Fuente: http://noticiassurpr.blogspot.com
Lo que me asusta de la crisis universitaria es la forma en que está inscrita en una crisis más amplia: la del Estado puertorriqueño.
No me preocuparía tanto si se tratara de problemas más o menos aislados, propios de la institución, pero somos la universidad del Estado en un estado que por momentos parece que implosiona, especialmente en su dimensión fiscal y financiera. Debido a ello, los problemas presupuestarios del sistema no son desajustes pasajeros, sino desequilibrios estructurales cuya solución no depende únicamente, ni quizá principalmente, de nosotros. Huelga decir que esto nos hace vulnerables.
Los sucesos dramáticos que se vivieron en el Recinto de Río Piedras en enero y febrero, como la intimidación policíaca y las irrupciones de enmascarados amenazantes en los salones de clases y otros espacios académicos, crearon en algunas personas la impresión (o la ilusión) de que la Universidad es el epicentro de la crisis nacional; que aquí convergen las líneas de fuerza que estremecen a la sociedad puertorriqueña desde que el Gobierno decretó un estado de emergencia y comenzó a implantar medidas drásticas e impopulares para corregir su déficit y de paso reconfigurar el espacio público en el País. Por otro lado, no pocos ven el problema de la Universidad como un epifenómeno en la crisis del Estado, una crisis derivada que es sólo el reflejo de un problema mucho más grande. Según ellos, lo de la Universidad son puros truenos; los rayos caen en otra parte. Estos son los que nos increpan por “llorones” y por, según ellos, negarnos a compartir los sacrificios que el resto del País no tiene más remedio que asumir.
Creo que muchos estaremos de acuerdo en que la Universidad no es ni el epicentro ni un mero epifenómeno en esta crisis económica, política y social de los puertorriqueños. Las tensiones en la institución interactúan de maneras complejas con las del Estado y el País, y creo que es por ello que a los universitarios, y en especial los docentes, se nos está haciendo tan difícil definir un rumbo propio de acción.
Me temo que ante la gravedad y la complejidad de los acontecimientos, muchos compañeros y compañeras del claustro pueden estar en la misma situación en la que yo me encuentro, que estoy apenas empezando a pensar que tengo que empezar a pensar. Pero el tiempo no está de nuestra parte; hay otros que al parecer ya tienen bien pensadas las “soluciones” para la situación universitaria y arden en deseos de pasar a la ejecución. Los docentes tenemos que intensificar el diálogo entre nosotros y apresurarnos a tratar de contestar algunas preguntas urgentes. ¿Como cuáles? Se me ocurren varias, pero estoy seguro de que hay muchas otras que se me escapan, y por eso utilizo este espacio para invitar a reflexionar con urgencia sobre este tema.
En primer lugar, me pregunto si los universitarios (con énfasis en los docentes, que es el grupo al cual pertenezco) seremos capaces de articular una defensa efectiva de la educación universitaria pública. Y no me refiero a una defensa en las barricadas, aunque no hay que desdeñar esa posibilidad, sino a una defensa intelectual que desarme a los que argumentan que la educación universitaria, igual que cualquier otra mercancía, sólo se puede producir de manera eficiente y distribuir de manera justa a través del mercado privado. Los que hemos vivido quizá demasiado tiempo amurallados en la academia tendemos a pensar que esas posiciones, por simplistas, carecen de influencia. No es así. Su influencia no sólo es grande, sino que ha ido creciendo en los últimos años. Hoy en día, el que favorece la educación pública tiene, como dirían los abogados, el peso de la prueba, mientras los que la atacan sienten que su caso está hecho. Si somos la comunidad intelectual que hasta nuestros adversarios piensan que somos, deberíamos poder virar esa tortilla.
Una pregunta relacionada con la anterior es si el Estado debe, en justicia, repartir “equitativamente” los fondos que ahora destina a la Universidad entre todas las instituciones de educación superior. La propuesta de eliminar la fórmula que reserva fondos estatales para la Universidad y establecer en su lugar un sistema de “vales educativos universitarios” no es otra cosa que repartir el presupuesto de la UPR, presuntamente por la acción de la oferta y la demanda y privilegiando la soberanía del consumidor. De nuevo, estas ideas le pueden parecer simplistas a un intelectual universitario, pero tienen muchos partidarios en el Gobierno y otras esferas influyentes. Si uno lo piensa bien, esto no sería muy distinto de lo que ocurrió en el sector de la salud: se cerraron las instituciones públicas y se usó su presupuesto para pagarle un seguro de salud “cuasi privado” a las personas médico-indigentes. Los universitarios tenemos que ser capaces de educar al Gobierno y al País sobre los peligros que encierran estas propuestas que a primera vista le pueden parecer muy razonables a muchas personas.
También hay que enfrentar el tema del costo de la educación universitaria. ¿Debe ser un bien público provisto de forma gratuita, como reclaman algunos grupos estudiantiles? Esta no es una posición descabellada que se deba descartar de plano. Pero tampoco se puede desechar, sin darle la ponderación debida, el reclamo de que los estudiantes de la UPR deberían pagar por su educación una suma más cercana a la que pagan los que se ven obligados a matricularse en instituciones privadas. Estas preguntas deben estudiarse, y algunos colegas lo han hecho y lo siguen haciendo, pensando también en la asequibilidad de la educación universitaria. Así como se habla de asequibilidad de la vivienda —en el sentido de si hay o no correspondencia entre los precios de las viviendas y los ingresos de los hogares— hay que pensar cuál debe ser una proporción razonable entre los ingresos de los estudiantes y sus familias y el costo de la educación universitaria (incluyendo matrícula y todos los productos y servicios complementarios). No me sorprendería si se encontrara que los estudiantes de las universidades privadas están pagando demasiado.
La defensa de la educación universitaria pública mediante el abordaje de preguntas como las mencionadas aquí (y muchas otras que deben estar manejando nuestros colegas) es parte de ejercer la función de agitación intelectual (uso este término porque no quiero decir “liderato” y mucho menos “vanguardia”) que nos corresponde a los universitarios, y a los docentes en particular. El profesor Carlos Pabón dijo en este mismo foro que la responsabilidad de los profesores en este momento de crisis es fungir como docentes, lo que incluye, entre otras muchas cosas, “una evaluación y ponderación de los problemas que más directamente nos atañen”. Creo que esto incluye la defensa intelectual de la educación universitaria pública. Si no fungimos como docentes, nos fundimos como docentes.
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