La anexión como fórmula descolonizadora y el Movimiento Victoria Ciudadana
El escrito de Méndez, Coss y Santana fue en respuesta a un escrito en 80grados por el profesor Rafael Bernabe y el Lcdo. Manuel Rodríguez Banchs sobre la descolonización y la posición del Movimiento Victoria Ciudadana al respecto. Posteriormente, el 21 de junio de 2019 tanto el profesor Bernabe como Rodríguez Banchs publicaron también en 80grados una respuesta a la de Méndez, Coss y Santana. Dentro del debate franco y respetuoso al que ellos hacen referencia en la columna del 21 de junio, compartimos otros puntos relativos a esa conversación.
Además de los planteamientos de carácter legal e histórico que los compañeros Méndez, Coss y Santana traen ante la atención de los lectores para rechazar la anexión como opción descolonizadora, hay otros de carácter práctico y relativos a nuestra realidad política que no se deben obviar, más aún si la idea de incluir a la anexión como fórmula gira en torno a una eventual celebración de una asamblea constitucional de estatus y a la apertura que se debe dar a los que apoyan esa alternativa tanto dentro como fuera del Partido Nuevo Progresista (PNP).
La anexión de un país, territorio o pueblo a otro corresponde a una idea como miles de miles que la gente tiene en la vida y en la sociedad. Hay ideas que no dejan de ser aspiraciones, utopías o sueños inalcanzables, o imaginaciones o planes que se podrían concretizar en un escrito, un cuadro, una estatua, una experiencia o algún tipo de acción política, económica, social o cultural. Las mismas, una vez publicadas, son objeto de juicios por parte de la sociedad o pueden ser ignoradas, pero el juicio que se haga de las mismas depende no solamente de los méritos intrínsecos de las ideas. También depende del mérito de las personas que las expresan y promueven, en particular si dichas personas cuentan con posiciones de liderato y de poder para poner las ideas en práctica. Eso le pasa a la anexión en Puerto Rico como idea, y al deteminar si la misma cuenta con algún mérito como opción descolonizadora, no solamente es necesario determinar los méritos intrínsecos de esa alternativa, pero también los méritos del liderato que ejerce el control sobre la ejecución de algún plan para implantar esa alternativa política en nuestro país. Dejando a un lado los méritos de esa alternativa desde la perspectiva política, histórica, socio-económica y cultural, que han sido objeto de escritos tanto por favorecedores como críticos de la misma, pongamos nuestros ojos sobre quienes dirigen la promoción de esa alternativa.
Sin llegar más allá del pasado del 1992, el liderato anexionista ha tenido a su cargo el gobierno de Puerto Rico por cuatro cuatrienios y la oficina del Comisionado Residente por seis, salvo por el mandato de la Gobernadora Sila María Calderón Serra, durante el cual estuvo a cargo Aníbal Acevedo Vilá, previo a ser gobernador. De los ocho años de gobierno por parte de Pedro Rosselló González tenemos el recuerdo de una multiplicidad de escándalos políticos, acusaciones y enjuiciamientos criminales, siendo algunos de los más notorios el del exsecretario del Departamento de Educación Víctor Fajardo y el de la secretaria del Gobernador Pedro Rosselló, Angie Rivera. Contamos además con dos plebiscitos que no llegaron a ser más que dos concursos de belleza en los que los resultados del segundo fueron objeto de manipulación por el liderato anexionista al obviar el voto de ninguna de las anteriores. Se invirtieron en ellos millones de dólares que de nada valieron. Se tomaron durante los dos cuatrienios miles de millones de dólares en préstamos para el gobierno que ahora forman parte de la pesada carga de la deuda pública, y como parte de esa deuda se construyeron obras faraónicas como el tren urbano cuya ruta nada ha hecho para resolver los problemas del tránsito en el área metropolitana de San Juan. También se desarticuló el sistema de salud con la venta a quemarropa de las facilidades de salud pública, y se dió curso a la construcción del superacueducto del cual salió el escándalo del Dr. René Vázquez Botet. Recordemos además al Dr. Yamil Kourí y el Programa SIDA de San Juan. Para un recuento detallado de más de una docena de escándalos bajo el liderato político y gubernamental del PNP en esa época ver Corrupción e impunidad en Puerto Rico, Antonio Quiñones Calderón, de las páginas 231 a la 298, Publicaciones Gaviota (2014). Ver además informes publicados por el Blue Ribbon Committee dirigido por el exrepresentante del Partido Independentista Puertorriqueño, David Noriega Rodríguez, creado durante la administración de Calderón Serra, publicados en laevidencia.com.
Durante la década siguiente y en particular la de la administración de Luis Fortuño Burset y su cuatrienio del “banquete total”, recordemos entre otros al exsenador Jorge de Castro Font que juraba por su madre que era un funcionario público íntegro cumpliendo posteriormente penas de cárcel por esa integridad, el exsenador Freddie Valentín que tenía a su cargo la Comisión de Nombramientos del Senado y la venta por su parte de influencias, los excesos con el uso de fondos públicos para beneficio personal del exombudsman y exlegislador Carlos López Nieves quien además atendía una gallera y otros asuntos extra curriculares de carácter personal desde su oficina como procurador, Aníbal Vega Borges y la quiebra del Municipio de Toa Baja, las andanzas del exrepresentante José Luis Rivera Guerra, la multiplicidad de contratos gubernamentales en particular a candidatos políticos derrotados en la asamblea legislativa, alcaldías y agencias de gobierno, y el acuerdo entre Doral Financial Corporation y el Departamento de Hacienda sobre unos alegados sobre pagos contributivos que eventualmente fue declarado nulo por la vía judicial. Recordemos además las francachelas originadas en el Recinto de Utuado de la Universidad de Puerto Rico, como parte del Proyecto Crece 21, en torno a los cuales ya han habido funcionarios del Recinto que se han declarado culpables. Ver además el libro citado de Quiñones Calderón a las páginas 301 a 450, y el libro de Jay Fonseca, Banquete Total (2013).
Brinquemos entonces al actual mandato de Ricardo Rosselló Nevares. La lista de escándalos bajo su gobierno es igual o mayor que la del gobierno de su padre y la del exgobernador Fortuño. Entre algunos de los más notorios recordemos las contrataciones de Whitefish y Cobra y la compra de los drones plásticos y las plantas eléctricas con fondos públicos por el exadministrador de la Administración de Servicios Generales, Miguel Encarnación Correa, con fondos públicos para beneficio de empleados de confianza, todo esto poco después del paso del Huracán María. Antes del Huracán recordemos la designación de una contratista del gobierno de Puerto Rico, Julia Kelleher como Secretaria de Educación y de Héctor Pesquera como Comisionado de Seguridad, repitiendo el error de haber sido designado Superintendente de la Policía por los exgobernadores Fortuño y Alejandro García Padilla. Tanto Kelleher como Pesquera fueron traídos al gobierno de Puerto Rico de fuera de Puerto Rico, como si en el país no hubieran personas competentes para ocupar dichas posiciones. Peor aún, ambos fueron nombrados con el consentimiento del Senado de Puerto Rico y con la aprobación de unos salarios exorbitantes de $250,000.00 anuales en el caso de Kelleher y $248,500.00 en el caso de Pesquera. Esos salarios fueron establecidos además en medio de la crisis fiscal del gobierno y fuera del marco de lo que legalmente es estipulado como salario para sus respectivas posiciones. De hecho el salario mínimo de un Secretario de Educación de acuerdo a la ley 79 del 10 de junio de 1998 según enmendada es de $80,000.00. Ese es el mismo salario básico de la posición ocupada por Pesquera como Secretario del Departamento de Seguridad. A la fecha de hoy el gobierno no ha ofrecido una explicación legítima para justificar un sueldo tan astronómico como el ofrecido a esas dos personas. Peor aún, el jefe de seguridad civil más importante de los Estados Unidos, el Director del FBI, cuenta con un sueldo anual de $172,100.00 mientras el de la Secretaría de Educación de Estados Unidos es de $210,700.00. Por otro lado, el salario del Presidente de los Estados Unidos es de $400,000.00. De modo que el salario de Pesquera y de Kelleher equivalía a más del 50% del salario del Presidente.
No obstante una orden ejecutiva del Gobernador Ricardo Rosselló del 10 de enero de 2017, Orden Ejecutiva número 10 de su administración de título “Para establecer la política pública de transparencia y accesibilidad de información pública”, su gobierno se ha caracterizado por todo lo contrario. No solamente le niega información a la prensa en torno a asuntos de interés público, obliga a medios de comunicación y de investigación como el Centro de Periodismo Investigativo y Espacios Abiertos a acudir a los tribunales para obtener información y documentos que se niegan las agencias del gobierno a producir. Y a pesar de que en una entrevista publicada por la emisora de televisión Public Broadcasting Corporation (PBS), a través del programa de investigación periodística Front Line del 1 de mayo de 2018, en un reportaje sobre la deuda pública del gobierno de Puerto Rico y el Huracán María, el Gobernador Ricardo Rosselló reconoció que el problema de la deuda pública de Puerto Rico era que es el producto de un “Ponzi Scheme” (un esquema piramidal fraudulento), se ha negado a dar curso a la auditoría de la deuda pública. Peor aún, firmó una ley en el mes de abril de 2017 para derogar la ley por virtud de la cual se había creado en el año 2015 una comisión para investigar y auditar la deuda pública del gobierno. Además, ha obstruido los esfuerzos del Frente Ciudadano para la Auditoría del Crédito Público del Gobierno de Puerto Rico, negándole acceso a información y resistiendo los esfuerzos llevados a cabo por la vía judicial para que se produzca información, escudándose en ocasiones tras la espalda de la Junta Control Fiscal (JCF).
Por otro lado, no olvidemos, dentro del marco de la crisis fiscal, cómo por un lado el Gobernador Rosselló Nevares y su liderato legislativo, critican a la JCF por las medidas que toma con relación a los presupuestos y los planes fiscales, pero no se atreve a enfrentarse a ella ni al Congreso de los Estados Unidos en lo relativo al régimen colonial establecido al que tanto critican. Peor aún, negocian a puertas cerradas con bonistas y con la JCF haciendo uso de la agencia del gobierno creada para sustituir al Banco Gubernamental de Fomento, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF). Tomemos nota además del escándalo “What’s up” y el ex juez Rafael Ramos Sáenz, de los multimillonarios contratos a la empresa de contabilidad BDO, para entre otras cosas rendir servicios que se supone que empleados públicos lleven a cabo, la participación de Alberto Velázquez Piñol en agencias administrativas como asesor de BDO y de las agencias y del Gobernador, la designación de asesores y jefes de agencia con más de un sombrero, la relación entre el hermano del gobernador, Jay Rosselló y el bufete de abogados para el que trabaja con Julia Kelleher y el Departamento de Educación, y el reciente destape de la olla del Departamento de Hacienda ante las manifestaciones de tres ex-secretarios de Hacienda, Teresita Fuentes, Juan Carlos Puig y Raúl Maldonado, y el despido fulminante del último por parte del propio Gobernador.
Tanto Ricardo Rosselló, como jefes de gabinete y el liderato legislativo le mienten a la ciudadanía impunemente, no prestan atención a sus responsabilidades ministeriales y constitucionales y recurren a prácticas corruptas que datan del pasado como las de repartir una buena parte del presupuesto gubernamental a través de contratos a clientes políticos, políticos derrotados y a parientes y dolientes. No olvidemos además la práctica de hace décadas, una vez más destapada por la prensa, de la contratación de empleados fantasmas, o de empleados para que con el pago de sus salarios con fondos públicos hagan trabajo político partidista.
Como si todo lo detallado no fuera suficiente, y hay mucho más, sacan pecho haciendo reclamos de igualdad para Puerto Rico y su incorporación como estado de la Unión de Estados Unidos de Norteamérica para dejar de ser ciudadanos de segunda clase y así poner fin al discrimen al que Puerto Rico es objeto, pero jamás se enfrentan al poder del gobierno federal y del Congreso para denunciar el discrimen y el maltrato colonial al que Puerto Rico es objeto. Son cobardes por naturaleza ya que ninguno de ellos se atreve a llevar a cabo actos de desobediencia civil o a buscarse aunque fuera un día de cárcel en defensa de su causa. Es todo demagogia, hipocresía y el uso de unas ideas, la estadidad, la ciudadanía americana y la dependencia a perpetuidad, para justificar cada cuatro años sus campañas para tratar de ganar puestos políticos para contar con la garantía de contar con un cheque todos los meses para la buena vida, desde algún puesto en cualquiera de las ramas del gobierno de Puerto Rico o en las poltronas municipales. Así forman parte de un nuevo oficio o profesión, la del político de por vida, y a partir del retiro con una buena pensión, dentro del marco de la corrupción inmerecida, y una casa en el estado de Florida. Y la conducta ha sido más indecorosa que nunca desde el año 2017 ante la conducta racista y discriminatoria no solamente con las personas que no son blancas, pero también en contra de la mujer y contra las personas que cuentan con una orientación sexual que no es del gusto del Presidente Trump y la extrema derecha religiosa norteamericana. No se levantan contra esa conducta y hasta le ríen las gracias a Trump hasta cuando las mismas van dirigidas en contra de los puertorriqueños y hasta en contra de la anexión de Puerto Rico. No olvidemos la ocasión en que el Presidente nos tiró rollos de papel toalla. Ni siquiera han contradicho los reclamos precisamente de la boca de Trump en lo relativo a que el gobierno de Puerto Rico está dirigido por ineptos y corruptos.
¿Dónde están los gritos de indignación por parte del liderato del PNP, la negación a tales ataques, la denuncia correspondiente? Se arrastran en el fango del silencio. Después de todo, la Comisionada Residente, el Presidente del Senado y el Presidente de la Cámara de Representantes dicen que son miembros del Partido Republicano de los Estados Unidos. La desvergüenza de la Comisionada Residente es dramática al ver su participación en el lanzamiento de la campaña Presidencial de Donald Trump para el 2020 en el municipio más grande de Puerto Rico después de la ciudad de Nueva York, la ciudad de Orlando, en el estado de Florida. La desvergüenza es mayor si consideramos el hecho de que allí estaba ella con el Presidente de la JCF, José Carrión III, quien revela con su conducta su torpeza y desdén por la ética, el profesionalismo y seriedad con la que se supone que se comporte y trabaje ocupando su posición, en una junta que se supone que por virtud de la ley PROMESA representa al Gobierno de Puerto Rico en un procedimiento judicial para reestructurar el crédito público del país.
Además, no tienen ni vergüenza ni dignidad porque son incapaces de indignarse porque no pueden morder la mano de quien les da comida, quien les ayuda a mantener las posiciones de privilegio y de poder con las que viven y han vivido en Puerto Rico por décadas. No tienen vergüenza ni dignidad porque viven para el poder por el poder mismo para asegurar para ellos mismos sus respectivas buenas vidas, no para el servicio público, y mucho menos para enaltecer nuestra humanidad y nuestra puertorriqueñidad y para promover una vida digna dentro del marco de una sociedad justa para cada familia puertorriqueña. Desde sus puestos de poder no se fijan en la gente del pueblo porque para ellos esa gente es invisible, y cuando no les queda otra alternativa que la de verla, la miran con desdén y esperando que les agradezcan la única fuente de supervivencia que les reconocen, la de la dependencia de los fondos federales. No olvidemos que la campaña para promover la anexión para el plebiscito de 2017 giraba en torno a que había que valorar la ciudadanía de los Estados Unidos de Norteamérica y los $10,000,000,000 que vendrían con la anexión según su publicidad. Reducen de esa forma su patriotismo al dinero y la depedencia vendiendo de esa manera la última gota de dignidad que les pudiera quedar en sus venas .
Ese mismo liderato, que todo hace para torpedear nuestro derecho a la autodeterminación, que todo habrá de hacer para evitar que se lleve una asamblea constitucional de status, aunque la pueda controlar, si se vieran obligados a participar en un proceso como ése, serían quienes representarían la alternativa de la anexión. Después de todo, para organizar una asamblea constitucional de status hace falta poder político para poder no solamente constituirla, pero para también implantar el proceso de selección de sus delegados, la determinación del lugar en el que se llevarían a cabo sus sesiones, etc… Todo eso también cuesta dinero, y mucho, y para ello no solamente hace falta poder político, pero también voluntad política para alcanzar un nivel de consenso en el país, si se pretende dar participación a las tres alternativas, anexión, libre asociación e independencia. Ante la historia de Puerto Rico y el comportamiento del liderato anexionista en Puerto Rico por décadas, ¿será posible cuajar con ese liderato un consenso general para organizar e implantar una asamblea constitucional de status? Reiteramos que el objetivo primario de ese liderato es el de alcanzar y mantener el control del poder, por el cheque mensual que derivan del mismo y todos sus beneficios marginales, por el control de la fiambrera presupuestaria aunque en la misma queden diez granos de arroz y tres habichuelas. Son tan rapaces que esa debilidad es suprema y está por encima de cualquier esfuerzo por cumplir con el deber fiduciario que debe tener todo funcionario público ante la ciudadanía. ¿O alguien espera que para defender el anexionismo en Puerto Rico habrá de surgir una figura de la talla de José Celso Barbosa o Rafael Martínez Nadal, independientemente de que el prestigio y fama de ellos haya sido bien o mal ganado? Entonces, ¿cómo y por qué el Movimiento Victoria Ciudadana va a legitimar lo que ha sido la idea de la anexión en Puerto Rico a lo largo de nuestra historia y en particular desde el primer momento en que su liderato alcanzó el poder en el 1968? La alternativa debiera ser la de denunciar esa fórmula por lo que ha representado en nuestra historia política y cultural, invitando a aquellos que la han favorecido a dialogar en torno a esa realidad, para que abran paso por la ruta de nuestra verdadera descolonización y autodeterminación, nuestra soberanía, que no es la alegada soberanía de cada uno de los 50 estados, como dice el liderato anexionista, otra mentira. Después de todo, el gran sello de la República de los Estados Unidos y sus pesetas y vellones de cinco centavos tienen escritas las siguientes palabras en latín: “E Pluribus Unum”, que significan “de muchos uno”. ¿Queremos ser de los muchos uno, o queremos ser puertorriqueños, boricuas, borinqueños?