La Junta de Supervisión Fiscal nos empuja hacia un barranco
Recientemente, la Directora de la Junta de Supervisión Fiscal de los Estados Unidos “para Puerto Rico”, según lo determinado por la Ley Promesa del Congreso de Estados Unidos (véase El Nuevo Día, miércoles 28 de octubre de 2020, Pág. 10) ha advertido a los empleados públicos que no deben contar con planes de pensión para sus retiros hasta tanto no se dirima el conflicto entre la Junta y el Gobierno de Puerto Rico –dirigido por ahora por Wanda Vázquez– que ha apoyado las leyes locales 80, 81 y 82 sobre retiro temprano de empleados públicos y sobre protección de las pensiones. Todos los puertorriqueños debemos reconocer –sin distinciones de partidos ni ideológicas– que la Sra. Natalie Jaresko, ucraniana, aunque es para nosotros una extranjera, representa aquí la autoridad y los intereses de Estados Unidos. Nos guste o no, la realidad a la que nos enfrentaremos muy pronto ya pasadas nuestras “elecciones”, es que la Junta de Supervisión Fiscal tendrá la última palabra sobre estos asuntos. Y si hubiere conflicto con el nuevo gobierno electo en Puerto Rico, la Ley Promesa dispone para que la Jueza Laura Taylor Swaine dirima el conflicto, según los propósitos de la ley del Congreso y en el tribunal federal creado por la propia ley PROMESA.
Al momento de salir a publicación este artículo, ya habrán transcurrido ambas jornadas eleccionarias: las de Estados Unidos y de Puerto Rico. Probablemente no se sepa todavía quién ganó, no para todos los cargos, sobre todo por las incógnitas sobre los comicios en Puerto Rico. Y en Estados Unidos –dependiendo cuán cerrada sea la elección– se prevén diversas batallas legales para determinar ganadores. No sería extraño tampoco que la polarización existente en Estados Unidos –demostrada en las actividades de protesta y contra protesta relativas al Black Lives Matter– culmine, posterior a las elecciones, en una de mayor envergadura, cuyas consecuencias aún no sabemos, pero que los puertorriqueños deberán incluir en sus análisis y proyecciones sobre la realidad que podríamos tener delante –sea ésta la que sea. No podemos continuar con la tontería de pensar que la vida política en Estados Unidos habrá de ser “business as usual” y que lo que ocurra allá no habrá de afectar a Puerto Rico.
Ocurra allá o acá lo que habrá de ocurrir, los puertorriqueños no podemos, no debemos, resbalar hacia el barranco de la polarización y la división. Aunque la Sra. Jaresko sólo emite una advertencia, podemos colegir que la nueva Junta de Supervisión Fiscal nombrada por el Congreso como los “gobernadores reales” de Puerto Rico –no electos, pero más reales que quien salga electo o electa acá al cargo interno de Gobernador– habrá de trabajar para cobrar las deudas del país y pagar lo más posible a los acreedores.
En Puerto Rico hemos protestado, con razón, porque la deuda no ha sido auditada y porque la misma puede en parte ser ilegal. La protesta, en democracia, tiene mucha razón de ser. Pero no podemos pensar que el Gobierno de Estados Unidos habrá de funcionar democráticamente con Puerto Rico cuando de cobrar deudas se trata. Lo intuimos con facilidad al saber que Estados Unidos acaba de nombrar a un señor Peterson a esa Junta quien ha sido antes cabildero para los bonistas. Y en el hecho mismo, sabido por todos desde el inicio, de la Junta no haber sido un cuerpo electo por los puertorriqueños sino uno impuesto por el Congreso y, además, con el dato adicional de haberse aumentado el número de estadounidenses en ella. Por otra parte, NO ES precisamente democrático –ni parece tomar en consideración las necesidades de los más vulnerables en Puerto Rico– el pretender afectar las pensiones de los empleados públicos, de los más viejos que han dedicado sus vidas a servir al Pueblo de Puerto Rico desde sus cargos públicos.
Implicaciones posibles de las advertencias de Jaresko
La señora Jaresko hace una advertencia. Y hay que recordar que su advertencia es lo que le han pedido hacer sus jefes estadounidenses en Wáshington. Pero, lo inteligente y apropiado en el Siglo XXI en que vivimos, no es juzgar las acciones o declaraciones políticas por sus intenciones sino por sus resultados. Los resultados no los hemos visto todavía, pero podemos intuir cuáles podrían llegar a ser.
Un aspecto notable de las declaraciones de Jaresko y de la Junta de Supervisión Fiscal –hasta el momento– es que hacen amenazas veladas de que el Gobierno de Puerto Rico podría tener que despedir empleados públicos si se protegen las pensiones a los ex empleados del gobierno. No obstante, en ningún momento han especificado nada sobre los contratos elevados que hacen los políticos del país en su legislatura, en los municipios y en las alcaldías, así como en la Rama Ejecutiva del Gobierno Central. Contratos jugosos que sabemos son para familiares o para sus “amigos del alma” y que luego aparecen como donantes de sus respectivos partidos.
Muchos de los tales contratos elevados, se han hecho por los políticos del Gobierno de Puerto Rico mediante asignación a empresas estadounidenses, aunque éstas no tengan peritaje para la encomienda. Sobre este aspecto de la vida dispendiosa de los políticos del país, y sobre los sueldos astronómicos que se pagan en la Asamblea Legislativa –y otros asuntos que se debieran vivir en el país como tragedias debido a su condición de la deuda– no hemos escuchado decir nada ni a la Sra. Jaresko ni a los miembros anteriores o nuevos de la Junta. Entonces, es lógico que algunos puertorriqueños se pregunten si las corrupciones con salarios supra elevados que se hacen desde la oficialidad están o no avalados por el Gobierno Federal y sus agencias públicas. Lo cierto es que, aparte de unas investigaciones aisladas del FBI en la legislatura –en las que algunos empleados o políticos han sido arrestados por actividades ilegales con los sueldos públicos– el Gobierno Federal de Estados Unidos no parece tener proyecto alguno para acabar con la corrupción y el dispendio exagerado de fondos públicos en Puerto Rico, que es un territorio de su propiedad. O si alguno de los dos candidatos a futuro Presidente de Estados Unidos lo tiene en consideración, tal cosa NO se ha hecho pública.
Lo más grave del caso, desde el punto de vista de la democracia que podría haber en Puerto Rico es que ninguno de los partidos que ha competido en la “elección puertorriqueña” ha programado involucrar al Gobierno Federal en la persecución y castigo de la corrupción, sobre todo la que tiene que ver con los fondos públicos, no sólo los federales, sino también los que pagan los contribuyentes del País a las arcas de Hacienda. Sí se han investigado por los federales las trampas de ciudadanos con los fondos PUA para desempleo causado por la Pandemia, pero muy poco se ha hecho para intervenir con la corrupción en los fondos que han pagado los contribuyentes a Hacienda. El Presidente Donald Trump se ha referido con desprecio a la ineptitud y corrupción en los funcionarios públicos de Puerto Rico, pero no vemos acción concertada alguna para acabar con el desmadre que ha montado el PNP con los fondos públicos en un territorio no incorporado que los estadounidenses reclaman como de su propiedad. En algún punto, si todo esto es así, los puertorriqueños habrán de sentirse timados por el propio Gobierno Federal estadounidense.
No hay manera de que puedan poner como excusa que lo hacen para respetar la autonomía del ELA, precisamente porque la Ley Promesa acabó con ella en cuanto a la decisión final sobre las políticas fiscales. Y no olvidemos que quien tiene el control sobre la fiscalidad pública, lo tiene también sobre las políticas públicas, ya que toda política pública conlleva gastos de los fondos públicos. Sin embargo, los contratos jugosos y los sueldos astronómicos de la clase política siguen intocados por las autoridades federales.
Las advertencias de Jaresko están fraseadas de cierto modo que pudieran resultar en una situación de división y polarización en el Pueblo de Puerto Rico: un barranco que hay que evitar. La funcionaria ha dicho claramente que si se quieren mantener sin reducciones las pensiones del gobierno, dicho gobierno local tendrá que recurrir entonces a despedir empleados públicos o a reducir la nómina del Gobierno. Esto, por supuesto, más allá de lo ya recortado por el gobernador Luis Fortuño en el cuatrienio en que gobernó. En un país con la situación económica negativa de Puerto Rico, con el limitado poder de las empresas privadas existentes para crear empleos bien remunerados, y con las terribles desigualdades económicas que nos hemos permitido agravar, el planteamiento de Jaresko tiene el potencial de crear un conflicto polarizado entre los jóvenes del país –a quiénes también debemos ayudar a tener buenos empleos en Puerto Rico– y los adultos mayores que están por jubilarse si se abren ventanas para ello, e incluso también frente a los envejecidos y más vulnerables acogidos ya a sus jubilaciones luego de 30 y hasta 40 años de trabajo en agencias del Gobierno de Puerto Rico.
Un barranco social que debemos evitar
Es este el barranco por el cual no debemos ni podemos deslizarnos en una bochornosa polarización entre jóvenes y viejos. Entre empleados públicos y jubilados. No hay que tolerarle a Estados Unidos que exporte su clima de polarización política y social a Puerto Rico obligando al gobierno a escoger entre el empleo público y el mantenimiento de las pensiones, entre los puertorriqueños jóvenes y los ya viejos. Existen dos elementos que anuncian peligro de que tal cosa pueda ocurrir. Uno, viene cultivado por los propios partidos políticos puertorriqueños, sobre todo el PIP y Victoria Ciudadana, cuando han anunciado públicamente que su estrategia iba dirigida a los votantes jóvenes. “Los viejos no cuentan” es una frase que se ha escuchado de parte de militantes de ambas agrupaciones políticas alternativas al viejo bipartidismo en las redes sociales. No vamos a criticar aquí ni a inmiscuirnos en las estrategias políticas que siguen los diferentes partidos. Es una realidad comprobada que los electores más viejos y tradicionales suelen apuntalar al bipartidismo PPD-PNP. Pero si se va a hacer campaña dirigida a los jóvenes no hay por qué denostar el posible comportamiento político de los más viejos. Los viejos son tan ciudadanos como los jóvenes y tienen derecho a abstenerse de votar o de ir a votar por el PPD, PNP, PIP, Partido Dignidad o por Victoria Ciudadana, o por el candidato independiente, según lo crean más prudente. Por lo menos debía explicarse que la estrategia de apostar al voto joven –por parte de la agrupación política que hace tal apuesta– no significa para nada una intención de enfrentar a los jóvenes con los más viejos, ni mucho menos la inhumana actitud de clamar porque las necesidades de los más viejos no cuenten. Es muy lamentable y totalmente contrario al clima favorable a los derechos humanos de las democracias, las expresiones que a veces se han hecho en las redes sociales y otros medios en el sentido de que los más viejos ya vivieron, como si sus vidas importaran menos que las de los jóvenes.
Por lo tanto, es imperativo que los puertorriqueños, unidos como un solo ser humano, combatamos cualquier rebaja en las pensiones de los más vulnerables en el país por pagar una deuda no auditada, en muchos casos por pagarles a grupos millonarios del exterior, una deuda que el pueblo común no decidió y que fue obra combinada de nuestra clase política PPD-PNP y de las propias entidades prestamistas, que continuaron haciendo disponibles préstamos a nuestro Gobierno a pesar de su dudosa capacidad de pago. Esta unión puertorriqueña de personas de todas las edades, tanto de jóvenes como de maduros y de los ya jubilados, no sólo debe ser para defensa de las pensiones públicas de los más vulnerables sino también de las condiciones de pensión que se acuerden para los que hoy son más jóvenes. Por otra parte, la unidad nacional puertorriqueña debe darse no sólo para defender las pensiones de los empleados públicos sino también para defender el derecho a un empleo por parte de los ciudadanos más jóvenes. No queremos un país que sea “no country for old men” pero tampoco que sea “no country for young people”, como se ha dicho públicamente de España o de Italia por la escasez de empleos para los jóvenes. Tanto derecho tienen los unos como los otros. Y en ese sentido es que la lucha por el empleo o pensiones de las personas de todos los grupos de edad tiene que ser un planteamiento firmemente unido de todo el Pueblo.
Que la Junta Fiscalice también la corrupción: reclamo de todos los ciudadanos
El planteamiento de un Pueblo que realmente cree en la democracia y en la ausencia de corrupción en sus gobiernos tiene que ser que se pague la deuda que haya que pagar reduciendo los gastos superfluos del gobierno en dos renglones principales que tenemos pruebas de que han sido abultados por nuestras clases políticas. 1) Disminución en los sueldos astronómicos que se pagan en la legislatura de Puerto Rico y en todas las entidades gubernamentales del país, incluso los municipios. Sobre todo, de aquellos que no tienen funciones bien definidas ni efectivas; 2) Disminución de los contratos a compañías privadas que sean innecesarios para el buen funcionamiento del gobierno y de unas políticas públicas necesarias y razonables.
Lo señalado en el punto #2 implica eliminar de una vez por todas las “burbujas políticas” en las cuales diversos gobiernos han gastado excesivamente los fondos públicos en obras de lujo, faraónicas o innecesarias en el modo en que se construyen, sólo para beneficiar amistades de los políticos o donantes de los partidos con los contratos. ¡Basta ya de burbujas corruptas y de contratos innecesarios al sector privado como son los que se acuerdan con múltiples bufetes de abogados, a pesar de que la agencia que contrata tiene su propia oficina legal! Esos son los renglones que la Junta de Supervisión Fiscal debiera estar exigiendo reducir o eliminar para que nuestro gobierno esté en mejores condiciones para pagar a sus acreedores y proveedores de servicios. Ese es el tipo de “control fiscal de la corrupción que necesita el país”, no una lucha importada entre los jóvenes y los viejos como si unos tuvieran derechos y los otros no. No habla nada bien de ningún Pueblo o institución política que ponga en contraposición a los jóvenes contra los adultos y mayores. No puede haber clima para la democracia donde no se tiene como norte respetar los derechos humanos de todos.