Colonialismo, economía y migración: el caso de Puerto Rico
Puerto Rico es la menor de las tres Antillas hispanoparlantes. Desde hace más de 150 años su destino ha estado íntimamente ligado al de Cuba. Nuestra Lola Rodríguez de Tió escribió “Cuba y Puerto Rico son/de un pájaro las dos alas/reciben flores-y balas/en el mismo corazón”, para poetizar el enlace entre las luchas de independencia de Cuba y Puerto Rico a mediados del Siglo XIX. Por lo tanto resulta irónico que en 2015 se cruzaran la noticia del acercamiento del capitalismo “inversionista” estadounidense a Cuba con la de la quiebra económica de Puerto Rico. Además, aunque la joven república estadounidense tuvo sus miras puestas en la anexión de Cuba a través de todo el Siglo XIX, terminó anexando a Puerto Rico y no a Cuba, como botín de la Guerra Hispanoamericana de 1898.
Tras declarar a Puerto Rico un territorio no incorporado (“pertenece, pero no es parte de los Estados Unidos”) en 1900, el Congreso estadounidense impuso su ciudadanía a la población puertorriqueña en 1917. El galardonado periodista investigativo Juan González señala en la edición revisada de su libro “Harvest of Empire” que poco después de que la Cámara de Delegados de Puerto Rico solicitara la independencia para la isla, el congresista Clarence Miller declaró: “El Congreso de los Estados Unidos le dice al pueblo de Puerto Rico, de una vez por todas, que ya son parte del dominio (“domain”) de los Estados Unidos y así permanecerán por siempre; que la legislación para independizar a Porto Rico (sic) debe llegar a un definitivo y permanente fin” (p. 211, traducción mía).
Esta acción unilateral del Congreso de EEUU explica en gran medida las preferencias migratorias de la población puertorriqueña: solo se precisan un boleto aéreo y una tarjeta oficial de identificación, como puede ser una licencia de conducir, para llegar y establecerse en cualquier parte de los Estados Unidos. Pese a ese fácil acceso migratorio la diáspora puertorriqueña en EEUU sigue teniendo una de las tasas de pobreza más altas de esa nación.
A mediados del siglo XX la migración puertorriqueña a los EEUU alcanzó su proporción más alta, siendo considerada como una de las más intensas en la historia de la humanidad. Entre 1947 y 1964, durante el período de implantación del modelo económico llamado “Manos a la Obra”, más de 600 mil personas migraron de Puerto Rico hacia los Estados Unidos, justo cuando Puerto Rico registraba el mayor crecimiento económico en toda su historia.
El flujo de población puertorriqueña hacia los EEUU ha sido continuo, y se ha acelerado desde el 2006 en adelante con el deterioro progresivo de las condiciones económicas de la isla. Para el año 2008 la población puertorriqueña en EEUU había alcanzado los 4.2 millones, sobrepasando los 3.8 millones residentes de Puerto Rico. Un análisis reciente del Wall Street Journal señala que 250 mil personas puertorriqueñas migraron a los EEUU en la pasada década, y que esta era la mayor reducción poblacional registrada desde que se estableciera la Oficina del Censo de los EEUU. Mario Marazzi, afiliado al Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, comentó en ese artículo que el grado de despoblación de la isla era solo comparable al genocidio de la población indígena original durante la conquista española en el Siglo XVI. Esta despoblación quizás pudiera calificarse de genocidio económico. Parece que se contemplara un Puerto Rico sin gente puertorriqueña, o con gente nativa principalmente en condiciones de servidumbre, según se promueve la residencia de personas multimillonarias extranjeras en la isla, y aumenta el acaparamiento foráneo de negocios y de bienes raíces.
Hasta 1940 Puerto Rico era conocido como la “casa pobre del Caribe”, producto de una economía de monocultivo controlada por empresas estadounidenses. De ahí en adelante, como en el cuento de La Cenicienta, Puerto Rico pasó a convertirse por mucho en la colonia más rica en la historia de Nuestra América, gracias a políticas de exenciones contributivas a grandes corporaciones estadounidenses. Según Juan González, mediante este modelo económico Puerto Rico le ha provisto a los EEUU quizás mayor riqueza que ningún otro país en el mundo.
Después de la Segunda Guerra Mundial se establecieron en Puerto Rico centenares de pequeñas industrias, atraídas por diversos incentivos gubernamentales, tales como la exención del pago de impuestos al gobierno de EEUU, así como de gastos de infraestructura, y mano de obra barata. El crecimiento económico de Puerto Rico provocó una mejoría real de las condiciones de vida de un sector importante de la población, creándose una nueva clase media. Para la década de los años 50 EEUU presentaban a Puerto Rico como la “Vitrina de la Democracia”, y proponían que otros países en desarrollo imitaran ese modelo. Para la década de los años 60 la propaganda pro estadounidense pretendió contrastar los logros de Puerto Rico y su sistema democrático a las limitaciones de expresión política y dificultades económicas que enfrentaba una Cuba revolucionara alejada de la tutela de EEUU. Sin embargo, esas tasas extraordinarias de crecimiento económico en Puerto Rico iban de la mano con el manejo de lo que tanto el gobierno puertorriqueño como el de EEUU consideraban como un “excedente poblacional”. Se incentivó la migración puertorriqueña a EEUU y paralelamente se estableció una política extrema de control de la natalidad. Para 1965 alrededor del 35% de las mujeres puertorriqueñas en edad reproductiva habían sido esterilizadas.
Las mejoras en salarios y calidad de vida durante los años dorados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico llevaron al éxodo de industrias pequeñas y periféricas hacia países con mano de obra más barata. Las tasas de crecimiento anual se redujeron paulatinamente, de un promedio de 6% en la década de los años 50 a 4% en los años 70, para estancarse de ahí en adelante. Mediante una política de exenciones contributivas extremas, desde la década de los años 70 comenzaron a asentarse en Puerto Rico grandes empresas transnacionales de capital intensivo, principalmente de productos químicos y farmacéuticos, empresas electrónicas y de equipo científico. Tales corporaciones, con altos costos de investigación, desarrollo y mercadeo, pero bajos costos de mano de obra y producción, así como de un impacto medioambiental muy negativo, transferían las patentes y marcas de sus cuarteles generales en EEUU a sus subsidiarias puertorriqueñas, protegiendo toda la ganancia de sus productos del pago de impuestos al gobierno estadounidense. Entre 1960 y 1976 Puerto Rico pasó del sexto al primer lugar de inversión estadounidense en América Latina. En 1976 Puerto Rico producía el 40% de toda la ganancia de empresas estadounidenses en América Latina, más que todas las subsidiarias combinadas en Brasil, México y Venezuela. En 1995 esas industrias declararon $14.3 billones en ingresos en Puerto Rico, más que en ningún otro país en el mundo. Paralelamente, en 1992 el Tesoro de los EEUU perdía $3 billones anuales en impuestos no recobrables a esas corporaciones.
Debido a continuas protestas por lo que era percibido como un programa de bienestar corporativo flagrante, el Congreso estadounidense eliminó gradualmente la Sección 936 de su código de rentas internas, que permitía esta evasión fiscal. Muchas de las corporaciones afectadas cerraron operaciones o redujeron su producción en Puerto Rico. Su tasa productiva se redujo de 72% en 1997 a 26% en 2002, y el número de puestos de trabajo industrial se redujo por cerca de un tercio. Sin embargo el Congreso estadounidense autorizó paralelamente otra laguna fiscal que permitía a las industrias farmacéuticas a pagar impuestos solo por ganancias repatriadas a EEUU. Gracias a esta exención las farmacéuticas han aumentado su tasa de ingresos industriales en Puerto Rico, del 50% en 2002 al 70% en 2009. Para 2002 cada puesto de trabajo en la industria farmacéutica en Puerto Rico producía $1.5 millones en valor, tres veces más que puestos similares en EEUU.
Desde la década de los años 70 los gastos gubernamentales en Puerto Rico han sobrepasado los recaudos públicos, ya que las grandes corporaciones han estado prácticamente exentas de pagar impuestos al gobierno de la isla. Sucesivos gobiernos han incurrido progresivamente en deudas multimillonarias, tanto para cubrir gastos gubernamentales genuinos como para incurrir en gastos extravagantes, dirigidos a saldar deudas políticas mediante jugosos contratos a allegados y donantes. Además la economía puertorriqueña entró en franca recesión en 2006, de la cual no se ha recuperado hasta este momento. El Producto Nacional Bruto se redujo en un 13% entre 2006 y 2014, y durante la década pasada la economía se contrajo por más de 10%, provocando nuestra más nueva ola migratoria.
Ante esta crisis, los bonos del gobierno de PR y de sus corporaciones públicas comenzaron a sufrir degradación crediticia por primera vez en su historia, reduciéndose a nivel de chatarra en 2013. Los llamados fondos buitre aprovecharon esta situación para comprar deuda pública a precios de baratillo y cobrarla en oro. La deuda pública actual, de $72 billones, es más de 100% del Producto Nacional Bruto, y algunos de esos préstamos reclaman intereses sobre 600%. Los depredadores económicos han procurado paralizar cualquier intento de reestructuración de la deuda, para presionar por la adquisición de aquellos valores gubernamentales que aún no hayan sido privatizados, tales como la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y la Autoridad de Energía Eléctrica. Mientras el capital estadounidense de bienes y servicios pacientemente hace fila para tratar de hacer su agosto en una Cuba desbloqueada, Puerto Rico sufre el acecho inmisericorde del capital especulativo, que procura lucrarse de su desgracia.
Ante esta situación el gobierno de los EEUU decidió quitarle el maquillaje a su principal y más rica colonia. En 2016 los tres poderes gubernamentales de EEUU -el ejecutivo, legislativo y judicial- proclamaron de diferentes formas que Puerto Rico no gozaba de gobierno propio, como mintieron ante la ONU en 1953, y por lo tanto no gozaba de soberanía para declararse en quiebra ni para negociar la reestructuración de su deuda. En lugar de empoderar al gobierno colonial para manejar esta crisis, EEUU ha impuesto una Junta de Control Fiscal con poderes omnímodos, como los antiguos capitanes generales del dominio español. Esa Junta está compuesta de 7 personas, todas nombradas por el Congreso, y solo una de ellas debe residir en Puerto Rico. La ley que crea esa Junta contempla una reducción de casi un 50% del salario mínimo a las personas más jóvenes que consigan empleo una vez entre en vigencia, cuando el salario mínimo actual es insuficiente para una vida independiente, y en EEUU se lucha por su aumento sustancial. Cabe comentar que encuestas informales indican que una gran mayoría de la población favorece la imposición de la Junta, quizás por percibirla como la única forma de darle orden al caos provocado por la clase política dirigente. Es posible que esa visión tan favorable cambie tan pronto comiencen a sentirse sus decisiones. En todo caso esa Junta, como la ciudadanía estadounidense en 1917, se ha impuesto sin consulta alguna al pueblo puertorriqueño.
Para enfrentar esta crisis política y económica se intenta organizar un amplio movimiento popular de rechazo a la Junta y de reclamo de poderes para el pueblo puertorriqueño. Desde principios de julio de 2016, y por primera vez en la historia de Puerto Rico, un campamento auto convocado de resistencia a la Junta acampa frente a la sede del gobierno de los EEUU en Puerto Rico, obstaculizando su entrada principal. También se realizan protestas contra instituciones bancarias, financieras, industriales y comerciales involucradas en la crisis fiscal. Activistas contra la Junta procuran recabar el más amplio apoyo internacional y dentro de los mismos EEUU. Su consigna es un rechazo absoluto a la Junta y sus poderes omnímodos, así como al pago de una deuda ilegal e inmoral que poco o nada ha servido para mejorar las condiciones de vida de la población puertorriqueña. Grupos de resistencia también tratan de aprovechar la crisis para obligar al gobierno estadounidense a cumplir sus obligaciones como poder de ocupación, facilitando la descolonización de Puerto Rico y compensando por los efectos de su explotación económica y militar. El éxito más inmediato de esas gestiones dependerá de la unión de amplios sectores de la sociedad puertorriqueña opuestos al colonialismo, tal y como la que se dio para expulsar a la Marina de Guerra estadounidense de la isla municipio de Vieques.
Puede preverse que esta nueva imposición imperial no solo acelerará el empobrecimiento de la mayoría de las personas que continuamos residiendo en Puerto Rico, sino también nuestro desangramiento social, por el éxodo de una población predominantemente más joven y con mayor preparación académica. Una juventud que no encuentra futuro en su país de origen, que tan jugosas ganancias ha producido y produce al capital extranjero, y se ve forzada a migrar a las entrañas del imperio que dirige nuestros destinos desde hace más de un siglo. La vanguardia de esa juventud en riesgo de migración forzada resiste ante los portones de la sede del gobierno de EEUU en Puerto Rico, como en un Ocupa EEUU, y da ejemplo al resto de nuestra sociedad.
Nota del autor: La versión original de este artículo fue presentada en el Conversatorio Perspectivas Caribeñas y Latinoamericanas de la Migración, como parte del Programa del VII Foro Social de las Migraciones, Sao Paulo, Brasil, el 9 de julio de 2016
Fuente Principal
Juan González (2011). Harvest of Empire (Revised Ed.). New York: Penguin Books.
Fuentes Secundarias
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