La razón está en la calle (a propósito del 1 de mayo de 2018)
¿Estará justificado este rechazo de la austeridad? ¿Será correcto este juicio de que la deuda es insostenible? ¿Serán ejemplos de ceguera y negación de la realidad? ¿O serán los críticos de las protestas los que quizás padecen de la ceguera que les atribuyen a las protestas? Para dilucidar esto conviene examinar un interesante estudio preparado por Joseph E. Stiglitz, Pablo Gluzmann y Martin Guzman. El estudio se llama “An analysis of Puerto Rico’s debt relief needs to restore debt sustainability” y se publicó en enero 2018.[1] Stiglitz es el antiguo economista en jefe del Banco Mundial, autor de obras sobre economía tremendamente influyentes, en fin, uno de los economistas más conocidos en el mundo. Guzman es investigador asociado en la Business School de la Universidad de Columbia y profesor de economía en la Universidad de Buenos Aires, y especialista en el problema de la deuda. Gluzmann es miembro de la facultad de la Universidad Nacional de la Plata, también asociado al Centro de Investigaciones Científicas y Técnicas en Argentina. Las conclusiones del estudio se pueden resumir como sigue:
- La deuda de Puerto Rico es insostenible. Aun si se cumplen con las expectativas del Plan fiscal de diez años aprobado por la JCF en 2017, Puerto Rico tendría que lograr un excedente fiscal de 3.5% al 7.45% del PNB a partir de 2017 por tiempo indefinido para cumplir con sus obligaciones. Esto es difícil de lograr en cualquier país. En Puerto Rico es imposible, a menos que se reduzca la población a un nivel de miseria extrema.
- La política de austeridad dirigida a solucionar la crisis fiscal tiene un efecto depresivo en la economía. Es decir, profundiza la crisis económica y, por tanto, limita los recaudos del gobierno. A la larga, ni se soluciona la crisis fiscal, ni se reduce la deuda en relación con el PNB. Las políticas de austeridad son, por tanto, contraproducentes, además de ser injustas socialmente.
Por supuesto, estas conclusiones no deben sorprendernos. Para no ir más allá, el que escribe y la organización a la que pertenece hemos planteado desde enero de 2014 que la deuda es insostenible y que la austeridad es injusta y regresiva.[2] Pero el autor no es economista y se le asocia con la izquierda revoltosa: es bueno que esto también lo digan respetados economistas no vinculados al alegado fanatismo izquierdista (o más recientemente «populista», descripción favorita de economistas derechistas del patio y apologistas de la JCF como Gustavo Vélez).
Ante la situación descrita (la deuda insostenible y el efecto depresivo de la austeridad) ¿qué proponen Stiglitz, Gluzmann y Guzman? Según ellos, es necesario limitar las medidas de austeridad, así como generar recursos para estimular la recuperación económica. Para lograr eso y un nivel de deuda sostenible es necesario una reducción de la deuda de un 46% al 72%, en lo que se refiere a la deuda de $51 mil millones que entra en los cálculos de la JCF. Si se toma en cuenta el monto total de la deuda de $72 mil millones, la reducción debe ser de al menos 62% y quizás deba alcanzar 80% (p. 51).
Al publicar su estudio, los autores advirtieron que sus conclusiones se formularon antes del paso del Huracán María y que su impacto de seguro supondría revisar sus conclusiones, aumentando la porción de la deuda que se debería cancelar. Posteriormente uno de los autores, Martin Guzman, dirigió una carta a la JCF en la que indicaba su nueva posición: la deuda existente tendría que cancelarse en su totalidad. (Joanisabel González, “Paying bondholders is not viable”, Nuevo Día, English version, December 12, 2017. Ver también Martin Guzman, “Down for the Count”, April 27, 2018[3]). El destacado economista Juan Lara, igualmente exento de conexiones con la izquierda radical, socialista o supuestamente «populista» también asumió esa posición, al plantear que lo que llamó la «deuda vieja» tendría que cancelarse.[4] Así que ahí lo tenemos de la pluma de destacados y respetados economistas: la deuda es insostenible, la austeridad es contraproducente, la deuda debe cancelarse en su totalidad. (Por nuestro lado, planteamos esa conclusión en 80 grados en nuestro primer escrito luego del paso de María[5]).
Pero esto, precisamente, y punto por punto, es lo que plantea la protesta y lo que plantearon las actividades del Primero de mayo: la deuda es insostenible, la austeridad es injusta y contraproducente. La deuda hay que cancelarla, la austeridad hay que detenerla. Lejos de marchar ciegamente marcharon muy esclarecidamente. Lejos de negar la realidad, señalaban la realidad según descrita por economistas como Stiglitz y sus colaboradores. Por eso decíamos en varios tweets como parte de los debates suscitados por el Primero de mayo: la razón está en la calle.
La ceguera, en todo caso, está del lado de los bonistas, y de los que adoptan su punto de vista, conciente o inconscientemente. El bonista quiere cobrar, o, al menos, cobrar lo más posible. La idea de que la deuda sea insostenible, por correcta que sea, le repugna. La austeridad, por contraproducente que sea, le parece justa y lógica. No entiende algunas cosas porque no le conviene entenderlas. Esto ya lo planteamos en 2014: Puerto Rico no puede pagar la deuda si no crece económicamente, pero no puede crecer agobiado por esa deuda. Por tanto, la deuda es insostenible y, concluíamos en aquel momento, hay que renegociarla. Al pretender el pago de la deuda los bonistas tan solo prolongarían la crisis, y empujarían a Puerto Rico al impago. Estaban estrangulando a Puerto Rico y se estrangulaban a sí mismos. Nos conducirían a la miseria, con tal de cobrar una fracción de la deuda. Los que ahora dicen que la protesta es ciega no hacen otra cosa que adoptar la perspectiva del bonista, o más bien, la ceguera del bonista, interesado en no reconocer que la deuda es insostenible y que la austeridad es recesiva y contraproducente.
De hecho, que la JCF haya recurrido al Tribunal, acogiéndose al Título III de PROMESA es un reconocimiento de que la deuda no puede pagarse en los términos que se contrajo y que tendrá que renegociarse. Lo que ahora está en juego no es si se renegocia o recorta, sino cuánto y cómo se recorta, o, lo que es igual, cuánto, cuándo y a quién se paga y, por otro lado, a costa de cuáles y cuántos sacrificios y empobrecimiento en Puerto Rico se paga lo que se vaya a pagar. Los que tanto critican y desalientan la protesta no hacen otra cosa que favorecer el mayor pago a los bonistas a costa del máximo sacrifico nuestro.
En su artículo, Stiglitz, Gluzmann y Guzman también atienden otros argumentos que a menudo aparecen cuando se quiere desdeñar las protestas por su alegada irresponsabilidad, simplismo o falta de realismo.
Se plantea, por ejemplo, que los contratos son sagrados y deben honrarse. Esto es una manera de evadir la realidad de que algunas deudas son insostenibles y la austeridad destructiva.
Se dice que si no se paga la deuda no se podrá «regresar a los mercados» ni tomar prestado en el futuro. Pero la disposición a prestar dependerá de la estimación de la capacidad de repago: la austeridad para pagar la deuda prolonga la crisis y asegura que esa capacidad de repago sea muy baja y dudosa. Si el objetivo es regresar a los mercados, dicen Stiglitz y sus coautores, hay que liberar al país de la deuda que impide retomar el crecimiento.
Se habla también de que cancelar o recortar la deuda afectaría negativamente a los bonistas criollos. Los autores reconocen que esto tendría un efecto negativo en la economía, pero que mucho más negativo sería no ajustar la deuda y continuar la austeridad con tal de pagar la primera. De nuevo la razón está del lado de los que plantean cancelar la deuda, no de los que les acusan de ceguera: la razón, repito, está en la calle. (Por otro lado, hemos hecho propuestas para aliviar el impacto a acreedores de interés social o los que realmente sean pequeños inversionistas.)
Ya que a los que protestamos y marchamos se nos acusa de ceguera, conviene ver si los hechos han confirmado o rebatido nuestros planteamientos.
A principios de 2014, planteamos que la deuda era insostenible y que el impago era inevitable. Una vez el Gobernador García Padilla reconoció a mediados de 2015 que la deuda era insostenible (confirmando la primera apreciación), indicamos que los bonistas no llegarían a un acuerdo voluntario satisfactorio, como él pretendía, lo cual se confirmó rápidamente. Advertimos que, sin acción afirmativa del gobierno de Puerto Rico, que incluyera una auditoría de la deuda y una oportuna suspensión de pago, los bonistas no negociarían y el Congreso terminaría por tomar acción tardía y contraria a los intereses del país. Señalamos que PROMESA y la JCF (cuya aprobación y creación confirmaron el señalamiento anterior), además de ser una legislación y una estructura antidemocrática y colonial, tendría como agenda imponer una política de austeridad injusta y contraproducente, que es lo que estamos viviendo.
Decir esto no es reclamar especial clarividencia. Basta con leer un poco sobre la experiencia en otras economías en situaciones similares para tener una idea de las opciones que enfrentamos y sus posibles consecuencias (en mi próximo artículo haré una reseña del reciente libro de Yanis Varoufakis sobre su experiencia como ministro de finanzas de Grecia en 2015 y de sus críticos, un debate rico en lecciones para nuestro caso).
Nosotros y otras organizaciones, claro está, además de plantear que la deuda era insostenible, insistimos que buena parte puede ser ilegal, inconstitucional, odiosa e ilegítima y que, por tanto, debía (y debe) someterse a una auditoría ciudadana. Esto no solo puede educarnos sobre la naturaleza de la deuda, su origen y utilización, también es un arma adicional en la lucha por la renegociación o la cancelación.
Por otro lado, se critica que el discurso de las protestas y sus promotores es simplista, pues supuestamente afirma que basta con revocar PROMESA o cancelar la deuda para resolver los problemas del país. La cosa no es tan sencilla, se nos alecciona. Solo podemos decir: de acuerdo. Sobre esto, Stiglitz y sus colaboradores plantean: ciertamente no basta con reducir o cancelar la deuda, es necesario un nuevo proyecto de desarrollo económico. Pero añaden que liberarnos de la deuda es el primer paso, absolutamente indispensable, para que tal proyecto pueda materializarse. La cancelación no es suficiente, pero es necesaria. Desde ese ángulo, la protesta contra la austeridad para pagar una deuda insostenible está trabajando a favor de ese primer paso indispensable.
Además, la protesta no se limita a esas exigencias. Desde 2012, por no ir más atrás, hemos planteado en decenas de intervenciones que más allá de la crisis de la deuda se encuentra la crisis económica y detrás de la crisis económica se encuentra el agotamiento de la política de exención contributiva, eje de la estrategia de desarrollo del gobierno desde hace setenta años. Agotamiento del cual el Congreso es, al menos en parte, responsable, al eliminar la sección 936 (de por sí insuficiente y repleta de problemas) sin proveer mecanismos alternos de desarrollo económico. Como destacamos en infinidad de ocasiones, entre 1996 y 2016 se perdieron más de la mitad de los empleos en la manufactura. Por tanto, de nada o de poco sirve atender el problema de la deuda si a la vez no se atiende el problema económico más amplio, y la necesidad, entre otras cosas de revisar esa política de exención contributiva.
Sobre este tema también ha circulado un estudio de 2016 de los economistas José Caraballo Cueto y Juan Lara, titulado “From deinsdustrialization to unsustainable debt: the case of Puerto Rico” (October 2016)[6]. Los hallazgos son interesantes. La crisis de la deuda no se debe a la corrupción (que existe), ni al gigantismo gubernamental (que no existe) sino al hecho de que la economía de Puerto Rico creció a un paso cada vez más lento desde finales de la década de 1990 y dejó de crecer a partir de 2006. Los autores vinculan ese estancamiento al colapso del sector de la manufactura y atan el colapso de la manufactura a la eliminación de la sección 936 entre 1996 y 2006. Es lo que hemos indicado desde hace tiempo: en tres momentos el gobierno recibió un claro anuncio de que era necesario cambiar su política económica: luego de la recesión de mediados de la década de 1970; luego de la revocación de la Sección 936 en 1996 y luego de completarse el phase out de dicha Sección en 2006. Pero con el argumento repetido por muchos (hasta hoy) de que no se pueden revisar las exenciones pues las compañías se van, el gobierno siguió con su paso de zombi hacia el desastre.[7]
Decir que no podemos lograr nada, que no es posible afectar lo que decida la jueza Taylor Swain, o las acciones del Congreso, o las movidas de los acreedores es sencillamente falso: toda la historia de las luchas sociales, del activismo y las movilizaciones que han logrado modificaciones en las políticas de las instituciones gobernantes son evidencias contra ese llamado a la sumisión y al fatalismo.
Vamos a resumir algunas de las propuestas que circulamos el Primero de mayo:
Reiniciar la auditoría y exigir la anulación de la deuda bajo la doctrina de cambio de circunstancia y estado de necesidad. Esa deuda ya era insostenible antes de María; cobrarla ahora sería criminal.
Exigir una aportación federal significativa para la reconstrucción. Sería justa compensación por una relación colonial, perpetuada por el Congreso, de cuyo impacto (pobreza, desempleo masivo, sobreendeudamiento, etc.) es, por tanto, responsable, y por medidas (como la reciente reforma contributiva federal) que nos afectan negativamente. Esto debe incluir fondos para la rápida transición a la energía renovable. Las propuestas del Senador Sanders, aunque insuficientes, son un buen punto de partida.
Necesitamos una reforma contributiva que recupere la riqueza que hoy se fuga y la que se acumula en pocas manos y se invierte especulativa o improductivamente.
Necesitamos un plan de reconstrucción asentado en los fondos liberados por la anulación de la deuda, aportaciones federales, recuperación de ganancias que se fugan y nuevas inversiones externas sujetas a prioridades que convengan a nuestro desarrollo.
En lugar de la privatización, necesitamos una reforma gubernamental con participación laboral y ciudadana. El problema no es la propiedad pública, es la mala y corrupta administración de lo público.
Hay que detener las injustas y contraproducentes medidas de austeridad.
Si se miran estas propuestas desde el punto de vista de los bonistas sin duda se presentan como irreales: pero el punto de vista de los bonistas no tiene que ver con la realidad sino con sus intereses. Estas propuestas parten de la realidad de una deuda insostenible y de la naturaleza injusta y contraproducente de las políticas de austeridad. No hay duda de que lograr esto exige movilización y la búsqueda de aliados. Los aliados existen. Como hemos señalado anteriormente, el tipo de medida que planteamos es afín a los que movimientos sociales y laborales plantean en Estados Unidos para sus comunidades. Tenemos que conectar nuestras iniciativas a las suyas.[8] Es una agenda ardua y compleja, pero no quepa duda de que es lo que la realidad exige.
Quisiera dedicar este escrito a las compañeras y compañeros arrestados y lastimados como resultado de su participación de las actividades del Primero de mayo recién celebradas.
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[1] http://espaciosabiertos.org/wp-content/uploads/2018/01/Final-Report-DSA-2018.01.pdf
[2] “Contra la resignación” y “Puerto Rico no es chatarra”, Nuevo Día, 9/1/14 y 4/2/14. Ver también “El régimen de los acreedores y la crisis de la deuda: aspectos del contexto general y el caso de Puerto Rico (2014-16)” Revista Jurídica de la UPR, Vol. 85, núm. 3 (2016) y http://revistajuridica.uprrp.edu/volumenes/revista-juridica-upr/volumen-85-num-3/.
[3] http://www.milkenreview.org/articles/down-for-the-count
[4] Juan Lara, “Nueva promesa para Puerto Rico”, El Nuevo Día, 4/11/17.
[5] “Algunas lecciones del huracán” (6/10/17) en http://www.80grados.net/programa-y-tareas-para-la-reconstruccion-de-puerto-rico/
[6]https://www.researchgate.net/publication/309736965_From_deindustrialization_to_unsustainable_debt_The_Case_of_Puerto_Rico
[7] Sobre el origen de la crisis de la deuda ver, entro otros: “Detrás de la crisis de la deuda” (Julio 2015) http://www.cadtm.org/Detras-de-las-crisis-de-la-deuda y “El régimen de los acreedores y la crisis de la deuda” (21/8/15) en http://www.80grados.net/el-regimen-de-los-acreedores-y-la-crisis-de-la-deuda/.
[8] Intentamos aportar en esa dirección con “Carta abierta al pueblo de Estados Unidos”, junto a Manuel Rodríguez (originalmente en inglés). Versión en español aquí http://www.80grados.net/carta-abierta-al-pueblo-de-estados-unidos-desde-puerto-rico-un-mes-despues-del-huracan-maria/