Declaración en oposición al traslado de confinados a Estados Unidos

Un grupo de ciudadanos, que incluye profesores, sociólogos y abogados, entre otros, emitió una declaración conjunta en oposición al propuesto traslado de confinados de Puerto Rico hacia cárceles en Estados Unidos. La iniciativa surge de una propuesta de la licenciada Iris Yaritza Rosario de Asistencia Legal. Publicamos el texto íntegro, según redactado por el grupo. 

Hemos decidido unirnos en el día de hoy para oponernos a la política del Departamento de Corrección y Rehabilitación de Puerto Rico de trasladar a 3,200 personas privadas de su libertad a cárceles privadas a territorio estadounidense porque la rehabilitación no puede estar supeditada a una racional económica ni a una racional organizativa.

La política de traslados afectará sustancialmente el proceso de rehabilitación de los confinados y provocará un angustioso sufrimiento en sus familiares y amigos en tanto los lazos que se preservan a través de las visitas serán quebrantados. Somos conscientes, además, que los traslados afectarán sustancialmente el acceso a  la justicia de los confinados, ya que no podrán acceder de la misma forma que lo hacen ahora a los tribunales del país. Mucho menos sabemos qué pasará con aquellos que, una vez descubierta la cruda realidad de una institución carcelaria privada, quieran regresar a su país.

Como abogados y abogadas, estudiosos de la problemática carcelaria, profesionales de la conducta humana y defensores de los derechos humanos de los confinados y confinadas, respondemos aquí a nuestra responsabilidad de hablar por aquellos y aquellas que este sistema ha acallado. El haber cometido un delito no es excusa para disponer de las personas sin considerar su bienestar y el de sus familiares.

El Secretario de Corrección ha verbalizado insistentemente que los traslados se llevarán a cabo de forma “voluntaria”. Sin embargo, nos cuestionamos la “voluntariedad” con la que el programa pretende llevarse a cabo. ¿Qué promesas se le harán a los confinados para que éstos accedan a moverse del país? ¿Se les explicará que las cárceles a las que serán trasladados son administradas privadamente? ¿Sabrán los confinados que accedan al traslado de las serias denuncias que se han hecho en cuanto a los niveles de violencia que se experimentan en las cárceles privadas de los Estados Unidos? Es importante destacar aquí que luego de que la Oficina del Inspector General de Estados Unidos emitiera en el 2016 un informe sobre las condiciones de las cárceles administradas privadamente, [1] el Gobierno de Obama anunció que terminaría con esa clase de contrataciones. La única razón por la cual esta práctica no ha terminado es por la asunción al poder del Presidente Trump y no porque en esos lugares hayan mermado las serias violaciones a los derechos de los confinados.[2]

Resulta imperativo que el Secretario de Corrección manifieste claramente qué es lo que ocurrirá si no puede lograr el número de 3,200. Más aún, cuando ha verbalizado que cerrará entre doce y quince instituciones carcelarias.[3] No se necesita mucho para concluir que esto provocará un eventual hacinamiento.  Existe un Reglamento sobre traslados de confinados a Estados Unidos que debe ser respetado por la agencia y exigimos que todo traslado sea cónsono con el mismo. Reclamamos conocer de antemano los términos de cualquier contrato que se esté considerando. De igual forma, urge conocer de cualquier documento que se ofrezca a los confinados para ser firmado «voluntariamente» y requerimos mayor especificidad en cuanto a cuáles son los confinados que se propone trasladar y si ya se ha preparado alguna lista de los 3,200.

A pesar de que creemos firmemente en que el Estado no puede ceder a manos privadas lo que constituye una responsabilidad pública y, por tanto, rechazamos la lógica perversa de una racionalidad meramente económica, los puertorriqueños y las puertorriqueñas deben conocer que en el informe preparado por la Oficina del Inspector General de los Estados Unidos no pudo concluirse que un confinado cueste menos en una institución privada que en una pública, puesto que se necesita de mucho monitoreo y un sinnúmero de esfuerzos para que el gobierno pueda asegurarse que los derechos y necesidades de los confinados están siendo satisfechos. En concordancia, nos parece importantísimo que el Secretario de Corrección y el Gobernador de Puerto Rico sean transparentes en cuanto a este asunto.

Los muros de la cárcel separan a la sociedad de una parte considerable de sus problemas. Nos reafirmamos en nuestro convencimiento, que es un convencimiento planetario de que es necesario ponderar la problemática carcelaria desde el horizonte de los derechos humanos. Esto supone reconocer el absurdo del encierro, la necesidad de revisar las sentencias desproporcionales que se han codificado en nuestro ordenamiento; poner en vigor leyes que permitan la acreditación de bonificaciones a las condenas que hoy se cumplen; habilitar nuevos criterios con el fin de que las personas que ya se encuentren rehabilitadas puedan acceder a la libertad; reconocer más instancias en las que pueda concederse una sentencia suspendida, un desvío o una restricción domiciliaria; eliminar los delitos que constituyen conductas insignificantes o que verdaderamente no representan ningún peligro para la seguridad de la ciudadanía; eliminar sustancialmente las trabas procedimentales que se han impuesto al derecho a la fianza; eliminar en el caso de las personas indigentes la pena especial; y descriminalizar la posesión de toda sustancia controlada que sea exclusivamente para consumo personal.

Suscriben esta declaración los siguientes:

Prof. Luis José Torres Asencio
Escuela de  Derecho, Universidad Interamericana

Dra. Lina Torres Rivera
Socióloga-criminóloga, Instituto de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos

Dra. Érika Fontánez Torres
Escuela de Derecho, Universidad de Puerto Rico

Prof. Carlos Ramos González
Escuela de Derecho, Universidad Interamericana

Prof. Dora Nevares Muñiz
Escuela de Derecho, Universidad Interamericana

Lcda. Iris Yaritza Rosario Nieves
Defensora Legal, Sociedad para Asistencia Legal

Prof. Oscar Miranda Miller
Escuela de Derecho, Universidad de Puerto Rico

Lcdo. William Ramírez
Director Ejecutivo, ACLU

Lcda. Rosa M. Alexandrino Martínez
Defensora legal

Dra. Edna Benítez Laborde
Facultad de Estudios Generales, Universidad de Puerto Rico

Lcdo. Luis Alberto Zambrana
Doctorando en Derecho penal, Universidad Pompeu Fabra

Dra. Madeline Román
Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Puerto Rico

Prof. Julio Fontanet
Director, Proyecto Inocencia PR

Dr. Manuel Muñiz Hernández
Facultad Interdisciplinaria de Estudios Humanísticos y Sociales
Universidad del Sagrado Corazón

Prof. Osvaldo Burgos
Escuela de Derecho, Universidad Interamericana

Ex Dir. Ejecutivo
Comisión de Derechos Civiles

Liza Gallardo
Directora, Amnistía Internacional
Puerto Rico

Oscar M. Granados, sfm
Director y Coordinador
Comisión Nacional de Pastoral Penitenciaria Católica

Referente del Consejo Episcopal Latinoamericano para la Pastoral Carcelaria en el Caribe y las Antillas

Lcdo. Rubén Parrilla
Presidente
Unión Independiente de Abogados de la Sociedad para Asistencia Legal

Lcda. Annette M. Martínez Orabona
Directora, Clínica de Derechos Humanos
Facultad de Derecho, Universidad Interamericana

Dr. José A. Vargas Vidot
Senador Independiente, Asamblea Legislativa PR

Lcdo. Jesús Rivera Delgado
Presidente
Junta de Directores, Sociedad para Asistencia Legal

Lcdo. Alejandro Torres Rivera
Presidente
Colegio de Abogados y Abogadas de PR

Lcdo. Edgardo Román Espada
Vice Presidente
Colegio de Abogados y Abogadas de PR

Ricardo A. Ramírez
Activista y comunicador
Derechos Humanos

Prof. Myrta Morales
Escuela de Derecho
Universidad Interamericana

Prof. David Wexler
Presidente Honorario
International Society for Therapeutic Jurisprudence

Lcdo. Rafael E. Rodríguez Rivera
Director
Clínica de Asistencia Legal, Universidad Interamericana

Lcdo. Joel Román Román
Miembro, Comisión de ayuda a las personas privadas de su libertad
Colegio de Abogados y Abogadas de PR

Juan Cartagena
Presidente
Latino Justice PRLDEF

Lcda. Ariadna Goudreau
Coordinadora
Ayuda Legal PR

Miembros del Comité de Amigos y Familiares del Confinado:

Nazael Montalvo Rodríguez
Trabajador Social

Milagros Rivera Watterson
Portavoz, Trabajadora Social

Ricardo Mercado Desiderio

Leonides Alverio Rodríguez
Trabajadora Social

Rosario Margarita Iglesias
Trabajadora Social

Lesvia Betancourt Caraballo
Trabajadora Social

Marcelino Oyola Cintrón
Trabajador Social

Dra. Mari Gloria Hamilton
Sicóloga clínica

Madeline Gotay
Portavoz

Apoyo Internacional:

Dr. Elías Carranza
Ex Director
Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas
Para la prevención del delito y tratamiento del delincuente
Costa Rica

Dr. Roberto Manuel Carlés
Secretario Adjunto
Asociación Latinoamericano de Derecho Penal y Criminología
Presidente
Comité de Jóvenes Penalistas
Asociación Latinoamericana de Derecho Penal

Dr. Keymer Ávila
Investigador y profesor de criminología
Universidad Central de Venezuela

Dra. Romina Zárate.
Secretaria Letrada
Poder Judicial
Buenos Aires, Argentina

José Héctor Carreón Herrera
Director de Instituto de Estudios del Proceso  Penal Acusatorio A.C. (INEPPA)
México

Dr. Gabriel Ignacio Anitua
Docente
Universidad de Buuenos Aires

María Laura Böhm
Profesora e Investigadora en Criminología y Derechos Humanos
Universidad de Buenos Aires

Dr. Bruno Amaral Machado
Centro Universitario de Brasilia
Dr. Matías Bailone
Profesor de la Universidad de Buenos Aires
Secretario General
Comisión Permanente de América Latina para la Prevención del Crimen de ILANUD-ONU.

Dr. Máximo Sozzo
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Universidad del Litoral, Santa Fé, Argentina

Fernando Tocora López
Ex Juez de Tribunal de Apelaciones
Colombia

Dr. Jorge Vicente Paladines
Docente
Universidad Central del Ecuador

Alejandro Colanzi Zeballos
Profesor de Criminología, UAGRM
Bolivia

Dr. Fernando Tenorio Tagle
Profesor e Investigador
UAM – México

Jorge L. Rosell Senhenn
ALPEC
Venezuela

Myrna Villegas
Directora (s) Centro de Derechos Humanos
Facultad de Derecho. Universidad de Chile.

Dra. Maggy (Mª Ángeles) Barrère Unzueta
Catedrática Filosofía del Derecho
Facultad de Derecho UPV/EHU

Dr.  C. Viano
Presidente, Sociedad Internacional de Criminología
Junta Directiva, Sociedad Internacional de Derecho Penal y
Sociedad Internacional de Defensa Social.
Profesor, American University, Washington DC

(firmado a titulo personal)

[1] https://oig.justice.gov/reports/2016/e1606.pdf

[2] https://www.aclu.org/other/aclu-statement-discussing-private-prisons-and-human-rights-united-nations-working-group

[3]https://www.elnuevodia.com/noticias/locales/nota/insistenqueelprocesoderelocalizarreosseratotalmentevoluntario-2414567/