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Autonomía política para las ciencias


6a010535e0c68e970c017c381e5da6970b-800wiRecientemente el congresista tejano Lamar Smith escribió una propuesta de ley titulada “The High Quality Research Act”. Ésta propone que las agencias científicas federales le rindan informes al congreso sobre los proyectos de investigación a los que le asignan fondos. Al oír esta noticia, los científicos nos preocupamos profundamente por el futuro de la ciencia y la sociedad que tanto ayuda. Hasta el momento, los mismos científicos, mediante la evaluación de nuestros pares, decidimos qué proyectos se financian sin intervención directa del Congreso. Este sistema se considera uno de los más exitosos del mundo. Como ejemplo, noten que el trabajo de cientos de científicos ganadores del premio Nobel han sido financiados por el NSF  y el NIH. Ningún otro sistema de financiamiento científico puede afirmar un logro así. Involucrar políticos que carecen de la pericia científica necesaria para evaluar propuestas de investigación sería verdaderamente desastroso. La historia de los apparatchiks soviéticos que dictaban como hacer ciencia desde el Kremlin provee un ejemplo particularmente espeluznante del daño que pueden causar los políticos. A mediados del siglo 20, Trofim Denisovich Lysenko, un burócrata poderoso que nunca condujo investigación científica propia, veía las teorías de Mendel y Darwin como “capitalistas” y “anti-revolucionarias”. Varios científicos soviéticos que insistieron en continuar sus líneas de investigación basadas, correctamente, en la genética mendeliana, acabaron encarcelados. Además de retrasar la investigación científica, las decisiones de Lysenko tuvieron ramificaciones devastadoras para la agricultura y, como consecuencia, la población soviética [The Search of the Gene. Bruce Wallace. Cornell University Press, 1992]. Nuestra comunidad científica conoce esta historia y otras parecidas, por eso no resulta sorprendente que le demos suma importancia a la autonomía que actualmente disfrutamos.

Aunque no creo que volvamos a ver un caso tan extremo como el de Lysenko, la participación de los políticos en decisiones que afectan la investigación científica o las universidades en las cuales ésta se lleva acabo siguen siendo una amenaza. En una columna publicada hace más de un año escribí lo siguiente sobre la Universidad de Puerto Rico (UPR):  “Los administradores no pueden cambiar cada cuatrienio. El hecho de que el presidente cambia con el partido en poder demuestra una falta de seriedad que hace difícil reclutar administradores capaces. ¿Cómo puede una universidad tener una visión a largo plazo si se reinventa cada cuatro años?” En mi opinión, para la UPR poder competir en la esfera de la investigación científica, continúa siendo indispensable garantizar que no se politice la gobernanza.

Esta semana en la Universidad de Puerto Rico muchos científicos celebraron la salida de un presidente que pretendidamente puso en riesgo la investigación científica al no saber manejar los problemas con el NSF. También se celebró la llegada de un nuevo presidente (interino) con una admirable trayectoria científica y administrativa. Desafortunadamente, para lograr este cambio se violó la autonomía universitaria una vez más. Para nombrar al presidente entrante el gobernador y la legislatura tuvieron que intervenir directamente pasando una nueva ley. Por más satisfechos que estemos con los nuevos miembros de la junta de gobierno y su elección de presidente, no me queda otro remedio que asumir que una vez el otro partido tome el poder, se pasará otra ley para perpetuar este devastador círculo vicioso. El NSF, NIH y demás agencias federales que actualmente escudriñan a la UPR por las irregularidades con el “time and effort reporting” pueden haber notado la falta de autonomía política también. Los científicos que corren estas agencias saben muy bien cuan importante es esta autonomía. Nos debe preocupar entonces que se cuestione si una universidad controlada por políticos realmente merece recibir millones de dólares en financiamiento para la investigación científica.

La nueva junta de junta de síndicos y el nuevo presidente (interino) dan esperanza y hay que aprovechar el momento. Espero que el gobernador y la Legislatura entiendan que sin la autonomía que se da por sentada en otras universidades, estos nombramientos serán en vano. Esperemos que ahora le den prioridad a desarrollar la estructura necesaria para garantizar la autonomía universitaria en el futuro.

  • carlos

    Aunque en general haces unos planteamientos importantes y que puedo en esencia estar de acuerdo con ellos creo que picas fuera del hoyo en el sentido del control que tienen los políticos en la práctica e la ciencia en los EEUU y en Puerto Rico. Y creo que la versión gringa es peor que la soviética que citas en tu artículo. Por ejemplo, el profesor de la Universidad de Berkeley que ha sido perseguido y marginado por sus inestigaciones que ponen la denuncia en contra de los transgénicos en México. Pero más aún el saldo de terror y muerte que los prodcutos de la ciencia han dejado al servirle al complejo industrial-militar-prisión-judicial. La ciencia es una actividad social-política porque nace en un contexto social político y es necesario que como científicos reconozcamos ese contexto. Es encesario también creo que tomemos opiniones sobre que intereses sirve nuestra práctica científica, para avanzar la justicia, la igualdad, la democracia o para lo contrario pero debemos comenzar en reconocer esa naturaleza social de la práctica de la ciencia. Richar Lewotin en su libor Biology as an Ideology, hace un planteamiento muy concreto en esa dirección en este libro…

    • Rafael Irizarry

      Me imagino que se refiere a Ignacio Chapela. Es importante mencionar que aunque el proceso fue controversial, UC Berkeley le dio permanencia y continua siendo profesor en esa universidad (ganando un salario de ~$80K). En comparación a Nikolai Vavilov, cientifico famoso y crítico de Lysenko que murió en la carcel, se me hace difícil llamar a Chapela “perseguido”.

      En cuanto al ciencia com actividad social-pólitica (un punto bastante obvio que la gran mayoría de científicos reconocen) es importante poder distinguir criticas generales/abstractas/complejas de propuestas concretas/sencillas a problemas específicos.

  • Fini

    Necesitamos una ley universitaria que asegure la libertad académica y administrativa en la UPR. Sin embargo, mientras la UPR reciba fondos estatales tiene que rendir cuentas del uso de los fondos al pueblo. Es indispensable que la comunidad académica sea la que elimine la política de la UPR. Sabemos que muchos profesores también tienen agendas político partidistas. Hay que sacar la política partidista de la UPR. Veo una apertura en esta administración para hacerlo y espero que aprovechemos la oportunidad para delinear una ley universitaria que garantice verdadera autonomía y que los profesores dejen de nominar y apoyar a los administradores por sus afiliaciones político partidistas. Ese es el gran opio del país y de la universidad.