Más sobre las carpetas y la era de la disculpa
En una columna anterior para 80grados comenté la Orden Ejecutiva Núm. 99-62 del 14 de diciembre de 1999, emitida por el gobernador Pedro Rosselló González, en la que se admitía el hecho de que por décadas el gobierno había elaborado expedientes a ciudadanos por su identificación con ciertas ideologías políticas (independentismo, nacionalismo, socialismo, comunismo) y se repudiaba esa práctica llamada “carpeteo” (Anazagasty 2012). La orden proveía además medios para garantizar reparaciones a un sector limitado de los ciudadanos perjudicados por esa práctica. El propósito de aquella columna era ubicar la disculpa política en un contexto global y tratarla como parte del aumento notable de disculpas políticas a finales del pasado siglo. Se trataba además de unas reflexiones esporádicas que sirvieran como punto de partida a otros historiadores y estudiosos del tema para estudios formales del fenómeno de la disculpa pública.
Una de las cosas que acentué en la referida columna fue que algunos críticos de la disculpa política en cuestión, particularmente el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), la consideraban inconclusa. El PIP insistía que, en la preparación de expedientes a independentistas, también participaron las agencias del Gobierno Federal de los Estados Unidos, lo que no atendía la Orden Ejecutiva Núm. 99-62 (Comisión de Gobierno y Asuntos Senatoriales 2000). Quiero, a continuación, comentar la respuesta del PIP, con el mismo propósito de la columna anterior, impulsar consideraciones más formales y sistemáticas de la misma.
¿Cómo respondió el PIP? Pretendiendo demostrar la participación de las agencias federales, en particular la del Federal Bureau of Investigation (FBI), y completar así lo iniciado por la Orden Ejecutiva Núm. 99-62, el PIP presentó y logró que el 14 de marzo de 2000 el Senado de Puerto Rico aprobara la Resolución del Senado 3063. Esta ordenaba a la Comisión de Gobierno y Asuntos Federales que realizara una pesquisa sobre la participación, provisión e intercambio de información del gobierno de Puerto Rico en conjunto con el gobierno federal de los Estados Unidos en la preparación de las llamadas carpetas. Con ello el PIP cuestionaba una vez más el control colonial estadounidense sobre la isla y, por supuesto, la intervención de agencias federales en los asuntos locales.
Los reclamos del PIP acontecieron en un período marcado por la creciente federalización de la actividad policial en Puerto Rico, una tendencia que había comenzado a fines de los noventa y que fue justificada invocando la necesidad de usar todos los recursos disponibles, incluyendo los recursos federales, en la lucha contra el narcotráfico. Era además la época de la campaña anti-crimen de Roselló conocida como la “Mano Dura Contra el Crimen”, que, entre otras cosas, reclutaba al Puerto Rico National Guard en la lucha contra el crimen. Los reclamos del PIP ocurrieron además en el contexto de una administración presidencial, la de Bill Clinton, más abierta a la libertad de información. En la segunda mitad de la década de los noventa, Clinton emitió una serie de órdenes ejecutivas y enmiendas a estas que expandieron la Freedom of Information Act firmada por el Presidente Lyndon B. Jhonson en 1966 y puesta en efecto en 1967. Las órdenes y enmiendas de Clinton permitieron la liberación de muchísimos documentos previamente protegidos por el manto de la seguridad nacional, muchos de ellos sobre la Guerra Fría. Curiosamente, la apertura relativa de la administración Clinton facilitaba y hasta legitimaba los reclamos del PIP.
El entonces Senador Manuel Rodríguez Orellana, portavoz de la minoría pipiola, sometió el 28 de diciembre de 2000, ante la Decimotercera Asamblea Legislativa el informe adicional requerido por la Resolución del Senado 3063, titulado Investigación sobre la participación, suministro e intercambio de información del Gobierno de Puerto Rico con el Gobierno de Estados Unidos en la Preparación de Expedientes, Fichas u otros Métodos de Recopilación de Información sobre Individuos, Grupos y Organizaciones en Puerto Rico por Razones Políticas, Ideológicas y por sus Vínculos con los Movimientos de Descolonización e Independencia. El informe confirmaba la participación del gobierno federal, mediante el FBI, en la elaboración de las carpetas a los agentes descolonizadores del país, aunque también confirmaba el carpeteo a Luis Muñoz Marín. El informe señalaba lo siguiente:
La preparación de expedientes de independentistas, sin embargo, no ha sido una tarea exclusiva de las autoridades del gobierno de Puerto Rico. Documentos recibidos por personas y organizaciones en Puerto Rico revelan que hubo también participación de agencias federales en la práctica de la confección de carpetas. A base de esos hallazgos el Partido Independentista Puertorriqueño presentó la Resolución del Senado 3063, con el propósito de investigar la participación del gobierno de los Estados Unidos en la nefasta práctica de mantener expedientes sobre individuos, grupos y organizaciones vinculadas a actividades a favor de la independencia y la descolonización de Puerto Rico (3).
La colaboración entre las autoridades locales y federales se remonta a la fundación del FBI en los treinta. Muchos puertorriqueños, sobretodo los atados al gobierno, entendían que era su deber cooperar con las autoridades federales. Y aquella práctica, tanto en los treinta como en los noventa, tenía consecuencias adversas para los espiados por las autoridades gubernamentales federales y locales. Impactó además la opinión pública, estrategia fundamental del FBI y su programa de contrainteligencia, el infame COINTELPRO. El informe presentado por Rodríguez Orellana concluía, afín a los planteamientos tradicionales del PIP, que la intervención represiva del gobierno federal había alterado el curso de la política puertorriqueña:
La confección de expedientes o carpetas por parte del gobierno de Estados Unidos sobre personas u organizaciones por razón de su ideología política afectó dramáticamente el rumbo de la política puertorriqueña durante el siglo XX. Del análisis realizado sobre los documentos recibidos por parte del FBI surge, sin lugar a dudas, que dicha agencia intervino indebidamente con el curso que la opinión pública tenía sobre la independencia y descolonización de Puerto Rico (29).
Sin embargo, el cambio en la opinión publica con respecto a la independencia y la descolonización de Puerto Rico no puede achacársele a FBI exclusivamente. Como confirma el propio informe la colaboración de las autoridades locales con las autoridades federales era habitual. Y estos no fueron necesariamente forzados a hacerlo. Yo sospecho que muchos lo hicieron confiados en que hacían lo correcto. No debemos subestimar el poderío persuasivo de la hegemonía estadounidense entre los puertorriqueños. El carpeteo fue consentido por muchos puertorriqueños.
El informe también confirmaba que las carpetas elaboradas por el Gobierno Federal, producto de su colaboración con el ELA, fueron utilizadas para despojar a miles de puertorriqueños, identificados con la izquierda y el independentismo, para justificar diversas acciones indebidas e injustas como el discrimen, la persecución, el hostigamiento, los arrestos ilegales, la encarcelación, y hasta asesinatos políticos (Comisión de Gobierno y Asuntos Senatoriales 2000). La criminalización del independentismo, que como demuestra Rodríguez Orellana, había sido tanto de facto como de jure, estigmatizó además a muchos puertorriqueños, causándoles daños para muchos inconmensurables y hasta imperdonables. Esa criminalización del movimiento reprimió además, afirmaba el informe, el desarrollo político de la independencia como opción de status y, consecuentemente, violó el “derecho inalienable de los puertorriqueños a la libre determinación e independencia” (30). Y concluía además: “A base del desarrollo jurídico internacional de los derechos humanos y de libre determinación, podemos concluir que en la medida en que el poder colonizador interviene y manipula externamente el curso natural político de un pueblo colonizado para definir su status político, ello constituye una violación a los derechos humanos y al derecho de autodeterminación de ese pueblo” (33). En fin, las acciones del FBI habían violado los derechos de los puertorriqueños, particularmente su la libertad de expresión, su libertad de asociación y la libertad de expresarse a favor del derecho de los puertorriqueños a su autodeterminación. Evidentemente, las acciones del gobierno federal coartaron los derechos de los puertorriqueños. Las del gobierno del ELA también lo hicieron.
El informe presentado por el senador pipiolo resumía los hallazgos de la investigación como sigue: que las actuaciones de los Estados Unidos con el gobierno de Puerto Rico fueron en conjunto, con la intención de afectar el independentismo; que el gobierno del ELA colaboró activamente con agencias federales, particularmente con el FBI, en la intervención ilícita, el carpeteo, lo que violaba los derechos humanos, civiles y políticos de los independentistas; y que las agencias federales suministraron guía, orientación y estímulo, además de forzar al gobierno del ELA, para que interviniera indebidamente en el ejercicio de los derechos humanos, civiles y políticos de los puertorriqueños, particularmente de los independentistas. Insisto, sin embargo, en que las acciones del ELA no siempre fueran forzadas; muchos puertorriqueños participaron del carpeteo confiados en que hacían lo correcto.
El Senador Rodríguez Orellana, valiéndose de una peculiar distinción entre remedios legales y remedios morales e históricos, listó varias recomendaciones. Los remedios legales incluían lo siguiente: revisar el currículo escolar para incluir el estudio de la persecución política en cursos de historia y gobierno; fomentar el desarrollo de una cultura pro-derechos humanos mediante una campaña mediática-educativa sobre las consecuencias de la violación de los derechos humanos y civiles; requerir disculpas públicas al gobierno de Estados Unidos, acompañadas de fondos para historiadores y estudiosos de las carpetas y; aprobar legislación para prohibir que responsables o culpables de persecución política ocupen cargos públicos luego de determinarse su responsabilidad; aprobar una resolución sancionando la persecución política, la participación del ELA en dicha práctica y la intrusión del gobierno federal en la política puertorriqueña como incitador y opresor; enmendar el artículo 387 del Código Político , para eliminar la parte del texto del artículo que lee “por el Presidente de los Estados Unidos” en lo referente a los días feriados, lo que permitiría aprobar legislación estableciendo días feriados para conmemorar eventos o personas que el movimiento independentista haya considerado importantes. Los remedios morales e históricos incluían terminar con el estatus colonial de Puerto Rico y/o promover la descolonización del país mediante una “Asamblea del Pueblo Puertorriqueño.”
Reconocer la parcialidad de la Orden Ejecutiva Núm. 99-62 del 14 de diciembre de 1999, que, en efecto, estaba incompleta, confirmaba el temor de muchos, que aquella orden era cínica. Aquella disculpa comparte la debilidad que según Carlos A. Parodi (2008) caracteriza a la mayoría de las disculpas políticas latinoamericanas: ignoraba y encubría la participación del gobierno estadounidense en numerosas violaciones de derechos humanos y civiles en América Latina. Un ejemplo es el de la disculpa ofrecida por Álvaro Colom, Presidente de Guatemala, a Jacobo Arbenz el pasado año. Un coup d’etat en 1964, apoyado por la Central Intelligence Agency (CIA), removió a Arbenz de la presidencia de su país y le envío al exilio, además de arruinar su reputación. Ese golpe desató una Guerra Civil en ese país. La disculpa fue ordenada por la Inter-American Commission on Human Rights. Algunos insisten en que debió exigírsele una disculpa a Estados Unidos también. Eso no ocurrió.
El encubrimiento típico de las disculpas latinoamericanas, incluyendo el de la Orden Ejecutiva Núm. 99-62 de Roselló, las inscribe en la hegemonía estadounidense, hegemonía entendida en el sentido gramsciano del concepto. El silencio de la Orden Ejecutiva Núm. 99-62 de Roselló con respecto a la participación del gobierno estadounidense, consintió, reafirmó, reforzó y reprodujo la dominación colonial, tanto material como ideológica, de los Estados Unidos sobre los puertorriqueños. He ahí lo que para Mark Gibney y Erik Roxstrom (en Parodi 2008) es la gran limitación de las disculpas políticas, su gran contradicción: el Estado admite sus faltas y violaciones pero espera que no se alteren, al menos no de forma dramática, las relaciones de poder. Es por eso que, como sugiere Adriana Bolívar (2011), es requisito examinar toda disculpa política en términos de “las condiciones de sinceridad, credibilidad y cinismo” que determinan las mismas. Nos corresponde vigilar el realpolitik continuamente, considerar los diversos intereses prácticos y materiales que no siempre aparente podrían estar determinando las disculpas políticas (Haward-Hassman and Gibney 2008).