¿Por qué el golpe contra Diálogo?
En contexto, el pasado lunes 2 de julio –sin mediar comunicación directa con nadie del equipo de trabajo del medio– el presidente interino de la UPR, Darrel Hillman Barrera, y su grupo de trabajo eliminaron el acceso a la plataforma www.dialogoupr.com a todos los reporteros, estudiantes practicantes e incluso al programador web. Fue el resultado final del desmantelamiento del medio al que le precedió la denuncia de un recorte de más del 60% de su presupuesto, el vencimiento sin renovación de los contratos de todo el personal el 30 de junio, y el despido de este servidor, quien hasta, precisamente el 2 de julio, trabajé como director interino del medio.
En resumen, fue la estocada final a un acto de censura orquestado desde hace varios años, en mayor y menor grado, por las diversas administraciones que han pasado por la UPR.
Pero vamos por parte. Diálogo es un medio de comunicación que se fundó en la universidad en 1986 de la mano de David Ortiz Angleró y Luis Fernando Coss. Sin embargo, desde la primera edición –entonces solo impresa– el presidente de la UPR en aquel momento, Fernando Agrait, dejó en tinta y papel que Diálogo no sería un vehículo para promover la visión presidencial sobre los asuntos de la institución. En palabras claras, el medio no se conceptualizó como una herramienta de relaciones públicas para la universidad, sino como un espacio de convergencia de opiniones que diera paso a un “periodismo de largo aliento”, profundo, urgente y de análisis pertinente. Eso, con el pasar de los años, no ha calado en las administraciones de turno en la UPR.
Innumerables han sido las ocasiones en que se ha denunciado y criticado la intervención político partidista en el principal centro docente del país. Por eso Diálogo ha incomodado en los pasado 31 años: por resistir la intromisión partidista e ideológica, que pudiera llevar a la censura. Ciertamente, hubo ocasiones en que las presiones (por sutiles que fueran) superaron la defensa de los grupos de trabajo. Algunos actos de censura salieron a la luz en años recientes; otros, tristemente, quedaron como negociaciones y estrategias para lograr la continuidad del medio.
Hasta que la intolerancia a rendir cuentas prevaleció. En los meses recientes, Diálogo se mantuvo firme como un espacio donde todas las voces de la comunidad de la UPR y otros sectores del país acudían para denunciar injusticias y procurar cuentas a los poderes. Claro que siempre se buscó el balance, por supuesto que siempre se hicieron las llamadas de rigor con los oficiales de prensa y, sin duda, se abrió el espacio para la expresión de todas las partes de las polémicas. Pero, como la censura siempre adquiere nuevos matices, esta vez la administración universitaria se negó a ofrecer entrevistas o dilató las reacciones durante días para tratar de evitar ciertas publicaciones.
Con esto, la estrategia ha sido clara: “hacer” que el medio publique solo un lado de las historias para sacar la carta de parcialidad. Excusa constante que las administraciones universitarias han usado para validar las destituciones, cancelaciones de contratos y toda la vorágine de embates a la que se ha enfrentado Diálogo en su historia reciente.
Una voz menos en la fiscalización
Pero, ¿por qué debe alertarnos la mordaza a Diálogo? Actualmente, Puerto Rico atraviesa por una de las coyunturas más anti-democráticas de su historia con la imposición de una Junta de Control Fiscal (JCF) que pretende ir por encima de cualquier determinación de un gobierno electo. Al mismo tiempo, la administración actual, encabezada por el gobernador Ricardo Rosselló, no ha sido capaz de levantar una defensa contundente de los más básicos lineamientos de una democracia y se ha enfocado principalmente en impulsar determinaciones de política pública viciadas por ideologías unilaterales, peleas partidistas y un pobre desempeño administrativo en las cosas urgentes (como ocurrió con la transparencia en el conteo de muertes tras el paso del huracán María el pasado 20 de septiembre de 2017).
También, han prevalecido los contratos a funcionarios con altos salarios injustificados, faltas de respeto a la prensa y una total desconexión con las verdaderas necesidades del pueblo.
Situaciones similares ocurren en la UPR, donde tan reciente como el 3 de julio se nombró a un presidente en propiedad con un salario de $240,000 sin mayor justificación que la necesidad de convencer “al mejor talento” de tomar la riendas de una institución al borde de la debacle. Un sueldo que contradice los desafíos financieros por los que atraviesa la universidad, cuyo recorte impuesto por la JCF para este año fiscal asciende a los $41 millones, y que llevó a que la Junta de Gobierno de la institución aplicara aumentos amplios en los costos de matrícula a estudiantes de bachillerato y graduados.
Todo lo anterior ocupaba un espacio importante de debate, análisis y reflexión seria en Diálogo. Preocupa, entonces, desconocer cómo llegarán estas denuncias hasta los ciudadanos sin que se queden en los vicios mediáticos de las empresas de comunicación que rara vez dan paso a la profundidad en el ejercicio periodístico. ¿Habrá que conformarse solo con las perspectivas de los pocos medios de alcance nacional que quedan en Puerto Rico? Bien por las plataformas alternas que van en ruta de proponer un periodismo diverso en el país. Pero estos crecimientos de portales y medios emergentes no pueden justificar el cierre de una voz como Diálogo. Por el contrario, es importante una acción solidaria que reclame más participación periodística y menos hegemonía informática en el país.
Claro, los administradores de la UPR, avalados por el presidente de la Junta de Gobierno, el licenciado y profesor en la Escuela de Derecho, Walter Alomar, mantienen su discurso de que Diálogo se ampliará y estará adscrito a los recintos y unidades de la UPR que cuentan con programas académicos de comunicación. Hasta ahí, todo parecería una gestión noble de acercar aún más el laboratorio a profesores y estudiantes para sacar el mejor provecho —o retorno de inversión, en el argot que mejor conocen quienes mercadean con lo público—. Lo que sucede, en cambio, es que, si bien Diálogo ha cumplido desde siempre con su gestión de taller práctico para estudiantes de diversas disciplinas (el pasado año, por ejemplo, el medio recibió a 35 alumnos de prácticas), esta no es su única función.
De acuerdo con la certificación número 66 de 1997-1998 de la entonces Junta de Síndicos de la UPR, Diálogo “[…] tiene como propósito fundamental informar, de manera objetiva, sobre sucesos sobresalientes de la vida universitaria: experiencias educativas innovadoras, enriquecedoras y positivas; asuntos locales, nacionales e internacionales; además promueve el debate público, crítico e intelectual, que es parte vital del quehacer universitario”.
Es preciso señalar que aún se desconoce cómo funcionará Diálogo a partir del presunto nuevo modelo que se ha empeñado establecer la administración de Hillman Barrera. Sin embargo, lo que alerta de entrada es la polarización editorial que enfrentará el proyecto, toda vez que estará más susceptible al control de los directivos departamentales de los programas de comunicación que, dicho sea de paso, responden a los rectores que, por extensión, suelen ser leales a la visión del presidente de turno en la institución. Es decir, tres nuevas capas de control que pondrán en jaque la autonomía editorial de Diálogo, lograda gracias a un fallo del Tribunal Supremo en 1995 en el caso Coss y UPR vs. la Comisión Estatal de Elecciones, cuando se resolvió que el periódico es un foro público designado.
El peligro de perder la historia
La pérdida de libertad editorial y el azote contra el periodismo alternativo son de por sí llamados de alerta para repudiar el cierre de facto en Diálogo. Empero, otro aspecto que debe preocupar a la ciudadanía en general es el peligro que corren baluartes de una parte de la historia de Puerto Rico que ha sido documentada por el medio.
El riesgo inmediato lo corren los cientos –si no miles– de artículos, fotos, videos y gráficos que se encuentran alojados en la página digital www.dialogoupr.com. Si la administración bloqueó los accesos el lunes a quienes han construido la plataforma digital los pasados años y tiene en su poder el contenido, podría disponer de él arbitrariamente. El miedo de que eso pase no es nuevo, pues en 2011, cuando se destituyó al entonces director de Diálogo, el periodista Marcos Pérez Ramírez, la página del medio sufrió un rapto similar, que provocó que se perdieran un sinnúmero de textos, particularmente todos los relacionados con la cobertura multimedia de la huelga de 2010 durante la incumbencia del presidente Miguel Muñoz Muñoz.
De ahí que Diálogo alertara el pasado martes a todos sus colaboradores, columnistas estudiantes y periodistas que han pasado por el medio a rescatar en algún formato sus contenidos en una acción afirmativa de tratar de preservar la versión digital del patrimonio del proyecto.
Por esa misma línea, debe inquietar al país lo qué sucederá con el resto de las piezas históricas que guardan las oficinas de Diálogo ubicadas en el Jardín Botánico Norte en Río Piedras. Se trata no solamente del archivo completo de todas las ediciones impresas del medio desde 1986 –de las que algunas solo quedan uno o dos ejemplares–, el archivo fotográfico del medio en el que se conserva el trabajo de 30 años de carrera del laureado fotógrafo Ricardo Alcaraz, y las ilustraciones, collages y otros piezas de arte (acrílico sobre papel, casi todas) que se usaron para los diseños del periódico impreso en las décadas de 1980, 1990 y 2000. De lo último, un conteo preliminar totaliza cerca de 230 piezas de ilustradores de la talla de Juan Álvarez O’Neill, Edwin Crespo, Rafi Trelles, Walter Torres, Iván Camilli, Miguel Acevedo, Karen Dietrich y Arturo Yépez, entre otros.
Se reconoce que este acervo cultural e histórico es propiedad de la UPR. Por lo mismo, y por cómo esta administración ha tratado con tanto desprecio a Diálogo, es aterrador pensar el paradero que tendrán todas estas piezas. No existe otro archivo oficial de Diálogo que guarde todo ese contenido que preserva escritos de un sector de periodistas puertorriqueños y de escritores nacionales e internacionales.
Si todo lo anterior todavía no es suficiente para concluir sobre la importancia de atender el más reciente golpe a Diálogo, súmele también el sentimiento de los 11 profesionales que actualmente se quedaron sin su trabajo. De estos, varios estudiantes que no solo se quedarán sin una compensación económica, sino que tendrán que pagar más por estudiar en la misma universidad que les quitó los accesos o su lugar de labores y –¿por qué no?– a su segundo hogar.