Silencio
Publicado: 21 de abril de 2017
Bajo el gran manto de virtudes que hermosean su imagen y consagran su prestigio, la Universidad de Puerto Rico maltrata a sus profesores más vulnerables. Condenados a sufrir los embates de la incertidumbre, la segregación y la precariedad laboral, casi la mitad de los educadores universitarios son víctimas de violencia institucional. Esta vergonzosa realidad se agrava con el tiempo y no augura mejoría el porvenir.
La recurrencia de escándalos por corrupción y las secuelas de la crisis financiera monopolizan la cobertura mediática, y se enajena la mirada pública de las condiciones laborales de estos educadores. La viciosa cultura de secretividad que impera en la Universidad garantiza la eficacia del encubrimiento.
Pero la principal razón de su invisibilidad es el miedo: miedo a disentir en libertad; miedo a expresar sus pensamientos con honradez intelectual; miedo a denunciar a viva voz sus malestares; miedo a manifestar sus deseos de justicia; miedo a las represalias del poder patronal.
Todavía las contrataciones, evaluaciones, y criterios de retención y cesantía siguen viciadas por actitudes y prácticas ilegítimas, como el discrimen por razones ideológicas, el padrinazgo político, el amiguismo, la arbitrariedad y el capricho.
Por fuerza de cláusulas contractuales ilícitas son despojados de derechos fundamentales, incluso de tener expectativas de conservar sus empleos. Víctimas de inequidades e iniquidades cotidianas, enraizadas en sospechosas clasificaciones laborales, hasta les niegan el valor de su experiencia de años y años de servicio.
Contratados como “temporeros”, estos profesores son forzados al silencio; a reservar para sí sus ideas divergentes y a callar sus críticas al sistema opresor; a soportar pasivamente sus frustraciones y tormentos; y a jurar sumisión incondicional para preservar sus empleos. Así, intimidados y en silencio se ensimisman; y así se aíslan; y así los desaparecen.
Contra los profesores privados injustamente de sus empleos, la UPR vuelca todo su aparato “legal”; y gasta más en abogados corporativos para evitar que enseñen, que lo que debiera invertir en proteger a sus educadores.
Con miedo y sin miedo, ¡rompamos el silencio!
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