El doble secuestro de Puerto Rico
Puerto Rico padece dos crisis y es víctima de dos secuestros. Padece una crisis económica y una crisis fiscal. La economía está secuestrada por las grandes empresas industriales y comerciales que operan en la isla. El estado es rehén de los bonistas. No podemos sacar a la economía y al estado de esa crisis sin liberarlos del doble secuestro.
Que no quepa duda, ante la crisis generada por la degradación hay dos respuestas posibles: más medidas contra la mayoría del país para perpetuar el secuestro, o rescatar a Puerto Rico del doble secuestro para esas mayorías. Las grandes empresas, las casas acreditadoras y sus portavoces (políticos, analistas, organizaciones patronales), es decir, los dueños de Puerto Rico y sus representantes, impulsan la primera respuesta. Toca a nosotros y nosotras, los asalariados y los desposeídos, organizar la segunda. Si no elaboramos nuestro programa y si no nos organizamos para impulsarlo sin duda se impondrá la primera respuesta. El economista Gustavo Vélez ya ha planteado despedir 50 mil empleados públicos como respuesta a la degradación. Otros analistas han propuesto reducir en 20% los salarios en el gobierno. Ya se ha lanzado el ataque al sistema de retiro del gobierno central y de los maestros. Mañana vendrán por el retiro de la UPR. Es el tipo de solución que se impondrá, a menos que la detengamos. Lo más triste de esas propuestas, sobre las cuales volveremos más abajo, es que, al igual que su antecesora la ley 7 de 2009, su efecto será deprimir aún más la economía del país: no sólo impondría un terrible sacrificio a miles de personas, sino que será un sacrificio inútil, incluso contraproducente. Digamos primero dos palabras sobre la doble crisis y el doble secuestro.
Durante décadas, el eje de la política económica del gobierno de Puerto Rico ha sido la atracción de inversión externa a través de la oferta de exención contributiva. Esa política evidentemente priva al gobierno de una potencial fuente de recaudos, algo que debía subsanarse por el desarrollo económico que dicha política debía estimular. Esta política funcionó con limitado éxito hasta 1974-75 (durante la expansión de posguerra y combinada con la emigración masiva). Funcionó precariamente entre 1976 y 1996, en la época de las 936, a pesar de que el desempleo y la pobreza no dejaron de ser problemas serios. Desde 1996, para no hablar desde 2006-08 ha dejado de funcionar. Desde entonces se han perdido mitad de los empleos en la manufactura. La economía está estancada desde 2006, lo cual reduce aún más los recaudos del gobierno. Y el gobierno, para poder funcionar, se endeuda cada vez más. Así llegamos a la doble crisis: crisis económica y crisis fiscal.
Ante esa doble crisis, alguien planteará: debemos poner impuestos a las grandes empresas que en la actualidad sacan de Puerto Rico $35 mil millones en ganancia cada año. La respuesta que invariablemente escuchará del gobierno es la siguiente: «no podemos hacer tal cosa, pues entonces esas empresas se irán de Puerto Rico y Puerto Rico depende de sus inversiones. Ya hemos hecho todo lo que podemos imponiendo un arbitrio de 4% a las ventas que hacen a sus filiales en Estados Unidos». Pero esta respuesta es otra manera de confesar que nuestra economía no es nuestra, sino de esas empresas. Que nuestra economía es rehén de esos grandes capitales: o hacemos lo que dicen, o se van. Quiere deicr que la sociedad entera es rehén de intereses privados. Que la economía no está para servir al pueblo, sino el pueblo para servir ciertos intereses económicos. Y quiere decir que el gobierno representa esos intereses, no al pueblo que lo eligió. Y lo mismo pasa con los bonistas: o hacemos lo que exigen las acreditadoras o degradan el rating de Puerto Rico. Y el gobierno, con tal de que no se baje el rating, acata todo lo que le ordenan. El gobierno es rehén de las casas acreditadoras. Y lo más tristemente irónico de todo es que, a pesar de los privilegios contributivos, esas empresas siguen abandonando a Puerto Rico y, a pesar de que el gobierno se somete a las acreditadoras, de todas maneras le bajen el rating.
Por eso hablamos de dos crisis y dos secuestros. Pero en último análisis es un solo secuestro: la economía y el gobierno son ambos rehenes del gran capital, que pretenden lanzar el costo de la crisis que han generado sobre los hombros del pueblo trabajador. Como dije, estamos ante una encrucijada. Tenemos ante nosotros dos caminos: el camino de más medidas contra la mayoría del país para perpetuar el secuestro, o el camino de movilización contra el doble secuestro para rescatar a Puerto Rico para la gran mayoría de los que aquí vivimos o sobrevivimos.
Al contrario de lo que acabo de plantear, durante los próximos meses vamos a escuchar hasta el cansancio una explicación cuyos aspectos básicos pueden resumirse de este modo: «La crisis de la deuda tiene su raíz en la irresponsabilidad de políticos y de partidos que gastan sin tomar en cuenta los ingresos, un aspecto de la irresponsabilidad con que se administra todo en Puerto Rico. Como un botarata, el país ha vivido por encima de sus medios. Pero ya la crisis no aguanta más. Ni los bonistas, ni la realidad pueden tolerar este proceder. La crisis nos afecta a todos y todos tendremos que hacer sacrificios. Es hora de pensar en Puerto Rico, no en intereses sectoriales. Tenemos que dejar de echarle la culpa al otro y asumir cada uno la responsabilidad y el sacrificio que nos toca. Se acabó la fiesta. Se acabaron las vacas gordas. Llegaron las vacas flacas, llegó la resaca». Escucharemos distintas versiones de esta explicación: unas más sencillas, otras más sofisticadas; unas con estadísticas, otras sin estadísticas; unas que culpan al país en general otras que culpan a los partidos; unas que critican a los dos partidos por igual o a un partido más que otro; unas que culpan a las uniones y otras a los gerentes, pero todas tendrán la misma conclusión: hay que despedir empleados públicos, que reducir salarios, que poner más impuestos al pueblo trabajador, que cobrar más por servicios públicos, que reducir pensiones, y otras medidas de la misma índole. Se trata de un medio para justificar y hacernos aceptar ese sacrificio, a nombre de Puerto Rico, a nombre de rectificar nuestra supuesta irresponsabilidad, a nombre de una culpa compartida y colectiva: es el discurso patronal para rescatar sus privilegios del naufragio que sus políticas han provocado. No podemos dejarnos seducir por explicaciones incompletas (el problema son los partidos), o culpas colectivas (el país actuó irresponsablemente) para justificar sacrificios que afectan sobre todo al pueblo trabajador (despidos, rebajas salariales, reducción de pensiones, encarecimiento de servicios, etc.).
Para desmontar este discurso tenemos que rescatar las verdades que incluye: no hay duda de que los partidos gobernantes han incurrido en prácticas presupuestarias irresponsables, de que han administrado inepta y corruptamente. Todo esto amerita que se organice una auditoria de la deuda: debemos saber quién decidió qué, quién se benefició de qué, cuánto se tomó prestado y para qué se utilizó lo que se tomó prestado. Pero no podemos reducir el problema a los partidos que nos gobiernan. La realidad es que la crisis de la deuda no afecta a Puerto Rico únicamente. Aquí estamos sufriendo una versión criolla de un problema más amplio. La crisis de la deuda existe en España, Portugal, Irlanda, Grecia, Islandia, Hungría, Italia… incluso Estados Unidos. Ciertamente no podemos atribuir esto a los malos manejos del PPD y el PNP. Esa crisis de la deuda es el resultado de políticas que globalmente y durante décadas han reducido los impuestos a las grandes empresas y a los sectores más ricos. Es una política que se inicia en Estados Unidos con Reagan y que continúa hasta el presente. Esa política priva a los estados de importantes recursos. Los gobiernos ante la falta de recursos recurren al creciente endeudamiento. Para el gran capital es un negocio perfecto: pagan menos impuestos, aumentan sus ganancias y cobran intereses por el dinero que prestan a los gobiernos. Es decir, los gobiernos, no solo le reducen los impuestos sino que luego le toman dinero prestado y le pagan intereses.
Esas políticas contributivas se combinaron con otras que también abren nuevos espacios para la ganancia del gran capital: privatización y desreglamentación, incluyendo la desreglamentación financiera. El resultado neto de este experimento de llamado «libre mercado» fue la crisis global de 2008 y el casi colapso de los más grandes bancos y entidades financieras (y el colapso completo de algunos). Ante esa crisis los gobiernos invirtieron miles de millones en el rescate de esas empresas, lo cual conllevó nuevas deudas. Ahora, para pagar esa acumulación de deuda se pretende imponer programas de austeridad al pueblo trabajador en todos los países mencionados. En pocas palabras, para pagar por el rescate de los bancos y las más grandes empresas se pretende empobrecer al pueblo. Esto es lo que ocurre y está en el centro de los debates políticos en todos los países mencionados. ¿Y quién impone a los gobiernos estas medidas? Precisamente las casas acreditadoras, como Standard y Poor’s y Moody’s. Exactamente lo mismo que ocurre en Puerto Rico. En todas partes, el gran capital usa la crisis fiscal para incrementar los ataques contra los salarios, las pensiones y cualquier otra conquista de programas o derechos sociales. Despedir 50,000 empleados públicos, reducir los salarios en 20% no son ideas originales para atender la crisis de Puerto Rico: es la receta del gran capital para solucionar su crisis en Europa, en Estados Unidos y en todo el mundo.
Pero en todo el mundo también existen otros movimientos para lograr otra salida a la crisis. Si el gobierno, sus portavoces y analistas adoptan aquella receta, nuestra propuesta, al contrario, debe ser parte de ese movimiento internacional que busca otra salida a la crisis.
En ese sentido, no creo que debamos imitar mucho la forma en que la ciudad de Nueva York atendió su crisis fiscal a mediados de la década de 1970, como han sugerido algunos economistas vinculados al Centro de Nueva Economía y como han también ha mencionado en entrevistas radiales el presidente del Senado Eduardo Bhatia. Me limito a mencionar dos aspectos de aquella respuesta.
En primer lugar, se colocaron las finanzas de la ciudad en manos de una entidad llamada la Municipal Assistance Corporation (MAC, también conocida como Big MAC), compuesta por los representes del gran capital radicado en Nueva York. En aquel momento, y después, muchos describieron esto como una especie de golpe de estado por la elite económica de la ciudad. En Puerto Rico, lejos de buscar soluciones autoritarias en manos de nuestros líderes financieros, líderes que nunca han tenido visión alguna sobre el desarrollo económico de Puerto Rico (tómese como muestra como malgastaron los fondos 936 durante dos décadas) debemos exigir una salida democrática a la crisis: necesitamos mayor participación para decidir cuales deben ser nuestras prioridades, no la dictadura de cinco, siete o nueve zares financieros.
En segundo lugar, y más importante, la fórmula aplicada en Nueva York fue un ensayo de lo que poco después se convirtió en la receta neoliberal en todo el mundo: los sectores empresariales usaron la crisis para montar un ataque despiadado contra las importantes conquistas del movimiento sindical y social en Nueva York, que incluía significativos programas e instituciones de bienestar social (desde una red de hospitales públicos, acceso a una importante universidad pública, asistencia para desempleados, vivienda pública, cooperativas de vivienda, control de alquileres, entre otros elementos). A nombre de cuadrar el presupuesto y de restablecer el crédito de la ciudad (¿suena familiar?), el nuevo régimen impuesto por la MAC desarrolló una amplia ofensiva para revertir todo lo que se pudiera de estas medidas de bienestar social. Su programa incluía: una reducción de 10% en los salarios y el despido de 20% de los empleados públicos, el aumento del costo de transporte público y otros servicios, el aumento de la matrícula en la universidad de la ciudad, reducción de 10% en las pensiones de empleados municipales, recortes a los programas de compensación a los pobres, el cierre de parte de los hospitales municipales. Como resumen el momento dos autores (Charles Brecher y Raymond Horton) que vivieron ese proceso y criticaron esas medidas:
The year 1975 was a turning point for the City of New York. In that year the city’s economic leaders forced its elected leaders to change longstanding municipal priorities. Henceforth, the municipal labor force would shrink; its real wages would fall; less income would be redistributed to the poor; taxes would be cut…The overall objective would was to balance the City’s budget and restore its access to the public credit markets. (Los interesados pueden consultar: Kim Moody, From Welfare State to Real Estate. Regime Change in New York City, 1974 to the Present, New York, New Press, 2007)
Este régimen de emergencia terminó en 1986 con un restablecimiento del crédito de la ciudad, pero a costa de un aumento de la tasa de pobreza de 17% a 25% de la población, una caída de los salarios reales de los empleados públicos, de un aumento radical de la desigualdad entre las clases y vecindarios de la ciudad, una aceleración del proceso de «gentrification» (desplazamiento de comunidades pobres para dar paso a «desarrollos» vinculados a sectores acomodados). Recomendar el modelo de Nueva York es recomendar el modelo neoliberal y ese es el modelo que conviene a unos pocos y que pasa el costo de la crisis a las mayorías.
No tengo ninguna duda que esta es la formula que grandes empresas, banqueros, asociaciones patronales, bonistas, acreditadoras y casas de corretaje quisieran implantar en Puerto Rico. Es el modelo neoliberal impuesto, como en Nueva York, a nombre de balancear el presupuesto y restablecer el crédito. De hecho: hay que mirar bien esas medidas. Son un augurio de lo que mañana o pasado mañana propondrá el gobierno. Como dije, ya algunas voces han lanzado los globos de prueba, con las propuestas de 50,000 despidos y 20% de reducción de salarios o la mención de Nueva York en los setenta como modelo para enfrentar la crisis.
¿Cuáles serían los elementos de una salida distinta a la crisis? Otra salida a la crisis exige enfrentar tanto la crisis fiscal como la crisis económica. Exige una nueva política fiscal y una nueva política económica. Y exige medidas de emergencia para enfrentar la crisis actual y sentar las bases para el desarrollo de las primeras. Esto exige enfrentar el doble secuestro que mencionamos anteriormente.
Señalemos algunos aspectos de esa salida. Vamos a plantearlas primero. Luego atenderemos algunas posibles objeciones. Nuestro gobierno debe declarar una situación de «emergencia social». Al amparo de dicha declaración debe imponer un impuesto de emergencia de 10% a las ganancias de las empresas llamadas foráneas que operan en la isla. Este impuesto será negociable a cambio de la reinversión de una porción mayor de los $35 mil millones que hoy se fugan del país. Deben reevaluarse también todos los decretos de exención contributiva en términos de la creacion de empleo. Esto debe dar paso, lo más rápido posible, a una reforma contributiva progresiva, cuyo lema debe ser: que pague más el que más tiene. El economista Francisco Catalá nos ha recordado recientemente como, desde la década de 1990 el porciento tanto del PNB como del PIB que representan las contribuciones ha caído en cerca de 4%. Lo cual conservadoramente representa $2 mil millones al año. Esa situación debe revertirse.
Pero todo lo que hoy recuperemos por este medio saldría del país inmediatamente para cubrir el servicio de la deuda. El servicio de la deuda, según el Banco Gubernamental de Fomento, exigiría 3.7 mil millones anuales durante los próximos cinco años. Poner impuesto al gran capital para pagar la deuda, deja a Puerto Rico igual: lo que recuperamos por un lado, lo perdemos por el otro. Por otro lado, el gobierno en el momento actual pretende emitir nueva deuda (bonos por $3.5 mil millones) en buena medida para pagar la deuda anterior y para financiar proyectos para los cuales carece de recursos. Pero existe una salida al creciente endeudamiento combinado con medidas contra el pueblo trabjador: al amparo de la declaración de emergencia social se debe declarar una moratoria al pago de la deuda. Moratoria no quiere decir cancelación, quiere decir que en este momento declaramos unilateralmente que no estamos en condiciones de continuar el pago de la deuda. La moratoria ciertamente reducirá o eliminará la posibilidad de obtener nuevos créditos en el futuro inmediato. Pero ese ya es casi la situación con la degradación. La moratoria elimina la necesidad de buscar 3.7 mil millones anuales para pagar la deuda anterior y permite usar lo que retengamos para proyectos necesarios. Todo esto exigirá, por supuesto, un estricto plan de prioridades.
Con los recursos generados por impuestos de emergencia y con la moratoria debe iniciarse un verdadero plan de reconstrucción económica, que incluya iniciativas privadas, cooperativistas y públicas que debe incluir como aspecto estructural clave la reinversión en Puerto Rico del ingreso que se genere en Puerto Rico. Muchas son las áreas que tal programa debe incluir, desde el desarrollo de la industria del alimento hasta la entrada de Puerto Rico en la producción de la versión genérica de medicamentos que hoy se producen en la isla, pero cuyas patentes están a punto de vencer. Se ha planteado que los impuestos provocarán que diversas empresas abandonen a Puerto Rico. La realidad es que esas empresas ya están abandonando el país. Ese argumento, lejos de llevarnos a seguir cediendo a su chantaje debe acelerar las medidas contributivas indicadas, la moratoria al pago de la deuda, y su combinación con plan de reconstrucción que remplaze el naufragio de la presente base industrial fragmentada y dependiente.
Todo esto, como hemos indicado en otras ocasiones, debe acompañarse de un planteamiento bien documentado al gobierno federal que señale como la estructura económica actual es un desastre para el pueblo de Puerto Rico y para la gran mayoría del pueblo americano. Tan sólo beneficia a un puñado de grandes empresas. Conviene al gobierno federal, que ahora tiene que subsidiar la economía de Puerto Rico, que la isla adquiera una economía que no necesite tales subsidios. Les conviene, por tanto, aportar al plan de reconstrucción que estamos proponiendo.
Hay una preocupación muy legítima que atender: se ha planteado que para el cooperativismo la moratoria sería un golpe, ya que ha invertido grandemente en bonos del gobierno. Hay que señalar que el cooperativismo no podrá prosperar si el país entero se empobrece. Sin embargo, en otros países los movimientos que proponen la moratoria también han señalado que debe hacerse un censo de los acreedores, para desarrollar medios de compensar a los de bajos ingresos o a ciertas instituciones. En nuestro caso, lo más lógico es que el plan de desarrollo económico incluya destacadamente el fomento de la actividad cooperativista con la asignación de los recursos recuperados por la moratoria y las medidas contributivas en esa dirección.
Este conjunto de medidas constituyen una iniciativa para tomar la solución de la crisis en nuestras manos. Y para convertir la crisis en ocasión del comienzo de la reconstrucción de Puerto Rico de acuerdo a las necesidades de sus mayorías. El otro camino es el de la perpetua esclavitud a los bonistas. El de crecientes medidas contra el pueblo trabajador. El de la eventual declaración de bancarrota y la colocación del país en manos de síndicos que administren nuestro presente y futuro.
Algunos han planteado que la constitución del ELA impide declarar una moratoria. Consideramos que la declaración de una emergencia social permite colocar el deber del gobierno de garantizar el bienestar y seguridad de los habitantes por encima de esa disposición. Nos alegra ver que el proyecto de resolución conjunta 42 sometido recientemente por el Representante popular José Luis Báez argumenta muy clara y convincentemente esta afirmación. Invitamos a los lectores y lectoras a leer dicho proyecto.
No dudo que el gobierno, en el momento actual no atenderá estas propuestas, ni siquiera la formulada por el representante Báez. Tenemos que construir un amplio movimiento por la reforma contributiva, por la moratoria, por la reconstrucción económica. De igual forma, es posible que en Estados Unidos nuestras propuestas no encuentren acogida en un Congreso y Ejecutivo también empeñado en salir de la crisis a costa del nivel de vida del pueblo trabajador, algo que hemos discutido en artículos anteriores. En ese caso, tendremos que buscar nuestros aliados en los movimientos que en Estados Unidos también plantean que no puede crucificarse al pueblo en la cruz de la deuda.
Esto conviene a los trabajadores y trabajadoras estadistas, autonomistas e independentistas. Conviene a los trabajadores en Estados Unidos y en Puerto Rico. Crea las condiciones para que podamos dilucidar el problema del status libremente.