hay tanta corrupción y fallas— esté más vigilado por “los federales” para que se reduzca la corrupción y no haya tantas malas decisiones gubernamentales. En otras palabras, que el gobierno de aquí tenga menos poderes para que esos poderes los ejerzan los “federales”. Alguien diría, con sobrada razón, que decir semejante cosa es el colmo del colonialismo y de la genuflexión indefensa ante “el imperio del norte”.
Estos estadistas no se cuestionan ni hoy en 2018 cómo es que si los federales son tan eficientes y efectivos, se cometieron tantos errores por esas mismas autoridades estadounidenses al enfrentar los daños en Puerto Rico del Huracán María. Tampoco se cuestionaron algo observable en 2015: cómo ha sido que con los federales aquí y bajo sus narices —en la colonia territorial del ELA— ¡ha aumentado el crimen como ha aumentado en las últimas décadas, incluso el trasiego de drogas, la trata humana y otros desastres, además del robo de fondos federales, en algunas ocasiones hasta por algunos dirigentes estadistas del PNP! Y que una parte sensible de las malas acciones de nuestros gobiernos haya quedado en la impunidad. Más bien lo que está detrás de este mito de “sería mejor que nos gobiernen los federales” —y por lo tanto es mejor que el gobierno de Puerto Rico tenga menos poderes— es, por un lado, el complejo de inferioridad de muchos estadistas y su visión de que los puertorriqueños somos inferiores o “defectuosos”, y por otro lado, la idolatría sin cuestionamientos a la metrópoli que siempre perciben como “superior”, como ejemplo de dechado de virtudes y buen gobierno.
El otro mito que existe entre los estadistas, cultivado probablemente por la posverdad en las declaraciones de los dirigentes del PNP, es el que supone que el Gobierno Federal estadounidense les “resuelve” sus ineficiencias a los gobiernos estaduales. Nada más lejos de la verdad. Como sabemos, el federalismo estadounidense no funciona a base de que el Gobierno Federal les maneje directamente la administración gubernamental a los estados federados. El federalismo no funciona así en ningún lugar, llámense las unidades estaduales estados, cantones, states, provinces o Länder. Cada estado federado es responsable por el buen gobierno estatal en su jurisdicción y el Gobierno Federal estadounidense no se involucra a fin de controlar el gobierno interno de los estados para resolver sus problemas. Eso sí lo pueden hacer en un territorio colonial como lo es Puerto Rico debido a los poderes plenarios que le asigna la Constitución de Estados Unidos al Congreso para administrar y decidir todo lo concerniente a “propiedades territoriales” de EE. UU. Este sin embargo no es un manejo normal y no es el trato del Gobierno Federal respecto de los estados miembros de la federación. Es evidente que los estadistas que esto dicen extrapolan incorrectamente de la experiencia que se vive en el Puerto Rico colonial con una creciente federalización de los procesos gubernamentales, hacia lo que se hace realmente respecto de los estados de la federación estadounidense.
La idea de “privatizar las corporaciones públicas” es una variante de ese tema: menos poder para el gobierno y más para la empresa privada. No obstante, no hubo en quien eso propuso una demostración de que la empresa privada sea más efectiva y tenga menos corrupción que una corporación pública. Mucho menos los estadistas proponentes explican cómo es que el país será más democrático o nuestro gobierno aplicará mejor los principios democráticos si vende a la empresa privada las corporaciones públicas. Es un non sequitur: una cosa no deriva de la otra.
Por último, hubo algunas menciones de los estadistas que podrían relacionarse con democracia pero se expresaron en una forma en la cual no queda clara tal conexión:
Que haya unión de propósitos como propone Pepe Mújica (Uruguay); Que más gente vaya a votar;
La primera, la “unión de propósitos” no está claro que sea característica apropiada de una mejor democracia. La teoría pluralista de la democracia, por ejemplo, asocia la democracia con lo contrario, con la pluralidad de ideas e intereses y la expresión y competición libre entre esos intereses diversos. Y “que más gente vaya a votar”, puede ser o no ser un signo de mejoramiento democrático: depende realmente de por qué está votando más gente y la base de conocimientos en la emisión de esos votos. Muchos sufragios aportados por ignorancia o por seguir ciegamente lo que dice un caudillo, no es para nada un signo de democracia como no lo fue la elección de Hitler en Alemania ni lo será si los brasileños eligen Presidente a Bolsonaro a base de su campaña de odios.
Distorsiones y mitos entre los estadolibristas conservadores
Entre los populares conservadores favorecedores del ELA territorial, sin cambios mayores, encontramos las siguientes respuestas que reflejan confusión, distorsiones de la realidad, o que se basan en puros mitos políticos.
“Que haya un trato justo para las clases desaventajadas”; “Crear más empleos para los jóvenes”; “No aumentar los costos de los servicios públicos”; “Aumentar el salario mínimo a $10 la hora para mover la economía”; “Una legislatura unicameral”; “Legislador ciudadano”; “Mejorar los servicios de salud y educación”; “Rehabilitación verdadera para la población carcelaria”; “Más ayudas para los ancianos”; “Crear más empleos en general”; “Reducir las tarifas del agua y de la luz”.
Nuevamente, hallamos el mismo tipo de confusión que exhibieron muchos estadistas. También algunos de los estadolibristas conservadores del PPD confundieron “mejor democracia” con mejor gobierno o con decisiones de gobierno que mejoren las condiciones de vida de ciertos ciudadanos. Aunque la gran desigualdad socio-económica existente en Puerto Rico vulnera e impide una verdadera democracia, los paliativos de medidas gubernamentales que sugirieron los entrevistados, no garantizan que habrá mejor democracia. El “trato justo a las clases desaventajadas” por parte del Gobierno no se relacionó por ellos a un mayor acceso a los procesos democráticos para los “desaventajados”. Además, la desigualdad es un problema muy complejo al que contribuyen las limitaciones coloniales federales, el sistema contributivo en Puerto Rico, la existencia o no de empleos privados suficientes y otras variables. De las mencionadas, sólo el sistema contributivo de Puerto Rico podría aportar algo. Aquí también encontramos presente el mito de que es el gobierno interno el que produce “buena o mala economía”.
Otras propuestas de “mejora democrática” fueron descartadas por ser excesivamente partidistas y fanáticas. Veamos.
“Que los del PNP no tengan tanto poder, sacarlos del gobierno porque son malos”; “Que el Pueblo entienda que García Padilla lo está haciendo bien”.
La primera muestra más bien intolerancia, algo muy contrario a los principios democráticos. Nuevamente se perciben tendencias autoritarias en algunas personas. Uno de los más importantes rasgos de una verdadera democracia es el respeto por la oposición y los derechos que les asisten. El PPD estaba en el poder en 2015 y… ¿Cómo pretendía esa persona que el PPD “sacara a los PNP del gobierno” sin vulnerar derechos de la oposición? La segunda frase asocia la democracia a que la gente entienda “que el Gobernador de mi partido lo hace bien”. No sé quién le puede haber enseñado a esa persona que es más democrático un país cuando la gente se traga íntegro el cuento del que está en el gobierno cuando éste alega que “lo hace bien”, por fallas que ese gobierno pueda tener…
Por último, dos ideas más se relacionaron con mejorar la democracia a base de reducir el “mantengo” y restándoles fondos a las ayudas a los dependientes para dárselos mejor a la educación. No se ve tampoco muy claramente aquí la conexión entre “dejar la cultura del mantengo” y “restarle fondos a la dependencia” y mejorar la democracia en el país, que fue lo que preguntamos.
Entre los respondientes cuya primera preferencia de estatus lo fue la libre asociación con soberanía puertorriqueña reconocida internacionalmente, encontramos las siguientes respuestas que reflejan confusión de conceptos, distorsión de lo que es la democracia o el entretenimiento de mitos.
“Volver al legislador ciudadano”; “Que haya una legislatura unicameral”; “Reformar el gobierno (las agencias públicas)”; “Acceso más equitativo en la rama judicial”; “Cambiar el sistema tributario del país”; “Mejor gobernabilidad”; “Que haya un sistema de mérito para los empleados públicos, de modo que los que dirijan el gobierno sean personas preparadas”; “Salud universal y buena educación para todos”; “Que los nombramientos de los jefes de agencias sean por más de 4 años”;
Nuevamente, encontramos entre los libre asociacionistas la misma confusión de los estadistas y estadolibristas conservadores entre “mejor gobierno” y “mejor democracia”. Comentamos algunos ejemplos. “Volver al legislador ciudadano” es una medida para mejorar el gobierno y reducir sus gastos, ya que si los legisladores vuelven a trabajar a tiempo parcial, podrían devengar sueldos menos ostentosos como legisladores y quedar en libertad para ejercer sus profesiones personales cuando no estén legislando. Pero no hay relación alguna entre el legislador ciudadano y una mejor democracia. Por ejemplo, su nivel de representatividad democrática no mejora simplemente volviendo al legislador ciudadano. Habría que hacer otras enmiendas a la Constitución sobre cómo se eligen los legisladores para aumentar la representatividad democrática de la legislatura puertorriqueña. Y otras medidas tendrían que ver más bien con cómo los partidos políticos seleccionan sus candidatos a la Rama Legislativa. No es extraño que algunos digan aquí como decían los indignados en España o Argentina de sus respectivos legisladores: “No nos representan”.
Que haya una legislatura unicameral va por el mismo camino: mejora el proceso legislativo, evita duplicaciones y acelera la toma de decisiones y baja los costos al gobierno. Pero no hay una conexión clara entre tener una legislatura unicameral y lograr mejor democracia. Eso dependerá mucho del funcionamiento interno de la unicameral, de la representatividad de sus miembros y de las interacciones y participaciones que se le permitan al ciudadano. La unicameral por sí sola no mejora la democracia. Lo que más ha mejorado la democracia, por ejemplo en Nebraska, donde la legislatura es unicameral, es más bien el requisito de que los legisladores sean todos “independientes” y “no partidistas”. Al eliminar la intermediación de los partidos, se potencia, aunque tampoco se asegura, que los cargos legislativos estén más disponibles para ciudadanos comunes y no sólo para “carreristas políticos” auspiciados por las elites de los partidos. Pero de esto no hablaron los libre asociacionistas que propusieron la unicameral para “mejorar la democracia”. Por otra parte, “Mejor salud y educación para todos” podría potenciar una mejor democracia, pero tampoco la asegura.
Otras propuestas se relacionaron con la responsabilidad pública, no ante los ciudadanos, sino ante los acreedores. Que un gobierno sea “buena paga” no mejora necesariamente su calidad democrática.
“Pagarles la deuda a los bonistas”;
Para ir a la segura, tanto en el caso de los libre asociacionistas preocupados por la deuda y la buena fiscalidad en el gobierno, como en el caso de los estadistas discutido anteriormente —preocupados por el malgasto del dinero público y por la corrupción— hay una conexión con la posibilidad de la democracia, aunque ellos no lo desbrozaron de esa manera. Es la misma idea que está detrás de la siguiente cita tomada de Nicolás Sartorius, fundador de Comisiones Obreras en España y dirigente del “think tank” Alternativas: “sin un sólido y eficiente sistema fiscal, no hay Estado social ni democrático” (elpais.es; “La democracia expansiva”, 14 de febrero de 2017). Lo escrito por Sartorius, en definitiva, es correcto. La sana fiscalidad, por lo que significa para poder implantar y ejecutar políticas públicas reclamadas por grupos ciudadanos, es un pre-requisito del funcionamiento democrático del Estado. Lamentablemente, ni los estadistas ni los libre asociacionistas que señalaron esto como preocupación “para que haya una mejor democracia” parecieron ser conscientes de este tipo de explicación. Probablemente intuían que los problemas fiscales impedían un “buen gobierno democrático” pero no alcanzaban a vislumbrar por qué.
Algunas propuestas de los libre asociacionistas tuvieron que ver más con respetar el estado de derecho laico que con mejorar la vida democrática:
“Separación de la Iglesia y el Estado”; “Que las iglesias no influyan la política”;
Además, tras estas expresiones se aloja otro mito: el que sostiene que la completa separación entre la iglesia, o las iglesias, y el estado —proclamada por la constitución del ELA— implica o requiere que las iglesias y los religiosos no intervengan en la discusión pública o en “la política”. De ninguna manera en una democracia se puede despojar de sus intereses y de sus preferencias políticas a los religiosos porque ellos también son ciudadanos y como ciudadanos tienen derechos a la participación política. La libertad de expresión les protege constitucionalmente y les reconoce ese derecho a participar. Lo que no pueden hacer porque entonces sí se vulnera nuestra constitución es mantener influencias indebidas o privilegiadas para ciertas religiones, o para una fe en particular, en desventaja para otras, sobre los procesos decisorios del estado. El verdadero estado democrático y laico no puede recibir ni órdenes ni presiones privilegiadas de los grupos religiosos porque eso suspende la completa separación entre la iglesia y el estado. Y vulnera también la neutralidad del estado frente a las diversas confesiones que se veneren en un país. Eso es lo que hay que impedir si se quiere una democracia laica, pero no el derecho libre de personas y grupos religiosos a expresar preferencias políticas o su opinión sobre las políticas públicas que se discuten en el espacio público. Este mito tiene además claras pretensiones anti-democráticas, represivas y autoritarias.
Una propuesta dependía más bien de acabar con el coloniaje en Puerto Rico o con enmendar la Ley Jones que es una ley federal estadounidense:
“Cambiar las leyes de cabotaje”;
Finalmente, hubo menciones que podrían asociarse a un sistema más democrático pero no están claramente en manos del gobierno ni del marco legal lograrlo:
“Que la gente no tenga miedo a expresarse”, pone a depender eso de la voluntad de la gente, no de que haya leyes que ayuden a garantizar la libertad de expresión. Por otro lado, la libertad de expresión es más una precondición de derechos civiles para facilitar la democracia, que una mejora al sistema democrático como tal. “Que más gente vaya a votar” (eso puede tener que ver con la democracia, pero es algo que no controlan ni los partidos ni el gobierno; depende, otra vez de la voluntad de la gente.) En una democracia el voto no suele ser obligatorio; “Que haya más gente comprometida con el país y menos politiqueros”; “Despolitizar las agencias públicas”;
Las últimas dos menciones podrían ayudar en algo a crear un clima más democrático o de mayor tolerancia democrática, pero no lo garantizan. En la España de Franco fueron aumentando los españoles comprometidos con la democracia y con un mejor país, pero se refugiaban en grupos culturales porque el sistema seguía siendo dictatorial. Esos grupos culturales, a la larga fueron, sin embargo, vitales para la transición democrática a partir de 1978.
Por último, algunas de las principales propuestas de los independentistas que reflejaron un pobre dominio del concepto de lo que es una democracia fueron:
“Mejorar la economía”; “Que no haya políticos con mentes capitalistas”; “Mejorar el sistema de salud”; “Reducir el desempleo”; “Más poder para jóvenes con nuevas ideas”; “Poderes para participar en el comercio internacional”; “Desarrollar industrias propias”; “Reformar los sistemas carcelarios”; “Reformar las agencias con una JUNTA FISCALIZADORA”;
Nuevamente muchas de estas propuestas son para mejorar el gobierno y sus políticas públicas, no para mejorar la democracia. Otras se relacionaron con terminar el colonialismo como “Poderes para participar en el comercio internacional” y “Desarrollar Industrias propias”. La primera depende de descolonizar, ya que las leyes de EEUU no le dan a Puerto Rico libertad para hacer tratados comerciales internacionales por sí mismo, por el contrario, los prohíbe. El desarrollo de industrias propias se puede hacer internamente bajo el ELA territorial, y se ha hecho en algunos casos, pero las condiciones de dominio de la industria por las empresas foráneas, sobre todo estadounidenses, limitan demasiado lo que se puede lograr para que la industrialización sea auténticamente propia de la economía puertorriqueña. Aún en la soberanía —en la libre asociación y hasta en la total independencia— ello dependerá de la política industrial del gobierno de Puerto Rico. Si la política industrial fuere preferir la inversión extranjera y darle prioridad a la llamada “industrialización por invitación” del capital externo, aún en la independencia política, podríamos tener el tipo de dependencia en la inversión externa que tiene hoy Argentina con las políticas económicas del gobierno de Mauricio Macri, a pesar de Argentina ser un estado soberano e independiente. Obviamente, esto tiene también que ver con el uso de los poderes de la independencia o de la libre asociación en beneficio del Pueblo y de los inversores nacionales, y no tanto para favorecer la inversión externa.
Pero esto tampoco se refiere a la calidad democrática del país, sino a la naturaleza de los poderes y de la política pública de un gobierno independiente. Es por eso que como se sabe, la soberanía o los poderes de país independiente no son todo lo que necesita un país para prosperar. Necesita también de un buen gobierno comprometido con el desarrollo nacional y con planes estratégicos claros para lograrlo.
En otras propuestas de los independentistas se buscaba la mejora en la democracia mediante enmiendas constitucionales específicas o la petición de que haya una Reforma Constitucional. Ejemplos:
Enmendar la Constitución; “Hacer una reforma constitucional”;
De hecho, la reforma constitucional tuvo apoyo por lo menos de unos 10 independentistas en las respuestas múltiples. Esto podría ayudar a mejorar la democracia, o a crear una verdadera, pero los independentistas propusieron esto en general, y muy pocos de ellos mostraron durante la entrevista una habilidad mínima para explicar cómo las enmiendas constitucionales harían al sistema más democrático, o crearían democracia donde ahora no la hay auténticamente.
En definitiva, a los puertorriqueños nos hace falta una discusión nacional sincera sobre el concepto de democracia y sobre las formas alternas de vida democrática. Por otro lado, un tema poco discutido en cómo las tecnologías de la información y de las computadoras —y de la Internet— pueden ayudar a construir una mejor democracia o como pueden afectarla negativamente. Estos temas son vitales también en la agenda internacional, pero debemos empezar por discutirlos en nuestro propio espacio público puertorriqueño.
Peso relativo de las confusiones, distorsiones y mitos versus las respuestas basadas en conocimientos entre los diversos agrupamientos por preferencia de estatus.
De las 121 respuestas múltiples obtenidas de los estadistas, sólo 87, correspondientes al 72% se pudieron considerar válidas porque realmente se refirieron a modos de mejorar la democracia. Un 28% de las respuestas de los estadistas se consideraron “equivocadas” por no referirse al proceso democrático, a la calidad democrática de nuestro sistema político, sino a otros asuntos, principalmente modos para mejorar la efectividad del gobierno. A eso hay que añadir un 4.6% adicional de las respuestas múltiples de los estadistas que dijeron “ninguna, no hace falta, la democracia en Puerto Rico está muy bien”. Uno de ellos llegó a decir que la democracia es perfecta, comparada con la de otros países de América. Obviamente, esas personas tuvieron un concepto muy estrecho de lo que es democracia y, además, ignoran gran parte de las realidades que ocurren en Puerto Rico, el país en que viven. Aunque todavía no había llegado a funcionar la Junta de Supervisión Fiscal no electa decidida en la Ley PROMESA del Congreso estadounidense, que ha despojado al gobierno interno de Puerto Rico de su autonomía fiscal —y hasta del poder para determinar las políticas públicas ya que muchas de ellas tienen implicaciones para el fisco— es muy poco congruente con lo que vivimos en el País decir que Puerto Rico estaba “excelente en democracia” y que no necesitaba cambiar nada para mejorarla para el año 2015. Habrá sido quizás un mito que ha ayudado a soñar e imaginar que “estamos bien”, una especie de reacción psicológica de protección, pero no refleja la realidad que vive la mayoría de los ciudadanos en Puerto Rico. Las confusiones de los estadistas se sopesan más justamente cuando comparamos el peso de sus respuestas inválidas con las de los otros grupos de preferencia de estatus.
Los Populares conservadores del ELA territorial sin cambios, que creían en dejarlo esencialmente a como estaba en 2015, emitieron un total de 103 respuestas múltiples de las cuales sólo 77 se consideraron válidas por referirse realmente a democracia (74.8%) y unas 26 (25.2%) fueron inválidas al referirse a otros temas. A esto procede añadir un 4% adicional de las respuestas de los estadolibristas conservadores que también se expresaron en el sentido de que en Puerto Rico “no hace falta mejora democrática alguna porque la democracia que tenemos está muy bien”. Como se ve, el peso relativo de las respuestas que revelaron ignorancia, distorsión o mito es sólo un poco más bajo que en el caso de los estadistas.
Entre las personas que dijeron que su primera preferencia de estatus es la libre asociación con soberanía puertorriqueña aportaron unas 165 respuestas múltiples diferentes entre las cuales se consideraron válidas 109 o el 66%. Es decir, unas 56 respuestas múltiples fueron inválidas (34%) palpándose entre ellos un peso un poco mayor de las confusiones y distorsiones que en los casos de los estadistas y de los estadolibristas conservadores. Por último, los independentistas emitieron 218 respuestas múltiples a esta pregunta. De ese total de respuestas múltiples, una 143 fueron válidas al referirse a cambios en la democracia propiamente (65.5%). Por lo tanto, encontramos unas 75 respuestas inválidas o que reflejaron ignorancia del concepto, para un 34.4% del total. Como se ve, entre los independentistas las respuestas distorsionadas fueron más o menos del mismo peso que entre los libre asociacionistas y se emitieron sólo un poco más frecuentemente que en el caso de los estadistas y Populares conservadores del ELA territorial.
Por lo menos, entre los libre asociacionistas y los independentistas no hubo nadie que reclamara “perfección” en la democracia de Puerto Rico. Al contrario, 2 independentistas y una persona que dijo no tener “Ninguna” primera preferencia de estatus —pero que su segunda preferencia es la estadidad— adujeron que la pregunta no procede porque no se puede mejorar lo que no existe, y para ellos, la democracia no existe en Puerto Rico.