¿Qué autonomía? Parte II

Cuando se van a tomar decisiones que afectan a más de una generación, que de alguna manera pueden hipotecar el destino de tus hijos o el de los hijos de tus hijos, eso tiene que ser Plebiscitado. No puede ser decidido por un gobierno y chao. -Eduardo Galeano

¿Paradoja?

El 6 de marzo de 2013 fui invitada a presentar los hallazgos del Centro Universitario para el Acceso (CUA) sobre acceso universitario y pobreza en la Asamblea General de estudiantes del Recinto de Río Piedras. Fui testigo de varios debates. Me llamó la atención, particularmente, que algunos sectores resienten las negociaciones y los diálogos del Consejo General de Estudiantes (CGE) con el gobierno actual. Según algunos, el CGE le está haciendo el juego a los políticos de turno. Según otros, se trata de un proceso político-diplomático ineludible para conseguir avanzar la agenda universitaria liberadora. Uno de los deponentes más aguerridos en contra de las gestiones del CGE, presentó, más adelante, una moción para pedirle al Gobernador que destituyera a la Rectora, Ana Guadalupe. Su acción constituye uno de los mayores dilemas que enfrenta hoy quien aboga por autonomía universitaria, pero se ve obligado a elevar cualquier propuesta encaminada a fortalecer la autogestión ante el ejecutivo o la rama legislativa.

¿Cómo puede explicarse que se anhele y exija mayor autonomía universitaria, pero se le pida, nada menos que al gobernador del país, que saque a una rectora de su puesto? ¿Qué nudos engendra esta contradicción?

La historia centenaria de nuestra universidad pública da cuenta de las causas de tal enredo. La UPR ha sido el botín de batallas político-partidistas desde siempre. Por una parte y por virtud de su carácter público, está íntimamente ligada a nuestro devenir político. Por otra parte, cada gobierno, desde su fundación, ha querido figurarla a su imagen y semejanza de modo tal que se convierta en pieza clave de su proyecto de país. Y así seguimos hasta hoy.

De ahí que nos parezca insuficiente su ley vigente. De ahí que reclamemos mayor y mejor autonomía de los caprichos político-partidistas. Estas exigencias no quieren decir que la universidad pública debe estar al margen de la política en Puerto Rico. Nada más lejos, nada más reprobable. La universidad tiene y debe ser punta de lanza de la esfera política. Debe robustecer la acción crítica y el pensamiento analítico incesante. Debe enriquecer la esfera democrática de la ciudadanía y su gestión cotidiana para la promoción del bien público. La universidad tiene y debe ser política en su sentido más noble y pleno.

Es, precisamente, desde esa concepción de la política que se hace imperativa la participación de la comunidad universitaria más amplia y contundente. Es, justamente, en ese sentido que la universidad debe estimular una relación horizontal y equitativa con el gobierno actual para exigir y luchar por la universidad que urge. En otras palabras, desde el ejercicio político creativo, responsable y crítico, lxs universitarixs debemos reclamar la más plena y libre autonomía.

Hoy, dada la ley universitaria vigente, dicha exigencia presupone un debate-diálogo con el gobierno de turno. Esta gestión es solo una contradicción aparente en el estado de derecho y legislativo que vivimos. Si nos cobijara otro pacto social y político, otras serían las condiciones y podríamos hablar, sin duda, de paradoja. Pero, ante las actuales, debemos aguzar el análisis y afinar la mirada para expandir nuestra esfera de acción y poder.

¿Símil?

El 15 de enero de 2013 se presentó en el Senado de Puerto Rico el Proyecto 237 con tres objetivos principales:

1. dejar sin efecto la Ley 65 del 21 de junio de 2010 a través de la cual se aumentó el número de síndicos de 14 a 17;
2. aumentar la representación estudiantil y claustral a tres en cada caso; y,
3. encomendar a la Junta de Síndicos provisional (reconstituida después de aprobada la ley) redactar una nueva ley universitaria con la consulta amplia a todos los sectores de la universidad.

Esta pieza legislativa ha generado diversas reacciones, pero han imperado las acusaciones y las sospechas. Los sectores más radicales piensan que se trata de más de lo mismo y que esto es un quítate tú pa’ ponerme yo. Los sectores más conservadores, o sea el Presidente actual y su camarilla, se han puesto dignxs y alegan que se violenta la autonomía universitaria que ellxs hicieron trizas y con la que no simpatizan para nada. Comprendo la suspicacia de los primeros y no me sorprende el cinismo de los segundos, pues ha sido el pan nuestro de cada día de los últimos años.

Ciertamente, puede pensarse que este proyecto supone otro cambio de batón en el centenario relevo de poderes en la universidad. Puede temerse que los populares solo quieren reconstituir la Junta de Síndicos para recobrar su mayoría y seguir haciendo de la universidad su bastión. Esto es posible.

Falsamente, el Presidente argumenta en su Memorial en contra del Proyecto 237 que mayor representación de estudiantes y profesorxs supone un conflicto de intereses en la Junta de Síndicos y que cuando aprobaron la Ley 65 se hizo en común acuerdo con los diversos sectores de la universidad.

Señor Presidente, no insulte nuestra inteligencia. No siga pisoteando nuestra capacidad crítica. Un poco más de respeto, porque cuando escribe (o le escriben) sus memoriales y los presenta en la Legislatura, no solo los van a leer lxs pocxs senadorxs que leen en ese erudito cuerpo. Un poco más de decoro, pues algunxs no tenemos memoria tan breve.

Cómo puede hablarse de conflicto de interés cuando se piensa en lxs estudiantes y docentes, pero no cuando se escogen los síndicos (que sabemos también tienen intereses). La Ley 65 fue el modo-venganza con que se nos sorprendió al regreso de la Asamblea de Estudiantes en Ponce que dio por terminada la primera huelga de 2010. No circuló propuesta alguna en la comunidad universitaria. No hubo consulta. Todo se esgrimió desde la Fortaleza, como se desveló meses después.

¿Metáfora?

Queridxs universitarixs, usemos nuestros talentos y nuestra inteligencia. Vamos a ser políticos. Despejemos lo prescindible y aseguremos que:

1. la Junta de Síndicos que resulte de la Ley 237 sea provisional;
2. el proyecto de nueva ley universitaria recoja esfuerzos notables que se han hecho y se siguen haciendo en diversas unidades del sistema UPR; y,
3. seamos diligentes en el análisis y la evaluación; involucrémonos y hagamos sentir nuestro parecer de manera comprometida y responsable.

Transformemos el Proyecto 237 en otra cosa. Saquemos de sus relaciones, argumentos y propuestas, la semilla. Hacer nada no es una opción. Movilicemos la participación, espantemos la desidia, alentemos la esperanza. La universidad está lejos de ser perfecta, pero vamos a acercarla, en la medida de nuestras posibilidades, a lo que siempre soñamos.

 

NOTA: Sigue en el tintero el tema de la autonomía interna en el sistema UPR. No lo he olvidado. ¡Cómo olvidarlo siendo profesora en Mayagüez!