El desierto ideológico de los partidos
EL PPD y “el mejor de los dos mundos”
Comenzamos con la descripción del polvo desértico en que se ha convertido el pensamiento “estadolibrista” tradicional de los que adoran el territorio como el mejor de todos los mundos posibles. Ya no es únicamente que el ELA territorial no es “el progreso que se vive”, sino el “retroceso que se sufre”, debido a la recesión alargada, la crisis fiscal y la cantidad de municipios y de agencias del gobierno central que apenas sobreviven con una escasez notoria de recursos y de ideas para salir de la crisis. A todo esto hay que añadir ahora las demostraciones recientes desde Washington, o dentro de nuestro propio país, con las cuales “los federales”, el supuesto socio salvador, nos dice a gritos con sus acciones: púdrete. Solo hay que tener ojos para ver y oídos para escuchar y no ser uno demasiado asno para caer en cuenta.
Hagamos un inventario de tan solo lo que viene ocurriendo última y coyunturalmente. No solamente los bonistas estadounidenses nos degradan el crédito sin que las autoridades estadounidenses se inmuten, sino que —ante la crisis— a Puerto Rico ya no se le trata con el benign neglect de otros tiempos, sino con la indiferencia maligna que reflejan las decisiones y actitudes que no hacen sino agravar nuestras circunstancias económicas y sociales y dificultar aún más las vías para salir de la recesión. Una breve enumeración basta: (1) recortes en fondos federales como resultado del sequester; (2) ausencia de legislación federal para otorgar incentivos especiales a las industrias estadounidenses para que inviertan en Puerto Rico; (3) negativa a liberarnos de la imposición proteccionista de las Leyes de Cabotaje y, así, descaradamente dicho recientemente por la GAO: a la economía de Puerto Rico le perjudica este mandato —que dicho sea de paso ha sido una imposición selectiva ya que a las Islas Vírgenes y a otros territorios no incorporados no se les ha impuesto— pero le perjudicaría muchísimo a la marina mercante estadounidense si se exime a Puerto Rico de dicha imposición pues perdería una tercera parte de sus negocios. En otras palabras, aunque a lo largo de nuestra historia territorial con Estados Unidos, se ha puesto en evidencia en múltiples ocasiones cómo las autoridades de Washington perjudican intereses de los puertorriqueños para imponer y beneficiar los propios, ahora esto se escribe con total desparpajo en los informes oficiales. La actitud es clara: ¿Y qué? ¡Púdranse! En otras palabras, el Imperio ya ni siquiera disimula.
Solo la ignorancia crasa de los puertorriqueños, incluso de muchos de los que se creen que saben, de los “más educados”, explica que no se haya armado ya desde aquí un movimiento internacional para reclamar ante la ONU y sus organismos de derechos humanos que Estados Unidos de América viola cotidianamente en Puerto Rico el Derecho Internacional ratificado por los propios estadounidenses. Lo viola al no propiciar un proceso auténtico de autodeterminación y también porque con sus acciones, su legislación y sus posturas oficiales EEUU agrede en Puerto Rico el derecho de los Pueblos a lograr su propio desarrollo económico, político, social y cultural. ¿Cómo podemos lograr el desarrollo económico que necesitamos si Estados Unidos —que se quedó con los poderes para hacerlo en el acuerdo de 1950-1952— no lleva acciones proactivas para propiciarlo e incluso nos lo bloquea con lo que hace y decide, mientras el Gobierno de Puerto Rico, que debiera tener el interés de promoverlos, no puede porque carece de los poderes internos o internacionales para ello? Por si alguien no lo sabe, Estados Unidos ratificó en 1993 el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966. ¡Por fin, después de 27 años! Es por eso que de ahí en adelante han admitido públicamente que los puertorriqueños tienen derecho a la autodeterminación, e incluso a decidir por la independencia, cosas que no figuraban en el lenguaje oficial estadounidense en el pasado. ¿Recuerdan cuando decían en la ONU que Puerto Rico era un “asunto interno de Estados Unidos”?
Pues el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos estipula en su Artículo 1 —que es tan importante porque es el único artículo de la Parte I— lo siguiente:
¿Y cómo va Puerto Rico a proveer para su propio desarrollo económico, social y cultural si Estados Unidos de América en virtud de los poderes con que se quedó en el acuerdo del 1950-1952, más que propiciarlo, lo bloquea y dificulta, ni acelera tampoco un proceso de autodeterminación para Puerto Rico que pueda permitir nuestro ejercicio de la soberanía propia, a lo que tenemos derecho?
La bancarrota ideológica del “estadolibrismo del ELA como está” no se detiene ahí, sin embargo, Puerto Rico no puede promover el turismo internacional como debiera por que la Agencia Federal de Aviación no aprueba permisos para que un buen número de líneas aéreas internacionales aterricen en Puerto Rico. ¿Por qué? Pues para beneficiar el oligopolio de las líneas aéreas estadounidenses en la plaza de Puerto Rico y obligar a los puertorriqueños a viajar a Miami y otros aeropuertos de Estados Unidos para poder trasladarse a la mayor parte de los destinos del mundo. Todo ello encarece los viajes para los puertorriqueños, dificulta el turismo europeo o asiático hacia Puerto Rico pero beneficia notablemente los intereses económicos estadounidenses por partida doble: el provecho que obtienen del oligopolio de las líneas aéreas estadounidenses en Puerto Rico y el beneficio que les genera el que el principal “hub” aéreo internacional en la zona del Caribe esté en Miami y no en Puerto Rico. Y encima, recientemente la misma Agencia Federal de Aviación aprobó el acuerdo para la privatización de la gerencia del Aeropuerto Luis Muñoz Marín, que de “internacional” cada día tiene menos. Muy probablemente lo aprobaron porque se beneficiaron con ello intereses de inversionistas estadounidenses y mexicanos, sin detenerse a examinar debidamente cómo ese contrato por 40 años podría afectar negativamente los intereses económicos del Gobierno y del Pueblo de Puerto Rico. No olvidemos que los estadounidenses deciden, prioritariamente además, a base de la capacidad de pago del Gobierno de Puerto Rico a los bonistas estadounidenses y el acuerdo mencionado traería a la Autoridad de los Puertos millones para reducir su ingente deuda.
No es solamente en lo económico que el arreglo de 1950-1952 culminado con un Estado Libre Asociado para Puerto Rico —que muchos supusieron equivocadamente que sería libre y autónomo para adelantar sus propios intereses— se ha hecho polvo y cenizas. Ocurre también en los asuntos sociales, jurídicos y culturales. Poco importa para el Gobierno Federal del supuesto “socio” del ELA territorial que en Puerto Rico se repudie, junto con lo más adelantado del mundo, la pena de muerte y que nuestra Constitución de 1952 haya establecido que la pena capital no existirá en nuestra jurisdicción. El Gobierno estadounidense aplica a Puerto Rico como le viene en gana la ley federal que autoriza la pena capital en ciertos casos criminales convirtiendo en letra muerta lo que dice nuestra Constitución, que es además también una Ley federal porque el Congreso la aprobó mediante la Ley 447 de 1952. No les basta con eso. La última movida para intentar imponerle a nuestro Pueblo algo que va contra su voluntad colectiva mayoritaria, y contra los principios cristianos, es intentar conseguir 12 jurados todos los cuales aseguren que no están en contra de la pena de muerte. Es la última treta de estos atrasados morales que tienen a Estados Unidos figurando internacionalmente entre los países que no han erradicado la pena capital en compañía de lugares como China, Irán, Corea del Norte, Cuba y otros países que han impedido con su insistencia en la pena capital que el derecho internacional pueda progresar hacia prohibirla totalmente.
Finalmente, para no alargar demasiado la descripción del desierto, hasta la seguridad de los ciudadanos puede afectarse en Puerto Rico por una “decisión de un juez federal”. Poco importa que quien decide haya nacido en Puerto Rico o en Estados Unidos, que sea puertorriqueño o estadounidense, lo que importa es que en el ELA territorial —para venir a ser el peor de los mundos en el lugar del mejor— un tribunal estadounidense puede determinar hasta la seguridad ciudadana. La decisión reciente de abrir las urbanizaciones de Puerto Rico a todo tipo de propaganda religiosa en nombre de la “libertad de culto y de expresión” contenida en la Constitución de Estados Unidos pone en riesgo la seguridad de miles de familias en Puerto Rico, porque no se puede asegurar que en el país del “pescaíto” no vayan a aparecer lobos en piel de oveja, es decir, no vayan a solicitar entrada criminales que se hagan pasar por Testigos de Jehová o por miembros de cualquiera de las decenas de sectas religiosas que pululan por el país y que pueden ahora reclamar el mismo derecho concedido a los Testigos.
¿Cómo puede pensarse en el ELA territorial como el mejor de dos mundos ante este panorama? Como realizo semestralmente junto a mis estudiantes de la UPR investigaciones directas con cientos de ciudadanos de las diversas preferencias de estatus, me consta que muchos de los que apoyaron el ELA como está votando sí en el plebiscito de 2012 lo hicieron creyendo en el mito de lo mejor de los dos mundos. Como ya no podrían haber dicho que es “el progreso que se vive”, los más fanáticos del PPD respondían que el ELA no es el problema sino que los PNP gobiernan en el ELA para destruirlo y hacerlo incapaz y de ahí es que nacen nuestros problemas. Y los menos partidistas, decían a menudo que es lo mejor de dos mundos porque podemos seguir siendo puertorriqueños, mantenemos nuestra identidad y cultura pero los “americanos nos ayudan” y “no se meten con nosotros”. ¿Que no qué?
Los prestidigitadores de la varita mágica, en ambos partidos, cultivan esas ilusiones míticas entre los ciudadanos. ¿O no se acaban de unir en esfuerzos Alejandro García Padilla (PPD) y Pedro Pierluisi (PNP) para ir a rogar a Washington que se apruebe una nueva ley de incentivos contributivos para atraer empresas industriales estadounidenses a nuestro país? ¿Qué probabilidades reales hay para que la llamada Sección 933 se apruebe para Puerto Rico cuando EEUU continúa en crisis fiscal y tuvo que recurrir al sequester? ¿Con que poder político o poder de convencimiento van los líderes del PPD y del PNP a lograr que el Congreso reinstale en Puerto Rico paraísos fiscales para las empresas estadounidenses cuando el Gobierno Federal necesita reducir el déficit y contar con contribuciones empresariales suficientes hacia esos fines?
EL PNP y la “igualdad” de la estadidad federada
La descripción del desierto ideológico del PNP es todavía más tétrica y humillante, si cabe. Van ya cuatro meses desde que supuestamente y según los líderes del PNP la estadidad “ganó” un plebiscito en Puerto Rico con 61% del voto, una “mayoría clara”, según ellos y su varita mágica. Pero en todo ese tiempo no ha habido acción alguna en el Congreso estadounidense para atender el resultado. Algunas expresiones de congresistas individuales demuestran que allá no se tragaron el cuento de hadas del PNP. Y que los votos en blanco pedidos por el PPD en la segunda pregunta dejaron a la estadidad realmente con un apoyo de 45%, un porcentaje más bajo que el obtenido en 1998. Para más humillación, no solo no se atiende el asunto del estatus de Puerto Rico ni en una comisión del Congreso, sino que cuando Aponte, Doña Miriam Ramírez y otros teatreros políticos del PNP participaron en una protesta con solo decenas de boricuas muertos de frío en Washington, las pocas reacciones de atención de los medios de comunicación fueron para burlarse de ellos. Ningún político del PNP habla de eso en Puerto Rico. Silencio absoluto. Incluso la oposición (PPD y otros) han fallado al no poner en evidencia ante el Pueblo el fracaso estrepitoso del PNP en su intento de que en el Congreso se tome la estadidad en serio. Únicamente, Ángel Collado Schwarz ha escrito un excelente artículo reciente sobre este hecho publicado en El Nuevo Día.
No obstante, muchos de los estadistas entrevistados por nosotros desde la UPR insistían en que el Congreso habría de responder. Decían que Estados Unidos es un país democrático y tiene la obligación de responder favorablemente a su reclamo. Los más ignorantes e ilusos declaraban en las entrevistas que Puerto Rico tiene derecho a la estadidad porque somos ciudadanos de Estados Unidos y ese país no puede continuar discriminando contra nosotros. ¿Y qué pensarán ahora? ¿Para qué quieren los estadistas un PNP y un Pedro Pierluisi que fracasan tan dramática y humilladamente en Washington —“la capital federal” como suelen decir los anexionistas, como si fuera la capital de su país- un país donde no los quieren y hasta hacen burla de ellos?
El desierto ideológico del PNP, en la medida en que se sigue demostrando la imposibilidad de la estadidad para Puerto Rico en Washington, luce todavía peor que el de los estadolibristas colonialistas del “ELA como está”. A esto hay que agregar los datos más recientes de los estudios del PEW Hispanic Center, los cuales demuestran que los puertorriqueños que residen allá en los estados, quienes viven ya en la estadidad desde hace muchos años, muestran los más bajos índices de ingresos, educación y acceso a la salud entre las poblaciones minoritarias. Ello no viene sino a sumarse a otras pruebas que dejan también en bancarrota ideológica al PNP. ¿Cómo es posible suponer e intentar hacer creer a personas cuerdas, razonables e inteligentes, que si los hispanos que residen ya desde hace tiempo en Estados Unidos no han alcanzado todavía un poder político real en aquella sociedad, cónsono con la proporción creciente que constituyen en la población de Estados Unidos, los puertorriqueños lo vamos a lograr porque “seremos iguales” y “ciudadanos de primera clase” cuando llegue la estadidad federada? Si los hispanos residentes en EEUU —salvo unas pocas excepciones individuales de personas que han conseguido penetrar muy limitadamente en las estructuras de poder dominadas por los anglosajones blancos— en muchos renglones sociales y económicos continúan como “ciudadanos de segunda clase” dentro de la estadidad federada en los diversos estados, ¿por cuál prestidigitación mágica es que los puertorriqueños vamos a conseguir la estadidad y con ella una “ciudadanía estadounidense de primera clase”?
Si el PPD ya no puede ser un partido de una ideología estadolibrista creíble -excepto que los soberanistas de ese partido despierten de su letargo y transformen desde adentro a ese partido— y si el PNP perdió su razón de ser, su piso ideológico, porque la posibilidad real de la estadidad federada para Puerto Rico como país no existe, aunque sí para los puertorriqueños individualmente si se mudan a vivir a alguno de los estados federados, lo cual muchos están haciendo: ¿cómo es que continúan como los partidos fuertes y únicos en la vida política puertorriqueña?
Aparte de la triste realidad de que demasiados boricuas se consideran a sí mismos “entes de costumbre”, casi irracionales, que no son capaces de cambiar aquello a lo que ya están acostumbrados, existen tres elementos de cultura política que contribuyen a ello. Y es que los desiertos ideológicos del PPD y del PNP no están vacíos: están minados. Tras las dunas de cenizas, arena y polvo hay tres minas principales que adhieren a muchos puertorriqueños a esos partidos: el miedo, el pesimismo y el egoísmo individualista. Detrás del estadolibrismo del ELA como está, que no tiene ya concreción positiva, y del estadoísmo que no tiene esperanza, lo que existe es el miedo visceral a “la independencia”. Y en muchos casos también un pesimismo respecto de lo que dijera en otros tiempos Luis Muñoz Rivera: “la fuerza está en el país”. El “no podemos”, el pesimismo, es también, por supuesto, una variante del temor. Y ningún Pueblo aturdido por el temor puede tomar un derrotero efectivo de progreso. Finalmente, el egoísmo individualista lleva a muchos a mantenerse en esos partidos no por razones de pensamiento político a favor de un mejor destino, de un mejor país, sino por intereses personales egoístas, por lo que puedan sacar para ellos, sus familiares y allegados cuando el suyo de esos dos partidos controla el presupuesto del Gobierno Central de Puerto Rico.
A todo esto contribuye además la estructura legal y constitucional existente que limita el acceso a la Asamblea Legislativa y a los cargos públicos de la rama ejecutiva de nuestro gobierno solamente a esos dos partidos y convierte a los partidos pequeños en intentos fallidos ab initio, en una ilusión más, en un embuste político, que muchos se abstienen de apoyar y seguir porque saben de antemano que “no van para ningún lado”. Si ese es el escenario entonces: ¿dónde están las soluciones viables? Es eso lo que debiera estar analizando el País y todo aquel que desee ser parte de la solución y no del problema: es eso lo que debiera ser un tema central y principal en nuestro espacio público.