El modelo puertorriqueño: un arma contra la clase trabajadora
En días pasados el líder de la mayoría republicana en el senado estadounidense, Mitch McConnell, hizo unas declaraciones significativas durante el programa radial del comentarista de derecha, Hugh Hewitt, al efecto de que le permitiría al creciente número de estados en aprietos presupuestarios la opción del proceso de quiebra. Según el líder senatorial:
«Yeah, I would certainly be in favor of allowing states to use the bankruptcy route. It saved some cities. And there’s no good reason for it not to be available. My guess is their first choice would be for the federal government to borrow money from future generations to send it down to them now so they don’t have to do that. That’s not something I’m going to be in favor of».
(Sí, yo de seguro estaría a favor de permitirles a los estados el uso de la ruta de quiebra. Salvó algunas ciudades. Y no hay buena razón por la cual no debe estar disponible. Pienso que su primera alternativa sería que el gobierno federal tome prestado dinero de futuras generaciones y enviárselo para que no tengan que hacer eso. Eso no es algo del cual yo estaré a favor.)
Lo que McConnell hizo aun más explícito durante su entrevista fue que el blanco inmediato de su propuesta son las pensiones públicas. En realidad, McConnell y sus portavoces en la prensa están haciendo un refrito de la propuesta para cambios al código federal de quiebras que hace casi una década propusieron el ex presidente de la cámara, Newt Gingrich, y el ex gobernador de Florida, Jeb Bush. En aquel entonces estas fuerzas ultra derechistas abogaron por la quiebra como mecanismo para la reorganización de finanzas estatales, libre de las obligaciones contractuales impuestas por los sindicatos, así como la reforma de los sistemas de pensiones los cuales, según ellos, otorgaban pagos y beneficios lucrativos a sindicalizados pensionados y como tal se habían convertido en inflados, rotos y sin fondos suficientes para los trabajadores actuales y futuros. Al mismo tiempo, Gingrich y Bush hicieron hincapié en la necesidad de que la reestructuración de la deuda y otras obligaciones contractuales de los estados protegiera los reclamos de los tenedores de bonos estatales y su recuperación final.
El mercado de bonos municipales en EE.UU actualmente asciende los $4 trillones. Un artículo reciente del Wall Street Journal en que se cita la combinación de mayores gastos para la respuesta sanitaria a la crisis provocada por el coronavirus y la precipitosa reducción de ingresos contributivos que enfrentan los estados también se destacan las pérdidas en los fondos de pensiones estatales de $419 mil millones para el primer trimestre del año en curso.
Para comprender a lo que aluden personas como McConnell, es necesario aclarar la distinción entre el incumplimiento (default) y la quiebra, dos conceptos que con frecuencias traen confusión. Como bien señaló David Frum en un artículo reciente para la revista The Atlantic:
«Un incumplimiento es un acto soberano. Un soberano moroso puede decidir por sí mismo qué deudas, si algunas, pagar en su totalidad, cuáles pagar en parte, y qué deudas no pagar.
La quiebra, por el contrario, es un proceso legal en el que un juez decide qué deudas se pagarán, en qué orden y en qué cantidad. Según la Constitución, la quiebra es un poder totalmente reservado al gobierno federal. En Estados Unidos una quiebra es supervisada en un tribunal federal, por un juez federal, y de acuerdo con la ley federal. Es por eso que la ley federal puede permitir quebrar a las ciudades en EE.UU., como muchos lo han hecho a lo largo de los años. Es por eso que la reestructuración financiera de Puerto Rico puede ser supervisada por una junta de control federal. Las ciudades y los territorios no son soberanos. Bajo la Constitución de EE.UU., los estados sí lo son.»
La lógica detrás de la propuesta de McConnell se hace inmediatamente evidente: negar a los estados los ingresos necesarios y luego utilizar la cínicamente orquestada crisis fiscal para imponer sobre las masas trabajadoras un nuevo régimen de explotación.
Después de una década de recesión económica y la creciente deuda pública, la aprobación de la Ley Promesa en Puerto Rico por la administración de Obama, la cual siguió el camino trazado por ciudades en quiebra como Detroit, se ha convertido en el libreto al que la clase capitalista recurrirá para imponer aun más sufrimiento sobre las masas trabajadoras por todo EE.UU. No debe ser sorpresa para nadie que el juez federal que supervisó la quiebra de Detroit, Steven W. Rhodes, fuera contratado como asesor por la administración de García Padilla. Tal libreto incluirá el ulterior desmantelamiento de servicios públicos particularmente en áreas tales como la educación y la salud, más despidos de empleados públicos junto con la congelación de salarios y la reducción de horas laborales para los trabajadores que quedan, la evisceración de beneficios marginales, y la imposición de varios esquemas de privatización.
De todos estos ataques contra las masas trabajadoras, el objetivo más significativo y el que tendrá el mayor impacto a largo plazo, han sido las pensiones públicas. En el caso de Detroit, los 32 mil empleados municipales activos y jubilados vieron un recorte mínimo del 5% a sus pensiones, la eliminación de los aumentos del costo de vida y la completa evisceración de su plan de seguro médico. Más recientemente en Puerto Rico, donde los 167.000 jubilados del sector público han sido objeto de un severo recorte de 8,5% a sus pensiones junto con la congelación de todo futuro aumento del costo de vida a pesar de precios para bienes de consumo que se acercan a aquellos en lugares como Nueva York y el impuesto sobre las ventas es el más alto de cualquier jurisdicción de EE.UU., la junta fiscal ha decidido que la abrumadora mayoría de los pensionados no debería esperar más de $14,400 anuales para vivir.
Como evidencia la situación actual en lugares como Puerto Rico y Detroit donde este programa de austeridad ha sido implementado más plenamente, las consecuencias sociales de las políticas realizadas por la clase dominante bajo el pretexto de la deuda municipal han sido desastrosas para las masas trabajadoras. Junto con el éxodo masivo de trabajadores huyendo del desempleo, el subempleo y los salarios de miseria, tantos de éstos en sus años de mayor productividad, se observa por todos lados una infraestructura física y social en avanzado estado de deterioro.
Está claro que para llevar a cabo este tipo de contrarrevolución social se requiere de una reestructuración política correspondiente basada en el repudio de todos los principios democráticos de gobernanza históricamente identificados con la burguesía. En otras palabras, junto con el creciente uso de las medidas tradicionales de estado policial, los capitalistas han abandonado toda pretensión democrática para abiertamente abrazar formas autoritarias de dominio político.
En Detroit este proceso se llevó a cabo mediante un manejador de emergencia seleccionado de un bufete de Wall Street mientras que en Puerto Rico se expandió el esquema realizado durante los años 90 en Washington D.C. al imponer una junta federal la cual, en el caso de la colonia, está compuesta directamente por representantes del capital financiero como José Carrión y Carlos M. García, así como pistoleros a sueldo del imperialismo como Natalie Jaresko.
Además de insular los verdaderos centros del poder decisional de las presiones electorales de las masas y la institucionalización de disposiciones fiscales diseñadas para perpetuar la austeridad – como el requisito de balancear el presupuesto varios años consecutivos – la clase dominante estadounidense está implementando varios otros elementos de gobierno autoritario, desde el uso cada vez más frecuente de órdenes ejecutivas reaccionarias a los escandalosos trucos legislativos como el que se vio recientemente con la aprobación de la cínicamente llamada Ley CARES mediante un voto “a viva voz” sin debate público transparente o la publicación de los votos emitidos por cada uno de los senadores.
Si bien la rapidez y la abrumadora mayoría bipartidista con que el congreso aprobó los $454 mil millones para apuntalar los márgenes de rentabilidad de los grandes bancos y corporaciones – dinero que se está usando para financiar la compra de $4 trillones en activos adicionales por la reserva federal – prueban el inquebrantable compromiso de todos los sectores del establishment político oficial en EEUU para cumplir con las exigencias inmediatas de la clase dominante a corto plazo, el silencio cómplice de estos mismos políticos ante el inminente precipicio fiscal que enfrentan los estados, así como la propuesta de utilizar la quiebra como medio para abordar el problema, señala al mismo tiempo la disposición colectiva de servir como verdugos fieles en los ataques contra los trabajadores.
A través de todo EE.UU., los gobernadores y alcaldes de los dos partidos oficiales, su retórica aparte, han señalado su disposición de recortar programas sociales además de llevar a cabo despidos y la congelación de salarios de empleados públicos. Citando unos ejemplos específicos de líderes demócratas, desde los estados de Nueva York, Nueva Jersey, Virginia y Washington hasta ciudades como Nueva York, Detroit y Los Ángeles, el dirigente socialista Barry Grey destacó en un escrito que apareció en el WSWS.org la semana pasada que después de avalar la canalización de fondos ilimitados a Wall Street, «Ninguno de ellos siquiera ha propuesto aumentar los impuestos a las corporaciones y los ricos para evitar la destrucción de servicios vitales y el empobrecimiento de las familias trabajadoras.»
Al comienzo de este escrito, se hizo referencia a un notorio defensor norteamericano de la eugenesia, famoso por su abierto desdén hacia los sujetos colonizados. Esto no fue hipérbole.
El resurgimiento de las teorías basadas en la liquidación de grupos poblacionales los cuales la clase dominante considera inadecuados para adelantar sus intereses económicos o incluso un obstáculo para la mayor extracción de ganancias es el resultado lógico de su giro hacia una política cada vez más reaccionaria. La indiferencia cruel demostrada por la élite gobernante en todo el mundo ante el sufrimiento de las masas trabajadoras en medio de la pandemia actual, expresada más gráficamente en la persona de Donald Trump pero también reflejada en la criminalmente irresponsable carrera colectiva para sacrificar la salud y la vida de millones de trabajadores ante el altar de las ganancias capitalistas, obligándolos a regresar precipitosamente al trabajo, no debería sorprendernos.
Si bien la devastación social provocada por el huracán María dejó grabados en la conciencia colectiva de las masas trabajadoras en Puerto Rico los extremos de la indiferencia y la negligencia criminal de que son capaces la clase dominante y sus servidores políticos, los ataques que se están orquestando en medio de la actual pandemia, los cuales el destacado líder socialista David North describió acertadamente como un programa de eutanasia social son de un orden aún mayor en su crueldad.
Ha quedado claro que, desde la perspectiva de la clase dominante en EE.UU., cualquier cantidad de tiempo vivido más allá del cual un trabajador ofrezca su pellejo para producir ganancias capitalistas es inaceptable. De la misma manera, cualquier cantidad de dinero acumulada de salarios diferidos con el fin de asegurarle al trabajador una existencia digna después de toda una vida de trabajo es igualmente inaceptable, excepto en la medida en que los capitalistas puedan usarlo para especular. Tal es el grado de devastación social a la cual los capitalistas están dispuestos a imponerle al resto de la sociedad.
En un giro irónico de la historia, se puede decir que aquellas fuerzas políticas más estrechamente aliadas con el imperialismo estadounidense en Puerto Rico cada día más parecen haberse confundido. No es el destino de la colonia empobrecida y atrasada aproximarse más como al país imperial. Más bien, son la pobreza y el atraso, históricamente identificados con la colonia, que se han vuelto cada vez más las características generales del país imperialista.
¿Qué hacer? Tal fue la interrogante a la que Lenin ofreció su muy conocida respuesta en la forma de un panfleto sobre la organización revolucionaria.
Ante la realidad actual, a la clase trabajadora en Puerto Rico y más allá no le queda más alternativa que la de reorganizarse revolucionariamente. Tal reorganización requiere de la asimilación de todas las lecciones críticas del pasado y debe contar con un verdadero liderato y programa revolucionarios. El objetivo de tal reorganización sólo puede ser la transformación socialista de la sociedad.