“A patadas”: receta neoliberal contra la disidencia
Los sacaría a patadas, respondió el Secretario de la Gobernación, Marcos Rodríguez Emma, al ser preguntado sobre el conflicto en la Universidad de Puerto Rico (UPR).
Dichas expresiones no son meramente un apoyo al uso de la represión y la violencia como forma de manejar los conflictos naturales de la convivencia humana. Las palabras de Rodríguez Emma, desenmascaran la intolerante visión de mundo típica del pensamiento neoliberal y conservador que define la administración del gobernador Luis Fortuño.
Autores como Noam Chomsky, Angela Davis y Cornel West, explican cómo ese pensamiento neoliberal y conservador “se vende” como democrático mientras impone la injusta política de “libre mercado” y el represivo discurso de “ley y orden”.
Basado en el pensamiento del economista de la Universidad de Chicago, Milton Friedman, los burócratas locales imponen un sistema económico llamado neoliberal que condena a los pobres a cargar el costo de producir las riquezas que disfrutarán las elites económicas. Es decir, socialización de los costos y la privatización de las ganancias.
En la utopía “friedmaniana” que impone la administración Fortuño, los pobres no sólo subvencionan la producción devaluando su capacidad de trabajo sino que también contribuyen a la estructura que los oprime, consumiendo indiscriminadamente artículos innecesarios que son definidos por la propia estructura social y vendidos por los medios de comunicación de masas como símbolos del éxito social.
El resultado de ese binomio, necesidad de consumo y pocas oportunidades de generar ingresos legítimos, es una incomodidad que regularmente sólo deja dos caminos viables para los explotados.
Los que tengan suficiente conciencia, crearán organizaciones, generarán protestas y otras estrategias para influenciar el proceso político. Mientras que aquéllos que no cuentan con ese desarrollo político, mirarán inconscientemente el criminalizarse como alternativa viable para contestar o hacer frente al discurso que los condena a la pobreza.
Es decir, por un lado violencia callejera e incidencia criminal y por el otro los conflictos sociales como los producidos en la UPR o las protestas en torno al propuesto gasoducto.
Esta respuesta por parte de los excluidos de la política pública neoliberal, es definida por los propios burócratas gubernamentales que rodean al gobernador, como un atentado contra la “ley” y el “orden” que el Estado tiene que por obligación defender a cualquier costo o medio.
De esa manera, no sólo se definen como criminales o delincuentes a los que optan por negocios ilegalizados como alternativa económica contestataria al sistema que los excluye.
El calificativo de delincuente o criminal también es aplicado a los que escogen los mecanismos catalogados como legítimos en cualquier sociedad verdaderamente democrática.
No es de extrañar entonces que el Superintendente de la Policía, José Figueroa Sancha use los mismos términos, criminales o delincuentes, para lo mismo definir a los arrestados en una redada antidroga que a los que protestan en la UPR, en Adjuntas o frente al Capitolio.
Para burócratas como Figueroa Sancha y para Rodríguez Emma, aquél que no se someta a sus reglas y su orden, es un delincuente. Por su puesto, contra los delincuentes que no respeten las reglas y el orden se usa la Policía y la represión, no el dialogo y la tolerancia.
En Puerto Rico, este discurso neoliberal produce los mismos resultados que provocó, tanto en los Estados Unidos de Reagan y los Bush, como en la Gran Bretaña de Thatcher, en el chile de Pinochet y en la Rusia de Vladimir Putin, más criminalidad y más conflictos sociales.
En su libro “Prison of Poverty”[i] el profesor de la Universidad de California Loïc Wacquant explica que el Estado benefactor producto de la modernidad al principio del siglo XX y que es asociado con el “capitalismo frodista”, es suplantado en el siglo XXI por el Estado Penal como aparato para el manejar las poblaciones excedentes en la sociedades capitalistas contemporáneas.
Wacquant explica cómo, basados en los trabajos producidos por el Manhattan Institute y distribuidos mundialmente por la firma privada de consultorías del ex alcalde neoyorkino Rudolph Guliani, los burócratas locales construyen una respuesta de control social basado en la “cero tolerancia”
Esta visión de organización social basada en el control penal y policiaco, complementa los escritos económicos de Milton Friedman y se convierte en los pilares del nuevo orden socioeconómico y político traído a la Isla por los “Fortuños Boys”.
No es de extrañar entonces que se escojan a los discípulos de Guliani en la Policía de la ciudad de Nueva York para entrenar a los efectivos que integrarán la “nueva” Unidad de Operaciones Tácticas.
Una ojeada a los trabajos de Luis Fernádez[ii] y de Jarrt S. Lovell[iii] basta para entender el nivel de sofisticación represiva que tiene la fuera policiaca neoyorquina.
En fin, que a los “Fortuños Boys” no les interesa tener oficiales de Policía conscientes, que intervengan como mediadores cuando surjan diferencias entre los ciudadanos y el Estado.
Lo que ellos quieren son “gorilas” en uniforme táctico que de forma eficiente “saque a patadas” a los delincuentes y a los revoltosos que no estén de acuerdo con ocupar su rol como explotados por el sistema y que no acaban de entender que la llamada democracia en Puerto Rico se reduce a ir cada cuatro años a votar y resto del tiempo callarse la boca y como ganado hacer lo que disponga la ley y el orden. Claro, la ley y el orden que definan los que verdaderamente mandan en el País.
[i] Wacquant L., (2009) Prison of Poverty, University of Minnesota Press; Expanded edition, Minneapolis
[ii] Fernández L., (2009) Policing Dissent, Rutgers University Pres, New Brunswick.
[iii] Lovell J. S., (2009) Crimes o Dissent, New York University Press, New York