Puerto Rico, ¿estado criminal?
Si le pregunta sobre la criminalidad a varias personas, cualesquiera, con las que se cruce en la calle, probablemente las respuestas serán más o menos las mismas.
Entre las respuestas que puede que reciba están: “esto está malo”, “aquí no hay quien viva”, “no se sabe dónde vamos a ir a parar”.
Inevitablemente, estas expresiones serán acompañadas de alguna anécdota o historia espeluznante donde, con lujo de detalles y recordando las historias del “viejo” Vocero de Puerto Rico, nos enteremos de algún incidente de daños o agresión. En esas historias, seguramente estarán incluidos los más notorios casos de “crimen de cuello blanco” suscitados en la Isla durante las pasadas décadas.
Al escuchar atentamente las respuestas o las conversaciones en torno al crimen, hay un rasgo que parece ser común a todas las historias: el crimen es visto como un acto individual y separado del resto de la sociedad. Es decir, “son acciones de individuos o grupos de individuos quienes violan la ley”.
Este discurso del crimen como expresión individual, que construye “lo criminal” como las acciones propias de aquellos que se desvían de las normas, la ley y el orden, impera en nuestra sociedad, incluso en sectores académicos. Es un discurso que, según los llamados criminólogos críticos, sirve de base para los discursos de control y represión social que también dominan la discusión en la Isla.
La política pública que deriva de esta visión del crimen como expresión individual dispone que aquéllos que se separan del orden, deben ser reprimidos o controlados por los medios que sean necesarios. Sin embargo, desde la última década del siglo XX, un grupo de criminólogos ha hecho un llamado a estudiar la desviación y el crimen desde perspectivas intelectuales más amplias.
Entre estos se destaca John Muncie1, catedrático de la Open University en Gran Bretaña. En su magistral escrito Decriminalising Criminology2, el británico demanda una nueva criminología que estudie “lo criminal” desde el daño social que producen las acciones observadas o etiquetadas como desviadas.
El autor establece que el campo de acción de aquellos interesados en estudiar lo criminal, debe ir mucho más lejos que la observación de las conductas prohibidas por la ley. Muncie indica además que el estudio de los desviados y lo criminal debe mirar las acciones que hacen daño a otros en términos de “reducción” o “represión”.
Daños de reducción se refiere a acciones que les causan perjuicios de pérdida o menoscabos materiales a otros, mientras que los daños de represión son aquellas acciones que limitan el desarrollo material o intelectual.
Regresando al comienzo de este escrito, se puede entender que lo que regularmente se ve como criminal, es sólo un renglón del espectro de acciones dañinas en la sociedad. El robo, las agresiones, la violencia, son ejemplos de esta categoría de daños de reducción.
Sin embargo, al mirar detalladamente mas allá de los reportes policiacos, se revela un mundo de acciones dañinas que no son tipificadas como delitos, pero que partiendo de las definiciones de Muncie, son criminales.
Si el impedir el desarrollo material o intelectual de alguien es un acto criminal, se pudiera decir que la implementación en Puerto Rico de una política neoliberal conservadora es una acción criminal que, en nombre del desarrollo económico, castra a enormes sectores de la población de sus posibilidades de desarrollo. Desde esta perspectiva, se devela como criminal que el Estado gaste miles de millones de dólares en encarcelar grandes sectores de su población marginada, en vez de invertir ese dinero en desarrollar empresas sustentables en las comunidades donde éstos habitan.
Se percibe como criminal también que el Estado permita que los patronos que generan ganancias millonarias y que son repatriadas fuera de la Isla, exploten a sus trabajadores pagándoles un sueldo que no les alcanza para un nivel de vida digno.
En fin, es criminal que el Estado anteponga el bienestar y seguridad del capital a costo de las posibilidades de desarrollo de los seres humanos que se supone proteja.
Esta visión del Estado neoliberal conservador que se impone en Puerto Rico como uno criminal, se refuerza al estudiar los trabajos de Dawn L. Rothe, quien en su publicación State Criminology3 incluye el concepto “Crimen de Globalización” como uno de los crímenes que puede cometer un Estado.
El terminó, que según Rothe, lo acuñó David O. Friedrichs en el ensayo “The World Bank and crimes of globalization: a case study”, se refiere a acciones estatales muy relacionadas con los crímenes políticos, estatales-corporativos, de cuello blanco o financieros, pero transcienden estas definiciones.
Roth, citando a Friedrich, explica que los crímenes de globalización implican la integración en actividades que violan el derecho internacional y los tratados sobre derechos humanos por parte de empresas financieras y corporaciones transnacionales en acuerdo con las entidades políticas locales. Entre los ejemplos de crímenes de globalización expuestos por Rothe, se destacan las políticas económicas que obligan a los pobres a cargar el peso económico para crear un ambiente favorable que estimule la inversión financiera.
Ante el cuadro que surge de los trabajos de Muncie, Rothe y Friedrich nos debemos preguntar si el Puerto Rico del siglo XXI es un Estado Criminal.
¿Nos cuestionamos si la insistencia en imponer un gasoducto que cruce la Isla a costa de la integridad física de los residentes y la seguridad económica de las futuras generaciones para beneficio de la multinacional Fenosa es un crimen de globalización?
De igual forma, ¿nos preguntamos si el despido masivo de empleados públicos para crear un ambiente adecuado y tranquilo que congracie al gobierno con las transnacionales financieras es también un crimen de globalización?
El imponer a los estudiantes la carga de balancear el presupuesto y subsanar los excesos de los burócratas en la Universidad de Puerto Rico, ¿no es también un ejemplo de crimen de globalización?
¿Acaso no es criminal que un asesor en la inconsecuente legislatura colonial en la Isla, gane más que el maestro o la maestra que educa nuestros hijos?
¿No son todas estas acciones “crímenes de globalización?
Ciertamente, la criminalidad en la Isla está mala. Pero no lo está por la violencia que vemos a diario en las calles, eso es el síntoma y no la enfermedad.
“La cosa” está mala porque la verdadera criminalidad que sufre Puerto Rico es el resultado de esa política que antepone el bienestar del capital sobre el desarrollo sustentable del pueblo.
Así las cosas, la pregunta tiene que ser: ¿Quiénes son los verdaderos criminales en el Puerto Rico de la segunda década del siglo XXI?
Paz
- John Muncie es profesor titular de criminología y política social en la Open University. Sus más recientes publicaciones son: Criminological Perspectives (Sage/Open University, 1996), The Problem of Crime (Sage/Open University, 1996), y Youth and Crime: A Critical Introduction (Sage, 1999). [↩]
- Muncie, J. (2000) ‘Decriminalising Criminology’, British Criminology Conference: Selected Proceedings. Volume 3. [↩]
- Rothe Dawn L. (2009) State Criminality: The Crime of All Crimes (Issues in Crime and Justice) Lexington Books, Lanham [↩]