El Imperio de la Ley o el Imperio del Capital
Hace siete años, mientras estudiaba Derecho en la Universidad de Puerto Rico (UPR-RP), asistí a una Conferencia Magistral sobre el Estado de Derecho y el Imperio de la Ley realizada por el profesor Efrén Rivera. Efrén apuntó con precisión al hecho de que el imperio de la ley no era otra cosa que someter el poder político al control y dominio del derecho. Efrén también habló del principio democrático, refiriéndose a quién produce la ley, y cómo la produce. Explicó que cuando se habla de una democracia, se habla, en sentido mínimo, de que el poder es legitimado por el pueblo y se ejerce a través de las leyes, en un sistema jerárquico que comienza con la Constitución. Siendo una estudiante principiante, las palabras de Efrén marcaron mis estudios en derecho. A partir de ese momento, supe que mi rol como abogada sería uno de luchar a favor de la dignidad humana. Sin embargo, me he dado cuenta de que el concepto de dignidad que juré defender es contrario al capitalismo y que el derecho que la abogacía ha construido y que me enseñaron, es opresivo.
La abogacía ha sido y es cómplice de nuestros problemas. Se supone que los/as abogados/as trabajemos por lograr derechos que garanticen las necesidades básicas de todos los seres humanos: vivienda, alimento, educación, identidad, salud y trabajo. Se supone que el estado de derecho sea un freno a las acciones arbitrarias del Estado que impiden suplir esas necesidades básicas, pero no es así, ya que nuestro estado de derecho ha sido construido, por los/as abogados/as sobre la base de un sistema económico capitalista y tiene un rol fundamental: impedir que las personas participen equitativamente en la sociedad. Lo que tenemos es una aglomeración de leyes y regulaciones de diferentes tipos que solo han servido para permitir el enriquecimiento continuo de un reducido numero de personas hasta llevarnos a la quiebra. Y las escuelas derecho se han convertido en fábricas de operadores de este sistema opresivo.
En un estado de derecho se entiende que el ordenamiento jurídico existe para proteger a los más desvalidos de los abusos de quienes ostentan el poder. Pero en el capitalismo se logra lo opuesto: las ganancias se transfieren a los ricos y las pérdidas se transfieren a los pobres. Y el capitalismo necesita de la maquinaria política, jurídica y legal para lograr esas metas. Randall Holcombe llamó a esa alianza entre políticos y los ricos, capitalismo político o capitalismo de amigos. Los conocemos bien. Son los amigos del alma sobre quienes leemos todos los días en los periódicos del país, cuando nos enteramos de un nuevo contrato millonario, o de una investigación de fraude en el gobierno. Los amigos del alma lo controlan todo. Los amigos del alma disfrutan de una amplia impunidad. Los amigos del alma son los actores privados que esconden sus manos detrás de los actores públicos. Son los que tienen los medios, no solo para influenciar el comportamiento de nuestros gobernantes sino para determinar quienes llegan a serlo. Somos gobernados por personas que no conocen las luchas del pueblo. No es casualidad que la gran mayoría de los jueces y juezas sean de clase acomodada. Están ahí para interpretar el derecho de acuerdo al sistema capitalista que los colocó en sus puestos.
El respeto a la dignidad del ser humano supone el ejercicio de una autonomía individual plena. Sin embargo, esa autonomía personal no puede ejercerse sin que se pueda incidir en las leyes que regulan nuestro comportamiento y nuestras vidas. Por tanto, el derecho no puede quedarse en el ámbito de la abogacía, sino que debe emerger de los espacios públicos. La abogacía no debe controlar ni monopolizar el debate sobre la constitución, las leyes, y los derechos humanos. La falta de incidencia del pueblo en sus leyes, que son aprobadas a escondidas y a altas horas de la noche en el Capitolio, permite que el gobierno actúe a favor de los grandes intereses, mientras le otorga migajas al pueblo. Es un sistema de artificialidad, en el que se dice tener unos valores, pero no se es creyente verdadero en esos valores. Y los abogados y abogadas son los operadores de este sistema de retórica e hipocresía.
Un puñado de personas controlan el 80% de la riqueza del mundo. Son los accionistas de las grandes corporaciones quienes controlan la democracia participativa. Controlan los medios y la prensa. Controlan las candidaturas. Las leyes sobre donativos electorales les permiten hacer grandes donativos de manera indirecta. Millones son intercambiados en forma de regalos, contratos, pago por servicios profesionales y consultoría a las firmas de abogados/as cuyos socios son ex gobernantes o familiares de éstos. Hasta los comités de acción ciudadana, que supuestamente atienden asuntos comunitarios, tras bastidores lo que hacen es adelantar la agenda de los candidatos políticos. Los/as abogados/as saben que el que hizo la ley (ellos), también puede inventarse la trampa.
Nuestro estado de derecho es uno en el que impera la impunidad de los oficiales elegidos. En nuestro estado de derecho hay una Secretaria de Justicia que mira para el otro lado. En nuestro estado de derecho hay deudas inconstitucionales que no se auditan. En nuestro estado de derecho, los gobernantes no van presos cuando cometen fraude. En nuestro estado de derecho se sustraen derechos del pueblo y se otorgan a los grandes intereses económicos. En nuestro estado de derecho las corporaciones no tienen que rendir cuentas. En nuestro estado de derecho la soberanía del pueblo pasa a segundo lugar detrás de los intereses privados. En nuestro estado de derecho se entregan nuestros recursos a las inversiones extranjeras. En nuestro estado de derecho se desregula el trabajo para que se intensifique la explotación. En nuestro estado de derecho se prohíbe la protesta para mantener el control de las clases pudientes, pues no son mayoría numérica. Nuestro estado de derecho actual no se deriva de la voluntad del pueblo. Es un derecho que explota y domina. La profesión de la abogacía es cómplice y también debe ser cuestionada. Los abogados somos claves en evitar que el capital se convierta en poder político. En el capitalismo jamás habrá igualdad ante la ley. Jamás habrá equidad plena. El gobierno hay que devolvérselo al pueblo y hay que quitárselo a las elites. La verdadera justicia no exige menos que eso.