Docentes Escuela de Derecho marcan una dirección
La Facultad de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico aprobó por unanimidad el pasado 16 de febrero de 2011 esta Resolución sobre su posicionamiento ante la crisis universitaria.
Ante la crisis que enfrenta actualmente la Universidad de Puerto Rico y conscientes de la gran responsabilidad que tenemos como miembros de esta comunidad universitaria, los docentes de la Escuela de Derecho de la UPR hemos tomado las siguientes determinaciones para la defensa del proyecto universitario:
1. El presente conflicto universitario tiene múltiples facetas y afecta a todos los miembros de la comunidad universitaria y al país. Son muchas las medidas que de manera avasalladora están poniendo en riesgo la excelencia académica que ofrecemos y el acceso a ésta. El sector docente tiene la obligación de definir su posición y asumir su responsabilidad en este escenario. Nuestras estrategias como docentes requieren de una visión a largo plazo, capaz de enfrentar este reto en toda su complejidad y amplia dimensión.
2. Reconocemos el valor que han significado algunas de las iniciativas del movimiento estudiantil para atender y colocar en el debate público la crisis universitaria. Los estudiantes tienen el derecho legítimo a deliberar y tomar sus determinaciones sobre cómo enfrentar de manera pacífica y democrática los aspectos de esta crisis que más directamente les afectan. Lo mismo nos corresponde hacer como docentes, de forma tal que analicemos y deliberemos sobre los asuntos que nos afectan directamente y estemos en condiciones de proponer alternativas ante la crisis que nos acoge.
3. En este momento, hemos determinado considerar como asunto prioritario nuestra presencia en nuestras aulas y en el espacio universitario y mantener así la continuidad de nuestra aportación docente. La defensa de nuestra Universidad nos lleva a reafirmar y ocupar el espacio que tenemos para pensar, impartir cátedra, discutir y provocar un continuo cuestionamiento junto a nuestro estudiantado y entre nosotros. En este conflicto es este quehacer mismo el que está en peligro y por eso entendemos que nos corresponde abrazarnos a él y defenderlo como un espacio inigualable de oportunidades.
4. Entendemos que para atender los conflictos y fallas estructurales que han llevado a esta crisis, tales como: la falta de procesos democráticos, la constante violación a la autonomía universitaria, el problema presupuestario, la interrupción de las actividades docentes y administrativas, entre otros, y la anunciada reforma universitaria que se acerca, es urgente que retomemos activamente nuestros espacios institucionales dentro y desde cada facultad. Los docentes debemos ocupar el lugar que nos corresponde en cada uno de los organismos deliberativos para desde ahí incidir directamente y redirigir el rumbo que está llevando la Universidad. Reclamamos el reconocimiento y respeto de la docencia desde sus bases como parte fundamental en la toma de decisiones de la UPR.
5. Promoveremos desde nuestras aulas y otros espacios la discusión, reflexión y análisis sobre los conflictos, crisis, propuestas y debates públicos. De esta forma, reivindicamos el espacio universitario como uno de libre pensamiento y crítica y rechazamos todo intento de restringirlo. Ofrecemos nuestro quehacer dentro de nuestras aulas y otros espacios universitarios como ejemplo de que la Universidad que queremos y a la que aspiramos parte del diálogo y el respeto a las diferencias. Para nosotros como docentes nuestro quehacer universitario es en sí mismo un valor que hay que defender.
6. En los procesos de acreditación que actualmente se conducen ante la Middle States Commission on Higher Education (MSCHE), las autoridades universitarias han formulado planes y medidas que suponen cambios y reformas trascendentales al proyecto universitario que requieren de la participación y deliberación de toda la comunidad universitaria. Por ello, la Facultad de Derecho exige a las autoridades universitarias a que provean los espacios necesarios y garanticen la participación de todas las Facultades en dichos procesos.
7. Ante la determinación de que el Gobernador de Puerto Rico ha comenzado un proceso encaminado a reformar la Ley Universitaria, sin la participación y deliberación de los sectores que componemos la Universidad, exigimos a las autoridades que se respete el principio de que, salvo circunstancias extraordinarias, la Ley Universitaria se enmiende solo a propuesta de la comunidad universitaria en función de la necesidad de atender necesidades concretas, no susceptibles de atención eficiente dentro de la legislación vigente.
8. Cónsono con lo anterior, daremos inicio a un proceso de discusión, análisis y deliberación sobre la Ley Universitaria, la necesidad de una reforma y la evaluación y ponderación de los temas que nos atañen más directamente. Para eso escogeremos un Comité de Reforma Universitaria de la Escuela de Derecho, cuyos trabajos podrán integrarse al resto de los de la comunidad universitaria y así aportar desde nuestra comunidad más inmediata a este proceso.
9. Señalamos como aspectos medulares de nuestro posicionamiento los siguientes:
A) El respeto a los derechos constitucionales de todos los componentes de la comunidad universitaria, lo que necesariamente supone el rechazo a cualquier método de uso de fuerza, violencia o intimidación y la obstaculización mediante tales métodos de la realización de la función académica, tanto docente como de investigación.
B) La restauración y el fortalecimiento de la autonomía universitaria, como requisito indispensable para que la Universidad sea fuente de conocimiento y de soluciones eficaces ante nuestra realidad a base de los valores consagrados en nuestra Constitución;
C) El fortalecimiento, dentro de esa autonomía, de la autonomía fiscal, para evitar que se distorsione la base sobre la cual se aplica la fórmula presupuestaria dispuesta por Ley;
D) El fortalecimiento del principio de que la Universidad, como institución de educación superior pública, tiene que viabilizar y garantizar el acceso a todos los sectores de nuestra sociedad, a fin de darle continuidad al principal proyecto de nivelación social en nuestro país;
E) El fortalecimiento de las estructuras que viabilizan la participación democrática de los integrantes de la comunidad universitaria, a fin de garantizar la toma de decisiones que cuenten con la participación real de todos sus integrantes;
F) La restauración y el fortalecimiento del principio del mérito y del compromiso con los anteriores principios como el criterio decisorio en la selección de los funcionarios de la institución a todos los niveles, erradicando así la injerencia perniciosa del criterio político-partidista para la toma de decisiones en la Universidad.
10. Esta facultad insta a otras facultades a comenzar procesos de discusión, análisis y deliberación con este propósito. Sólo mediante procesos democráticos y respetuosos de la diversidad es que lograremos una reforma que vaya a tono con la Universidad de excelencia que queremos.
Adoptado en reunión de facultad del 16 de febrero de 2011.