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La UPR ante la crisis fiscal del Estado y el proyecto neoliberal


fot por Gazir Sued

La falta de garantías constitucionales que protejan la autonomía fiscal de la Universidad de Puerto Rico de presiones externas e influencias indebidas, como intereses privados e injerencias político-partidistas, ha afectado históricamente el desarrollo institucional de su misión social. Además de la insuficiencia de los garantes de control interno sobre sus recursos económicos, la falta de mecanismos de financiamiento seguro incide directamente sobre el orden de prioridades en la dimensión académica e investigativa, así como sobre los servicios que ofrece o debería ofrecer al pueblo de Puerto Rico. Esta situación de relativa fragilidad e incertidumbre financiera se ha agravado progresivamente desde los años 90, principalmente por la preeminencia de la ideología neoliberal sobre todas las dimensiones administrativas de los sistemas de educación pública en el país.

Desde inicios del siglo XXI ya eran objeto de serias preocupaciones los efectos acumulados de la deuda “pública”. Estos despuntaron a partir de 2006, reconociéndose de manera generalizada -si no el fracaso del modelo económico de Puerto Rico- la inefectividad e insuficiencia de las medidas cautelares del Gobierno para paliar la inminente crisis fiscal. Aunque desde el año fiscal 2002-2003 al año fiscal 2005-2006 la UPR había hecho ajustes en su orden interior, que suponían una “economía” de $47.3 millones, la Cámara de Representantes presentó un proyecto de ley para congelar la fórmula de sus ingresos, acarreando una reducción de $37 millones a su presupuesto. La alta gerencia institucional y el sector claustral objetaron la medida legislativa y denunciaron su impacto adverso sobre la institución y el proyecto de educación pública superior en Puerto Rico. No obstante, el presupuesto de la UPR para el año fiscal 2008-2009 se habría reducido en sobre $100 millones, y un influyente sector del cuerpo legislativo insistía en disminuir aún más los ingresos del sistema universitario.

La fragilidad de la autonomía fiscal de la UPR relucía entre los juegos de poder político-partidistas y el presupuesto institucional seguía siendo objeto maleable por el orden de prioridades administrativas de los gobiernos de turno; en ocasiones impuestas contra los intereses de la comunidad universitaria y la misión social de la Universidad, en otras con armonía.

A consecuencia de la crisis fiscal del Gobierno de Puerto Rico, desde 2009 la Universidad de Puerto Rico fue objeto de mayores “medidas cautelares” (reformas estructurales y ajustes fiscales), incluyendo la congelación de la fórmula para su financiamiento. A pesar de haber reactivado la fórmula del 9.6% en 2013, en 2014 la legislatura la congeló hasta 2017, lo que implicó recortes ascendentes a más de $100 millones anuales. No obstante el cúmulo de estos recortes, la institución no reportó déficit operacional.

A inicios de febrero de 2016, la Association of Governing Boards of Universities and Colleges (AGB, por sus siglas en inglés) sometió un informe comisionado por la Junta de Gobierno de la UPR en el que, atendiendo las “dificultades financieras” del país, “recomendó” cambios en la estructura y política administrativa de la Universidad de Puerto Rico. En su informe, reconoció que la alta gerencia institucional ya había implementado cambios dirigidos a viabilizar el sostenimiento fiscal de la UPR en el contexto de la crisis económica, pero la dependencia de la institución en fondos estatales era insostenible y los cambios hechos hasta la fecha eran insuficientes para lograr su “autosuficiencia”. Desde la óptica neoliberal de la AGB, el liderato político puertorriqueño de los dos partidos que se han alternado el poder del gobierno, ha sido históricamente “generoso” con la Universidad, pero en la actualidad el Gobierno no está en la posición de mantener “the historic level of finances…”

Para este organismo asesor todo el sistema universitario debía reorganizarse en todas sus dimensiones para ajustarse a las condiciones de la crisis económica. Entre los objetivos centrales de las reformas propuestas, la AGB destacó hacer más efectiva la gobernanza institucional en acorde a los requerimientos de “competitividad” en el mercado; y sus administradores de alto rango debían actuar más como “oficiales ejecutivos” de una empresa comercial que como académicos. Desde la perspectiva neoliberal de la AGB, los principios cardinales sobre los que se asienta la educación pública y a los que responde la misión de la Universidad de Puerto Rico son quimeras del pasado, y la realidad del presente demanda restablecer el orden de prioridades. La educación, en este sentido, debía considerarse como un negocio y, como tal, estar sujeto a las demandas del mercado; no como un proyecto político-social del país. La reducción del presupuesto institucional derivado de los ingresos del Estado, aumentos en costos de matrícula estudiantil, despidos de personal y eliminación de ofertas académicas fueron algunas de las “recomendaciones” de la AGB:

“Reductions are inevitable, whether they are based on sound reasoning or simply across the board, or opportunistic; these are choices for the board to make.”

La AGB advirtió en su informe que los cambios propuestos requerían ajustes “dolorosos” y que era previsible que ocasionarían “molestias” entre la comunidad universitaria.

“Historically, academic culture has promoted rhetoric over action, a pattern that was acceptable when resources flowed more readily. Today’s environment will not allow endless conversation and criticism of alternatives to stymie action. Those unwilling to engage in this difficult process of change stand in the way of progress.”

Aunque su aseveración no es del todo falsa en cuanto al tiempo que desperdicia la comunidad académica en juegos de palabras y simulacros de acciones democráticas, entre líneas se puede leer con claridad el desprecio del proyecto neoliberal hacia el sentir de la comunidad universitaria. Este le es inconsecuente. Del mismo modo, los ideales que dan razón de ser a la Universidad como proyecto político-social para el bien común le son irrelevantes, porque responden al pasado y entorpecen el “progreso” hacia el futuro.

Según la AGB, en una era que requiere “unpopular and painful change”, los conflictos de intereses entre los diversos sectores universitarios dificultan las posibilidades de consensos sobre cursos de acción; y, del mismo modo, la injerencia político-partidista sobre el gobierno institucional y la predisposición (“willingness”) de los estudiantes “to disrupt the university rather than find means of influencing decisions more constructively.” Para contrarrestar las resistencias a los cambios, la AGB insistió en el imperativo de “reformar” las prácticas de gobernanza institucional; e instó a sus cuerpos directivos de alta jerarquía a promover simulacros de participación y diálogo democrático previos a la imposición autocrática de sus mandatos:

“…the board should expect pushback and criticism from those whose lives and interests are affected by the changes. Opposition to any material change is predictable and inevitable. The board is encouraged to listen patiently and respectfully to critics, then proceed with the reforms that are necessary…”

Aunque la gestión administrativa de la UPR ha estado moldeada por la ideología neoliberal durante décadas, y algunas recomendaciones de la AGB ya habían sido implementadas con anterioridad, el progresivo acumulamiento de la deuda pública y el consecuente agravamiento de la crisis fiscal del Estado darían paso a una política gubernamental de disminución de subsidios e imposición de recortes millonarios adicionales al presupuesto institucional por decreto legislativo del Congreso de los Estados Unidos.

A finales de marzo de 2016, la alta jerarquía de la Universidad de Puerto Rico se expresó públicamente sobre la inminente imposición congresional de una junta de control fiscal con poderes irrestrictos sobre la institución. Previniendo mayores recortes al presupuesto de la Universidad por decreto impositivo, el presidente y los rectores declararon que “la educación es uno de los pilares de la democracia”; asumieron postura: “rechazamos enérgicamente cualquier injerencia en la autonomía universitaria y mayores recortes presupuestarios a la Universidad de Puerto Rico”; e hicieron un llamado a la comunidad universitaria y al pueblo puertorriqueño a protegerla y defenderla.

En junio de 2016 la ley PROMESA fue aprobada y, como era previsible para el resto de las entidades gubernamentales, la UPR también quedó bajo la jurisdicción de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF). Consecuentes con la postura pública de los rectores del sistema universitario, los cuerpos académicos institucionales también expresaron sus reservas críticas sobre la injerencia de la legislación federal y la JSF en la UPR. El Senado Académico del Recinto de Río Piedras, por ejemplo, concluyó que la ley PROMESA “es un atentado a la autonomía académica, fiscal y administrativa de la UPR” y resolvió exigir una auditoría forense de la deuda pública.

En acorde, el Senado Académico aprobó una propuesta de enmienda constitucional “para proteger la autonomía universitaria.” Su fundamento jurídico se basó en las jurisprudencias de Estados Unidos y Puerto Rico, que “reconocen la raíz constitucional de la libertad académica en las instituciones universitarias.” Este cuerpo institucional reconoció que la imposición de la ley PROMESA alteró el ordenamiento jurídico-legal de Puerto Rico, y que esta no solo “entraña un secuestro radical de la autonomía fiscal y administrativa de la Universidad” sino que, además, acarrea efectos “indirectos” sobre su autonomía académica, pues también delimita y orienta el orden de prioridades institucionales.

Aunque a inicios de julio del mismo año la Junta de Gobierno de la UPR retiró la confianza y destituyó al presidente de la UPR, para el mes de diciembre el gobierno institucional había aprobado su plan administrativo 2017-2022. No obstante, el mismo no cumplía con las expectativas de ajustes presupuestarios y recortes fiscales demandados por la JSF.

A inicios de 2017, los cuerpos académicos institucionales de la UPR ratificaron sus demandas de respeto a la autonomía fiscal y administrativa, esta vez frente a los poderes gubernamentales y legislativos. El Senado Académico de Río Piedras, por ejemplo, insistió en que el entonces todavía proyecto de ley 451 (Ley Núm. 3) constituía una violación a la autonomía universitaria al imponer influencias y presiones políticas y financieras externas.

En este contexto, la presidenta interina y los rectores de la UPR renunciaron a sus puestos. Sus motivaciones, sin embargo, eran inciertas y cuestionables. No obstante, en declaraciones públicas, la presidenta saliente expresó su rechazo a “las intenciones del gobierno de reducir en $300 millones el presupuesto de la UPR” y, del mismo modo, expresaron los rectores renunciantes:

“…rechazamos la exigencia de recortar $300 millones al presupuesto de la Universidad sin que se explique cuál es la lógica de esa cifra y por qué resulta inapelable. (…) Imponer festinadamente una cifra sin la menor idea de sus consecuencias es improcedente. (…) Repudiamos la insistencia de pagar la deuda pública a expensas de la Universidad.”

El representante del gobernador ante la JSF, reprochó públicamente la falta de cooperación de los directivos de la UPR “en la confección del plan fiscal solicitado por el organismo que controla las finanzas del País”; y recordó el poder legal del Gobernador para “destituir miembros de las juntas de gobierno de corporaciones públicas y de la UPR que no estén actuando de acuerdo a la política fiscal del gobierno.” El gobernador, por su parte, insistió en que el plan fiscal de la UPR debía responder a la demanda de recortes de $300 millones de acuerdo con las directrices de la JSF.

La Junta de Gobierno de la UPR designó una nueva presidenta interina, que de inmediato también expresó su rechazo al monto del recorte presupuestario impuesto por la JSF y el Gobierno de Puerto Rico. En su lugar, ratificó el plan fiscal de recortes que ascendían, hasta mediados de febrero de 2017, a $150 millones.

A pesar de las reservas críticas de la administración universitaria y de su sostenida indisposición a suscribir incondicionalmente la demanda de recortes de la JSF y del Gobierno de Puerto Rico, el plan fiscal propuesto por la alta gerencia de la UPR también estaba enmarcado en la misma ideología neoliberal. La falta de transparencia y la ausencia de razones que justificaran el monto de los recortes impuestos por la JSF y el Gobierno, así como por la administración de la UPR, fueron rechazadas y denunciadas por el sector estudiantil, empleados no docentes y organizaciones claustrales independientes e institucionales. Según declaraciones públicas de profesores, estos reconocieron que si bien debían realizarse ciertos ajustes, “las situaciones por las que atraviesa la Universidad son el resultado de la mala administración”, de “prácticas administrativas deficientes y políticas que obstaculizan la buena operación de un sistema educativo complejo”; que “no nos permiten mayor participación en la toma de decisiones y a la misma vez no nos informan del contenido de los recortes propuestos por parte de la alta administración universitaria…” Indiferentes ante los reclamos de la comunidad universitaria, la alta gerencia institucional se mantuvo firme en su plan de ajustes económicos.

A inicios de marzo la Junta de Supervisión Fiscal remitió una carta al Gobernador rechazando su “propuesta” de plan fiscal:

“…the Board has determined that the Proposed Plan does not comply with the requirements set forth in PROMESA. Specifically, the Proposed Plan is based on unrealistic projections of economic growth, substantially underestimates spending, and reflects overly optimistic revenue projections…”

Según la JSF, el propuesto plan de reestructuración de la deuda pública era insuficiente y no guardaba correspondencia con su magnitud: “…it does not satisfy adequately PROMESA.” Con relación al plan de recortes presupuestarios a la Universidad de Puerto Rico, la JSF concluyó:

“The Board is supportive of the Governor’s difficult decision to reduce subsidies to the University of Puerto Rico by $300 million in Fiscal Year 2019. The magnitude of the Government’s structural deficit, however, requires that this reduction in annual subsidy grow to a minimum of $450 million by Fiscal Year 2021…”

Obedeciendo la orden de la JSF, el gobernador enmendaría su plan fiscal para armonizarlo con las exigencias de la ley federal. No obstante, todavía ni la JSF ni el Gobierno han dado explicaciones sobre el origen de la cifra de recortes al presupuesto de la UPR. Aunque la alta gerencia universitaria mantendría sus reservas por el carácter arbitrario y desproporcional de los recortes impuestos, presentó un plan fiscal de recortes ascendentes a $221 millones; también guardando silencio sobre sus fundamentos e implicaciones. Mientras tanto, la comunidad universitaria continuó cuestionando la racionalidad y legitimidad de los recortes impuestos.

“Partiendo de una experiencia histórica de alrededor de dos décadas de recortes y menoscabo de la misión universitaria (…) nos oponemos enérgicamente a cualquier reducción en las arcas de la UPR. No obstante, en reconocimiento a la realidad que se nos pretende imponer y las injusticias en la distribución de recursos al interior de la UPR, exigimos plena participación en cualquier decisión que implique una reducción en el presupuesto operacional y en la restructuración de la UPR.”

Los profesores universitarios demandaron además “que los recortes al presupuesto se limiten a los ámbitos administrativos y organizacionales de la institución sin perjudicar la enseñanza, la investigación, los servicios estudiantiles y los servicios a la sociedad.” Al mismo tiempo, otros sectores civiles expresaron solidaridad con las luchas universitarias.

A mediados de marzo, el Gobierno presentó su plan fiscal reduciendo subsidios del Fondo General a la UPR y demás corporaciones públicas. Por su parte, la Junta de Gobierno de la UPR -a tenor con sus deberes ministeriales- sostuvo que “…el ajuste fiscal propuesto para la Universidad de Puerto Rico, por la suma de $450 millones, es un ajuste desmedido que carece de base razonable que la justifique”; e instó al Gobierno de Puerto Rico a que “…realice una auditoría de la deuda pública por personas competentes, con el propósito de que se evalúe su legalidad y de quién es la responsabilidad del estado económico que enfrenta el país.”

En carta del Gobernador al presidente de la JSF, este presentó un plan fiscal alterno que requeriría un recorte presupuestario de $241 millones en lugar de los $450 millones requeridos previamente por la JSF.

Las suspicacias e indignación entre la comunidad universitaria acrecentaron. A finales de marzo, los estudiantes del Recinto de Río Piedras acordaron iniciar un proceso huelgario que pronto se extendería a los demás recintos. Al mismo tiempo, los profesores ratificaron su oposición a los recortes impuestos. En reunión “extraordinaria”, el sector claustral acordó “exigir que se realice una auditoría de todas las emisiones de bonos vinculadas a la deuda pública de Puerto Rico, para asegurar transparencia y justicia” y exigir a la Junta de Gobierno “que disponga de los recursos universitarios para tales fines”. Además, el cuerpo claustral exigió a la administración universitaria y a la presidenta interina que rindieran informes públicos semanales sobre sus trabajos y acuerdos con la Junta de Supervisión Fiscal y el Gobierno de Puerto Rico, “de forma que se desvanezca la impresión de secretividad y conspiración; comenzando por explicar cómo llegó a la cifra de $221 millones en recortes.”

Para el mes de abril la mayoría de los recintos de la UPR estaban paralizados por la huelga estudiantil. Durante el periodo huelgario otros sectores claustrales expresaron su repudio a la política fiscal del Gobierno y se dieron a la tarea de generar alternativas a los recortes impuestos a la UPR a pesar de la “dudosa legalidad” de la deuda.

A finales de abril, los rectores de los 11 recintos de la UPR también expresaron su oposición a los recortes impuestos en el Plan Fiscal del Gobierno y exigieron participación en la auditoría de la deuda pública. En sus expresiones públicas, los rectores reprocharon que la deuda “fue provocada por las decisiones administrativas incorrectas de pasadas administraciones gubernamentales”; y declararon como cuestión de principio “proteger la autonomía de la Universidad y la independencia moral de su docencia de cualquier fuerza política, económica o de otra índole”; y “mantener el modelo de educación superior pública como un asunto de derechos humanos…” No obstante, la presidencia de la UPR sometió un nuevo plan fiscal que elevaba los recortes de la institución a $241 millones hasta 2026. La Junta de Gobierno, sin embargo, no aprobó el plan.

El primero de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, la comunidad universitaria se sumó en paro nacional a miles de manifestantes, en repudio a la política de austeridad del Gobierno, en defensa de los derechos laborales y exigiendo la auditoría de la deuda “pública”. Esa misma semana, diversas organizaciones claustrales convocaron a la Asamblea Nacional de Docentes de la UPR, donde fueron reiteradas las críticas a la política fiscal del Gobierno y de la JSF, y ratificadas las demandas de auditar la deuda como condición previa de cualquier recorte presupuestario a la UPR. Ese mismo día, el presidente de la Junta de Gobierno de la UPR anunció que, según el plan fiscal que el gobernador sometió a la JSF, el presupuesto para el año fiscal 2017-2018 conllevaría un recorte de $149 millones en los fondos que la UPR recibe del gobierno para mantener sus operaciones.

Días después, la alta gerencia institucional se comprometería a “crear” una Comisión Universitaria para la Auditoría de la Deuda Pública. Sin embargo, la misma debía enmarcarse dentro del Plan Estratégico de la UPR 2017-2022 que, a pesar de la fuerte oposición de la comunidad universitaria, seguiría siendo la base institucional de los recortes “recomendados”, ascendentes a $241 millones en cinco años…

Dos semanas más tarde, altos funcionarios de la UPR, incluyendo la presidenta interina y el presidente de la Junta de Gobierno, renunciarían a sus cargos. Hasta entonces, todavía no existía una cifra oficial de recortes en el plan fiscal de la UPR. Aunque el gobernador había avalado el monto de recortes propuestos por la ex-presidenta, la JSF mantenía su exigencia en reducir $450 millones del presupuesto de la Universidad en cinco años.

A finales de mayo, en su mensaje de presupuesto ante la Asamblea Legislativa, el gobernador no mencionó a la UPR. Al día siguiente, el Gobierno publicó el presupuesto del Fondo General “recomendado” a la JSF sobre las agencias y corporaciones públicas para el año fiscal 2017-2018. La asignación presupuestaria para la UPR sufriría un recorte de más de $202 millones.

Poco después, los estudiantes levantaron la huelga. Aunque ningún sector de la comunidad universitaria admitiría públicamente la derrota ante el embate del proyecto neoliberal, todos, o casi todos, dirían que se mantendrían en pie de lucha por otros medios, quizás como lo había augurado cínicamente la AGB: “Historically, academic culture has promoted rhetoric over action…” Restablecida la normalidad institucional a inicios de junio, los diversos sectores de la comunidad universitaria, incluyendo la alta jerarquía gerencial, concentrarían sus acciones en procurar la entrada de ingresos alternativos para el financiamiento de la Universidad.

A pesar de todo, el problema principal de la UPR nunca ha sido económico. La Universidad derrocha gran parte de su presupuesto en cosas que nada tienen que ver con la educación, e incluso en otras que nada abonan a su misión social y hasta resultan inútiles e improductivas al bien común. Ciertamente, el orden de prioridades administrativas -moldeado por la ideología neoliberal desde el siglo pasado- agrava el estado de situación. No solo en lo que respecta a la progresiva desvalorización del quehacer intelectual que la critica sino, además, porque privilegia y refuerza el poder autoritario de la alta gerencia institucional para pensar y actuar al margen de la comunidad universitaria y aun contra sus mejores intereses…

La gran paradoja consiste en que, desde la óptica neoliberal, la autonomía universitaria –operativa, fiscal y académica- también es fundamental. Igualmente paradójica es la insistencia del Gobierno en realizar una reforma a la ley universitaria que, desde un lenguaje hermoseado con la misma retórica que anima las reivindicaciones históricas de la comunidad universitaria, procura volcarse contra ella en función del proyecto neoliberal.

Las preguntas de siempre reemergen en este escenario de época: ¿Qué modelo de Universidad prevalecerá? ¿Cuál será el espíritu que definirá el orden de sus prioridades? ¿A qué fines apuntará el poder de su autonomía? ¿Quién decidirá los contenidos de la reforma? ¿Para qué?

 

Nota del autor: Este ensayo es parte de una investigación histórica más abarcadora, actualmente en proceso con la Editorial La Grieta, titulado: Paradoja universitaria. Devenir histórico de los derechos civiles y la (in)justicia laboral en Puerto Rico: el caso de los trabajadores docentes. Gran parte de las referencias han sido suprimidas en esta versión por consideración al formato editorial.