Intereses económicos en campaña 2012
Estos donantes que juegan a dos bandas demuestran de forma clara que los negocios trascienden cualquier ideología política y temen que si apuestan solo a un “caballo” puedan perder sus posibilidades de hacer negocio con el futuro gobierno de Puerto Rico. El esquema revela además cuán dependiente es la empresa privada del gobierno.
El cuaderno «Dinero, Política y Elecciones», del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, luego de observar procesos y legislación electoral en el Caribe y Latinoamérica, explica que el problema de la financiación de la política ha adquirido una importancia cada vez mayor por sus consecuencias en la transparencia de las elecciones y porque deteriora la legitimidad del sistema democrático y la ética de la administración pública. A partir de los escándalos de corrupción, resulta necesario garantizar una mayor transparencia y equidad en el financiamiento político, argumentan sus autores Kevin Casas Zamora, Jorge Mario García Laguardia y Daniel Zovatto Garreto.
Los apostadores
Donantes Cruzados PPD y PNP
Entre los donantes que cruzan líneas de partido resaltan el exfiscal federal Osvaldo Carlo, y el productor de eventos José “Pepe” Dueño Palmer. También aparecen Andrés Garganta, ingeniero de ascendencia cubana radicado en Miami, vinculado al sector de la transportación y Arturo Ondina, contable, auditor y socio de la firma internacional de contabilidad Ernst & Young LLP en Puerto Rico. Igualmente, se encuentra Carlos M. Campa.
Carlos Mallol es otro de los que cruzó líneas. Ingeniero dedicado a la construcción, su firma estuvo a cargo de la construcción del Coliseo José Miguel Agrelot. Mallol donó $2,500 al PPD, y la misma cantidad al PNP, así como a los candidatos Alejandro García Padilla y Luis Fortuño, para la suma de $10,000 aportados.
La ley electoral vigente permite que los donantes aporten un total de $12,500 a distintos candidatos y partidos, siempre que cada donativo no exceda individualmente los $2,500. En Puerto Rico, no se ha realizado un estudio exhaustivo que determine con exactitud si todos los donantes obtienen, o no, favores o contratos a cambio de sus donaciones. Esa tarea queda pendiente.
Además, destaca entre los “apostadores” Guillermo Pérez Martínez, contratista vinculado al proyecto del controversial gasoducto mediante la firma UNIPRO Architects, Engineers & Planners, con un contrato de más de seis millones por el manejo y supervisión de la construcción de la obra que nunca se llevará a cabo. También tiene un contrato con la Administración de Vivienda Pública por $2,061,694.68.
“Esto lo que demuestra es que el gran negocio de este país sigue siendo el gobierno; el contrato gubernamental”, analizó Jorge Benítez Nazario, catedrático de la Escuela Graduada de Trabajo Social de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras.
José Valdés Muzaurieta, de la industria de la construcción y propietario de VRM Enterprises, fue otro que hizo su dupla, al igual que Michael G. Lefkowitz, principal oficial ejecutivo en Caribbean Property Group, LLC, una empresa dedicada a bienes inmobiliarios. Michael Odishelidze hizo lo propio y se identifica como consultor financiero y dueño de la compañía Employer Benefits Associates. Por su parte, Ricardo del Campillo, asociado a la industria de seguros y presidente de la compañía internacional Fulcro, también aportó a las arcas de los candidatos del PNP y del PPD al son de $1,000 a cada uno.
Según Benítez, la donación electoral responde en muchos casos al pago de una deuda por “favores” por venir, o por favores, es decir contratos, recibidos en el pasado. “Quienes obtienen el contrato saben que tienen que seguir pagando, para poder seguir con los contratos. El que lo obtiene, sabe que le debe al candidato, sabe que está en deuda con esa persona. Y de alguna manera va a pagar esa deuda”, asegura.
Por su parte, el Contralor Electoral Manuel Torres reconoce que llama la atención que una persona le dé dinero a dos de los candidatos que se enfrentan en las urnas y valida la preocupación ciudadana de que el donativo político incida en las decisiones gubernamentales. “Si por alguna razón esa situación se diera, este intercambio de donativos por acciones gubernamentales, sean cuales sean, y sea el partido que sea, y nosotros lo detectáramos, tenemos la obligación de tomar las acciones que dentro de la ley nuestra podamos y referirle a las entidades adicionales, al Contralor, Oficina de Ética o Departamento de Justicia, el señalamiento que encontremos”. La figura de Torres ha sido cuestionada y se le ha relacionado a un alegado esquema de financiamiento ilegal de campañas por el cual se inició una investigación federal que no ha producido resultados. El funcionario ha rechazado dichas acusaciones.
La Oficina del Contralor Electoral nació con la responsabilidad de asegurarse de que los ingresos y los gastos de la campaña se hagan dentro de las disposiciones de la ley, que fue modificada en mayo de este año. La agencia tiene unos 17 auditores y auditores auxiliares, según explica Ángel Torres, que lleva 10 años realizando auditorías a partidos políticos.
¿Cómo va a pagar? ¿Cash o con cheque?
En la lista recopilada por el CPI, aparecen dos categorías que llaman poderosamente la atención: los anónimos y los no-anónimos. Según el Código Electoral vigente un individuo puede hacer donativos de hasta $200.00 sin necesidad de identificarse, lo cual es cuatro veces más que el tope anterior ($50). Proceden de los tradicionales radio maratones (que dicho sea de paso son las actividades en las que los partidos dicen recaudar más), colectas en los semáforos, etcétera.
Fuera del esquema legal de los donativos, existen otras dinámicas ilegales que se mencionan en el submundo partidista, aunque poco se habla públicamente de ellas. Por ejemplo, encuestas que son financiadas por individuos cercanos al partido al margen del sistema de donativos, contratos a los candidatos, pagos de chofer y autos, y un largo etcétera. “Y están los cumpleaños. Regalos dentro de sobrecitos sellados. Esos son los regalos de cumpleaños, donde se sugiere sean de ‘x’ cantidad y se dan en efectivo”, indicó Benítez.
El encargado de finanzas de la campaña popular, Rolando Torres, defendió como legales los donativos anónimos. En el periodo estudiado por el CPI, el PNP aparece con 11 donantes anónimos, mientras que el PPD llega hasta 51. El hecho de que el PPD sobrepase al PNP en 40 donantes anónimos se explica, según Torres, porque el PPD realiza muchas actividades masivas. Los identificados como “no anónimos” son aquellos donativos de menos de $200 de los cuales los partidos o candidatos deben llevar un registro que sólo saldría a la luz en una auditoría posterior. Aquí se incluyen taquillas para cocteles, desayunos, almuerzos o bailes. La proporción de No Anónimos asciende en el caso del PPD a 85 y en del PNP solo a 10.
¿Cómo recaudan?
Del análisis de los informes de la Oficina del Contralor Electoral se desprende que entre enero y mayo de 2012, el PNP y su candidato recaudaron $2, 783,912, mientras que el PPD y su candidato levantaron $1,909,284. Y es cierto que según la lista del CPI, el PPD fue quien más actividades de recaudación celebró en los cinco primeros meses de este año. El más rentable fue el radiomaratón. En opinión de Torres, el PNP cuenta con más donantes con el poder adquisitivo suficiente como para dar grandes sumas. “La estrategia del PPD es no descartar a nadie, por pequeña que sea la cantidad que pueda donar”, aseguró.
El director de finanzas del PNP Andrés Nevares, no atendió al Centro de Periodismo Investigativo luego de tres semanas de reiterados intentos por entrevistarle. De igual forma, el director de campaña penepé Ángel Cintrón, tampoco accedió a ser entrevistado. Fueron más de 20 mensajes por correo electrónico y teléfono los que intercambiamos para coordinar el encuentro que nunca se produjo.
Según la Oficina del Contralor Electoral, a la fecha del 8 de octubre de 2012, el PNP había logrado tener $8,400,000.00 para su campaña, mitad recaudados y mitad del pareo. En cuenta, le quedaban $5, 306,000 por gastar. Mientras que su contrincante PPD había obtenido $5,050,000.00 entre pareo y recaudos, y en cuenta le quedaban $972,954.41.
Según arrecia la campaña, ambos partidos hacen más actividades de recaudación de fondos para llegar al día de las elecciones. Por ejemplo, este 11 de octubre, Fortuño tuvo un evento de $500 por persona, en el hotel Sheraton del Centro de Convenciones para individuos que tenían un «profundo compromiso con el ideal de la unión permanente», según leía la invitación. Ese mismo día, y en el mismo lugar, realizó un coctel de $2,000 por persona.
La caja de pandora: donativos en especie
“Queda en evidencia mirando la lista, cómo los partidos les deben sus puestos a sus donantes. Les financian las campañas y les financian sus sueldos durante las campañas”, dijo Benítez, quien aseguró, que en la mayor parte de los casos se trata de contratos con las diferentes compañías que les hacen donativos políticos, por ejemplos firmas de abogados, que costean la vida de los candidatos mientras estos se postulan. También enfatiza que es muy común que los vehículos de los políticos sean prestados por donantes. Y aquí se abriría otra caja de pandora que son los donativos en especie, una de las formas más comunes y más difíciles de fiscalizar del panorama electoral.
Las campañas, según asevera el experto en Ciencias Políticas, tienen muchas facetas y quién paga las encuestas, quién paga los estudios, o cómo se audita a una compañía que llama desde fuera de Puerto Rico para conocer la intención del voto, no se sabe. Por eso Benítez defiende que resulta imprescindible controlar el gasto ya que controlar el ingreso acaba resultando imposible. “Esto funciona un poco como funcionan los equipos de fútbol en Europa: yo contrato a Cristiano Ronaldo, no con el dinero que tengo hoy sino con el que voy a hacer en anuncios dentro de 3 ó 4 años”.
Benítez cree que debería estar prohibido que firmas de publicidad financien campañas que a la vez se nutren de las mismas. Es el caso del encargado de la campaña de Fortuño, José De La Cruz Vila, quien aportó unos $2,500, lo que puede considerarse una propina tomando en cuenta los $1.5 millones que a la fecha ha ingresado su compañía De La Cruz y Asociados por realizar la estrategia publicitaria penepé. Además, mediante Key Integrated Solutions, de la cual De La Cruz es presidente y principal ejecutivo según el registro de corporaciones del Departamento de Estado, el publicista ha tenido contratos por $94.8 millones con agencias como el Negociado de la Lotería, el Banco Gubernamental de Fomento, la Compañía de Turismo y la Compañía de Fomento Industrial.
Los partidos nuevos: ¿cómo lo hacen?
Francisco Hernández, encargado de recaudación de fondos en el Movimiento Unión Soberanista (MUS), explica que en su partido, la actividad económica se limita a los donativos de las personas como trabajadores, profesores y abogados. “Esos son donativos en el orden de 10 y 20 ó 50 dólares mensuales. Se hacen mediante débito directo. Llenamos un formulario y la persona nos autoriza a hacer ese retiro cada 15 días. Nuestra principal fuente de ingresos es esa, pero es muy modesta. Apenas llegamos a 200 personas con depósito directo. Hacemos una rifa, una bohemia y alguna que otra aportación en especie. Alguien trae comida, los cocineros somos nosotros mismos, y vendemos los alimentos. En las bohemias podemos recaudar $6,000 o $7,000. Y hacemos colecta en asambleas”, dice Hernández.
El fondo electoral se divide en dos tipos: el de administración de la oficina, agua, electricidad, y ese tipo de gastos, y el Fondo Especial para Campañas Políticas, que es de 1 millón para los partidos nuevos y 10 millones para los grandes, mediante el sistema de pareo. El MUS renunció al fondo electoral con el que se pagan gastos de administración, y costea ese renglón con lo que recauda. “Sí recibimos el Fondo Especial, que es el que se usa para la publicidad. Tenemos algunos empleados contratados y otros de tiempo en tiempo, que cobran el mínimo; hay mucho voluntariado. Y así es que nos sostenemos”.
Por su parte, el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) consiguió recaudar $70,655 a través de colectas y depósitos directos, autorizaciones de débito a cuentas de militantes, así como de donativos.
Mientras, el encargado de recaudación de fondos en el Partido del Pueblo Trabajador (PPT), Pepe Córdova, explica que no han realizado eventos para levantar fondos y que su publicidad se circunscribe a caminatas y visitas casa por casa, una publicación modesta que incluye los postulados del partido, publicidad en puntos estratégicos y apariciones en lugares públicos muy concurridos. Dice Córdova que por una cuestión de principios, “el PPT rechaza la dinámica de acceder a donantes que esperen favores a cambio”, y por esto se acogieron al fondo electoral y al fondo especial, aunque esto signifique hacer su campaña “con cierta precariedad”. Asegura que lo que se necesita es que el estado garantice unos espacios en estaciones de radio y televisión públicas para que no se haga recaudación de fondos, con lo que esto conlleva.
* La información extraída por el CPI de los informes es resultado de un trabajo manual, ya que la Comisión Estatal de Elecciones no cuenta con un sistema digitalizado con la información, por lo que hubo que ir hoja por hoja en cada informe para transcribir cada número y letra. Espere pronto el segundo de la serie. Tahani Shayeb colaboró con la recopilación de datos de los informes de los partidos para esta historia.