Nuevos pobres, nuevos retos
En Puerto Rico, como en otros países en los que se ensayan políticas neoliberales, es el sector profesional, los obreros y los pequeños y medianos comerciantes, señalados sociológicamente como representantes de la clase media, quienes asumen el mayor costo económico y social de las medidas de control fiscal articuladas desde el poder gubernamental.
Son grupos que, aunque sostienen en sus hombros el peso contributivo del país, han confrontado una pérdida gradual de su posicionamiento social y, lo que es peor, son los menos atendidos por el Estado.
Sufren el mayor impacto de la desaceleración económica, son lastimados por la Ley 7 y padecen de un apresurado empobrecimiento en su condición de vida.
Estos son las principales víctimas de un sistema político y económico cruel e indigno cuyas prioridades han sido dirigidas al fortalecimiento de los sectores más ricos y poderosos de la sociedad. Eso lo constatamos cuando vemos cómo el Estado interviene para rescatar a los ricos de sus aprietos, como ha quedado evidenciado en las ayudas recurrentes que se le ofrecen a las entidades financieras mediante los subsidios otorgados al mercado de viviendas.
Al mismo tiempo, las estrategias gubernamentales se bifurcan para atender al polo opuesto de la sociedad: los sectores marginados, fronterizos y desocupados. Para estos, el Estado ahonda en políticas asistencialistas, que en nuestro caso se sostienen en la búsqueda de más fondos federales con el fin de subvencionar la pobreza. Esta maniobra genera lazos de dependencia social y económica cada vez más fuertes, que en la mayoría de los casos tiene implicaciones electorales significativas.
En medio de todo este barrizal está la clase media profesional y trabajadora del País, a quienes el Estado no valora, ni mucho menos compensa, tan siquiera simbólicamente, por su sacrificio de mantenerse en la esfera productiva. Estos son nuestros nuevos pobres.
En respuesta a la crítica situación económica a la que asistimos, muchos ciudadanos, identificados con este sector medio de la poblacional, hartos de ver cómo retrocede su condición social, han optado por marcharse de la Isla en busca de nuevas oportunidades de progreso.
Esta emigración es lesiva para el futuro del País por tratarse de estratos medios de nuestra sociedad que poseen todas las herramientas necesarias para impulsar hacia adelante nuestra economía. Son la mejor apuesta para nuestro futuro.
El sociólogo español Enrique Martín López se refiere a estos grupos como “gentes que tienen un nivel cultural alto, una formación profesional elevada, que son muy importantes para mantener los niveles de calidad en la producción y en la organización de los servicios y a los que no se puede tratar como un sector residual, que es lo que se está haciendo”.
Estudios científicos han identificado a estos sectores dentro una curva creciente de apatía e indiferencia en torno a su inclinación a participar de procesos electorales. Se retratan cada vez más escépticos y desconfiados de las promesas de los políticos de carrera y dudan de la capacidad de los partidos para dirigir sus destinos.
En muchos casos, le han restado legitimidad a los partidos porque, entienden, sólo conciben a los ciudadanos como una masa amorfa de electores manipulables. Esto no significa, sin embargo, que estos sectores de estratos sociales medios renuncien a sus aspiraciones por construir un mejor futuro. Por el contrario, viven ávidos de escuchar propuestas radicales y están deseosos de ver proyectos que superen el orden político, económico y social existente. Buscan un rayo de esperanza para la construcción de un mejor país.
Para persuadir a estos ciudadanos, sin embargo, es necesario mucho más que una simple estrategia electoralista. Hay que lanzarse a articular un proyecto que nos conduzca a la conquista de nuevos derroteros. Es un nuevo desafío que no será alcanzable mientras no queramos cambiar lo que tenemos.
* Publicado originalmente en El Vocero.