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“Viernes Santín”, entre la reforma universitaria y COINTELPRO


Foto El Mundo por Mandín Rodríguez

A lo largo de la trayectoria histórica de la Universidad de Puerto Rico (UPR) han ocurrido decenas de incidentes, muchos aplaudidos y otros repudiados. Uno de aquellos incidentes que fue muy repudiado en los medios corporativos de comunicación fue lo que se conoció como el “Viernes Santín, que otros también llamaron “La Santinada” o “Affaire Santín”. Dicho suceso ocurrió hace medio siglo (cincuenta y un años para ser exactos) durante una manifestación de protesta contra la presencia en el recinto de Río Piedras del periodista y, en aquel momento sub-director del diario El Mundo, Miguel Ángel Santín.

La protesta ocurrió el 4 de febrero de 1966 en el Centro de Estudiantes durante una visita de Santín, quien fue invitado por el Círculo de Estudiantes de Periodismo. Tras conocerse de su visita varios consejos estudiantiles, como los de Ciencias Sociales y Humanidades, declararon a Santín persona “non-grata”. Esto tras los constantes ataques contra el movimiento estudiantil, principalmente al sector independentista, a través de su columna periodística titulada “Trasfondo”. En dicha columna el periodista acusaba a organizaciones estudiantiles independentistas de ser agentes al servicio de Moscú y La Habana. También les tildaba de filocomunistas, agitadores, y rebeldes entre otros tantos epítetos.

Aquel día, las manifestaciones se iniciaron desde el mediodía en la Facultad de Ciencias Sociales y la cafetería. El estudiantado allí aglomerado realizó una marcha por varias áreas del campus notificando la resolución aprobada por los distintos consejos estudiantiles declarando a Santín persona “non-grata”. Las mismas se realizaron sin mayores incidentes. Alrededor de las 3:30 de la tarde la manifestación llegó hasta el Centro de Estudiantes, lugar donde se celebraría la conferencia. Ya los predios de aquel lugar contaban con cientos de estudiantes que aprobaban y repudiaban la visita de Santín al campus. Alrededor de las 4:15 de la tarde llega Miguel A. Santín hasta aquel lugar escoltado por guardias universitarios, funcionarios administrativos y miembros de la Asociación de Universitarios Pro Estadidad (AUPE). A su llegada ocurre un tumulto entre los allí presentes expresando su repudio a su visita con consignas tales como: “no queremos más mentiras” y “fuera prensa amarilla”. A lo largo del trayecto para llegar al salón de conferencias hubo agresiones y empujones entre la escolta y los(as) manifestantes.

Tras su accidentada llegada, Santín logró llegar a su destino y ofrecer su charla titulada: “Columnas y columnistas” a los(as) allí presentes. El invitado no dejó de emitir sus críticas a quienes protestaban su presencia. Acusó directamente a los miembros de la Federación de Universitarios Pro Independencia (FUPI) y a sus “amos” del Movimiento Pro Independencia (MPI) por lo que allí sucedió, además de recalcar haber sido agredido. Minimizó las resoluciones aprobadas por los consejos estudiantiles de Ciencias Sociales, Humanidades, Comercio y Ciencias Naturales calificándolas como agentes minoritarios dentro de la comunidad universitaria. La investigación sobre el incidente inició de forma inmediata.

El rector Jaime Benítez declaró que iba a solicitar un informe sobre los sucesos de aquel febrero del año ’66, además de sancionar a quienes participaron de aquella protesta. El recién creado Consejo de Educación Superior (CES), solicitó a las autoridades del recinto riopedrense una investigación al respecto. El decano de estudiantes Juan José Maunez inició la investigación sobre la manifestación realizando entrevistas a varios testigos del incidente. Los primeros en ponerse a la disposición de dicha investigación fueron los miembros de la AUPE para servir como testigos del procedimiento. También solicitaron a las autoridades universitarias mano dura contra los(as) fupistas. Los(as) miembros de la AUPE exigieron la eliminación de la libertad de expresión contra el movimiento independentista dentro de los predios de la UPR. Reclamaban que piquetes, marchas, manifestaciones etc., fueran vetados por la administración además de que la FUPI fuera proscrita como organización estudiantil.

Expresiones similares fueron hechas por el legislador del Partido Estadista Republicano (PER), Ángel Fonseca quien pidió la eliminación de la FUPI de la UPR. El editorial del periódico El Mundo hizo idénticas expresiones. Al coro de voces contra la manifestación también se unió el presidente del Círculo de Estudiantes de Periodismo, la organización que invitó a Santín, condenando a la FUPI y sus “planes de infiltración comunista”. Cabe destacar que Bartolomé Brignoni, presidente de la organización antes mencionada, eventualmente fue empleado en la redacción del periódico El Mundo a principios de los años setenta. El profesor de la facultad de ciencias naturales, Richard Levins, exhortó al movimiento estudiantil a una mayor autodisciplina en sus actividades.

Después de las reuniones entre Jaime Benítez y el CES para acelerar la investigación de los sucesos se creó un comité investigador compuesto por Juan José Maunez, decano de estudiantes, David Helfeld, decano de la Escuela de Derecho de la UPR y Efraín González Tejera, profesor de la Escuela de Derecho de la UPR. Hubo sectores dentro del claustro que  exigían la expulsión de las personas responsables de lo ocurrido aquel 4 de febrero de 1966. El propio gobernador calificó de lamentable lo sucedido aquel día, sin entrar en los méritos de lo acontecido. El presidente del CES, Antonio Luis Ferré, expresó su honda preocupación por los sucesos ocurridos, además del quebramiento de los reglamentos universitarios. Los portavoces de la legislatura, tanto del Senado como de la Cámara, calificaron lo sucedido en la Universidad como reprobable y condenable. Ambos cuerpos solicitaron una investigación y un informe a las autoridades universitarias sobre lo acontecido en el recinto.

Los medios corporativos de prensa, sectores del claustro y líderes políticos señalaban como culpable de los hechos a una sola organización, la FUPI. Esto a pesar de que las resoluciones decretadas condenando los estilos y expresiones de Miguel A. Santín fueron aprobadas por cuatro consejos estudiantiles. La FUPI decidió responder a muchas de las “calumnias” de las que se les acusaba. Tras la lluvia de acusaciones, reproches y condenas, no les quedaba otra opción.

La FUPI alegó que las agresiones contra Santín no ocurrieron ni tampoco hubo tal cosa como un motín. La manifestación se llevó a cabo sin mayores consecuencias a pesar de que hubo algunos empujones pero, al final, Santín logró ofrecer su conferencia sin que fuera violentada su libertad de expresión. Entendieron que la administración pretendía utilizar dicha actividad como excusa y así poder purgar a los líderes estudiantiles. Denunciaron que el propósito era despejar el camino al rector Jaime Benítez para obtener el puesto de la silla presidencial de la UPR sin mayor oposición. Acusaron a Benítez de tratar de consolidar su poder como lo hizo en el 1948 tras expulsar a varios líderes universitarios y agregaron que iba a ser muy difícil que hubiese un clima de paz en la universidad mientras Benítez continuara dirigiendo los destinos de la UPR. La organización le dio la bienvenida a cualquier investigación imparcial y objetiva sobre lo sucedido y que finalizara la campaña de libelo contra la FUPI y su liderato.

Para contrarrestar la campaña difamatoria contra la FUPI dicha organización realizó una manifestación contra el periódico El Mundo. El piquete se realizó frente a las oficinas del diario en el Viejo San Juan. Reclamaron que la prensa no debe ser usada por mentirosos y condenaron el amarillismo de dicha prensa, además de acusarla de ser enemiga del estudiantado. Desde ahí se denunció la intención del Sr. Santín en criminalizar a estudiantes por diferir de sus ideas. Acerca de lo acontecido en la UPR, se señaló a un profesor de educación física de la institución que dio el día libre a sus alumnos,  les presionó para que acudieran a la conferencia y que sirvieran de escolta, tipo fuerza de choque y formaran un anillo de seguridad alrededor del Sr. Santín. Además acusaron a los líderes de la AUPE de provocar al estudiantado a una confrontación ocurrida durante una manifestación de la FUPI exigiendo una verdadera reforma universitaria. También los consejos estudiantiles se reafirmaron en su repudio a la visita de Miguel A. Santín por sus expresiones destructivas contra el movimiento estudiantil escudándose detrás de la libertad de prensa.

El MPI hizo sus expresiones sobre el particular tras el señalamiento realizado por Santín contra esa organización. Su portavoz, Juan Mari Bras, indicó que respaldaba las acusaciones de la FUPI contra Santín por considerarlo un vocal de la corriente imperialista en el país, además de ser enemigo del pueblo puertorriqueño. También señaló que la FUPI no le consulta nada al MPI porque obedece a su propio programa y actúan libremente cuando tienen que actuar. Para el presidente del Colegio de Abogados el problema recaía en la falta de un reglamento universitario que garantizara la libre expresión de la comunidad universitaria dentro del campus. Insistía en la aprobación de dicho reglamento que garantizara al estudiantado la libertad de reunión sin que este afectara la labor docente. Exigió al CES tomar este asunto como uno prioritario para lograr un nuevo periodo en la vida universitaria donde el derecho a expresarse y reunirse tuviera vigencia.

El comité investigador había iniciado su búsqueda de información a través de entrevistas a varias personas. Los primeros en declarar ante el comité fueron los profesores Adriana Ramu, Reece Bothwell, Samuel Torres, y Eloy Cintrón Medina, entre otros. El presidente de la comisión investigadora, Juan José Maunez, también citó a líderes estudiantiles de la FUPI, de los consejos estudiantiles y de la AUPE. Entre los(as) citados(as) se encontraban Manuel de J. González, Ivonne Villanueva, David Noriega, César Márquez, Héctor Rubén Sánchez, Raúl Mayo, Juan Mestas, José R. “Fefel” Varona, Avelino González Claudio y Wilson Cortés para un total de 86 personas aproximadamente. Varios(as) de los(as) citados(as) fueron representados(as) por los licenciados Juan Mari Bras, Enrique “Chino” González y Nilda Cordero quienes peticionaron ante el comité tras indicar la incompatibilidad de los procedimientos de la investigación bajo la nueva ley universitaria. Solicitaron que las declaraciones de los estudiantes ante la comisión fueran con la asistencia de sus abogados.

La Reforma Universitaria de 1966

Recordemos que todo esto acontece tras la aprobación de la legislatura de la nueva ley universitaria en enero de 1966. Dicha ley fue una promesa de campaña del Partido Popular Democrático (PPD) durante la candidatura a la gobernación de Roberto Sánchez Vilella. Su aprobación no estuvo exenta de controversia a nivel interno en el PPD. Desde principios de los años sesenta se estaba trabajando con un proyecto de ley universitaria,  sin embargo el mismo no dejó satisfecho al entonces gobernador Luis Muñoz Marín, quien lanzó una fuerte advertencia hacia los legisladores reformistas y el proyecto no llegó a ser aprobado. Tras el triunfo electoral del PPD en el 1964 el gobernador Sánchez Vilella retomó la discusión de un nuevo estatuto universitario lo que fue acogido en el programa del partido.

Tras el triunfo del Sánchez Vilella y del PPD, la discusión sobre la nueva ley universitaria fue reanudada. Las comisiones de instrucción, tanto de Cámara como de Senado, iniciaron sus respectivos trabajos y tras varios meses de discusión, deposiciones e informes, ambas comisiones lograron un acuerdo y un borrador de ley por lo que Sánchez Vilella convocó a una sesión extraordinaria para la aprobación la misma. La delegación de minoría del Partido Estadista Republicano (PER) se opuso a dicha convocatoria lo que fue respondido por el Gobernador en un mensaje al país deplorando la actitud de la delegación del PER como una “inconstitucional y subversiva”. Todavía faltaban las expresiones de oposición de la propia delegación del PPD en el Senado. El propuesto proyecto alteraba drásticamente la composición de los recintos y la administración central, según el sector conservador y anti reformista. Al crear recintos autónomos, con sus respectivos rectores, se eliminaba el centro de poder que ostentaba el rector Jaime Benítez.

Ante este panorama, Benítez decidió presentar unas enmiendas al proyecto por medio del decano de administración, José Arrarás, quien envió sus recomendaciones a través del senador Luis Negrón López. La Cámara y el gobernador insistieron en la pronta aprobación de las medidas pero Negrón López pidió un mayor análisis y discusión de las mismas. La Cámara entonces, decidió aprobar el proyecto pero el Senado insistió en la inclusión de las enmiendas para su aprobación final. Las enmiendas eran de suma importancia para el sector anti reformista y para Benítez, porque otorgaba mayores poderes a la figura del presidente de la Universidad. Ante el impasse, el senador y ex gobernador Luis Muñoz Marín convocó a una reunión entre los líderes de ambas ramas legislativas en su residencia en Trujillo Alto. Tras la reunión, la Cámara de Representantes accedió a aprobar las enmiendas traídas por el Senado, tras lo cual la nueva ley universitaria fue aprobada por ambos cuerpos. Para varios(as) estudiosos(as) de esta época, este fue el primer incidente de la inevitable ruptura política entre Roberto Sánchez Vilella y Luis Muñoz Marín.

La reforma universitaria de 1966 reestructuró muy poco de lo que se demandaba durante décadas. Le otorgó un poder mayor a la la presidencia de la Universidad y creó el Consejo de Educación Superior (CES) en sustitución del Consejo Superior de Enseñanza (CSE). Los miembros del nuevo CES serían nombrados por el gobernador de turno, método igualmente utilizado para nombrar los miembros de la antigua CSE. El gobernador nombró en enero a Antonio Luis Ferré, Víctor Pons y Celestina Zalduondo para ocupar los puestos vacantes del CES. A su vez, el CES designó a Jaime Benítez para la posición de presidente de la UPR tras intentar con otros candidatos y estos no mostrar interés en ese puesto. Tras la recomendación del presidente, el CES aprobó la designación de Abraham Díaz González como rector del Recinto de Río Piedras en mayo de 1966. Todo esto ocurrió sin ningún tipo de consulta a la comunidad universitaria por lo que, para algunos sectores del estudiantado y del claustro, la nueva ley universitaria carecía de ser una reforma verdadera y catalogaron la nominación de los nuevos miembros al CES como la victoria de la aristocracia adinerada del país.

Provocaciones contra el movimiento estudiantil

A principios del mes de febrero de 1966, la FUPI realizó una manifestación dentro de los terrenos del campus exigiendo una verdadera reforma en la UPR y según los reportes de prensa, a la misma acudieron cientos de personas, entre estudiantes y profesores. La marcha hizo un recorrido por el campus hasta llegar frente al Museo donde se hizo evidente el clima de tensión que se provocaría si Benítez era nombrado presidente de la UPR. También se reclamaron los cinco puntos básicos que deben se reclamaban: la creación de un Consejo General de Estudiantes; representación y voto estudiantil en los senados académicos; participación estudiantil en la administración del centro de estudiantes y librería; participación en la aprobación de reglamentos de estudiantes y que se garantizara la libertad de expresión dentro del campus sin que afectase la labor docente.

El calce de la foto de The San Juan Star lee: STUDENTS GESTURE ANGRILY DURING DEMONSTRATIONS YESTERDAY IN UPR. the students, mostly FUPI members, demand greater rights in campus.

La manifestación, convocada por la FUPI, no estuvo exenta de tensión pues tuvo una contra-manifestación por parte de los miembros de la AUPE quienes acudieron hasta frente de la torre de la Universidad para repudiar el acto realizado de los(as) fupistas. Hasta allí llegaron con sus banderas de EE.UU. exigiendo la anulación de dicha protesta por las autoridades universitarias. Entendían que se debía prohibir toda manifestación pública en los terrenos del recinto además de la aplicación del reglamento universitario contra los(as) manifestantes que asistieron al acto de la FUPI. Por su parte la FUPI denunció como un acto de provocación el gesto de la AUPE, al igual que a la administración universitaria, como mecanismo para intimidar y justificar suspensiones a estudiantes. A solo dos días después de esta manifestación ocurrió el “Viernes Santín”.

Es necesario preguntarse cuáles fueron las razones para oponerse a la visita de Santín. ¿Existía alguna razón concreta para que un sector del estudiantado se opusiera a su visita? ¿Cuáles eran las motivaciones de dicho sector? ¿Dichas motivaciones estaban fundamentadas? Es necesario mencionar algunos datos biográficos sobre Santín para saber a qué se debía la oposición a su visita al recinto.

Miguel A. Santín nació en el pueblo de Mayagüez en el 1912. Inició su vida periodística desde sus años en la escuela superior como corresponsal de la revista “The Ring”y luego formó parte del personal del diario El Imparcial donde se desempeñó como traductor y escritor. En el año de 1941 laboró en el periódico El Mundo como corresponsal de guerra asignado al Regimiento 65 de Infantería. Fue asignado a la jefatura de redacción tras su regreso a Puerto Rico y luego nombrado subdirector del diario. A principio de la década del sesenta hereda la columna Trasfondo en el periódico antes mencionado. Es cercano a estas fechas que Santín y el periódico El Mundo iniciaron sus ataques al sector independentista universitario.

A partir de 1961 el periódico El Mundo lanzó una acusación a la FUPI de ser “agentes de Moscú”, bajo un editorial titulado “Voz de alerta”. Según el periódico, la FUPI tenía la intención de crear desasosiego y trastornos en el país a nombre de la independencia. Acusaba a sus miembros de pasar tiempo tras la “cortina de hierro”, o países socialistas en Europa Oriental, entrenándose en tácticas subversivas para querer implantarlas en Puerto Rico. La FUPI respondió que El Mundo carecía de fuerza moral para tergiversar sus ideales y que no tenían el valor de defender la independencia nacional. Pocos años después El Mundo relanzó una acusación a la FUPI de participar en un congreso de corte comunista en el país suramericano de Chile. El congreso era uno de las juventudes latinoamericanas que aglutinaban distintas ideologías y corrientes de pensamiento. Para esa fecha la FUPI tampoco se consideraba una organización comunista. Tras los incesantes ataques la FUPI decidió bautizar al periódico como el “InMundo” y convocaron una “mitinquete” (mitin y piquete) repudiando las acusaciones del diario.

COINTELPRO en Puerto Rico

Tras varios años de investigación y de la entrega de documentos por parte del gobierno federal salió a relucir información muy valiosa. Una de ellas fue el programa de contrainteligencia llevado a cabo por el Federal Bureau of Investigation (FBI) hacia organizaciones independentistas en Puerto Rico y movimientos progresistas en EE.UU. Bajo el título de “Counter Intelligence Program”, comúnmente conocido como COINTELPRO, el FBI explotaba y alentaba el faccionalismo dentro de las organizaciones mediante informantes, además de cartas y hojas sueltas anónimas. La FUPI y el MPI fueron blancos primordiales para el programa COINTELPRO en Puerto Rico durante la década del sesenta.

Desde el 1961 la FUPI había denunciado un patrón de persecución, vigilancia y acecho contra sus miembros y familiares. El FBI, bajo ese programa, utilizó varias estrategias contra la FUPI entre las que se encontraban enviar cartas a familiares y administradores universitarios acusando a las y los fupistas de usar drogas. Otra de esas estrategias fue repartir panfletos en la universidad acusando a la FUPI de ser una organización comunista. También creaban grupos que hicieran frente a la FUPI como por ejemplo Frente Anticomunista Universitario (FAU) bajo el liderato de Édison Misla Aldarondo. A esta organización el FBI le hacía llegar el material por medio de correo y le otorgaba apoyo financiero para sus actividades.

El programa COINTELPRO también utilizó a la prensa corporativa para atacar a la FUPI. Para esto usaron tanto revistas como a periódicos para desprestigiar a la FUPI ante la opinión pública. La revista católica Vigía fue de los primeros medios en colaborar en este programa. El FBI facilitó al Vigía una fotografía del delegado de la FUPI en la Unión Internacional de Estudiantes (UIE) en la tarima de presidencia, junto al primer ministro soviético Nikita Krushev, publicada por la revista cubana Bohemia junto a un texto. La revista Vigía reprodujo la foto y el texto de forma íntegra tal y como la había facilitado el FBI. Esta no sería la única publicación que compartirá dicha foto.

En 1963, el FBI tuvo contacto directo con el periódico El Mundo para que publicaran un editorial sobre la FUPI. Nuevamente se valieron de la fotografía del joven Narciso Rabell, delegado de la FUPI en la UIE, para vincular dicha organización con el comunismo. Los federales también facilitaron una fotografía del estudiante Ramón Arbona en un acto de solidaridad con Cuba celebrado en Brasil y las enviaron a diversos medios y organizaciones anexionistas para ser distribuidas en el campus. Las agencias federales se planteaban la posibilidad de que Miguel A. Santín escribiera un editorial sobre una caricatura criticando al MPI. La colaboración de Santín y el diario El Mundo no era solamente con las agencias federales sino con la división de inteligencia de la policía local. En su informe a la División de Inteligencia el detective Gilberto Pérez indica que había tenido una conversación informal con el Sr. Santín y este le había indicado haber conversado con un médico sobre la condición de salud de Juan Mari Bras.

Cabe aclarar que los que los ataques del periódico El Mundo no solo fueron contra el movimiento estudiantil. Miembros del claustro cayeron bajo ardidos editoriales y reportajes de aquel diario. El profesor de matemáticas José María Lima fue uno de los más perjudicados durante el mes de septiembre de 1963. El académico hizo un viaje junto a otros jóvenes norteamericanos a la “Cuba revolucionaria” para ver por sus propios ojos lo que allí acontecía. A su regreso a Puerto Rico, el profesor Lima comenzó a manifestar abiertamente su convicción marxista-leninista. Luego de admitir su credo ideológico el diario comenzó una feroz campaña exigiendo que fuera expulsado de su cátedra de la Universidad de Puerto Rico (UPR).

Mitin del Frente Anticomunista Universitario en la UPR.

El periódico recibió el respaldo a este reclamo de los(as) jóvenes del Frente Anticomunista Universitario (FAU), organización que realizó una demostración frente a los protones de la UPR exigiendo la destitución del profesor Lima. Por otro lado, el sector estudiantil realizó un piquete defendiendo la libertad de expresión y de cátedra del académico. Ambos grupos tuvieron roces y algún breve encontronazo sin mayores tragedias. El periódico El Mundo publicó decenas de cartas de personas y “personalidades” que le exigían al rector Jaime Benítez la destitución de su puesto de catedrático de la UPR al profesor Lima. A pesar de la presión de que fue objeto el Benítez, este tuvo que acatar la ley y mantener en su cátedra al profesor Lima. Toda esta estrecha colaboración entre el periódico y las agencias de represión local y federal sucedieron durante los años de labor de Santín en ese rotativo.

Luego de varias entrevistas y testimonios a distintas personas de la comunidad universitaria el comité investigador hizo sus conclusiones sobre el “Viernes Santín”. La administración universitaria radicó cargos a ocho estudiantes del recinto acusándolos de violar el reglamento universitario. Sus casos fueron vistos por separado en un proceso cuasi judicial ante un comité claustral compuesto por Martín Almodóvar, Rafael de Jesús y Denis Martínez. Dicho comité fue presidido por el Sr. Almodóvar, quien era responsable de realizar las recomendaciones para cualquier sanción a tomarse.

A principios de marzo de 1966, la FUPI hizo una manifestación que recorrió las calles del casco riopedrense, en apoyo y solidaridad a los acusados por los sucesos del 4 febrero de ese año. En la misma se denunciaron la gran cantidad de errores que contenía el informe además de no reconocerle estatura moral a dicho comité para juzgar a luchadores por los derechos estudiantiles. Denunciaron el carácter poco democrático de la reforma tras el nombramiento de Jaime Benítez como presidente de la UPR e indicaron que dicho nombramiento incrementaría la tensión en el sistema universitario.

Entre los acusados se encontraban José Antonio Irizarry, David Noriega, Raúl Mayo, Jesús Rodríguez Benítez, Cesar Márquez Quiles, Enrique Vázquez Báez, Gabriel Mezquida y Ángel Bonilla. Las vistas dieron inicio a finales del mes de marzo de 1966 y a las mismas acudieron decenas de personas para presenciar el proceso, que sin embargo fue pospuesto para el mes de abril. La cantidad de público que acudió fue tan grande que las puertas del lugar donde se celebraron las vistas tuvieron que cerrarse. Se creó un comité de apoyo denominado “Grupo pro Justicia Estudiantil” en el que se instaba a los estudiantes a respaldar a los acusados. El grupo había solicitado que las vistas fueran públicas y que las mismas fuesen celebradas en el anfiteatro de Estudios Generales pero la petición fue denegada. Al parecer la administración temía la posibilidad de una concentración que afectara la celebración de un proceso ordenado de las vistas.

Transcurridos varios meses de vistas, el rector Abraham Díaz González aprobó las sanciones recomendadas. En el mes de septiembre de 1966 fueron sancionados siete de los ocho acusados. El rector aprobó una reprimenda contra los estudiantes David Noriega y José A. Irizarry. A los estudiantes Jesús Rodríguez, César Márquez y Gabriel Mezquida el comité recomendó la prohibición de participar en organismos estudiantiles, pero el rector optó por una reprimenda. Para estos casos también decidió la prohibición del disfrute de actividades sociales y culturales además del uso de las facilidades del Centro de Estudiantes por un periodo de seis meses. En el caso de Enrique Vázquez este se había graduado de la Escuela de Derecho en el mes de mayo por lo tanto no se pudo aprobar sanción contra él. El comité entendió que los cargos contra el estudiante Ángel Bonilla no habían quedado sometidos y se pautó otra vista para la ventilación de los mismos. Al finalizar su informe el rector Díaz González expresó su pesar por lo sucedido aquel 4 de febrero de 1966. Lamentó el agravio contra Miguel A. Santín y su derecho de expresión tras su comparecencia al recinto.

No deben olvidarse otros acontecimientos que ocurrieron en ese año. Estados Unidos se había embarcado en una empresa guerrerista en Indochina y la guerra en Vietnam estaba en pleno apogeo. Miles de soldados de EE.UU. y Puerto Rico fueron enviados a ese territorio para invadir un país por el simple hecho de no ser capitalista. Se había activado el Servicio Militar Obligatorio (SMO) para reclutar a los jóvenes de dieciocho años por lo que cientos de jóvenes boricuas fueron reclutados y forzados ir a tierras extrañas a matar y a morir. Uno de estos casos fue el del joven Sixto Alvelo quien al terminar su escuela superior recibió una carta de alistamiento para las fuerzas armadas de EE.UU. Este joven se negó a ingresar a un ejército que consideraba extranjero y luchar por un país que no es el suyo, lo que dio pie a la fundación del Comité Sixto Alvelo que hacía campaña contra el SMO entre la juventud.

La AUPE hizo también sus manifestaciones frente a Fort Brooke en apoyo a la política guerrerista de Lyndon B. Johnson en Vietnam. Ya en aquellas fechas comenzaron a llegar soldados puertorriqueños muertos desde tierras vietnamitas. La AUPE tildaba de “cobardes” a quienes decidían no enlistarse en el SMO. El sector anexionista por medio de estas actividades intentaba contrarrestar las manifestaciones previas de los movimientos antimilitaristas y opuestos a la guerra.

Piquete frente a las oficinas de El Mundo en San Juan. Foto por Eddie Crespo para The San Juan Star.

Los acontecimientos conocidos como “La Santinada”, el “Affaire Santín” y “Viernes Santín” que sucedieron hace cincuenta y un años representaron la canalización de la rebeldía de una generación. La frustración de una juventud frente a las acusaciones y al acoso de una prensa que estaba parcializada y entregada a los dictámenes del gobierno y las agencias norteamericanas. Ese 4 de febrero de 1966 fue la válvula de escape luego de tantos golpes recibidos de forma gratuita por lo que podemos concluir que el “Viernes Santín” fue un golpe de mano contra el programa COINTELPRO.

Posiblemente aquella generación no visualizó aquel acto como uno de gran importancia, sin embargo las proporciones de aquella manifestación son muy evidentes hoy día. En este siglo XXI vemos a muchos(as) comentaristas en los diversos medios de comunicación corporativos autoproclamándose “analistas políticos”. Dichos personajes no dudan en lanzar fango, acusar, señalar y/o difamar a las personas y grupos que luchan por un Puerto Rico distinto. La lucha por la independencia, las luchas ambientales, comunitarias, laborales, sindicales, por los derechos de la comunidad LGBT, etc., son continuamente atacadas por dichos comentaristas. En fin, “La Santinada” fue una advertencia para que esos estilos de persecución y acoso no sean tolerados ni aplaudidos.

*Nota: agradezco a Wilfredo Adames y Héctor Rubén Sánchez por aclararme algunas dudas y detalles durante la investigación de esta publicación. También mi agradecimiento a María Estrada Reyes por las correcciones ortográficas y a la colega Gricel Surillo Luna por facilitarme algunos documentos para esta investigación.

Referencias:

Álvarez Curbelo, Silvia y Rafucci, Carmen. Frente a la Torre: ensayos del centenario de la Universidad de Puerto Rico, 1903-2003. San Juan, Puerto Rico: Editorial de la Universidad de Puerto Rico, 2005.

Bosque, Ramón y José J. Colón. Las carpetas: persecución política y derechos civiles en Puerto Rico. Río Piedras, Puerto Rico: Fundación Francisco Manrique Cabrera, 1997.

Domenech Abréu, Ligia. ¡Que el pueblo decida!: la gobernación de Roberto Sánchez Vilella. Colombia: EMS Editores, 2007.

García Passalacqua, José. La crisis política en Puerto Rico (1962-1968). San Juan, Puerto Rico: Ediciones Edil, 1970.

Nieves Falcón, Luis y Ojeda Reyes, Félix. Puerto Rico: grito y mordaza. Río Piedras, Puerto Rico: Ediciones Librería Internacional, 1971.

Rodríguez Graciani, David. ¿Rebelión o protesta?: el movimiento estudiantil en Puerto Rico. Río Piedras, Puerto Rico: Ediciones Puerto, 1972.

Romany Siaca, Celina. La verdadera historia de Roberto Sánchez Vilella. San Juan, Puerto Rico: Ediciones Puerto Rico, 2011.

Surillo Luna, Gricel. La FUPI desde la otra esquina. Colombia: Fundación Francisco Manrique Cabrera, 2006.

Velázquez Net, Isamaro. Muñoz y Sánchez Vilella. Barcelona, España: Editorial Universitaria, 1974.

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  • Sergio Delgado

    Excelente artículo historico. Aunque no fuí estudiante de UPR en esa época, siempre estaba muy pendiente de estos acontecimientos respaldando y simpatizando con el movimiento estudiantil. Posteriormente conocí personalmente a algunos de los muchachos mencionados en en este historico reportaje. 51 años despues a mis 74 años veo que las cosas siguen igual o peor. Hay que respaldar al estudiantado ellos son los que siempre han sacado la cara por nuestra patria en especial por los envejecientes de nuestro país.Hay que estar pendiente a estos seudos analistas politicos, siempre haciendo comentarios despectivos sobre nuestros jovenes.

  • Jorge Colón

    Bravo Cacimar O. Cruz Crespo. En los documentos de COINTELPRO que publicó Ward Churchill, luego de la carta del 4 de agosto de 1960 donde Edgard Hoover informa que se comenzará las operaciones de COINTELPRO en Puerto Rico y la del 14 de noviembre del mismo año donde indica que se utilicen artículos de encargo contra el movimiento independentista puertorriqueño, dentro de 48 horas las oficinas de Nueva York y San Juan del FBI respondieron con una propuesta de acción que incluía en su punto 3 se menciona de un “contacto” en los periódicos para a quién se les suministraría esos artículos para que los publicara en su nombre. Ese contacto es el que el compañero Manolo Coss indica que era Miguel Santín.