La Rabia de Chile
Rabia invocó Homero -el poeta ciego- al cantar la historia de Aquiles, el guerrero que junto a los aqueos hizo arder Troya. Rabia es la que incendia las calles de Santiago de Chile desde el pasado 18 de octubre, y la chispa inicial fue el alza de 30 pesos en el pasaje del metro. Nuevamente fueron estudiantes quienes se atrevieron a dar el primer salto de una estampida exponencial de desobediencia civil que culminó con el Gobierno de Sebastián Piñera derrotado y anunciando un Plebiscito —para abril de 2020– donde se decidirá el mecanismo para elaborar una nueva constitución. Aunque nunca sabremos con certeza quien evadió primero, ya se instaló en el relato popular que esa primera persona bien podría haber sido una mujer.Chile ya tiene su propia bandera negra, la que representa a los millones de chilenos que formamos parte de un descontento social que tiene al presidente Sebastián Piñera -el quinto hombre más rico del país- liderando un gobierno ya derrotado y que después de un mes de protestas se vio obligado a anunciar un Plebiscito para cambiar la constitución. Pero la calle pide más.
Lamentablemente este alzamiento costó la vida de 22 personas y resultó con por lo menos 2,200 heridos. Dentro de las lesiones, hubo más de 200 casos de traumas oculares causados por el impacto de balines de goma, perdigones o bombas lacrimógenas. ¿Será uno de esos heridos, quien cante en el futuro —igual que el poeta griego— la épica de esta rabiosa revolución? ¿Formará parte de los cientos de miles de estudiantes endeudados por el lucrativo sistema chileno de educación?
En medio del caos y contradicciones de esta revuelta, hubo poco tiempo para dar explicaciones, porque no era momento de palabras, sino de actuar y tomarse la calle con barricadas improvisadas para resistir a pedradas y molotovs los disparos y embistes de las Fuerzas Especiales, entrenadas para el choque, para desarmar, dispersar, detener; y en secreto, perseguir y torturar. Fue en medio de este levantamiento sorpresivo que se esgrimió uno de los primeros eslóganes, “No son 30 pesos, son 30 años”, una pedrada precisa contra la vitrina del oasis económico que Chile quería presentar y que responde —desde la urgente barricada— la incógnita de tanta gente, que al ver arder Santiago se preguntaba ¿por qué?
Claro como el agua
Pero treinta años de qué. De una sociedad abierta sin limitaciones a las leyes del mercado, cuyas bases de economía liberal se establecieron durante los 17 años de dictadura militar de Augusto Pinochet y se fue consolidando en las siguientes tres décadas de democracia, con los gobiernos de Patricio Aylwin, Eduardo Frei, Ricardo Lagos, Michelle Bachelet y finalmente Sebastián Piñera. Los últimos dos gobernantes fueron re-electos de forma intercalada. Este es el famoso “milagro de Chile” que acuñó el economista estadounidense Milton Friedman para referirse a las reformas de liberalización económica que se incorporaron al país. Pero el espejismo del milagro se dispersa fácilmente al saber que el sueldo mínimo en Chile es de 301.000 pesos (US$423), y termina de difuminarse con las cifras del Instituto Nacional de Estadística, que aseguran la mitad del país vive con un sueldo igual o inferior a 400.000 pesos (US$562) al mes.
Considerando lo vital que es el agua para la existencia humana —“sin agua no hay vida” dice la sabiduría popular— su privatización gráfica con elocuencia la entrega total del modelo económico chileno a la premisa de que el mercado debe mandar, siempre. La confianza ciega en el mercado ha hecho que Chile sea el único país del mundo donde el agua está 100% en manos de privados. Indignante es saber que los “dueños” iniciales de estas aguas, no tuvieron la necesidad de comprarlas; les bastó ser cercanos al régimen militar y a sus ideólogos económicos — Los Chicago Boys para enterarse de esos derechos se abrirían por ley a un proceso de adjudicación, y que solo requería demostrar legalmente la necesidad de acceder a ellos. Por eso nunca pagaron directamente por el agua, solo contrataron abogados que les facilitaron la tramitación legal de esta propiedad vital. Tampoco hubo una libre competencia inicial que garantizara el acceso equitativo a esta información.
En un segundo paso, los dueños de los derechos de agua, revendieron estos títulos en cifras millonarias a las mineras, hidroeléctricas, sanitarias y agrícolas que se instalaron en la región, convirtiéndose en accionistas de estas industrias de la noche a la mañana, gracias al acceso privilegiado a la información. Los detalles de este proceso están investigados ya en detalle por el periodista Alberto Arellano, de CIPER Chile, quien constató el hecho en el reportaje Cómo se fraguó la insólita legislación que tiene a Chile al borde del colapso hídrico. Tristemente este documentado reportaje —publicado en el año 2013— no logró revertir el lucrativo negocio del agua en Chile, y seis años después, al amparo de la actual legislación, el país enfrenta la peor sequía de su historia. Rabia.
No + AFP
Otro ejemplo son los fondos de pensiones chilenos, aquellos donde todos ahorramos el dinero para nuestra jubilación. Esos fondos también están —por ley— en manos de entes privados (AFP), que invierten y multiplican ese gran pozo de efectivo (evaluado a 2016 en US$171.089 millones), generando para su directorio y accionistas abultadas utilidades mientras le cobran a los pensionados hasta un 2% de comisión. Sólo un ejemplo es el alza de 70,26% que registraron las utilidades de las AFP durante los primeros nueve meses de este año, totalizando en US$551 millones.
Quizás ese negocio altamente lucrativo pudiera ser aceptado si el sistema cumpliera su promesa inicial de entregar pensiones cercanas al 70% respecto a los salarios percibidos en la vida laboral. Pero en realidad, al momento de jubilar (65 años), la pensión promedio de los trabajadores no llega ni a un tercio de lo que percibieron durante su vida activa. Según un cálculo difundido en mayo de este año, la pensión promedio sería de $259.000 pesos chilenos, unos US$371 según el dólar observado de mayo. El resultado es una masa enorme de personas de la tercera edad que tiene que seguir trabajando porque la pensión que reciben no les alcanza para vivir. O peor aún, ancianos que ya no pueden trabajar y terminan viviendo en la indigencia —o suicidándose— porque son un estorbo para la sociedad.
En síntesis, este mecanismo, amparado por las leyes chilenas, permite que ciudadanos ricos e influyentes aumenten su capital utilizando el dinero del ciudadano común, a quien —en recompensa—le cobran comisión y le entregan de vuelta una pensión miserable. Coincidencia o no, el ideólogo de este sistema —alabado por EE.UU. y exportado a una decena de países— es el economista José Piñera, hermano del actual Presidente de la nación. Más rabia aún.
Hordas de rabia
Pero la rabia no queda solo ahí. Hemos visto con desencanto e impotencia un desfile de delitos y crímenes perpetrados por la clase política, por las élites económicas, por las Fuerzas Armadas y Carabineros, la mayoría de ellos finalizando con la impunidad de sus responsables, que libran con multas o clases de ética, lo que el pueblo pagaría con cárcel. La lista de colusiones, coimas, evasiones y montajes es tan larga durante los últimos treinta años, que explicar los detalles de cada una requeriría de un libro. Uno de los más emblemáticos es el Caso SQM, que involucró prácticamente a todo el espectro político, con 180 formalizados, quienes fueron financiados ilegalmente por SQM, empresa controlada por Julio Ponce Lerou, ex yerno de Augusto Pinochet. Coincidentemente, gracias al boom del litio, Ponce Lerou se ha convertido en el hombre con la mayor fortuna de Chile según el último ranking Forbes. Le sigue el Caso Penta, que destapó los mecanismos que utilizaba la empresa de Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín para para financiar a políticos. El Caso Caval, en tanto, involucró al hijo de la entonces Presidenta Michelle Bachelet en tráfico de influencias. La Ley Longueira, es una ley de Pesca impulsada por el parlamentario Pablo Longeira —ex ministro de economía de Sebastián Piñera— quien habría incorporado cambios en esa legislación para beneficiar a Corpesca, empresa pesquera del grupo Angelini. La Colusión de los Pollos, donde los principales productores avícolas acordaron tácitamente sus precios de mercado; la Colusión del Confor que infló los precios del papel tissue en Chile; la Colusión de las Farmacias que elevó los precios de los medicamentos en Chile con cuantiosas ganancias. En cuanto a las Fuerzas Armadas, está el Milicogate, un caso de fraude y desviación de fondos públicos de la Ley Reservada del Cobre perpetrado por miembros de las Fuerzas Armadas de Chile. También está el Pacogate, un caso de malversación de caudales públicos, realizado por miembros de Carabineros de Chile, que comenzó a ser investigado en 2016 y aún está en proceso.
Marichiweu
El 14 de noviembre del año pasado, Camilo Catrillanca, mapuche de 24 años, murió en un operativo policial en la comunidad de Temucuicui, en el sur de Chile, con un disparo perpetrado por un comando de Fuerzas Especiales de la Policía. Los efectivos ocultaron las grabaciones que evidenciaban que el joven fue abatido por la espalda, desarmado y sin mediar provocación, mientras conducía un tractor junto a un menor de 15 años.
El homicidio de Catrillanca conmocionó a todo Chile y fue la noticia final que ayudó a confirmar oficialmente lo que ya se rumoraba: que la institución de Carabineros, a través de sus Fuerzas Especiales, mantenía a las comunidades Mapuche bajo constante estado de acoso y hostigamiento. Entre las prácticas comunes estaba realizar montajes, como lo reveló la Operación Huracán, un investigativo policial que en septiembre de 2017 condujo a la detención de ocho mapuches supuestamente involucrados en una asociación ilícita terrorista en el sur de Chile. Pero una serie de pericias técnicas permitieron demostrar que la Unidad de Inteligencia Operativa Especial de Carabineros había manipulado las pruebas que incriminaban a los detenidos; entre ellas estaba la intervención fraudulenta de mensajes en teléfonos celulares.
Finalmente, cuando se inició el estallido social en Chile, las millones de personas que salimos a las calles a manifestarnos nos dimos cuenta que estaban usando contra nosotros el mismo armamento —tanquetas, gas pimienta, escopetas de perdigones, balas de goma y lanza lacrimógenas—que las comunidades mapuche venían resistiendo durante décadas. Así, bajo el fuego de las mismas armas, el grito de la resistencia Mapuche, “¡Marichiweu!” (diez veces venceremos) se convierte, inevitablemente, en un llamado de aguante popular. Esta sincronía coincide con el primer aniversario de la muerte de Catrillanca; ya que el 14 de noviembre, el Gobierno derrotado de Sebastián Piñera, se rindió después de 28 días a un plebiscito vinculante para iniciar el proceso hacia una nueva constitución.