El problema es la exclusión
El pasado fin de semana decenas de miles de jóvenes se reunieron en Ponce para encarnar el único ritual carnavalesco del país, el Festival Deportivo de la Liga Atlética Interuniversitaria.
Sin embargo, calladamente, en medio de ese ritual de inversión que conocemos como “Las Justas”, un reducido grupo de profesores y estudiantes universitarios ser reunieron en un rinconcito de la ciudad, y bajo el nombre de “1er Coloquio Sur al Norte: Arte, Letras y Sociología [Jurídica]”, discutieron las realidades sociales que vive su generación en el Puerto Rico del siglo XXI.
El espacio me dio la oportunidad de presentar un escrito titulado “Exclusión y no criminalidad: Realidad social del Puerto Rico neoliberal del siglo XXI”. Éste es un llamado a que eso que el sistema llama problema de la criminalidad, sea leído, estudiado y entendido desde perspectivas más críticas, y a mi entender, más realistas.
Se trata de una perspectiva que cuestione a los políticos profesionales que insisten en vender como solución las mismas estrategias que por décadas han fracasado y que explique el por qué el electorado boricua sigue respaldando tales discursos.
¿Hasta cuándo la sociedad puertorriqueña seguirá mirando a los que se desvían de las reglas como meros endemoniados que siendo malos por naturaleza tienen que ser reprimidos y castigados para que aprendan a comportarse? ¿Cómo es que no entendemos que esa visión y forma de construir al desviado nunca funcionó y que al fin y a la postre siempre termina generando más violencia y desviación?
Buscando una respuesta, en el mencionado escrito me adentro en los trabajos de Jonathan Simon, quien en su libro “Governing Through Crime: How the War on Crime Transformed American Democracy and Created a Culture of Fear”, explica cómo la llamada clase media consumidora del siglo XXI en Estados Unidos se ve a sí misma como una víctima vulnerable en peligro de perder su espacio de influencia económica y social.
Interesantemente, explica Simon, esta clase no construye al capital y las empresas multinacionales como los sectores que le roban sus espacios de influencias y prefieren mirar a los sectores más débiles, los subproletarios, como agresores y causante de sus problemas.
Es esta mentalidad la que por varias décadas en Estados Unidos ha obligado a los políticos estadounidenses a construirse y proyectarse como paladines de la justicia dispuestos a todo por salvar la tranquilidad y el sosiego de los ciudadanos “decentes” y “trabajadores’, que después de todo son los que para ellos cuentan, pues son los que participan de las elecciones y votan.
Al mirar la realidad electoral de Puerto Rico bajo el crisol del trabajo de Simon, es fácil detectar esta misma visión electorera en los discursos políticos de incumbentes o aspirantes. Esta es una visión mediante la cual los políticos intentan que el conservador sector que en la Isla se considera clase media, aun cuando esté en los bordes de la pobreza, se identifique con ellos y los vea como “salvadores” ante esas “plagas subproletarias que no se conforman con vivir del gobierno, también roban, asaltan y matan para entretenerse”.
De esta manera, parece revelarse una relación simbiótica entre el atemorizado ciudadano y el paladín político defensor que le alimenta el miedo pues es lo que le garantiza su espacio. Una relación que va construyendo un saber represivo y violento como respuesta acrítica ante las verdaderas causas de la desviación y criminalidad.
Tal vez sea por eso que en el discurso oficial contra la criminalidad y la desviación nunca se incluye el hecho de que estos comportamientos surgen y son el resultado lógico de la exclusión social que produce y mantiene en Puerto Rico el orden social capitalista, especialmente en su etapa neoliberal de la era post industrial, como bien lo ilustra es escrito de José Rivera Santana: “La exclusión permanente: ¿hasta cuándo?”.
Un orden que no sólo condena a la exclusión a todo aquello que no es, o aparente ser, blanco, varón, propietario, heterosexual y cristiano, sino que promueve y genera que los marginados aspiren desde su exclusión económica y pobreza, los símbolos de éxitos y consumo de los ricos, que el sistema impone a todos y todas como herramienta y forma de validación.
Si se vieran la criminalización o las acciones desviadas como formas que el excluido tiene para encontrar ilusoriamente la inclusión económica a la sociedad que los destierra socialmente, entonces estas acciones pudieran verse o estudiarse como un discurso contestario por parte de estos sectores condenados a la exclusión. Un discurso que pudieran constituir una de esas fisuras que se abren en el capitalismo y de las que habla John Holloway en su libro “Crack Capitalism”. Claro está, las fisuras de las que habla Halloway son espacios contestarios que se niegan a reproducir el excluyente y explotador sistema capitalista estableciendo formas alternativas de vivir y ver el mundo.
Me pregunto si al decidir irse a vender drogas al punto, el joven no está negándose a ocupar el espacio de pobreza y servidumbre posmoderna que representan los empleos chatarras y el mantengo gubernamental. Por supuesto que también debo preguntarme si al ocupar su espacio en la industria del narcotráfico, este joven no está en realidad alineándose en uno de los puestos que el sistema reserva para que los de su clase reproduzcan los valores e injusticias del sistema.
Sea cual fuera el análisis que desde la comodidad de la academia se haga sobre la acción del joven, para él, la decisión de entrar a la ilegalidad como forma de lograr alcanzar los símbolos del éxito que el sistema impone es una acción contestaria al orden que lo excluye. Es la forma en que él o ella contestan a la exclusión y marginación que el orden capitalista les impone. No importa si al fin y a la postre, la contestación termine reproduciendo o no los valores del sistema. Después de todo, ¿acaso las revoluciones socialistas y populares del siglo XX no fueron acciones contestarias que terminaron reproduciendo las estructuras de poder y el orden de producción capitalistas?
En resumen, termino preguntándome si ya no es hora de ser realista y llamar las cosas por su nombre.
La supuesta criminalidad que sufre Puerto Rico surge como resultado lógico de un orden social que, con un doble discurso, cada día excluye de las riquezas a más sectores mientras sigue imponiéndoles a todos y todas crecientes expectativas de consumo.
Si se toma lo anterior como correcto, entonces es fácil ver por qué las medidas de “mano dura” o “cero tolerancia”, no sólo fracasaron, sino que acabaron produciendo más violencia y criminalidad, pues las mismas son medidas que terminan produciendo mayor sentimiento de exclusión en las poblaciones ya marginadas.
Así las cosas, lo lógico para hacer frente a la criminalidad, violencia y desviación social en Puerto Rico, sería comenzar a buscar formas para que todos y todas nos sintiéramos más incluidos en los procesos legales de producción para disminuir la necesidad de buscar alternativas en o ilegal.
Sin embargo, esa búsqueda sólo será posible desde lo micro de las comunidades. Cada cual definirá su espacio y construirá sus alternativas de inclusión económica, evitando y echando a un lado a los políticos profesionales, sus partidos y comisarios.
Eso sería lo lógico. Pero, ¿quién dijo que los procesos electorales son lógicos?