Para salir del bipartidismo, la corrupción y otros demonios
Cada vez somos más los puertorriqueños que nos convencemos que el bipartidismo PPD-PNP, como se le ha vivido en las últimas décadas, ha sido nefasto. Por ser tan cerrado al cambio, ha eliminado un requisito de toda verdadera democracia: la existencia de una oposición política que se deje sentir de verdad o que pueda influir en generar los cambios que necesitamos. Los partidos pequeños y los candidatos individuales pueden existir legalmente e inscribirse para “competir” en elecciones, pero todo queda en un teatro porque ninguno de ellos puede acceder a cargos de gobierno ni ayudar tampoco a producir los cambios políticos, económicos y sociales que promueven. Mucho ruido y muy pocas nueces. Al contrario, el bipartidismo cerrado PPD-PNP ha existido para dar la ilusión de cambio al tumbar del gobierno a uno de esos dos para poner al otro. Realmente, nada cambia, porque esos partidos son las dos cabezas de un mismo monstruo que no nos permite conseguir el bien común. La peor democracia es la que da la ilusión de que existe, aunque realmente no lo es. Y el peor cambio es el de caras y nombres, mientras todo continúa igual en un país, como ha ocurrido en Puerto Rico. La participación democrática de muchos sectores del país ha quedado bloqueada de antemano por el bipartidismo. Y ese mismo tipo de sistema político ha sido responsable, además, de la continuación de la inferioridad política territorial frente a Estados Unidos. El PNP aguajea con una estadidad ilusoria. Aunque existe, y es accesible para los puertorriqueños individualmente si se mudan a vivir a cualquiera de los 50 estados de EE.UU., no es viable para Puerto Rico como país. Por lo tanto, el PNP administra feliz la misma colonia de siempre, aunque “posa” —y miente— cuando dice ser “anti-territorio”. No puede ser anti-territorio quien disfruta y se lucra de él. Y el PPD, por más que hable de posibles variantes del ELA con más poderes, sabe también que juega con su propia gente a la apuesta por un cambio que la propia metrópoli ha dicho que no es constitucional. No solo eso, sino que al existir solo dos partidos, uno posando de “estadista” y otro de “estado-librista autonomista”, los verdaderos estadistas del país quedan a merced de lo que haga o no haga el PNP para “luchar” por su objetivo y los autonomistas dependen de los culipandeos de un PPD que nunca hace nada en términos del estatus: ni siquiera para buscar “acercar” su supuesto objetivo.
Las consecuencias nefastas del bipartidismo cerrado PPD-PNP incluyen también el gran mal de haber eliminado el principio de mérito como norte del servicio público para sustituirlo por el partidismo, la lealtad al partido de turno, y la búsqueda de fondos para sus respectivas campañas, con el propósito anticipado de ganar privilegios y contratos millonarios gubernamentales, aunque se perjudique el erario público. El bipartidismo es doblemente responsable de la corrupción y de la deuda excesiva, no solo porque la toleró, la permitió o la promovió, sino porque casi nunca la auditó ni la castigó. Y la deuda excesiva nos ha llevado a la Junta Federal de Control Fiscal con la anuencia del supuesto “liderato” del PPD y del PNP. Finalmente, ese mismo bipartidismo cerrado —con turnos al mando del gobierno interno de Puerto Rico entre el PPD y el PNP— ha hecho que ambos partidos, al saberse seguros de poseer el monopolio compartido de los cargos públicos, no tengan incentivo alguno para gobernar bien. Gobiernen mal o peor, seguirán llegando al poder cada cuatro años debido a que los votantes previsiblemente votarán para sacar al otro partido del poder y entronizar al PPD o al PNP nuevamente, no importa cuán bien o mal hayan gestionado la cosa pública. Eso significa ni más ni menos que en Puerto Rico hemos eliminado otro de los principales principios democráticos: la responsabilidad política de los gobernantes. Políticos del PPD y del PNP NO se hacen “responsables” porque hagan lo que hagan salen impunes y premiados por el voto tradicional de un Pueblo que no acaba de entender lo que es la democracia verdadera. NO puede ser democrático un sistema en que dos partidos monopolizan el acceso a los cargos del gobierno, independientemente de si gobiernan para el bien común o hacen justamente lo contrario. Por mal que se porten, el premio en votos les espera, luego de un cuatrienio en manos del otro partido del bipartidismo. Todo eso seguirá ocurriendo si no cambiamos este sistema nefasto y absurdo.
Muchos comprendieron lo antedicho, pero NO saben cómo salir de eso
Colectivamente, y no meramente en forma individual y aislada, numerosos puertorriqueños necesitamos aunar fuerza política y poder social para dar los primeros pasos ineludibles que nos posibilitarán transitar hacia un nuevo tipo de organización de nuestra vida política. Como muy bien explicó el abogado Carlos Vergne en una columna en El Nuevo Día, no basta con un cambio de estatus —que es lo tradicionalmente central en las discusiones políticas en Puerto Rico. Podemos cambiar de estatus político y si continuamos con el bipartidismo cerrado —y con el egoísmo y corruptela de la elite política que el mismo facilita y promueve— seguiremos sufriendo a causa de los mismos males. Si el cambio de estatus es hacia una fórmula de soberanía propia puertorriqueña, sería un gran paso adelante, para desde nuestro gobierno, impulsar nuestra economía en el mundo global. Pero la soberanía no basta ya que es un mero instrumental que potencia todo tipo de desarrollo: económico, social y político. Para que ese potencial se realice en la práctica, de verdad, bajo cualquier estatus político, dicho instrumental institucional tiene que venir acompañado de dos cambios trascendentales:
(1) que un nuevo sector político acceda al poder, que esté genuinamente comprometido con el bien común y el desarrollo del país, para lo cual es necesario que dicho sector político demuestre con hechos —y no meramente con palabras de campaña, que siempre se las lleva el viento— una repulsa efectiva ante los estilos y prácticas de nuestras elites políticas tradicionales y se comprometa de antemano a “CERO TOLERANCIA ante la CORRUPCIÓN”; y
(2) que ese nuevo sector político tenga, y le presente de antemano al Pueblo votante, un programa concreto con un plan estratégico para el desarrollo económico de Puerto Rico, dirigido no solo al crecimiento y desarrollo de sectores económicos importantes, sino también hacia la justicia social y a una consecuente reducción —mensurable y constatable— de las grandes desigualdades que imperan en el país. El diagnóstico de nuestros males presentes está bien leído y es ya conocido por todos. Más allá del diagnóstico, tenemos que dialogar y reflexionar sobre soluciones concretas y realizables. Y ese conjunto de soluciones tiene que quedar avalado por un movimiento político de nuevo tipo que exija la consecución de los pasos necesarios e ineludibles para facilitar el cambio político.
La hoja de ruta común: un requisito ineludible
El nuevo movimiento político que se ha considerado aquí como necesario para el verdadero cambio no ha surgido aún porque —en medio de un clima nacional de incertidumbres— la mayoría de los puertorriqueños, como atolondrados por la crisis, se han atrincherado en la acción individual. Lamentablemente, además, las acciones individuales han sido principalmente de dos clases. Una de ellas representa el eludir las verdaderas posibilidades de cambio tomando lo que puede llamarse el “flanco de la huida”. La huida tiene, a su vez, dos manifestaciones muy políticas: (a) la abstención electoral y la enajenación de muchos ante los procesos políticos puertorriqueños; y (b) la huida saliendo del país, es decir, la ruta de la emigración. Ambos tipos de conductas representan no solo huir del problema colectivo, sino descontarse a ellos mismos de la posibilidad de contribuir a la acción colectiva mediante el poder social del pueblo y mediante el uso más inteligente de su poder electoral.
Hay que reconocer, no se me escapa, la existencia de una excepción a esa regla, pero es una muy limitada en términos de la cantidad de personas que se involucran en ella. Se trata de la abstención electoral sin huida porque los abstenidos se involucran militantemente en grupos sociales y en las protestas colectivas ante los problemas del país. Ese pequeño grupo, no se va del país, se queda, pero no vota. Al mismo tiempo, sí hace valer su presencia mediante la militancia activa en las protestas sociales. El problema es que no solo de protestas se nutre la acción colectiva. Se necesitan también las propuestas, y esas no llegan a articularse claramente si los seres humanos no nos organizamos en movimientos y partidos que le propongan opciones diferentes al país. Además, no basta con ofrecer públicamente propuestas de solución, hay que organizarse para educar sobre ellas. Es necesario movilizarse para impulsarlas ante los poderes públicos y la opinión pública, y presionar y actuar sin pausa hasta lograr su consecución.
El segundo signo de las acciones individuales ha sido el de votar en las elecciones fuera del marco de los partidos tradicionales: por los pequeños partidos o por candidatos independientes, sin haber intentado antes reclamar y lograr los cambios legales y políticos que podrían hacer dicha acción una racional y efectiva. Es decir, para que los pequeños partidos puedan ir más allá de “primera base” (inscribirse como partidos por petición) y tener alguna presencia pública que valga la pena en nuestra Asamblea Legislativa, tendríamos que lograr primero diversos cambios constitucionales, legales, e institucionales en la CEE, para hacerlo viable. De lo contrario, los pequeños partidos solo pueden tener una existencia efímera, una pronta desaparición, como le ha ocurrido ya a entidades como el PPR de Rogelio Figueroa, al MUS y muy probablemente le ocurra al PPT luego de las elecciones de 2016. Y es que la Ley de Duverger sigue teniendo la misma vigencia implacable de siempre: los partidos que no cuentan jamás, o casi nunca, con una representación en los cuerpos legislativos nacionales, tienden a desaparecer. La razón es muy sencilla, ningún partido político subsiste fácilmente si está permanentemente excluido de los centros representativos de decisión pública. Por otro lado, el apoyo a las candidaturas independientes a la Gobernación, en un país sin tradición de apoyo a candidatos independientes, es una conducta electoral individual que expresa disgusto con el bipartidismo cerrado, y con el tipo de sistema político existente en el país pero no puede llegar más lejos que ese tipo de voto testimonial: “testimonio que me disgusta el sistema político que nos han monopolizado el PPD y el PNP votando por un candidato independiente a la gobernación”. Racionalmente, sin embargo, como cuestión de Realpolitik, se cae de la mata la pregunta: ¿Y qué podrían hacer Manuel Cidre o Alexandra Lúgaro desde la Fortaleza (si pudieran llegar allí) ante la realidad de una legislatura dominada por el PNP en la cual la minoría sea preponderantemente de candidatos postulados por el PPD? ¡Los mismos que nos han llevado al desastre nacional!
En el plano colectivo, no ha surgido el nuevo movimiento político que necesitamos porque en lugar de existir una hoja de ruta clara para que los indignados del país se sumen en un mismo esfuerzo, lo que existen son múltiples ofertas electorales, diversas “hojas de ruta obscuras”, llenas de generalidades, o falseadas, las cuales no pueden tener otro efecto que promover la abstención electoral entre los confundidos y los frustrados, o la división de fuerza política y votos por parte de los ciudadanos indignados que sí votan. El gran problema es que jamás vamos a lograr “abrir paso” a la sustitución del sistema bipartidista PPD-PNP por la vía de dividir las fuerza electoral de los indignados en muchas opciones distintas, ni tampoco por la vía de dejar las estructuras constitucionales, legales e institucionales del actual sistema político intocadas, incólumes. Ambas conductas las hemos reiterado sin obtener resultado alguno.
Para salir de la vieja pecera que nos constriñe, hay que dar el salto recuperador hacia una nueva manera de organizar la política
Como se ha señalado, la lógica política de lo que hemos vivido hasta el momento en nuestro sistema político, nos lleva a concluir que es necesario que los convencidos de la necesidad del cambio político en el país —que no somos pocos— nos uniéramos con el propósito que se describe a continuación, en un mismo nuevo movimiento político, para que podamos, juntos, hacer la verdadera diferencia, como el goldfish que se atreve saltar de la vieja pecera a una nueva y más promisoria. ¿Cuál es entonces la hoja de ruta que se propone?
Una reunión nacional inicial de los sectores pro cambio político se hace vital, para fundar el movimiento y definir claramente sus objetivos. Sin ignorar para nada que el cambio de estatus político hacia la soberanía propia es necesario, y sin ignorar otros asuntos como las limitaciones que nos impone el colonialismo mediante una JUNTA DE CONTROL FISCAL FEDERAL, el tema fundamental y fundacional del movimiento deberá ser el cambio en el sistema constitucional-legal electoral de Puerto Rico.
Necesitamos comenzar a exigir ese cambio desde ya, y operarlo poco a poco desde ahora, si queremos que las ofertas electorales alternas al PPD y al PNP tengan alguna viabilidad real en el futuro. Eso incluye la viabilidad misma del nuevo movimiento propuesto, como un partido político, más adelante. De comienzos, es preferible que sea un movimiento y no un partido electoral más, para que tenga el sosiego de analizar y discutir opciones de cambio para las estructuras políticas del país, y para que no caiga en el riesgo de que sus integrantes y líderes vayan en forma alguna a reiterar los vicios y malas prácticas de los partidos. Este es un tema que hay que discutir a profundidad para trabajarlo en el mediano plazo, previsiblemente entre 2017 y 2020. Una pregunta vital en ese diálogo es: ¿cuántas de las “malas mañas” y corruptelas de los partidos tradicionales de Puerto Rico provienen de la mala calidad de los candidatos reclutados y cuánto proviene de aspectos estructurales del sistema vigente que casi fuerzan a todos los políticos a comportarse de maneras similares y contrarias al bien común? ¿Cuánta de la corrupción política y de la tolerancia a la misma proviene de debilidades en la integridad de las personas que lideran los partidos tradicionales y cuánto proviene de las reglas de juego que permite y promueve el propio sistema político vigente, lo cual desemboca ineludiblemente en un clima general de corruptela y egoísmo? Todo lo que descubramos que es producto de fuerzas estructurales del sistema vigente, obviamente, requerirá propuestas de cambios constitucionales, legales e institucionales, de modo que el nuevo sistema político del futuro promueva estructuralmente lo contrario: la democracia y el compromiso con el bien común del país, en lugar del egoísmo y la corruptela de una “clase política”. De hecho, una democracia genuina no debiera promover el carrerismo político ni una “clase” que pueda llamarse permanentemente “la clase política”.
El cambio de sistema político-electoral-
El cambio de sistema político deberá otorgar además, explícitamente, a los ciudadanos y votantes de Puerto Rico, derechos de participación política que son comunes en otras democracias en el siglo XXI, pero que dejan nuestro sistema político actual como uno muy atrasado. Por ejemplo, ¿qué razón puede haber para que el Pueblo de Puerto Rico no se reconozca a sí mismo el derecho a solicitar la celebración de referendos con preguntas específicas, mediante la consecución de un número suficiente de firmas bona fide de los ciudadanos, como existe ya en diversos estados federados de Estados Unidos y en numerosos países independientes? ¿Qué razón puede haber para que los ciudadanos de diversos estados federados de Estados Unidos y de diferentes países independientes tengan derecho a celebrar un referendo revocatorio ante un gobernante inepto o corrupto, antes de la terminación del término de 4 años, y en Puerto Rico no se haya reconocido al Pueblo explícitamente ese derecho? Estamos en el siglo XXI y necesitamos, por lo tanto, un nuevo sistema apropiado para el siglo XXI, que le dé más poder político al Pueblo, no menos: no la misma viejera caduca que se diseñó en 1951 para el territorio no incorporado.
A los temerosos y pesimistas que creen que estos cambios son imposibles porque primero llueve para arriba antes que los legisladores del PPD y el PNP les den paso, les recuerdo lo siguiente: la Constitución del ELA territorial, vigente aún, con todos sus defectos y virtudes, y con todo y sus cláusulas anacrónicas y limitantes del pasado —las cuales deberíamos cambiar si queremos un mejor sistema político— dice en su Artículo II (Carta de Derechos) Sección 19 titulada Interpretación liberal de los derechos del ser humano y facultades de la Asamblea Legislativa: “La enumeración de derechos que antecede no se entenderá en forma restrictiva ni supone la exclusión de otros derechos pertenecientes al pueblo en una democracia, y no mencionados específicamente”. Esto significa que cualquier conjunto de ciudadanos puede reclamar derechos como el de la iniciativa del Pueblo en los referendos —y como el referendo revocatorio— porque son hoy derechos reconocidos en las democracias del siglo XXI. Ante un recogido masivo de firmas ciudadanas, ¿podrían negarse los políticos en la Asamblea Legislativa a ampliar en la práctica y de forma explícita los derechos democráticos del Pueblo? Quizá se nieguen de primer intento, si sigue la legislatura en manos de los continuistas del PPD y del PNP que nos han mal-gobernado por décadas. Sin embargo, la presión continua de parte de un pueblo bien organizado para defender una mejor democracia no es tan fácil de eludir.
Son muchos los aspectos específicos de nuestro ordenamiento político-constitucional y electoral que necesitan cambios. El licenciado y ex senador José A Ortiz Daliot ha compartido conmigo y otras personas una buena lista de medidas posibles. Menciono solo una que me parece fundamental: limitar el tiempo en todos los cargos públicos a dos términos. Es necesario detener el continuismo de unas mismas personas en los cargos públicos. No hacerlo, les pone a los beneficiados del continuismo demasiadas tentaciones conducentes a la corrupción. Y, por supuesto, hay que terminar la patrimonialización de los puestos políticos. En todo estado de derecho democrático los poderes están en el cargo, no en las personas, y las personas no pueden tratar los cargos públicos como una propiedad o un patrimonio personal, que se le puede dejar en herencia a esposas o a hijos. ¡Es perentorio prohibir la sucesión familiar en los puestos políticos!
El cambio político en Puerto Rico, el que necesitamos a mediano plazo, no es únicamente un cambio de estatus. El colonialismo tiene que terminar, pero ningún país no colonial tiene un buen sistema político si existe una clase política egoísta y corrupta que monopoliza los cargos del poder político y donde reine además el nepotismo y el amiguismo. Ningún país, independientemente de si tiene un estatus político no colonial y no territorial de un tipo o de otro, podrá tener un sistema interno verdaderamente democrático si constitucionalmente y por medio de sus leyes se imponen restricciones a la participación amplia de sus ciudadanos en los asuntos que les atañen o si tiene graves restricciones a la existencia y representación política de diversos grupos y partidos que demuestren tener apoyo significativo entre los votantes. Es necesario, por lo tanto, cambiar las reglas de juego mismas del funcionamiento del sistema democrático en Puerto Rico: tanto del electoral como el del funcionamiento de las estructuras del gobierno. Y eso solo se va a lograr —en un plazo de tiempo razonable— si estructuramos un nuevo movimiento político dirigido prioritariamente a ese fin. No se hace en un día. Es algo que toma un tiempo. Sin embargo, vale la pena intentarlo.
No debo cerrar sin desconocer que muchos electores indignados e independientes se preguntan hoy qué hacer en el corto plazo: ¿Cómo votar en esa papeleta de las elecciones de 2016? Lo que aquí se ha propuesto y analizado es pensando en el mediano plazo. No es contradictorio decir lo siguiente sobre el corto plazo, porque ya sabemos que las elecciones de 2016 están a la vuelta de la esquina y están justamente dentro del esquema de reglas de juego que debemos cambiar. Y ya hemos subrayado que la abstención electoral es una huida, no una manera de enfrentar la realidad. Me parece que en estas elecciones, la propia declaración sin ambages de la metrópoli de que estamos en una situación colonial que adjudica poderes plenos al Congreso sobre nosotros, y la presencia de una Junta de Control Fiscal como comprobante concreto de esa realidad, le confiere una importancia particular al llamado “voto testimonial”. Es así, porque, aunque quede dividido entre diversos candidatos a Gobernador, y no produzca un cambio en el gobierno, un número de votos por todos los candidatos que NO son ni del PPD ni del PNP, que sea bastante mayor al esperado, va a sonar como una alarma de alerta ante los oídos de la metrópoli y del propio Pueblo de Puerto Rico. Eso, pienso, traería un escenario político puertorriqueño más propicio al surgimiento del nuevo movimiento que se ha propuesto. Por supuesto, si el elector o electora desea testimoniar al mismo tiempo su pleno rechazo a la Junta de Control Fiscal, al reforzamiento del colonialismo en Puerto Rico, al bipartidismo tradicional PPD-PNP, su favor hacia una opción de soberanía propia para nuestro país, el único lugar para hacerlo claramente es mediante un voto por el PIP y por María de Lourdes Santiago. Independientemente de si percibimos o no otros méritos en la candidata del PIP, o en esa formación política y su campaña, la verdad es que María de Lourdes Santiago ha sido la única candidata a la gobernación que ha expresado en forma tajante y clara, al mismo tiempo, su oposición a la Junta Federal de Control Fiscal, su oposición al colonialismo estadounidense en Puerto Rico, su oposición al nefasto bipartidismo que impide todo cambio verdadero en Puerto Rico —sugiriendo cambios políticos concretos en ese sentido—y su apoyo a un estatus de soberanía propia para nuestro país. Es, sin duda, el único voto testimonial que, a la par que protesta el bipartidismo que nos trajo hasta aquí, sería auténticamente soberanista.