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Las políticas públicas del nuevo gobierno


Dawn Ng

En el segundo momento de todo proceso democrático, que es el momento de gobernar pasadas ya las elecciones generales, no tiene por qué darse un alto nivel de adversatividad entre partidos y grupos. Esto no quiere decir que el proceso de decidir e implantar las políticas públicas esté exento de conflictos. Pero dichos conflictos son de otra naturaleza porque emergen de un hecho constatable: los seres humanos frecuentemente tenemos diferencias de criterio sobre qué exactamente debemos considerar el “bien común” ya que tanto los intereses como los valores pueden ser diversos o diferentes.

La esencia del proceso político democrático

La esencia misma del proceso político democrático —en este segundo momento— es precisamente la negociación entre diversos sectores del gobierno, partidos y grupos de la sociedad civil. El fin de la negociación es llegar a consensos sobre las políticas públicas o, por lo menos, a acuerdos aceptables para la mayoría, luego de concesiones mutuas. Es muy importante reconocer que a las buenas políticas públicas se llega mejor mediante la deliberación informada, el diálogo sobre opciones y las decisiones producto de un proceso concienzudo de análisis y discusión en el espacio público, en el Öffentlichkeit de los análisis sociopolíticos de Jurgen Habermas. Es pues importante que las políticas públicas medulares se discutan bien y que nos corresponsabilicemos todos. Es ese el tipo de proceso democrático que se difunde hoy en el mundo desarrollado.

Aunque se espera y supone que el partido gobernante debe tener el espacio para implantar políticas públicas afines a su programa de gobierno y a los compromisos hechos con el Pueblo durante el primer momento de la competición eleccionaria, esto de ninguna manera quiere decir que las políticas públicas deban aprobarse por dicho partido sin discusión. Al contrario, la discusión, la deliberación con participación de diversos sectores, y las enmiendas inteligentes a las concepciones originales sobre las políticas públicas de los partidos vencedores es lo que mejor evidencia que el proceso político democrático continúa, aunque de otra manera, después de las elecciones. No se ha paralizado la democracia.

La teoría democrática presume que el soberano es el Pueblo y por lo tanto el llamado “mandato electoral” no agota ni elimina el derecho de ese mismo Pueblo a estar informado y a participar en los procesos de discusión pública sobre las políticas gubernamentales. El llamado mandato electoral, entendámoslo de una buena vez, no es, no puede ser, en democracia, un cheque en blanco que le gira el Pueblo a los gobernantes para hacer y deshacer a su propio gusto, o a tenor con los intereses inmediatos de un partido. El mandato electoral ni cancela ni inactiva el derecho del pueblo a continuar participando en los asuntos públicos y a velar porque las políticas públicas adoptadas e implantadas resulten efectivamente en el bien común.

Las políticas públicas controvertibles del PPD

Lo peor que puede suceder, tanto para el bien público como para la buena educación democrática en nuestro país, es que las políticas públicas se aprueben sin discusión. Aun cuando se evidencie que existe consenso sobre los fines u objetivos, siempre podrán surgir diferencias de criterio sobre los modos específicos de implantación y ejecución. En el caso de la reforma legislativa, por ejemplo, parece haber un consenso político y social en el sentido de que se busca una Asamblea Legislativa más pertinente a los problemas del país, más efectiva en sus procesos de legislación y menos costosa, de modo que ser legislador en Puerto Rico deje de percibirse como el acceso a privilegios económicos que no tienen los demás servidores públicos. Igualmente, se aspira a que ser legislador no sea sinónimo de incompetencia, de garatas partidistas improcedentes, de irrelevancia, y mucho menos de corrupción. Pero dentro de esos objetivos, las diversas medidas a adoptar —y su modo concreto de dirigirlas hacia los objetivos— no tienen por qué excluirse de la discusión democrática. Tal exclusión invita y conduce a sustituir el proceso político democrático que se caracteriza precisamente por la discusión, la deliberación, el diálogo y la búsqueda de consensos o acuerdos mediante concesiones mutuas con la aplanadora partidocrática del grupo gobernante. Y eso no es otra cosa que impedir o atrofiar la democracia.

Al final de un proceso de discusión pública realmente democrático lo más seguro es que alguna formulación del legislador ciudadano a tiempo parcial habrá de adoptarse e implantarse, cumpliéndose así además con el compromiso electoral del partido gobernante. ¿Pero no habrá sido dicha formulación final una más concienzuda, rigurosa y prudente, tratando de equilibrar diversos intereses y situaciones legítimas, por ejemplo para evitar conflictos de intereses, para eludir que algún sector profesional quede permanentemente excluido de aportar legisladores al país, para legislar en horarios más viables y convenientes para todos los legisladores, si el tema es objeto de disección, discusión, deliberación y debates públicos? ¿Cómo convertimos el legislador ciudadano a tiempo parcial —y otros aspectos de la reforma legislativa prometida y propuesta por el PPD— en un juego sin perdedores orientado al bien común de modo que nos beneficiemos todos y se beneficie el país al máximo posible?

Dicha discusión no sólo es esencial a toda verdadera democracia sino que, si la participación se abre realmente a diversos sectores, una vez se llega a un consenso —o por lo menos a un acuerdo aceptable por la mayoría de las partes concernidas— entonces nos corresponsabilizamos todos con la política pública adoptada, con lo cual la misma tiene mayores oportunidades de implantarse con éxito. Hasta desde el punto de vista del partido de gobierno queda más cómoda su situación a la hora de rendir cuentas sobre los efectos definitivos, positivos o no, de la política pública adoptada. Cuando se gobierna sin discusión, el Pueblo tenderá a responsabilizar exclusivamente al partido en el poder. Si nos corresponsabilizamos muchos, entonces la responsabilidad será algo compartido. Esta visión de la necesidad de discusión amplia, por todos los sectores interesados —antes de adoptar e implantar una decisión final y firme— lleva también conformidad con el reconocimiento correcto, por parte del Gobernador García Padilla, del resultado de las elecciones generales de 2012 como producto de la formación de “una nueva mayoría política”. Y que esa mayoría tiene componentes más allá de los linderos partidistas del PPD. Por último, el recurso a la discusión amplia abona también a la transparencia en el gobierno, una de las promesas más importantes de García Padilla y del PPD como parte de su oferta de brindar a Puerto Rico una forma de gobernar muy distinta a la utilizada por el PNP entre 2009 y 2012.

Tomemos el ejemplo de la mal llamada APP sobre el aeropuerto Muñoz Marín. En este caso la política pública la adoptó el gobierno anterior y el Gobernador actual ha dicho que espera darle continuidad porque hay un contrato firmado. Diferimos. Firmado o no, una APP no puede negociarse ni aprobarse a espaldas del pueblo, ni únicamente por la rama ejecutiva sin participación significativa alguna de la rama legislativa. Que el gobierno anterior la negociara de esa manera, sin transparencia, no obliga al nuevo gobierno a refrendar e incurrir en los mismos estilos y errores antidemocráticos que tanto le criticó al PNP durante la campaña eleccionaria. Este proceder, aparte de dañar la presunción democrática de que el Pueblo manda con sus votos, deja el sabor amargo entre los ciudadanos de haber sido engañados, timados en su buena fe por el partido político y el gobernante que prometieron durante la campaña una línea de acción para luego adoptar como política pública exactamente lo contrario a lo prometido. El Gobernador García Padilla está a tiempo de no caer en el mismo error.

Los expertos en Ciencia Política, Gobierno y Administración Pública suelen, a partir de sus investigaciones, apoyar este criterio: “Las alianzas público-privadas valen tanto como su componente público sea garante del bien común”. En otras palabras, las llamadas alianzas público-privadas serán tan exitosas y beneficiosas para un país según como de buena sea la vigilancia del interés público y del bien común por parte del sector gubernamental. Legisladores del propio PPD y expertos economistas puertorriqueños ya han verificado que el contrato negociado por la Administración Fortuño sobre el Aeropuerto Muñoz Marín es altamente perjudicial e inconveniente para nuestro interés colectivo, para el interés de Puerto Rico.

Las empresas privadas con fines de lucro son eso: empresas cuyo interés primordial es la máxima ganancia posible para la empresa y sus accionistas. Por lo tanto, no entran en alianzas público-privadas en busca del bien colectivo. De ahí se infiere claramente que la parte que tiene la responsabilidad de velar por el interés público, por el bien colectivo, por el beneficio para el país, es la parte gubernamental. Es justamente por eso que una APP será tanto mejor y más exitosa y conveniente para un país, en tanto y en cuanto sea más pública que privada, en tanto y en cuanto el sector público de la alianza tenga mayor control y poder sobre los términos del acuerdo y use además ese poder efectivamente para proteger los intereses colectivos. Esos deben ser los criterios que utilice el PPD para revaluar lo negociado por la Administración Fortuño. Si lo que hizo la Administración Fortuño fue lo contrario de lo que debió haber sido, si no beneficia el bien común sino lo contrario, la aprobación de lo acordado por la Administración García Padilla convierte a ésta última en cómplice. Por situaciones de ese tipo, que perjudicaron el interés nacional y violaron el compromiso juramentado de proteger la Constitución y las leyes, y el interés común, gobernantes como Fujimori en el Perú y Menem en Argentina fueron objeto de persecución y procesamiento por la justicia.

No se puede olvidar que en Estados Unidos, España, América Latina, Puerto Rico y donde quiera, funcionarios corruptos, o con mentalidad neoliberal de beneficiar más a las empresas privadas que al gobierno del país, han fabricado las famosas burbujas con las cuales se han beneficiado intereses privados y se han enriquecido políticos corruptos perjudicándose con ello tanto el interés público como el buen gobierno. El país no quiere, definitivamente, otra burbuja inmobiliaria, ni otro proyecto tipo gasoducto en la APP para privatizar la gerencia del aeropuerto. Es por eso que este acuerdo tiene que abrirse a discusión. Y es por eso que hay que felicitar a los legisladores del PPD que logren promover y cuajar una mayoría legislativa para oponerse a su aprobación sin discusión.

Es correcto que no se debe rechazar a priori la posibilidad de una buena APP para la gerencia del aeropuerto Luis Muñoz Marín con la postura de que todas las privatizaciones son malas, o con la noción errónea de que se estaría privatizando la propiedad del aeropuerto. La privatización es sólo de la administración del aeropuerto: el mismo continúa como parte del patrimonio nacional. Pero entregar la gerencia por tanto como 40 años, si no hay controles adecuados por parte de nuestro gobierno para garantizar que nuestros intereses no terminen perjudicados, se parece bastante a una claudicación del patrimonio. Deben tomarse además en consideración los niveles de éxito o fracaso de otras privatizaciones similares en lugares tan diversos como Estados Unidos, República Dominicana o los países europeos en donde se han privatizado ya por años los aspectos de administración de un aeropuerto con el fin de lograr mejor ciertos objetivos importantes para la economía y para el turismo, objetivos que podrían ser más efectivamente logrables por una compañía internacional con experiencia en el manejo de otros aeropuertos a esos fines.

Por último, hay aspectos que ninguna empresa transnacional o multinacional, por experta que sea, puede cambiar porque son elementos inherentes a nuestra condición colonial o territorial. Ninguna empresa ni mexicana, ni estadounidense, ni europea ni puertorriqueña tiene una varita mágica para volver a transformar el Aeropuerto Luis Muñoz Marín en un “hub” internacional importante, como lo fue en los años 50 y 60 del siglo pasado. Mientras el gobierno federal de Estados Unidos tenga el poder de otorgar o negar permisos de aterrizaje en Puerto Rico a las líneas aéreas comerciales extranjeras, para en pleno siglo XXI —y en abierta contradicción con el mundo del libre comercio— negarles los permisos a las extranjeras para favorecer de modo proteccionista a las líneas aéreas estadounidenses, el LMM no podrá ser un aeropuerto importante de dimensión internacional que ayude a darle impulso al turismo en Puerto Rico. Ocurre lo mismo que con la Ley de Cabotaje: para beneficiar de modo proteccionista y contrario al libre comercio el monopolio y los intereses de la Marina Mercante estadounidense en el intercambio comercial EEUU-Puerto Rico se mantiene la prohibición de que Puerto Rico use las marinas mercantes de otros países. Son estos dos ejemplos bien elocuentes sobre cómo nos afecta la naturaleza territorial y subordinada de las relaciones actuales entre el Estado Libre Asociado de Puerto Rico y Estados Unidos. Dos ejemplos palmarios de cómo Estados Unidos viola nuestro derecho inalienable a la autodeterminación nacional y también nuestro derecho, protegido y ratificado por el propio Estados Unidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como perteneciente a todos los Pueblos, a buscar por sí mismos, y de acuerdo a sus intereses, su propio desarrollo económico. Son, en consecuencia, dos razones muy importantes para que el Gobernador García Padilla reflexione sobre los argumentos soberanistas de miembros prominentes del PPD y de los independentistas independientes que ayudaron a colocarlo en Fortaleza.