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Pena de muerte. Gracias, pero no gracias…


“Hanging”/Catherine Chalmers

Me enteré por Twitter poco antes de sentarme almorzar. Mi “timeline” o el listado de entradas publicadas por los tuiteros a quienes sigo, crecía y mutaba exponencialmente con mensajes de alegría y celebración mientras la noticia se movía viralmente en la red.

Un jurado compuesto por 12 puertorriqueños y puertorriqueñas reafirmó con su veredicto la tradición abolicionista que por casi un siglo nos distingue como pueblo que rechaza la pena de muerte.

La decisión de no poner una inyección letal en el brazo del convicto por asesinato Edison Burgos Montes, aún cuando se alega que el jurado dio por ciertos los argumentos de la fiscalía de Estados Unidos, tiene que verse como un mensaje a los conservadores sectores que controlan el aparato de justicia criminal y  que nos venden el castigo como solución a la criminalidad en Puerto Rico.

Sabiendo cuan conservadores pueden ser los jurados federales (serví como jurado en esa Corte), me parece que el mensaje enviado por los juzgadores en el caso de Edison Burgos Montes deja claro que, no importa cuán grave pueda ser la violencia social en el país y cuáles sean las estadísticas de la criminalidad o cuán dramático el espectáculo jurídico que monte en sala la fiscalía, los puertorriqueños no estamos dispuestos a reconocerle el poder de asesinato al Estado.

Mi corazón se alegraba y se enorgullecía con cada mensaje de 140 caracteres que aparecía en mi Twitter, pero poco me duró la emoción.

Minutos más tarde, los comentarios de los tuiteros cambiaron y ahora se enfocaban en doña Rosa Emilia Rodríguez Vélez, fiscal federal y principal empresaria moral de la pena de muerte en Puerto Rico, quien se negó a “aceptar la  derrota” que para su causa implica la decisión de esos 12 jurados y juradas.

Lejos de escuchar, obedecer o por lo menos respetar la aspiración expresada en la llamada Constitución del Estado Libre Asociado y reafirmada por el veredicto en el caso de Burgos Montes, la fiscal federal Rosa Emilia Rodríguez Vélez, en una actitud de soberbia y con la prepotencia típica del mayoral de las haciendas pasadas, plantó bandera y aseguró a los medios que en poco tiempo su oficina logrará enviar a alguien al pabellón de la muerte.

Los medios de comunicación de la Isla citaron a la funcionaria federal diciendo que “estamos listos” para próximamente imponer la pena de muerte.

¿Cómo que “estamos listos”? ¿En qué siglo vive esta señora? ¿Acaso es para ella un logro social que el Estado asesine legalmente a uno de sus ciudadanos?

Al parecer la licenciada Rodríguez Vélez no sabe que desde mediados del siglo XX, la aspiración de gran parte de la humanidad es abolir la pena de muerte por considerar la misma una barbarie.

De igual forma parece que la funcionaria federal no sabe que la mayoría de los países del mundo y todos los países industrializados, excepto Estados Unidos y China, ya prohibieron o tienen en moratoria el uso de esta vil penalidad.

Al escuchar las expresiones de la fiscal, me pregunto si no se supone que ella, como fiscal, represente los intereses de los ciudadanos, o es que realmente a quien ella representa como funcionaria es al “Estado”.

En ese momento y con el almuerzo ya casi cayéndome mal en el estómago, vino a mi mente una recopilación de los artículos que sobre el patriotismo publicara en el siglo XIX Mijaíl Bakunin y que más tarde fueran publicados por sus seguidores bajo el título: “Patriotismo, la Comuna de París y la Noción de Estado”.

En ese trabajo, Bakunin explica cómo el Estado y la propia noción de patriotismo surgen como una especie de evolución del apego natural que el individuo le tiene al espacio o territorio donde este creció y se desarrolló.  Es un apego entendible para el teórico anarquista, pues ese territorio fue el que le proveyó al individuo lo necesario para vivir y por ello debe ser protegido a toda costa.

Bakunin va más lejos y deja claro que según el ser humano evoluciona y se desarrolla, debe ir superando esos apegos que terminan dividiendo a la humanidad en facciones irreales, así como sirviendo de justificación para que los que creen que pertenecen excluyan u exploten a los que ven como que no pertenecen.

Es precisamente ese sentimiento de apego al espacio o territorio el que, manipulado por los poderosos, sirve de base a lo que Bakunin llama la Teología del Estado. Una teología de la que una funcionaria como Rodríguez Vélez parece levantarse como sacerdotisa al servicio de esos propios poderosos.

Claro, en el caso de doña Rosa Emilia la cosa es más torcida pues, producto del coloniaje, su patriotismo es a una patria que no es la suya y le responde jerárquicamente a una estructura política que ni siquiera guarda la apariencia democrática de haber sido electa por los ciudadanos a quien ella como sacerdotisa del sistema puede procesar.

Desde esta perspectiva bakuniana, el Estado, ese al cual sirve la fiscal:  “No es el conjunto viviente, que deja respirar a cada uno a sus anchas y se vuelve tanto más fecundo, más poderoso y más libre cuanto más plenamente se desarrollan en su seno la plena libertad y la prosperidad de cada uno; no es la sociedad humana natural, que confirma y aumenta la vida de cada uno por la vida de todos; es, al contrario, la inmolación de cada individuo como de todas las asociaciones locales, la abstracción destructiva de la sociedad viviente, la limitación, o por decir mejor, la completa negación de la vida y del derecho de todas las partes que componen ese todo el mundo, por el llamado bien de todo el mundo; es el Estado, es el altar de la religión política sobre el cual siempre es inmolada la sociedad natural: una universalidad devoradora, que vive de sacrificios humanos como la Iglesia. El Estado, lo repito, es el hermano menor de la Iglesia.”

Es ese Estado quien no solo termina monopolizando el derecho al uso de la violencia a favor de los poderosos y en contra de quienes pueden representar una amenaza a sus intereses como clase, sino que genera todo un discurso jurídico moral para aparentar que el uso de esa violencia estatal es garantía de todos y todas.

“Es una pura abstracción; pero toda abstracción histórica supone hechos históricos. Estos hechos, como lo he dicho ya en mi artículo precedente, son de una naturaleza enteramente real, enteramente brutal: es la violencia, el despojo, el sometimiento, la conquista. El hombre está formado de tal manera que no se contenta con hacer, tiene además necesidad de explicarse y de legitimar, ante su propia conciencia y a los ojos de todo el mundo, lo que ha hecho”,  explica el pensador Ruso.

Mirando así las cosas se puede entender que la fiscalía federal, supuesto representante del ministerio público, lejos de representar al público, se revela como mayordomo de un Estado imperialista cuyo poder en Puerto Rico emana de su capacidad y monopolio para utilizar la fuerza de las armas.

Por supuesto, como nos advierte Bakunin desde el siglo XIX, ese poder de las armas no se va a ejercer de frente y desvergonzadamente, sino que busca legitimarse usando un código penal que fue aprobado por el propio poder imperial y legaliza sus acciones al tiempo que nos pretende hacer creer que está al servicio de nuestra seguridad.

En esta ocasión, las expresiones de la veterana fiscal nos quieren hacer ver que el poder que en ella delega el Estado Imperial, de buscar imponerle la pena de muerte a uno de nuestros ciudadanos, es un poder para beneficio de nosotros los ciudadanos de un territorio que no tiene derecho a votar por el presidente o el parlamento que la nombra y confirma en su puesto.

No solo eso, si no que hace menos de dos semanas esta misma funcionaria expresó públicamente que si no fuera por la presencia imperial de los federales en la isla “estaríamos peor que Juárez”, haciendo referencia a la narcoguerra que se desarrolla al norte de México.

Parece ser que a solo semanas de una consulta sobre la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos, la pregunta que nos quieren imponer los federales es: ¿dónde estaríamos los puertorriqueños si no fuera porque ellos, los federales, monopolizan unilateralmente el uso de la fuerza e imponen su “orden y su Estado”.

La verdad es que no sé dónde estaríamos sin ellos, los federales. Lo que sí sé es dónde estamos con ellos y con qué “orden” vivimos con su presencia.

Estamos viviendo un “orden” que beneficia a unos pocos que cada vez son más ricos, mientras condenan al resto a la marginación y la exclusión, a subsistir con empleos paupérrimos o a tener que recurrir a la criminalidad y exponer su vida o libertad para poder encontrar un nivel adecuado de ingresos.

De paso, si la razón para que los representantes del ministerio público a nivel federal busquen a quien matar en Puerto Rico es mantener ese “orden”, a mi nombre no tienen que hacerlo. Gracias, pero no gracias.

  • Lo deben de hacer ya es tiempo! Aqui hay mucha criminalidad y quizas los criminales o las personas q vayan a cometer una acto criminal puedan coger miedo y respetar es que las cosas aqui estan demasiado por eso la gente se mudan, no no hay q cambiar de verdad… Lo deben de hacer, ya es tiempo. 

  • David

    Rosa Emilia por lo visto quiere proyectar una imagen de dura e implacable en EEUU. Imagino que eso para ella se traduce en más poder y dinero.

  • Cecilio Barrios

    Buena exposición. Excepto una de las últimas oraciones que dice:”a tener que recurrir a la criminalidad y exponer su vida o libertad”. No creo que ninguna circunstancia obligue a nadie a “recurrir a la criminalidad”. El que incurre en criminalidad lo hace por elección propia. Existe la intencionalidad. Que la vida del excluído es dura. Estipulado. Pero de eso a afirmar que el criminal no tiene alternativas salvo ser criminal debido al fallo del estado no se justifica, mucho menos la situación constituye un pretexto o un factor mitigante para el crimen .