Una lucha que aún no acaba
“Estos hombres y mujeres eventualmente van a prevalecer.”
– Albita Rivera, 27 de octubre de 1997.1
Era una noche de verano en la Ciudad de Nueva York en 1969. Para aquel entonces la ciudad servía como refugio para homosexuales de diferentes partes de Estados Unidos que encontraban un poco más de comodidad en el anonimato que proporciona vivir en tan poblada ciudad. Pese a eso, era una ciudad tan homofóbica como cualquier otra. Al igual que en 48 estados y Puerto Rico, el sostener relaciones sexuales con alguien de tu mismo sexo era un delito, el revelar que eras homosexual te podía costar tu empleo y las relaciones con tu familia y encima la policía frecuentemente intervenía en locales frecuentados por homosexuales, incluyendo barras.
Aquella noche de verano parecía ser igual a las demás. La policía llegó a realizar una redada, como en incontables ocasiones había hecho. Confiscó alcohol y arrestó dragas y trans. Pero aquella noche no fue como las anteriores; la multitud, en su mayoría jóvenes, no despejó la calle Cristopher. Dentro del forcejeo entre los arrestados y la policía había una tensa calma que culminó cuando un peñón fue lanzado de la multitud y alcanzó un policía. Los jóvenes se enfrentaron a una policía nada preparada para un motín y que fue humillada durante los motines que arroparon el Village un par de días.
Aquellos motines fueron fundamentales y enviaron un mensaje que resonó incluso fuera de los Estados Unidos: los gays y lesbianas estaban hartos de la persecución, hartos de ser tratados como ciudadanos de segunda y darían la batalla por la equidad.
Desde aquellos motines hace 46 años se ha recorrido un largo camino.
La lucha por que la homosexualidad fuese eliminada de los códigos penales encontró similar resistencia a la que vimos con el matrimonio. En 1969, el año de los motines de Stonewall, 49 estados y Puerto Rico criminalizaban la homosexualidad.
En Puerto Rico durante la década del 1970 se intentó descriminalizar la homosexualidad cuando se revisó el Código Penal. Dicha idea fue descartada por una legislatura que consideraba que el código debía “reflejar los valores morales de nuestro pueblo” y que optó por condenar a quien incurriese en actos homosexuales con cárcel, penas que durante la administración de Romero Barceló fueron aumentadas. Ese debate regresaría al Capitolio a principios de los 1990 y enfrentó por primera vez a la comunidad LGBTT y al sector religioso fundamentalista. El debate de si los homosexuales debían ser considerados o no criminales ante los ojos de la ley penal puertorriqueña terminó revelando una Legislatura para la cual tenía más peso el argumento religioso que el argumento científico o el humano. Aunque el código nunca fue aprobado, el consenso entre la mayoría del PNP y el PPD es que el delito de “actos contra natura” debía mantenerse.
El tema regresó a la Legislatura en 2003 y se repitió el encontronazo de principios de los ’90. La mayoría de los senadores no querían legalizar las relaciones homosexuales y predominaron los mensajes religiosos como justificación a criminalizar las personas gay, lesbianas, bisexuales, transgénero y transexuales. Inicialmente se planteó mantener el sostener relaciones sexuales con alguien de tu mismo sexo como delito. Fue necesario un malabar de Eudaldo Báez Galib desde la comisión que presidía y la amenaza de colgar la propuesta entera para que el Senado aprobara decriminalizar la homosexualidad.
Sin embargo el debate nunca llegó a la Cámara, el día después de la votación el Tribunal Supremo de Estados Unidos determinó que dichas leyes eran inconstitucionales. En 2003, hace apenas 12 años, se legalizó la homosexualidad en Estados Unidos y Puerto Rico.
El camino del matrimonio fue distinto. Un intento infructuoso en Hawái de legalizar estas uniones culminó en un pánico a través de Estados Unidos para prohibir explícitamente las uniones entre personas del mismo sexo y negar reconocimiento a esas uniones celebradas en otra jurisdicción. Ese pánico llegó a las costas de Puerto Rico en 1997 cuando Jorge Raschke llevó la idea a la Legislatura y la misma fue adoptada por los representantes Carlos Díaz Sánchez y Epi Jiménez. Durante los debates del proyecto las voces de legisladores que se oponían a la idea fueron opacadas por discursos unísonos de penepés y populares unidos contra un grupo de personas que tildaban de abominables, inmorales y pecadores. El apoyo a la propuesta fue abrumador en Cámara y Senado.
Unos años más tarde un segundo pánico homofóbico arropó los Estados Unidos cuando el Tribunal Supremo de Massachusetts declaró que prohibir los matrimonios entre parejas del mismo sexo violentaba la constitución estatal. La mayoría de los estados procedieron a enmendar sus constituciones para que explícitamente se prohibieran las uniones. La propuesta también llegó a Puerto Rico mediante un proyecto de Jorge De Castro Font que buscaba elevar a la Constitución la prohibición a los matrimonios entre personas del mismo sexo. La propuesta pasó en el Senado sin problema alguno y en la Cámara contaba con el apoyo de la vasta mayoría de sus miembros. Sin embargo, las valientes acciones de Liza Fernández y Héctor Ferrer evitaron que el proyecto bajase por descargue y fuese a votación, evitando así el elevar a la Constitución de Puerto Rico el discrimen hacia las personas gay, lesbiana, bisexual, transgénero y transexual.
El matrimonio no volvería a ser debatido en la Legislatura. La avalancha de decisiones de Tribunales de Distrito federal a consecuencia de la decisión en US v. Windsor, que obligó al gobierno federal a reconocer los matrimonios homosexuales, obligó a que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos decidiera si los homosexuales tienen derecho a casarse con quien aman. Mediante la decisión en Obergefell v. Hodges, el Tribunal Supremo federal vuelve a hacer justicia a las comunidades LGBTT, extendiéndoles un derecho fundamental e impulsando la sociedad un paso más hacia la equidad.
El matrimonio entre parejas del mismo sexo es ley en Puerto Rico y la acción del Supremo deja el tema lejos del alcance de legisladores puertorriqueños.
La decisión quita un peso de encima a la Legislatura de Puerto Rico, quien en este tema optó por ser un mero espectador que no pasó de animar a alguno de los dos lados del debate. Ello no es nuevo, los políticos en Puerto Rico han sido por año cómplices de la marginación de las personas LGBTT mediante la acción e inacción, manteniéndolos como ciudadanos de segunda clase. Es importante notar un pequeño cambio a partir de 2013 mediante los proyectos de protecciones laborales y violencia doméstica, ambos aprobados por estrecho margen y condicionada su aprobación a otorgar lo menos posible. Desde entonces un sinnúmero de proyectos que buscan adelantar la equidad han sido engavetados e ignorados, en gran parte debido a un acuerdo entre legisladores para no volver a tocar “el tema LGBTT” en el cuatrienio.
La agenda de equidad está inconclusa. Existen familias esperando adoptar conjuntamente, jóvenes que contra su voluntad son sometidos a dañinas terapias para cambiar quienes son, estudiantes que son sometidos a un calvario en la escuela por el estigma de quienes son y la indiferencia de la facultad, compañeros y compañeras trans cuyas identificaciones no reflejan quiénes son y que carecen de acceso a la salud. Jóvenes, adultos, ancianos, mujeres y hombres, todos todavía unidos en el reclamo que nació en Stonewall: equidad. La Legislatura tiene la opción de continuar siendo espectador o pasar a ser protagonista en esta parte inconclusa de la agenda.
- Durante el debate de la enmienda al Código Civil para prohibir el reconocimiento en Puerto Rico de matrimonios entre personas del mismo sexo, Albita Rivera utilizó su turno para condenar el proyecto y predecir que la acción de la legislatura tan solo atrasaba la llegada de esas uniones, pues eventualmente prevalecerían. [↩]