Docentes sin plaza ante la incertidumbre laboral y la violencia institucional
Aunque su alta gerencia institucional (rectores, presidentes y Junta de Gobierno) ha sostenido consistentemente su rechazo a los recortes impuestos por la ley PROMESA y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) (ascendentes a $450 millones para 2026), ya en diciembre de 2016 había aprobado el Plan Estratégico de la UPR 2017-2022 que, a pesar de la oposición de la comunidad universitaria, era la base institucional de los recortes “recomendados”, ascendentes hasta entonces a $150 millones. Si bien los cuerpos directivos de la institución prometían que los ajustes fiscales no acarrearían “despidos”, el plan aprobado guardó silencio sobre la situación de los docentes sin plaza.[2]
No obstante, en febrero de 2017 circuló una orden de la rectoría en el Recinto de Río Piedras deteniendo indefinidamente las convocatorias para plazas probatorias, los procesos de selección y reclutamiento probatorio de docentes y no docentes, “ya que gravan el Fondo General.” Desde la óptica corporativa neoliberal, la alta gerencia de la UPR considera la inversión en contratos docentes sin plaza como un gasto prescindible y ajustable a la demanda de recortes fiscales al margen de las necesidades reales de la institución. El orden de prioridades administrativas en el plan fiscal propuesto refleja un serio desentendimiento de las implicaciones académicas y, al mismo tiempo, una clara indiferencia del poder patronal sobre las condiciones de existencia de los trabajadores docentes más vulnerables del sistema de la UPR.
Para el mes de marzo, el gobernador recomendó que el Plan Fiscal de la UPR debía integrar un recorte presupuestario de $241 millones; y para finales de abril la presidenta interina sometió el borrador del plan fiscal acogiendo el monto “propuesto” por el gobernador. En el marco del Plan Estratégico (2017-2022), el nuevo plan de ajustes fiscales propuso aumento en costos de matrícula a estudiantes, y dispuso la reducción de contratos profesionales y “temporeros”, y la congelación y eliminación de plazas vacantes. La alta incidencia de jubilaciones sería celebrada como “ahorro”; y los espacios de los profesores jubilados serían, si no cerrados, ocupados por profesores “suplentes” bajo contratos temporales; predominantemente a tarea parcial; con salarios de pobreza; sin respaldo institucional para investigaciones y demás producciones intelectuales; y sin derechos a beneficios marginales como plan médico y vacaciones, entre tantos otros.
Sin embargo, la incertidumbre laboral de los docentes sin plaza no se debe a la carencia de fondos institucionales; y la política de eliminación de plazas y de privación de oportunidades de empleos docentes en la UPR no responde exclusivamente a la crisis fiscal del país. El poder administrativo sobre los recursos económicos de la UPR corresponde con fuerza de ley a las autoridades institucionales; y, a pesar de la injerencia indebida del Gobierno y de la JSF sobre el presupuesto general, ambos cuerpos reconocen la autonomía de esta corporación pública para determinar el orden de sus prioridades fiscales y la distribución precisa de sus recursos presupuestarios. No obstante, dentro del modelo de gerencia corporativa neoliberal, la crisis fiscal opera como refuerzo ideológico legitimador de privaciones de expectativas laborales y oportunidades de empleo a los trabajadores docentes sin plaza.
En esta coyuntura, parece inminente que no serán renovados los contratos a un número indefinido de profesores. Resulta previsible que, como en el pasado, los criterios de elegibilidad, selección y renovación de contratos, seguirán estando viciados por amiguismos y favoritismos; y así las cesantías injustificadas y la exclusión de oportunidades laborales por discrímenes políticos y represalia contra docentes que hayan expresado oposición a las políticas fiscales del Gobierno insular y federal, y de la gerencia corporativa de la UPR.
Dentro del modelo de gerencia neoliberal, la inseguridad de empleo siempre ha sido un rasgo distintivo de las condiciones laborales de los docentes sin plaza. Al menos desde 2009 la “crisis fiscal” ha servido de subterfugio al poder patronal de la UPR para mantener plazas congeladas a pesar de la progresiva merma de profesores que se han retirado o están por retirarse; y, asimismo, para reclutar indefinidamente a docentes bajo contratos “transitorios”, negándoles derecho a tener expectativas de conservar el empleo al margen de sus cualificaciones y méritos como profesionales docentes. No obstante, la política de ajustes económicos impuestos por la ley federal PROMESA incide (in)directamente sobre las prioridades institucionales relativas a oportunidades de empleo (contratación, retención y cesantías). Al mismo tiempo, las presiones legislativas del Gobierno insular y su política de austeridad agravan la situación. Y aunque la alta gerencia de la UPR se había expresado en rechazo al monto de recortes al presupuesto institucional, desde inicios de 2017 había impulsado un plan fiscal de “ahorros” que prometía materializarse, en gran medida, en la eliminación masiva de puestos docentes bajo contrato, aún al margen de las necesidades académicas reales de la Institución.
En esta coyuntura histórica se hizo más evidente que, dentro del modelo de administración neoliberal, resolver la situación de incertidumbre y precariedad laboral de los docentes sin plaza no es una prioridad para el orden institucional. Sin embargo, -debo insistir- la ausencia de garantías de recontratación no está determinada por la insuficiencia fiscal de la Universidad de Puerto Rico; y los ajustes estructurales impuestos no responden a sus principios y objetivos cardinales. Los problemas laborales que enfrenta este sector del claustro universitario están sujetos a la tendencia creciente a determinar el valor de la educación pública en base a criterios mercantiles y, consecuentemente, a degradar el valor del educador como objeto maleable dentro de sus cálculos económicos y sin consideraciones ulteriores.
Además, el bloqueo estructural a las instancias deliberativas de la institución restringe enormemente la participación efectiva de los docentes sin plaza. Los efectos de la marginación y exclusión sistemática de este sector del claustro universitario se extienden a todos los ámbitos laborales, incluyendo el de las oportunidades de empleo, evaluaciones y criterios para negarles recontratación.
Paralelo a las políticas institucionales de marginación y segregación, entre los docentes sin plaza de la Universidad de Puerto Rico impera un clima de miedo generalizado a perder el empleo por caprichos, arbitrariedades, discrímenes políticos o represalia patronal. Este ilícito pero real poder patronal opera como fuerza intimidante, y muchos se abstienen de expresar posiciones disidentes, de participar de alguna manifestación de protesta o reclamar reivindicaciones de derechos.[3] Asimismo, opera como disuasivo de iniciativas de organización colectiva…
Hasta la fecha, el discurso patronal ha mantenido su promesa de no “despedir”, pero se reservó para sí el poder discrecional de renovar o no los contratos. Pero a pesar de todo, ante este cuadro de incertidumbre laboral indefinida, de violencia institucional y cinismo patronal, docentes sin plaza gestarían diversas iniciativas organizativas para visibilizar sus condiciones de trabajo y demandar reivindicaciones de derechos, de justicia y equidad.
Avanzada en la lucha por la justicia y la equidad (2017)
De entre los logros más significativos hasta ahora, destaca el respaldo de las organizaciones y asambleas claustrales a nivel nacional.[4] En estos foros se ha reconocido que históricamente el régimen de contratación y los procesos de evaluación, criterios de retención y cesantía del personal docente en la Universidad de Puerto Rico, han estado viciados por prácticas patronales ilícitas, como el discrimen por razones ideológicas, el padrinazgo político y el amiguismo, la arbitrariedad y el capricho; y que siguen siendo recurrentes las cesantías injustificadas, la privación y la exclusión de oportunidades equitativas de empleo, como prácticas de represalia patronal contra los docentes más vulnerables. Además, aprobaron por unanimidad las resoluciones que denuncian como acto violatorio de la dignidad humana y de los derechos académicos, civiles y laborales de los trabajadores docentes, cualquier práctica patronal que niegue un trato ético, equitativo y justo, a los profesores bajo contratos sin plaza. Asimismo, resolvieron unánimemente denunciar la cultura de secretividad institucional y exigir transparencia absoluta en todos los procesos de reclutamiento, evaluación, retención, cesantía y exclusión de profesores bajo contrato. Además, reconocieron que es un principio de convivencia democrática y de justicia laboral que el patrono garantice un trato equitativo y justo a los profesores sin plaza, reconociéndoles pleno derecho a ser informados por escrito de las razones de cesantía y exclusión de oportunidad de empleo; que se les garanticen remedios administrativos imparciales, rápidos y justos para trámites de querellas y apelaciones; y ratificaron el principio de solidaridad y equidad entre los docentes universitarios, en repudio de las actitudes discriminatorias, malos tratos y prácticas institucionalizadas de segregación contra profesores sin plaza.
Además, se reconoció el principio constitucional de justicia laboral de “igual paga por igual trabajo” (otorgando a docentes a tiempo parcial una remuneración proporcional a la escala salarial que se utiliza para docentes a tiempo completo); a conceder a los docentes sin plaza las mismas condiciones laborales y beneficios marginales equivalentes a docentes con plaza; y a honrar la política institucional del principio de mérito, reconociendo la experiencia docente acumulada para la otorgación de rangos académicos.[5] Todos estos acuerdos colectivos del sector claustral universitario fueron ratificados en el primer pleno de la Coordinadora Nacional de Docentes sin Plaza (CoNaD).
Ante este cuadro, considerando que por décadas la gerencia institucional del sistema de la UPR ha ignorado la grave situación de la desigualdad laboral de los docentes sin plaza; y que nunca ha atendido las recomendaciones y reclamos concretos de este amplio sector de docentes universitarios; y tomando en seria consideración que estos profesores viven indefinidamente en la incertidumbre de quedar desempleados en cualquier momento; la CoNaD consideró imperativa la intervención de la Legislatura de Puerto Rico para la creación de una Carta de Derechos, a los fines de garantizar la igualdad laboral y protección de los derechos de los docentes sin plaza del sistema de educación superior pública de Puerto Rico.
Conclusiones preliminares
De mis investigaciones históricas y análisis sobre la situación actual, puedo concluir que el origen de los problemas que enfrentan los docentes sin plaza no es la falta de recursos económicos, sino el orden de prioridades institucionales y su correlativa política administrativa, moldeada por la ideología neoliberal desde el siglo pasado. Como apunté en el artículo anterior, la Universidad derrocha gran parte de su presupuesto en cosas que nada tienen que ver con la educación, e incluso en otras que nada abonan a su misión social y hasta resultan inútiles e improductivas al bien común. Dentro de este modelo de Universidad, la gerencia corporativa normaliza las condiciones de precariedad laboral de los docentes sin plaza y se desentiende de los daños que ocasiona, tanto a los trabajadores docentes como a la Educación en todas sus dimensiones.
Aunque en lo que va de año se han alcanzado logros muy significativos, las resistencias interiores a los cambios sobre las condiciones laborales de los docentes sin plaza no han mermado. Tal vez la mayor fortaleza del poder de la gerencia neoliberal reside menos en fríos cálculos económicos y más en la insensibilidad generalizada entre una parte sustancial del propio claustro universitario, que -por razones egoístas y aún sin razones- todavía cela con vehemencia el antiguo régimen de segregación y marginación de sus “colegas” más vulnerables.[6]
Así las cosas, si bien es imprescindible integrar las reivindicaciones de derechos de los docentes sin plaza en la reforma a la ley universitaria y en los reglamentos institucionales, más aún es lograr cambios sustanciales en las mentalidades que le oponen resistencia en la cotidianidad de la vida universitaria.
Nota del autor: Este ensayo es parte de una investigación histórica más abarcadora, actualmente en proceso con la Editorial La Grieta, titulada: Paradoja universitaria. Devenir histórico de los derechos civiles y la (in)justicia laboral en Puerto Rico: el caso de los trabajadores docentes.
[1] El presupuesto anual aprobado por la JG para gastos operacionales de la UPR entre 2012 y 2017excedía los $1,000 millones. (Ver certificaciones de la Junta de Gobierno: Núm. 130 (2016); Núm. 150 (2015); Núm. 152 (2014); Núm. 51 (2013); Núm. 93 (2012). Estas cifras no reflejan el presupuesto consolidado, que incluiría anualmente cerca de $500 millones adicionales provenientes de fondos federales y contratos privados.
[2]A pesar del acrecentamiento progresivo de la crisis fiscal, la matrícula estudiantil del sistema UPR continuó aumentando. Para el año académico 2013-2014, era de 57,772; y creció anualmente hasta 62,182 para el año académico 2016-17. La facultad, para esta fecha, se registra en 4,887 (61% con doctorado). En el Recinto de Río Piedras, por ejemplo, 48% de los docentes contratados para enseñar no tienen plaza; y en Carolina esta cifra excede a los permanentes.
[3] Sued, Gazir; “Silencio”; Revista 80grados; 21 de abril de 2017.
[4] Asamblea Extraordinaria de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU); 5 de abril de 2017 / Asamblea Nacional de Profesores de la UPR, 5 de mayo de 2017 / Primer Pleno Nacional de Docentes sin Plaza; 26 de mayo de 2017.
[5]Carta Abierta a colegas en puestos administrativos y a colegas con plazas regulares en la UPR; 19 de mayo de 2017. *Esta carta fue redactada colaborativamente con material producido por el Comité de Acción de Docentes Sin Plaza (CADSP, UPR-Río Piedras), la mesa de trabajo Lxs sin plaza del colectivo Profesorxs Transformándonos en Solidaridad Tornada en Acción (PROTESTAmos, UPR-Mayagüez) y lxs Profesorxs Autoconvocadxs en Resistencia Solidaria (PAReS, UPR-RP). Además, suscriben esta carta: DeMoS (UPR-Cayey), APRUM (Asociación de Profesores del Recinto Universitario de Mayagüez) y APPU (Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios). Digitalizada en http://profesautoconvocados.blogspot.com; https://protestamos.net.
[6]Ver Sued, Gazir; “Profesores desechables e inequidad laboral en la Universidad de Puerto Rico” (Parte I y II); Revista 80 grados, 2 y 9 de septiembre de 2016. (http://www.80grados.net)