Elecciones 2012 y estatus: ¿decidir sobre qué?
La crisis del euro produjo un despertar del republicanismo español. La cuestión sobre la legitimidad de la monarquía en la era global, está sobre la mesa. El foco desde donde se discutió la posibilidad de un cambio de esa naturaleza fue Londres. El movimiento anticapitalista que cuestiona la globalización parece haber sido el fermento de propuestas como aquella.
En Cataluña, el separatismo volvió por sus fueros recientemente. Por estos días, los tradicionalistas y conservadores andan exacerbados. La Asociación de Militares Españoles (AME), una organización de retirados fundada en 1987, alzó el tono y amenazó con aplicar la justicia marcial al presidente de la Generalitat, Artur Mas, y a los defensores de la independencia catalana. La acusación que esgrimieron fue la de “alta traición”. El lenguaje me acuerda la actitud de un gobernador militar en Puerto Rico ante el Motín de los Artilleros de San Juan de 1867, y el impacto que reconozco a los debates catalanes en la evolución de las ideas radicales en Puerto Rico a fines del siglo 19. El separatismo, las tendencias anarcosindicalistas y espiritistas en nuestro país, cargaron el sello de la rebeldía catalana mucho más de lo que se piensa.
En Puerto Rico, la primera gran crisis de la era global condujo a una situación distinta. El triunfo de un partido estadoísta en 2008, favoreció la instrumentación de una consulta sobre el estatus colonial. La acusación de que el estatus es responsable del estancamiento de la economía puertorriqueña es común desde la década del 1970 en el discurso estadoísta. Lo que se propone a los electores es la posibilidad de ser un Estado 51 exitoso. Ese argumento todavía convence a las personas que temen el cambio en una dirección distinta.
Un aspecto original de la consulta de 2012 es el apoyo que el partido de gobierno ha recibido del Partido Independentista Puertorriqueño, una organización de abolengo, para legitimar su consulta plebiscitaria. Lo cierto es que las acciones concertadas entre pipiolos y estadoístas son comprensibles en la medida en que ambos poseen un adversario común. Ese opositor no es la colonia en su sentido estricto. Es el Partido Popular Democrático: una fuerza que parecía inconmovible hasta el 1964. En las prácticas electoralistas, el “otro” se percibe como una corporación a la que hay que derrotar proyectándolo como un mal producto. El objetivo último es acceder a la administración de un presupuesto que, a pesar de todo, sigue siendo enorme. El empresarismo político es la norma detrás de las elecciones. Una discusión falsamente seria del estatus tiene poco espacio bajo esas circunstancias.
En tanto llegan las elecciones, las luchas sociales frontales están a la baja y un sector significativo de la oposición, en especial los que confían en los métodos electorales y los hacen suyos, parecen aceptar la premisa de que el país se encuentra ante una oportunidad que no debe pasar por alto: la de manifestar su oposición a la relación colonial de Estados Unidos y Puerto Rico con un “NO” en la papeleta plebiscitaria.
La respuesta moderada de Puerto Rico ante la crisis, moderada si se compara con los sucesos de España y Cataluña, no me sorprende. Todo parece indicar que, ante situaciones de reto, los puertorriqueños recogen velas y tratan de “arrimar la brasa a su sardina”. Lo cierto es que, desde la Gran Depresión ante cada crisis, la compulsión ha sido tratar de asegurar la relación con Estados Unidos y profundizarla, de ello ser posible. Las situaciones críticas alejan más la independencia y fortalecen, por el contrario, las esperanzas de que la relación que tenemos con Estados Unidos se afiance. No me cabe la menor duda de que los problemas económicos de Puerto Rico han sido utilizados por numerosos sectores para adelantar la causa de la unión permanente con Estados Unidos, llámese eso Estado 51 o Estado Libre Asociado. La desesperación social genera una reacción moderada entre la mayoría del electorado. Es como si el American Dream, que agoniza en aquel país a pesar de los esfuerzos de Barack Obama, todavía estuviese lleno de vitalidad en este trozo del Caribe Insular.
La prueba al canto de lo que acabo de decir, la encuentro sin mucho esfuerzo en el 1932, cuando la Coalición Puertorriqueña se hizo con el poder en medio de la Gran Depresión; y en el 1968, cuando el Partido Nuevo Progresista llevó a un gran burgués culto e idealista, Luis A. Ferré, a la gobernación. Ferré confiaba tanto en el poder humanizador del capital que resultaba insoportable para sus propios discípulos. El tránsito del Patrimonio Para el Progreso (PPP) a las Alianza Público Privadas (APP), metaforiza el virtual salto en el abismo. En el 2008 Luis Fortuño, obtuvo una amplia ventaja en medio de otra crisis, con el aliciente de que el candidato del Partido Popular Democrático, acababa de salir de un pleito con el tribunal federal y se había proclamado enfáticamente soberanista.
El evento electoral de noviembre de 2012 resulta especial porque incluye una consulta administrativa y una consulta de estatus. La decisión se tomó a pesar de la oposición de Carlos Romero Barceló y Pedro Roselló González. El argumento de que la consulta estatutaria se ejecutará para favorecer la vinculación de los progresistas disgustados a una administración que llegará a la contienda con una mala imagen, me parece legítimo. La administración Fortuño ha tomado una dirección que polemiza incluso con una parte significativa de su propia militancia.
Sin embargo, lo cierto es que el fantasma del estatus pulula por todas los comicios como un zombie desde el 1900. Las elecciones en Puerto Rico siempre han sido “estatutarias” en alguna medida. “Estatutarias” para los puertorriqueños exclusivamente, por cierto. La idea de que el estatus está en juego todos los días, es hoy tan poderosa como la concepción de Ernest Renan de que la nacionalidad de un plebiscito de todos los días. Lo más patético es que, en ambos casos, se trata de una curiosa conversación con la imagen del espejo: nadie más escucha. Mucho menos el Congreso de Estados Unidos. La consulta de 2012 no será distinta. La invisibilidad del “problema colonial” y de la “nacionalidad” no se verá alterada.
El drama del estatus en su versión de noviembre de 2012 es la simplificación de un problema. A veces me veo tentado a aceptar el argumento de que se solo trata de una nube de humo para desplazar la discusión de lo que algunos llaman “los problemas fundamentales de la economía”. Pero es que eso tampoco es una novedad. En las elecciones del 2008 el soberanismo de los populares pretendía disolver la imagen de acusado que cargaba Aníbal Acevedo Vila y la táctica no funcionó. La pregunta sobre la soberanía y el estatus territorial de Puerto Rico, representa un dolor de cabeza para los ideólogos de los dos partidos electoralmente más visibles.
Dentro del Partido Popular Democrático, el lenguaje está por definirse. Ser colonialista, es decir, defensor del Estado Libre Asociado tal cual se encuentra; y ser soberanista, no representa una diferencia de grado sino de matices. Ambas líneas dependen del mito de la “unión permanente”, un sostén ligado al sueño del American Dream que los electores de ambos partidos tiene insertado como un programa autoejecutable o un virus. Ser colonialista o ser colonialista soberanista, ya sea mediante la hipotética o estual defensa de la Libre Asociación, el Estado Libre Asociado Culminado o la República Asociada, significa confirmar la inevitabilidad de la trabazón y asociación con Estados Unidos. No se trata de un acto de amor a aquel país, sino de una afirmación de la desconfianza en la capacidad del país para la independencia y la afirmación, como lo hicieron Luis Muñoz Rivera y Luis Muñoz Marín, de la inutilidad del independentismo en un orbe inter-dependentista.
Dentro del Partido Nuevo Progresista, el Estado 51 no parece ser la alternativa de todos al menos en lo inmediato. El Estado 51 es un espantajo tan distante como la Independencia o la República Asociada más laxa. Los mensajes del republicanismo fundamentalista, ortodoxo y ultramoderado contra la integración ya sea de Washington DC o Puerto Rico al sistema federal, fueron expresadas en voz alta y clara. No se trata de un caso aislado sino de una actitud que se ha ido afirmando desde las discusiones que condujeron a la aprobación de la Ley Joe Foraker en 1900 y a su aplicación en Puerto Rico.
Para el Partido Independentista Puertorriqueño, la esperanza se sintetiza en la Independencia por default. El argumento filosófico es la idea de que la libertad, como sugería Federico Hegel, es un fin inevitable. La otra es que una lectura del siglo 20 sugiere que el Estado 51 es una utopía. Pero la idea de que la imposibilidad de la Estadidad conducirá a la Independencia, se sostiene en una presunción muy frágil. La historia vital es más compleja que eso. La reformulación de la colonia me parece más probable que ello. Para eso están allí los soberanistas del Partido Popular Democrático. Ante ese panorama habría que buscar respuestas en los partidos emergentes o de nueva inscripción. A eso me dedicaré en otra columna.