Partidos políticos: realidad, ficción o mitología
Un amplio acervo de autores y de obras han profundizado en el conocimiento sobre los partidos políticos contemporáneos. Aun algunas de las definiciones que se encuentran en la literatura de la Ciencia Política, sin embargo, están marcadas por la época en que se redactaron y no pueden dar cuenta de la realidad de los partidos políticos en el siglo XXI. No obstante, cabe examinar algunas definiciones medulares que nos permitan hacer un análisis certero de cuándo estamos delante de un verdadero partido político —realidad— y cuando una formación política no es realmente un partido —sino a lo sumo un simulacro, un performance, pura ficción o hasta mitología— aunque tenga ese apelativo en su nombre y esté certificado por ley. Demostraré por qué es una ingenuidad —y una ignorancia— suponer que todo lo que tiene el nombre de “partido” realmente lo es. Como siempre, el papel aguanta lo que le pongan, y la propaganda en los medios, también. Ello no significa que porque alguien diga “tengo un partido” realmente lo tenga en términos de lo que en profundidad de la sociología política significa tener y operar un verdadero partido político, máxime en estos tiempos complejos de las “democracias realmente existentes” del siglo XXI.
La definición de lo más esencial
Una distinción importante encontrada en definiciones de los partidos políticos, por ejemplo en las del sociólogo político francés Maurice Duverger y del científico político italiano Giovanni Sartori, es la que distingue los partidos de las facciones. Las facciones tienden a ser auto-referentes, representar intereses estrechos de líderes, tienden a combatir por prebendas y no suelen tener una vinculación formal y demostrable con la búsqueda del “bien común”. Los partidos, en cambio, existen como dice Sartori en un medio social y político plural, compiten entre sí para alcanzar el poder político, y representan y comunican ideas o discursos existentes en la sociedad y, formalmente, aducen una preocupación por asuntos de bien común. Según Sartori (1997) se define como partido político, a “cualquier grupo político que se presenta a elecciones y que puede colocar mediante ellas a sus candidatos en cargos públicos”. En esta definición Sartori privilegia el objetivo esencial de todo partido político: llegar al poder ocupando cargos de dirección en el sistema político. Esto, y las funciones concretas que se derivan de ello, es lo que realmente distingue los partidos políticos de otros grupos, tales como los movimientos políticos y sociales, los grupos de presión y los grupos de interés. La definición de Sartori deja espacio para incluir tanto al partido político que tiene la posibilidad de ganar unas elecciones y controlar el gobierno por un período político-administrativo, como a partidos más limitados en votos, que aunque no pueden ganar una elección, sí pueden ocupar cargos públicos parcialmente —en representación de sus votantes—en la Asamblea Legislativa o Parlamento nacional, o en sus equivalentes locales o regionales. No debe incluir, sin embargo, a aquellas formaciones que no lograron adquirir presencia alguna en las estructuras representativas del gobierno luego de una elección general. Han sido estas, a lo sumo, un intento fallido, por muy loables que hayan sido sus objetivos al inscribirse como “partido por petición”.
El otro elemento que resalta la definición de Sartori es el medio utilizado por los partidos políticos para conseguir su objetivo: las elecciones. Existe un consenso en la Ciencia Política contemporánea de incluir únicamente como verdaderos partidos políticos, como estructuras esenciales en los sistemas políticos democráticos, a aquellas formaciones políticas que aspiran realmente a controlar el poder o a tener presencia en cargos de poder político, y que lo realizan mediante las elecciones. Es por eso que agrupamientos políticos que no se caracterizan por estos dos elementos esenciales, podrán catalogarse como “movimientos políticos”, grupos de intereses, grupos de presión o “movimientos sociales”, pero no como verdaderos partidos políticos. Siguiendo dicho consenso, por ejemplo, no se puede considerar al Partido Nacionalista de Puerto Rico como un verdadero partido político ya que dicha agrupación ni compite por alcanzar cargos públicos de poder, ni tampoco acude a las elecciones. Lo mismo puede decirse de entidades clandestinas como lo han sido las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) o el Ejército Popular Boricua (Macheteros). Hecha esa distinción fundamental, es necesario también distinguir los partidos de las facciones. Las facciones pueden representar corrientes de pensamiento o de intereses particulares al interior de los partidos políticos o de los movimientos políticos y sociales. O pueden limitarse al apoyo personalista de un líder al interior de una estructura partidaria. Históricamente, las facciones surgieron como antecedentes de los partidos políticos, pero un partido político no está exento de poder caer, por involución, y por la práctica de sus acciones y procedimientos, en la realidad de convertirse en una mera facción.
Es importante aclarar que con la discusión sobre las funciones de los partidos políticos no se tiene como objetivo en este artículo evaluar cuan bien o cuan mal realizan dichas funciones los partidos políticos del bipartidismo PPD-PNP. El hecho de que, siguiendo las definiciones y hallazgos científicos de la Ciencia Política contemporánea, se llegue a la conclusión de que esos dos, el PPD y el PNP, son los únicos con posibilidades reales de cumplir todas las funciones de un partido político, no establece aquí ninguna preferencia por ellos ni tampoco evalúa, ni positiva ni negativamente, el modo de cumplir de cada uno de ellos —mejor o peor— las funciones que se supone cumplan los partidos en un sistema democrático. Ese podría ser un buen tema para varios artículos, pero no es el foco en este escrito. De la misma manera, vale aclarar que cuando aquí se establece que los proto-partidos que participaron en las elecciones de 2012 no han logrado ser verdaderos partidos porque no han podido cumplir las funciones principales que se supone cumplan los partidos políticos, no debe interpretarse como una intención del autor de descalificar dichas formaciones políticas o de responsabilizar exclusivamente por ello a errores o fallas de sus líderes. Algunos incumplimientos de funciones medulares de los proto-partidos pueden ser imputables a sus líderes, como cuando se señala que han buscado crear un “partido político nacional” saltándose en su mayor parte las tareas correspondientes al desarrollo de una estructura organizativa sólida en los niveles locales (municipales) y regionales. Otros de los incumplimientos escapan a su control, al menos mientras las estructuras constitucionales y legales para elegir legisladores en los procesos eleccionarios de Puerto Rico sean las que son. En ese caso, la única responsabilidad imputable a los líderes de los proto-partidos es haber desatendido el hecho irrefutable de cómo el marco legal-Constitucional les perjudica y el no haber iniciado un movimiento político para solicitar su transformación en un marco jurídico-político más democrático.
Veamos lo ocurrido y lo más probable en el caso de los partidos nuevos y pequeños. Existe la posibilidad de que un grupo de ciudadanos tenga la intención de construir un partido político, pero que no haya logrado cumplir con una de las dos características medulares que les asigna Sartori: (1) Competir por alcanzar el poder, es decir, el derecho a dirigir el gobierno en un período constitucional; y (2) participar con candidatos en las elecciones y con representación parlamentaria, ya sea por un muy bajo nivel de apoyo electoral, o porque aun teniendo un apoyo electoral creciente, el sistema de votaciones —las estructuras constitucionales y legales de cómo se eligen los legisladores— discriminen contra ellos y los dejen fuera de la posibilidad de ejercer una función representativa real en el seno de la Asamblea Legislativa o Parlamento Nacional, función que ya se ha definido como medular o esencial a lo que son los partidos. Este último podría llegar a ser el caso del PPT o de otro partido pequeño participante en las elecciones de 2012 que se reinscriba para las elecciones de 2016, y aun aumentando sus votos, permanezca sin lograr el umbral legal para quedar inscrito y permanezca también excluido de los escaños legislativos. Es un escenario de gran probabilidad, ya que en Puerto Rico existe un sistema electoral preponderantemente territorial pluralista (se lleva los escaños por distrito —que son la mayor parte en cada cámara— el partido que más votos obtenga en el distrito no importa cuánto más fuerte en votos haya resultado ser ese partido respecto de los demás competidores) y esto tampoco se contrarresta, en el sistema constitucional-legal de Puerto Rico, con el ballotage o segunda vuelta electoral para asegurar que el vencedor cuente con un apoyo electoral mayoritario antes de ocupar el cargo. Tanto el francés Duverger como el estadounidense E.E. Schattschneider demostraron con ejemplos y datos cómo este tipo de sistema exagera la fuerza de los partidos grandes y propende a que el sistema sea uno de partido hegemónico, o a lo sumo, bipartidista.
Otras definiciones contemporáneas de los partidos políticos, como la de Ramón García Cotarelo, requieren un elemento de proyección temporal suficiente para considerar a una formación política como un verdadero partido político. Cotarelo define los partidos como “toda asociación voluntaria perdurable en el tiempo dotada de un programa de gobierno de la sociedad en su conjunto que canaliza determinados intereses y aspira a ejercer el poder, mediante su presentación reiterada a los procesos electorales”. Este requisito de que un partido político verdadero tenga la capacidad de sobrepasar en el tiempo el lapso de la vida biológica de sus fundadores, elimina de la definición a los proto-partidos efímeros, o a aquellas entidades que no logran presentarse a las elecciones con un cuadro completo de candidatos por varios comicios electorales. Según esa definición, ni el MUS ni el PPR calificarían para definirlos como verdaderos partidos, y en el caso del PPT, el asunto espera por una comprobación histórica de continuidad. En ese sentido, el Partido Socialista Puertorriqueño (PSP) de Juan Mari Bras, ni el Partido Unión Puertorriqueña (PUP), ni tampoco el Partido Auténtico Soberanista (PAS) fundado por Jorge Luis Landing, ni tan siquiera el Partido del Pueblo de Sánchez Vilella o el Partido Renovación Puertorriqueña (PRP) fundado por el doctor Hernán Padilla, han pasado a nuestra historia como verdaderos partidos políticos, ya que su existencia fue demasiado efímera, por uno, o a lo sumo dos, comicios electorales.
Otros elementos en la definición científica de lo que son los partidos políticos en una democracia y su vinculación a las funciones que estos cumplen en el sistema democrático
Otros autores como La Palombara y Weiner (1966) han enumerado otras características importantes que deben observarse en los partidos contemporáneos. En la primera de ellas coinciden con el punto de vista de Cotarelo al darle importancia a la “vida útil” de la formación política. Las características incluidas por estos autores se relacionan con las funciones que se espera que los partidos políticos cumplan al interior del sistema político.
En un sentido general, la función esencial de los partidos políticos es la de la intermediación entre la sociedad en general y el Estado. Por ser las entidades que compiten por alcanzar —mediante mandato del Pueblo en las elecciones— el derecho a regir el gobierno de un país por un próximo período constitucional, o a participar en dicho gobierno como partido de oposición que ejerce fiscalización, las funciones principales tradicionales de los partidos han sido: (1) el reclutamiento de candidatos para los cargos electivos; y (2) la formulación de programas de gobierno amplios, con elementos de bien común y suma de diversos intereses sociales, comprometiéndose a seguir dichos lineamientos programáticos si alcanzan el poder. Otras funciones de los partidos políticos tienen que ver con aspectos preparatorios del propio conjunto de los ciudadanos para ejercer su derecho al voto y para la participación política. Así se dice que los partidos políticos pueden y deben ejercer una función de socialización política, de educar a niños, adolescentes y adultos en los principios y valores del sistema democrático y en sus propios principios ideológicos. Otra función es la de representación y canalización de intereses de diversos sectores ciudadanos respecto del gobierno y de la opinión pública. En ese sentido, los partidos ayudan también a manejar los conflictos y a mantener las protestas dentro del marco de las acciones pacíficas. Respecto de la opinión pública, ayudan en su formación y en el establecimiento de las agendas de discusión pública junto a otras entidades sociales como lo son los medios de comunicación de masas. Finalmente, con su participación, sirven de sostén y legitimación al sistema político existente. Esto es algo ineludible y representa siempre un problema para los partidos “anti-sistema”. Intentar combatir el sistema existente desde una posición con la cual se legitima ese mismo sistema, es una de las grandes contradicciones que han enfrentado los partidos de la llamada “izquierda radical” en las democracias. Finalmente, los partidos suelen tener una serie de funciones llamadas institucionales, como lo son las relativas a organizar las elecciones, conseguir los funcionarios de los colegios electorales, componer y organizar los parlamentos nacionales y otras entidades representativas y “darle dirección al gobierno” cuando son partidos de mayoría o “darle dirección a la oposición leal” cuando son partidos de minoría.
De este cúmulo de funciones se derivan unas características imprescindibles las cuales deben acompañar las dos medulares mencionadas en la definición de Giovanni Sartori:
- Debe ser “una organización duradera, cuya esperanza de vida política sea superior a la de sus dirigentes”.
- Ha de “poseer una organización local aparentemente duradera que mantenga relaciones regulares y variadas con el nivel nacional”.
- “La voluntad deliberada de sus dirigentes nacionales y locales de tomar y ejercer el poder, solo o con otros, y no sólo de influir sobre el poder”.
- “El deseo de buscar un apoyo popular a través de las elecciones o de cualquier otro medio pacífico o cívico”.
- Debe poder canalizar determinados intereses sectoriales; y finalmente, como añade también Ramón García Cotarelo,
- “La organización debe estar dotada de un programa de gobierno de la sociedad en su conjunto”.
Las características de los partidos y lo que acontece realmente en el sistema de partidos de Puerto Rico
Examinemos cada una de esas características brevemente. El requisito de durabilidad es más que razonable ya que un “ave de paso”, una formación política efímera, no habrá tenido tiempo suficiente para consolidarse como verdadero partido político ni en sus estructuras organizativas internas, ni en su impacto sobre la sociedad o comunidad política que se ha propuesto impactar. A lo sumo, una entidad de ese tipo podría considerarse como un “intento de crear un partido” como un “prototipo o modelo de lo que sería un partido en el futuro”. Por eso les llamé los “proto-partidos”.
La organización local, en las municipalidades y en la totalidad de las regiones de un país es un elemento vital para los partidos políticos del siglo XXI. Con mucha más insistencia que en los dos siglos anteriores, en el siglo XXI se le otorga creciente importancia al traslado de competencias de gobierno a instancias sub-nacionales, es decir, regionales o municipales. En el caso de Puerto Rico, por razón de las influencias y desarrollos históricos provenientes de nuestra condición como colonia o como “provincia de ultramar” española, a pesar de la dimensión territorial relativamente pequeña de nuestras islas, tenemos un total de 78 municipalidades.
Es evidente que la inserción en el escenario político municipal es y ha sido un medio importante para consolidar cualquier partido político, como comprobaron históricamente ambos partidos grandes de nuestro bipartidismo cerrado, el PPD y el PNP. Quizá las estructuras no son ya las mismas. Probablemente los “comisarios de barrio” han sido sustituidos por los “Presidentes municipales del partido” —sobre todo en las ciudades de mayor tamaño y población— pero la realidad es que un partido político necesita una multiplicidad de organizaciones locales que se conecten efectivamente con el nivel nacional de dicha formación política. Este, sin embargo, ha sido uno de los elementos ausentes, por la mayor parte, en los proto-partidos. En su afán por crear un “partido político nacional” los dirigentes del PPR, del MUS, del PPT —y hasta del PIP— han descuidado el lograr y mantener organizaciones partidarias funcionales en la totalidad de las municipalidades del país. Entre ellos, el PIP es el más reconocido en los municipios más pequeños y apartados del país, por ser un partido de mayor edad histórica. No obstante, aun el PIP es un “partido fantasmal” —prácticamente virtual e inexistente— en términos de organización política real en municipalidades pequeñas y distantes como Las Marías, Maricao, Naguabo, Villalba, Orocovis, Comerío o Corozal. Por tal razón, la representatividad mediante candidatos en las papeletas locales ha sido a menudo en el PIP una especie de “vente tú”, en el cual el “partido” le ruega a algún militante o votante que permita que coloquen su nombre en la papeleta, para llenar el expediente, pero sin ningún tipo de conexión orgánica representativa con los intereses, deseos o necesidades de los ciudadanos a quienes supuestamente se aspira a “representar”. En otras palabras, un autoengaño. Si esto se ha dado en el PIP, que es un partido de mayor duración temporal, ha sido más notable todavía en los proto-partidos que compitieron en 2012. Tal vez el MUS, en sus primeras etapas, logró organizar algunas municipalidades tales como Morovis, Caguas o Ponce. No obstante, a medida que dicha formación fue enfrentando conflictividades mal manejadas (la salida por expulsión de la Junta Directiva de Ángel Collado Schwarz) y la renuncia posterior del candidato a Gobernador proclamado originalmente en asamblea por dicho proto-partido, el doctor Enrique Vázquez Quintana, la capacidad organizativa del MUS mermó y, llegado el día de las elecciones, estuvieron ausentes sus funcionarios de colegio en numerosos colegios del interior del país, y hasta en las zonas metropolitanas. Al mismo tiempo, puede decirse que el PPR y el PPT fueron entidades que, por la mayor parte, se saltaron la etapa de crear y consolidar estructuras municipales y regionales antes de armar el andamiaje jurídico-político del “partido por petición”. No podemos decir que no se organizaron en ningún municipio del interior, pero ciertamente no lograron estructurar una organización local y regional sólida con anterioridad a las elecciones de 2012. Está por verse si el PPT, y otras formaciones políticas que aspiran a inscribirse como “partidos por petición”, trabajarán o no efectivamente en esa tarea fundamental de cara a las elecciones de 2016. Desde 1942, E.E. Schattschneider en su libro Party Government, indicó que los partidos políticos se componen principalmente de dos instancias: un grupo de notables que son los dirigentes del partido, y una masa de votantes que les sigue. Hoy tendríamos que sofisticar más el análisis para incluir otras instancias: desde la de los militantes y organizadores locales, hasta los que se dedican a las comunicaciones partidarias por la Internet. Algunos de nuestros proto-partidos se “pusieron al día” en cuanto a mantener páginas en la red muy dinámicas y bastante efectivas, pero eludieron dedicar tiempo y esfuerzo a crear la red humana de organización municipal, y mucho menos a entrelazarla adecuadamente entre sí y con el nivel nacional de los dirigentes principales.
Para que las formaciones políticas sean auténticos partidos políticos han de diferenciarse de otros grupos de la sociedad civil, como lo son los grupos de interés, los grupos de presión y los movimientos sociales. Esos grupos, como se dice en el lenguaje de la ciencia política contemporánea, representan y articulan o expresan intereses particulares, pero no ejercen normalmente una función política que es exclusiva de los partidos políticos: la suma de diversos intereses y necesidades ciudadanas, para formular alguna visión coherente de “bien común”, más allá de los intereses particulares, lo cual generalmente se traduce por escrito a los llamados “programas de gobierno” de los partidos. En Puerto Rico, todos los partidos, los grandes del bipartidismo cerrado y los pequeños o proto-partidos suelen escribir programas de gobierno, que dicho sea de paso, muy poca gente lee, y que tampoco han surgido siempre de discusiones amplias de las necesidades de los miembros y militantes, o de los ciudadanos en general, sino que bastante a menudo nacen como un esfuerzo acotado de un pequeño grupo de “notables del partido” que integran un “comité de programa”.
En ocasiones los proto-partidos limitan ellos mismos su capacidad para sumar intereses en los programas de gobierno o lo hacen de una forma confusa y contradictoria. Por ejemplo, el PPT se proclama el partido del Pueblo Trabajador, con lo cual se concentra en los intereses de la clase obrera. No obstante, cabe interrogar: ¿hubo discusiones amplias en varios sectores del movimiento obrero organizado para que el resultado de las mismas fuera elemento esencial en dar base al programa del PPT? ¿Cómo se puede conjugar con coherencia el definirse como partido de clase, partido obrero, y al mismo tiempo pretender atraer el voto de todos los ciudadanos sumando intereses de “bien común” tales como los del desarrollo económico, la justicia social, el transporte colectivo y la protección ambiental? No cabe duda que la campaña del PPT en las elecciones de 2012 mostró algunos esfuerzos en ese sentido. No es tan fácil, sin embargo, privilegiar a las clases trabajadoras en términos de representación de intereses en una sociedad como la puertorriqueña, y al mismo tiempo, sumar intereses más amplios que cobijen las necesidades, intereses y reclamos de grupos sociales que no se identifican con “el pueblo trabajador”, ni como “clase obrera”, como pueden ser las clases medias, los intelectuales y profesionales, y la amplia masa de gente que no está integrada al grupo trabajador porque vive de las ayudas del gobierno o de la economía informal. El error estriba en sobre-imponer en el discurso la definición marxista de clase, con la cual yo concurro, pero sin educar primero masivamente sobre tal definición que no es la que habita en el pensamiento de la mayoría de los votantes.
Por otra parte, los partidos políticos deben actuar como tales y no como meros influyentes sobre quienes detentan el poder en el sistema político. No obstante, como los proto-partidos no suelen alcanzar representarse a sí mismos mediante candidatos electos, muy fácilmente terminan por ejercer en la práctica las funciones de los grupos de interés y de presión, más que las de un partido político. Esto tiene tantos precedentes en nuestra propia historia política, que mucha gente puede percibir tales intercambios de roles como algo “natural” y “normal”. No obstante, no es lo que se supone que ocurra. Si sucede, entonces tenemos entidades o formaciones políticas que se llaman “partidos” pero que no ejercen como tales sino como un grupo de presión más. Y, por supuesto, para funcionar como grupo de presión que influya sobre el gobierno —o sobre la opinión pública— no es necesario recoger endosos, inscribirse como partido político, ni drenar las energías de los militantes en el intento de conseguir los funcionarios de colegio necesarios.
En el pasado, durante la operatividad de la Ley Orgánica Foraker (1900-1916) y en las primeras etapas de vigencia de la Ley Jones (1917-1938) se fundaban en Puerto Rico supuestos “partidos políticos” que, debido al ordenamiento colonial, no podían realmente ejercer las funciones propias de los partidos políticos en una democracia. Eran, pues, “partidos políticos” de mentirijillas. Como no tenían la totalidad del gobierno interno del país en sus manos —porque dicho gobierno estaba controlado por los personeros de la metrópoli— los llamados “partidos” no fueron sino asociaciones políticas de notables dedicadas a lo único a lo que se podían dedicar: discutir el futuro de Puerto Rico en sus relaciones con la metrópoli, asumir posiciones y dar sus luchas en cuanto al estatus político. De ahí que aún hoy en día, cuando el PPD y el PNP sí pueden competir por el poder político y administrativo del gobierno interno, pueden presentar programas de gobierno, y pueden representarse con candidatos para la totalidad de los cargos legislativos, todas ellas funciones esenciales de los partidos políticos en una democracia, hemos arrastrado, sin embargo, el “ver con naturalidad” que los partidos y sus líderes pretendan y logren monopolizar la discusión sobre el estatus político del país. Obviamente es necesario discutir ese asunto porque no está resuelto en definitiva y su falta de solución nos afecta gravemente. Pero esa realidad no autoriza que sean los partidos políticos los que monopolicen la discusión. La deliberación sobre el asunto del estatus, como la que tenga que ver con idear un nuevo modelo de desarrollo económico para el país, o un sistema educativo de calidad mundial, debiera ser asunto de todos los ciudadanos, de todo el Pueblo, y trascender el dominio de los partidos políticos. No ha ocurrido así porque, como decía con acierto Carlos Marx, “el pasado pesa como un íncubo sobre las nuevas generaciones”.
De modo similar, cuando en pleno siglo XXI los proto-partidos quedan excluidos de la Asamblea Legislativa y de poder ejercer las funciones normales que ejercen los partidos en una democracia, es muy fácil y “natural” que, si hacen algo más que invernar entre una elección y otra, se dediquen a llevar en la práctica funciones de grupos de presión, o de movimientos sociales, movimientos políticos o grupos de interés, pero no las verdaderas funciones del partido político. Con ello no solo dejan de ser “partidos” oficialmente en la CEE, sino que aunque sigan autodenominándose “partidos”, demuestran que nunca lo fueron realmente, ni antes ni después de las elecciones.
El deseo de buscar apoyo popular en las elecciones y mediante otros medios legítimos como la preparación de militantes, la educación política y otras actividades es tal vez la característica de los partidos que mejor se halla presente, tanto en los partidos grandes del bipartidismo como en los proto-partidos. En eso, todos los grupos o formaciones políticas del país que se inscriben en la CEE y acuden con candidatos a las elecciones han cumplido con la definición. La canalización de intereses sectoriales o de un sector de opinión y pensamiento de la sociedad también suele cumplirse bastante bien por todos ellos, con mayor o menor claridad a los ojos y oídos del pueblo elector. No obstante, cuando los partidos asumen conductas excesivamente sectarias corren el riesgo de involucionar desde el partido político hacia la mera facción. Es lo que podría decirse que, hasta cierto punto, ha ocurrido —lamentablemente— con el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP). El PIP se inició en la vida pública en la década del 1940 como un verdadero partido político. Tanto fue así, que fue el segundo partido en fuerza electoral en las elecciones de 1952 con un 19% del voto total. Además, los legisladores del PIP de aquella época hicieron contribuciones legislativas importantes, sobre todo en áreas como la legislación laboral, la educativa y la de justicia social. Al correr del tiempo, y con otro cuadro de líderes, el PIP ha ido transitando hacia una involución que lo caracterizaría más como una facción del llamado “movimiento independentista” del país que como un verdadero partido político. Las únicas funciones importantes que ha desempeñado como partido han sido las relacionadas a tener representación legislativa nacional o en las asambleas legislativas municipales —cuando la ha logrado obtener— la representación de las preferencias de estatus por “la independencia” en organismos internacionales y la presentación de propuestas legislativas que se debaten en el espacio público, como por ejemplo, su propuesta para la Asamblea de Estatus. No obstante, debido a una pérdida sustancial de votos y de militantes —que no le ha permitido rebasar por mucho el 2% de los votos en los comicios más recientes— por sus actitudes sectarias y contrarias a la concertación de alianzas o estrategias políticas conjuntas con otras agrupaciones políticas, y por su desvinculación esencial con los esfuerzos por educar a los votantes sobre las realidades de las “soberanías interdependientes del siglo XXI” —que es lo que verdaderamente existe, aunque sus dirigentes insistan en llamarle a eso “la independencia” — el PIP transita peligrosamente, por involución, hacia convertirse en una mera “facción” del llamado “movimiento independentista puertorriqueño”. Y, como tuvimos ocasión de constatar por el acontecimiento de la celebración de una consulta sobre estatus político junto con las elecciones de 2012, se ha convertido incluso en una facción minoritaria. No se puede concluir otra cosa cuando, contando voto a voto, hubo muchos más votos por la independencia en el plebiscito que votos por el PIP en las elecciones generales, a pesar de que contaron con una cara nueva, joven e inteligente como lo fue su candidato a Gobernador, Juan Dalmau. Por supuesto, es una realidad que ya percibíamos quienes estudiamos científicamente el devenir político en nuestro país. No obstante, ha sido muy útil constatarlo y probarlo con los votos de 2012 porque ahora es algo empíricamente irrefutable. De esto, por supuesto, no se discute con seriedad en el seno del PIP, lo cual lo consigna, nuevamente, más como facción que como partido, ya que prefiere mantenerse auto-referente, excluido de intentos de tender puentes con otros sectores del llamado “independentismo”, reincidente en la inscripción como partido para disfrutar del fondo electoral, más que para transformar el discurso sobre la “independencia” y hacer crecer el apoyo a esa opción ante los acontecimientos de crisis que vive el país. Por el contrario, los datos conjuntos de las elecciones y del plebiscito en 2012 demuestran que, cualquier crecimiento en apoyo de lograr alguna forma de las “soberanías interdependientes del siglo XXI” no proviene de los esfuerzos políticos del PIP sino de otras entidades. En ese sentido, los dirigentes contemporáneos del PIP crean una especie de mitología en torno a la pervivencia real del PIP como partido. Y nada es más útil a ese discurso mitológico que conectarse a sí mismo, por prestidigitación, con los dirigentes del pasado que de verdad lo operaron como un partido político.
Una conclusión ineludible
De todo lo anterior, se infiere una conclusión ineludible. Si no queremos continuar por la vía de los autoengaños, de las ficciones y de las mitologías partidarias, se hace cada vez más pertinente enfocar los esfuerzos en cómo podemos lograr mejorar institucional y constitucionalmente nuestra democracia, a fin de que los nuevos partidos no se conviertan en “fantasmales” y se instituyan en partidos políticos de verdad. Esa es la carreta que tenemos que mover con los mejores bueyes disponibles. No se logra aplicando la habitual “ley del menor esfuerzo”. Hay, sin embargo, un obstáculo importante. Más allá de los entretenimientos mitológicos en los que se embarcan los dirigentes de los “nuevos partidos”, existe un mal mayor. La ignorancia en nuestros propios ciudadanos. Es por esto que necesitamos una educación política concreta, que provea a más y más de nuestros ciudadanos con las herramientas de pensamiento y de acción como para ser impulsadores de una mejor democracia en Puerto Rico: aunque para ello tengamos que enmendar nuestra constitución.
Si un pueblo tiene soberanía y capacidad decisoria suficiente como para redactar y aprobar una Constitución, debe tenerla también para enmendarla y mejorarla. Sin embargo, según la experiencia narrada en un programa radial reciente por la Dra. María de Lourdes Lara, directora ejecutiva de Agenda Ciudadana, uno de los obstáculos principales enfrentados por dicha organización a la hora de deliberar sobre asuntos de nuestras estructuras políticas constitucionales e institucionales, es que demasiados ciudadanos viven con la convicción de que “la Constitución no se toca”. Ese principio es valioso si se trata de “tocar” la Constitución para reducir o acotar derechos. Pero no puede ser un principio ni valioso, ni útil, ni pertinente, cuando se trata de “tocar o enmendar” nuestra Constitución para ampliar los derechos del Pueblo y con el fin constructivo de mejorar nuestro sistema democrático para hacerlo más representativo de los diferentes sectores del país. Las fallas en nuestra vida democrática, que tienen raíz en disposiciones constitucionales, o en la ausencia de ellas, son lo suficientes, diversas y sustantivas como para que este problema amerite tener mayor prominencia en el espacio público y en la agenda colectiva de todos, incluso en la de los “proto-partidos”. Uno de esos asuntos medulares —valga aquí la reiteración ya que este artículo es evidencia de la necesidad de transformar lo existente— es el modo y las reglas de juego establecidos constitucionalmente para elegir los miembros de nuestra Asamblea Legislativa.
Referencias
Duverger, M. (2005) Los partidos políticos. México: Fondo de Cultura Económica.
García Cotarelo, R. (1985) Los partidos políticos. Madrid: Ediciones Fundación Sistema.
La Palombara, J y Weiner, M. (1966) Political parties and political development. Princeton: Princeton University Press.
Sartori, G. (1997) Partidos y sistemas de partidos. Madrid: Alianza Editorial.
Schattschneider, E. E. (1942) Party Government. New York: Holt, Rinehart and Winston.