Justicia ambiental, participación ciudadana y política pública en Puerto Rico

recuento noticioso del 2015

El debate ambiental en Puerto Rico ha ido evolucionando y adquiriendo mayor complejidad durante las últimas décadas. La proliferación de las noticias ambientales en la prensa local y la diversificación de los acercamientos al tema son indicadores de esta evolución. En esta reflexión pretendo subrayar algunos de los eventos ambientales más importantes del 2015. La idea no es realizar un resumen exhaustivo. En cambio, sugiero explorar y analizar estos eventos en función de lo que significan para adelantar la justicia ambiental en el país, fortalecer la democracia ciudadana e identificar los retos que formarán parte de nuestro futuro inmediato.

Uno de los temas transversales a esta reflexión es que las luchas ambientales no son luchas periféricas. Como veremos, por todos los rincones de la Isla surgen asuntos ambientales que evidencian la relevancia de estos temas para nuestra cotidianidad, bienestar y destino. Del mismo modo, estos eventos y controversias no tienen que ver con la defensa de una naturaleza objetivada y separada del contexto social. ¿Qué tiene que ver la presente crisis económica con la forma en que nos relacionamos con el medioambiente? ¿Por qué las instituciones gubernamentales siguen perdiendo legitimidad y la capacidad para defender los mejores intereses de los ciudadanos? ¿Cómo se distribuyen entre distintos grupos sociales las externalidades ambientales de las decisiones tomadas sobre la ubicación, deseabilidad o beneficios de un proyecto controversial? ¿Qué tipo de modelo de desarrollo está implícito en las estructuras de gobernanza actual o debe contemplarse para el país en el futuro? Todas estas preguntas apuntan a la hibridez y complejidad de los temas ambientales. No existe forma de escapar la cuestión ambiental, de evadirla o tratarla de manera separada a todo el resto del quehacer social. Por eso es tan apremiante la continuidad reflexiva y el ejercicio crítico en torno a los contextos, premisas y valores que informan estos eventos y controversias. En un intento de continuar la tradición navideña iniciada años atrás por varios colegas como Érika Fontánez Torres, Luis José Torres Asencio y Laura Beatriz Arroyo, en lo que sigue comparto mi recuento del 2015.

Pacto ambiental con los grupos comunitarios

La gestión comunitaria de las áreas naturales protegidas (ANP) es una de las vertientes de mayor tradición en el ambientalismo local. Desde múltiples plataformas, grupos ambientales han redefinido el espacio de acción colectiva resistiendo la contaminación, exigiendo mejor calidad de vida y de salud, promoviendo la protección de la ecología del país y propiciando estrategias de desarrollo económico desde la autogestión. A casi 20 años de haberse firmado el primer acuerdo de co-manejo entre el estado y una organización comunitaria como Casa Pueblo, merece la pena revisar qué ha sucedido en el 2015 respecto a estos esfuerzos.

Durante la incumbencia de la actual Secretaria del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) se ha puesto un énfasis mayor en los esfuerzos de colaboración entre grupos ambientales y el estado. A principios del 2015, se celebró el Segundo Encuentro de Gestión Colaborativa en Áreas Protegidas con la participación de cerca de 30 de organizaciones de toda la Isla. En el marco del encuentro, la actual Secretaria del DRNA puntualizó:

“Con esta iniciativa, aspiramos a cambiar paradigmas para que las comunidades y las organizaciones entren a nuestras áreas naturales a establecer microempresas para su autogestión, que colaboren con el manejo y la investigación científica, y que celebren actividades educativas y ecoturismo”. (Metro, 1 de febrero 2015)

Durante el 2015 se firmaron seis acuerdos colaborativos nuevos, entre los cuales resalta el de la Coalición Pro Corredor Ecológico del Noreste (CPCEN), Iniciativa de Eco-Desarrollo de la Bahía de Jobos (IDEBAJO), y Alianza Laura Aponte por la Paz Social (Alapás) (Metro, 2015); lo que puede ser un récord en la historia ambiental de Puerto Rico. De manera más abierta e intencional el estado apuesta a la autogestión comunitaria como un referente desde el cual repensar la gestión ambiental en estas áreas y generar oportunidades de desarrollo económico para varias comunidades en el país.

¿Qué representan estos a avances para la política ambiental local? Por un lado, es significativo que distintos grupos ambientales y organizaciones de base sigan ganando terreno y desarrollando proyectos ambientales con beneficios directos a la comunidad. Fortalecer las estrategias de autogestión en torno a las ANP puede ser uno de los puntos de partida para reconfigurar la economía local y, por lo tanto, debe celebrarse. Es, además, una manera de fortalecer la democracia en la gestión del patrimonio ecológico colectivo de nuestra sociedad.

Sin embargo, en la estructura institucional actual todavía existen retos para asegurar la gestión efectiva de estas áreas. La guerra histórica entre partidos políticos dentro de la estructura del DRNA, la crisis económica y disminución de recursos humanos para el manejo de estas áreas, la burocracia institucional, las relaciones mediadas por la disponibilidad de fondos federales, y la incapacidad para establecer unas estrategias efectivas para el monitoreo y cumplimiento de los reglamentos ambientales, son algunos de los retos más importantes que se deben superar. Un tema medular para el 2016 es si los cambios políticos que se esperan para el próximo cuatrienio afectarán la continuidad de esos acuerdos colaborativos. Del mismo modo, es necesario estudiar más a fondo el saldo de esos esfuerzos. En ocasiones, el discurso en torno a la participación ciudadana en las ANP de actores claves dentro de la política estatal es de creer en dicha participación solo porque no ven otras alternativas de manejo posibles ante la crisis económica (ver por ejemplo Torres Abreu, 2009). El peligro de este acercamiento es que el estado termine desentendiéndose de su deber constitucional o fiduciario y relegue ese deber a grupos comunitarios sin que estos cuenten con los recursos económicos y el apoyo necesario. Reconfigurar esa estructura desde adentro es una tarea titánica, pero es fundamental para ver cambios más profundos en la gestión de las ANP en el futuro cercano.

Nueva visión de manejo para El Yunque

Interesantemente, los esfuerzos de gestión colaborativa no han sido exclusivos con el gobierno estatal. En las últimas décadas se han venido gestando acuerdos de colaboración entre grupos comunitarios y agencias federales. El caso más reciente es el del Servicio Forestal Federal que en 2012 estableció un nuevo reglamento para el manejo de sus bosques. La participación ciudadana, el manejo regional y el desarrollo económico sustentable figuran como elementos claves en esta nueva visión sobre la gestión y toma de decisiones en torno al Bosque. En una democratización de la política pública forestal que podría considerarse ‘desde arriba’, el Bosque Nacional El Yunque fue elegido como uno de los primeros bosques del sistema para aplicar el nuevo reglamento. Luego de varios años de intenso debate y de poner en marcha un proceso de planificación más participativo, la administración del Yunque acaba de culminar el borrador del Plan de Manejo y trabaja en la Declaración de Impacto Ambiental para presentar estos documentos a escrutinio público en los próximos meses. Algunos de los resultados más palpables de este proceso son: 1) la consolidación de un grupo de ciudadanos que en el 2016 estará firmando un acuerdo de co-manejo con la agencia, 2) la redefinición del sistema de clasificación de vegetación del Yunque, 3) la dispersión de las actividades recreativas a las partes más bajas del bosque y 4) la creación de una nueva zona de manejo para propiciar iniciativas de autogestión comunitaria dentro de los límites del bosque.

Aún con estos avances, todavía es necesario consolidar un marco más democrático de toma de decisiones en El Yunque. El hecho de que aún se sigan permitiendo proyectos de experimentación e investigación manipulativa sin discutirse previamente con el público, como es el caso del Climate Change Study (Caribbean Business, 2014), es un indicativo de esto. La instalación de calentadores para simular escenarios de aumento en temperaturas y estudiar las respuestas de adaptabilidad a estos escenarios en el Bosque es una acción que si bien puede tener mérito científico provoca malestar, confusión y preocupación para otros sectores con intereses igual de legítimos respecto al Bosque. Es por esto que proyectos como este también deberían pasar por el escrutinio público antes de realizarse.

Política energética, contaminación e injusticia ambiental en el sur

Durante los últimos años, se han dado grandes controversias ambientales en el país en torno a la política energética que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) debe implantar en las próximas décadas; y la agencia ha apostado al gas natural como alternativa de transición a fuentes de energía más renovables. Las luchas ambientales de los últimos años lograron resistir y acabar con las propuestas del Gasoducto del Sur en 2008 y la mal llamada Vía Verde del 2009. Sin embargo, a mediados del 2015 se emitió una orden autorizando la construcción del Aguirre Offshore Gasport (El Nuevo Día, 19 de agosto 2015).

El proyecto pretende establecer un terminal marítimo de gas natural licuado para “gasificar” la Central de Aguirre. De ese modo, se espera reducir el costo de producción de energía de la AEE y mejorar la calidad del aire cumpliendo con los estándares federales de emisiones atmosféricas (El Nuevo Día 2015, Alvarado 2015). Habrá que ver si las modificaciones al proyecto que se hicieron como resultado de los trabajos de la Mesa de Diálogo y Negociación compuesta por organizaciones ambientales, pescadores, la AEE y Fortaleza, serán suficientes para evitar la degradación de los ecosistemas marinos del área y no perjudicar las comunidades costeras que dependen directamente de estos recursos. Otro elemento a considerar es si es razonable invertir tantos recursos en un proyecto que no mejorará sustancialmente la calidad del aire ni disminuirá las emisiones de gases de invernadero de esa planta de energía. De seguro, estos temas continuarán siendo parte del debate cuando venga la fase de implementación del proyecto.

Pero la controversia del gasoducto debe verse en un contexto mucho más amplio. Si fuéramos a trazar un mapa de la injusticia ambiental en Puerto Rico, los municipios de Salinas y Guayama (así como otros en el sur) serían de los primeros en la lista (ver por ejemplo Berman Santana, 1996; Concepción, 2012). Desde el mismo surgimiento de las políticas gubernamentales que llevaron a la industrialización del país, los residentes y comunidades de esta región han tenido que sufrir de manera desproporcionada las injusticias y externalidades socio-ambientales de un modelo de crecimiento económico basado en la explotación del ambiente.

Una de las controversias que sigue latente en estos municipios tiene que ver con las actividades de quema de carbón de la planta Applied Energy Systems, mejor conocida como la AES, en Guayama. Todavía las comunidades y organizaciones ambientales de la región reclaman el cierre de esta planta y una acción contundente por parte de la Junta de Calidad Ambiental (JCA) para terminar con el depósito de cenizas altamente contaminantes en los vertederos del sur (Estrada, 2015). En el 2014 se encontró que la AES estaba depositando cenizas tóxicas de manera ilegal en el vertedero de Humacao, a pesar de la resistencia ciudadana y de una ordenanza municipal que lo prohíbe (Metro, 2014). Se estima que se han depositado cerca de 350,000 toneladas de cenizas de manera ilegal en este vertedero (Estrada, 2015; El Nuevo Día, 2015a).

Tan reciente como en diciembre de 2015, el juez superior del Tribunal de Ponce, Eric Ronda Toro, emitió una orden para detener el depósito ilegal de cenizas provenientes de la AES en el vertedero de Peñuelas, hasta tanto el Tribunal no evalúe una acción legal de la compañía EC Waste contra el Comité Pro Salud y Ambiente de Tallaboa en un intento de amordazar y no permitir las manifestaciones del Comité en torno al depósito de las cenizas. Hasta la fecha, se han depositado aproximadamente 8,000 toneladas de cenizas en este vertedero, a pesar de otra ordenanza municipal que prohíbe estas acciones (Endi, 2015).

La controversia de la AES en Guayama reaviva un debate trascendental sobre el derecho de los ciudadanos a la protesta, a la movilización colectiva, a exigir mejores condiciones ambientales y de salud. El reclamo es todavía más pertinente ante la ineptitud de agencias como la JCA que permite que estos crímenes ambientales ocurran. Además, remite a la necesidad de cuestionarnos el modelo mismo de producción de energía. Como bien apunta Víctor Alvarado, de la organización Diálogo Ambiental: “Si nosotros decimos que queremos movernos al uso de fuentes de energía renovable, pues hay que dejar el carbón. En una transformación de la AEE no puede encajar tener una planta de carbón por la contaminación que genera”. (citado en Estrada, 2015)

El Incinerador de Arecibo: ¿La misma basura para generar energía?

En el norte del país también se juegan batallas ambientales de primer orden. La más controversial es la del Incinerador de Arecibo de Energy Answers (EA). Durante las últimas décadas, el problema de generación de basura y manejo de los desperdicios sólidos ha resultado en el cierre de un sinnúmero de vertederos en el país (NotiCel, 2014). Las estrategias poco efectivas para promover la reducción, reutilización y reciclaje de esos materiales por parte de la Autoridad de Desperdicios Sólidos (ADS) y el arraigo de una economía depredadora y dependiente de los derivados de los combustibles fósiles nos ha llevado a tener que nadar en la basura. Los tropiezos que ha tenido la reciente aprobación de la ley para prohibir las bolsas plásticas en los comercios y el pobre desempeño del país en asuntos de reciclaje son claros indicadores de la situación (Del Mar, 2015; ADS 2014). Algunos vertederos municipales se han convertido en regionales y la dinámica política de la privatización también juega un papel importante en las negociaciones de quien se lucra con el negocio de la basura y el curso de la política pública con respecto al manejo de los desperdicios sólidos. Mientras Fajardo recibe los desperdicios sólidos de muchos de los municipios del este, Peñuelas y Humacao luchan porque no se depositen las cenizas tóxicas de la AES en sus vertederos y la EPA toca a la puerta de varios municipios cuyos vertederos encabezan la lista de los próximos cierres.

En un contexto como este, la propuesta del gobierno y de Energy Answers parece ser hasta lógica. Convertir la basura en energía es la solución mágica para resolver de un tiro dos problemas gigantescos: el de la basura y la producción de energía a partir de fuentes ‘más limpias’. Enfáticamente, los proponentes del proyecto alegan que esta planta que llaman de ‘recuperación y generación de energía’ no tendrá efectos negativos a la salud y ambiente de la región (Marrero, 2015). Se estima que el proyecto procese 2,100 toneladas de basura al día y genere 80 megavatios de energía (ibid). Ese monstruito va a requerir de mucha basura y luego de construido será difícil detener la maquinaria.

En el 2014 la EPA otorgó el permiso para la construcción del incinerador alegando que las proyecciones de emanaciones de contaminantes cumplen con los estándares federales de calidad de aire (Microjuris, 2014). Sin embargo, en reiteradas ocasiones expertos en el tema y miembros de la Coalición de Organizaciones Anti-incineración de Arecibo como el profesor Osvaldo Rosario de la UPR han alertado de los peligros ambientales y a la salud que podrían resultar del proyecto: “[e]l permiso no hace mención de que este incinerador estará tirando al aire dos veces y media más polvo de plomo que la compañía Battery Recycling, la cual ha sido multada cuantiosamente, precisamente por la EPA. Ya en 2011, la EPA declaró a Arecibo como área de “no logro” para plomo, eufemismo para evitar decir que los niveles de plomo en Arecibo son mucho más altos que lo aceptable para no producir enfermedad”. (Microjuris, 2014)

De igual manera, el profesor Pedro Saadé, abogado de la Coalición, ha señalado el atropello de las agencias gubernamentales como la JCA de no permitir “procedimientos transparentes que protejan los intereses y la salud de los ciudadanos […]”. (citado en Diálogo, 2015) Claramente, el caso del Incinerador de Arecibo evidencia cómo los intereses privados, la arbitrariedad en proceso de permisos y la complicidad del gobierno se imponen ante los reclamos de los ciudadanos, su calidad de vida y salud. Aunque EA haya pasado por todo el proceso de permisos, la resistencia y la lucha ambiental en contra de la construcción de este incinerador debe continuar y redoblarse.

Transgénicos, experimentación agrícola y seguridad alimentaria

Un debate que comienza a tener mayor presencia en los medios de comunicación locales es el de la biotecnología agrícola. Durante las últimas décadas, Puerto Rico se ha convertido en uno de los lugares más importantes del mundo para la experimentación con semillas y distintos cultivos transgénicos (Ruiz Delgado 2009; Telesur, 2015). Según datos recientemente publicados, en la Isla operan 10 compañías de biotecnología agrícola, ocupando unas 4,000 cuerdas de terrenos públicos y privados en las que se cultiva maíz, soya, arroz, algodón, girasol y otras semillas. (El Nuevo Día, 2014)

El acaparamiento de terrenos de alta productividad agrícola por parte de multinacionales de biotecnología preocupa por varias razones. La primera tiene que ver con el enfoque y modelo de producción agrícola que debe promoverse a nivel local. Datos del Plan de Seguridad Alimentaria recientemente publicados por el Departamento de Agricultura (DA) apuntan a que 85 % de los alimentos que se consumen a nivel local son importados (Comas, 2015). Ante esta realidad, el gobierno presenta este Plan como un intento de revertir lo que ha sido uno de los puntos más débiles de nuestro desarrollo, rescatar la agricultura local y consolidar un proyecto agrícola que nos encamine por la ruta de la seguridad alimentaria. En cambio, lo que ha hecho a través de los años es promover un modelo de producción agro-industrial y fomentar las industrias de biotecnología agrícola, a partir de mecanismos como la ley 62 del 2009. (LexJuris, 2009) Ese modelo no conduce a la seguridad alimentaria porque es altamente dependiente del petróleo, de las semillas importadas y no produce alimentos para la demanda local. (Telesur, 2015)

La segunda razón tiene que ver con las consecuencias de la experimentación biotecnológica y lo que representan para el sector agrícola. Datos del Biotechnology Regulatory Service (BRS) del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) “muestran que para enero de 2005 Puerto Rico había tenido 1,330 autorizaciones (field releases) para cultivos transgénicos experimentales en la isla, lo cual había resultado en 3,483 experimentos transgénicos al aire libre (field tests)”. (Ruiz Marrero, 2009) Los impactos ambientales, económicos y a la salud de este tipo de prácticas no son un mito. La manipulación genética del maíz Bt, la soja resistente al Round-up y la semilla patentizada, solo conducen al empobrecimiento de la biodiversidad local; a la contaminación por el “input” de herbicidas requeridos; al monopolio de las multinacionales sobre el material genético del planeta; el acaparamiento de terrenos de alto valor agrícola por parte de estas compañías; a la ruina económica de nuestros agricultores y a la imposibilidad de poner en marcha un plan de seguridad alimentaria verdaderamente sustentable. Por fortuna, en los últimos años ha surgido un movimiento agroecológico local que resiste esa propuesta agro-industrial. Grupos tales como El Josco Bravo, La Cooperativa Orgánica Madre Tierra, El Departamento de la Comida, entre otros, continúan desarrollando distintas iniciativas para contribuir al movimiento agroecológico del país. De seguro este debate será uno de los temas ambientales claves para el 2016.

Sequía, cambio climático y la gestión del agua

El evento ambiental que mayor cobertura mediática generó en 2015 fue el de la sequía que experimentó gran parte del país. Durante los pasados años los patrones de precipitación a nivel local y en otras partes del Caribe han estado por debajo del promedio. Según algunos estimados, durante el 2015 82% del país enfrentó un evento de sequía desde extrema hasta moderada que duró cerca de cinco meses (U.S. Drought Monitor, 2015). A pesar de que décadas antes se había vendido el Supertubo como un seguro contra futuras sequías, la falta de una política de gestión del agua efectiva resultó en uno de los peores racionamientos que jamás se haya implementado en el país. En la Plata, el racionamiento duró 131 días afectando a “cerca de 130,000 abonados de Bayamón, Dorado, Toa Alta y Toa Baja” y a otros 50,000 abonados de partes de Guaynabo y San Juan (Banuchi, 2015). En Carraízo el racionamiento llegó a implementarse durante tres días consecutivos impactando a 160,000 abonados de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) (Del Valle, 2015). Ni la siembra de nubes propuesta por la agencia nos salvó. (El Nuevo Día, 2015)

Nuevamente, el racionamiento acentuó la necesidad de adoptar un enfoque alternativo en la gestión de las aguas para enfrentar los retos del Cambio Climático. Durante décadas, expertos en el tema han señalado que el reto principal en este ámbito tiene que ver con una infraestructura de aprovisionamiento de agua deteriorada e ineficiente. Esa ineficiencia se refleja claramente en la diferencia entre el agua producida y facturada por la AAA. Según los datos más recientes del Plan de Aguas, el agua no facturada actualmente asciende a un 58.8%, de los cuales 47% se estiman en pérdidas y fugas en el sistema, 9.7% en hurtos y 1.5% en consumo no medido pero autorizado (DRNA 2015, citado en Torres-Abreu, 2015). Otro factor determinante y ampliamente discutido es la falta de una política coherente de ordenamiento territorial para evitar construcciones en lugares ecológicamente sensitivos, lograr la protección de las cuencas hidrográficas y evitar la erosión y sedimentación de los embalses y el deterioro de los cuerpos de agua. Hay un tercer elemento en torno a este debate y es el menos discutido.

La política pública de la AAA está basada en una visión neoliberal en la que el precio y el mercado dictaminan la dinámica de consumo, las proyecciones y planificación del recuso. Como resultado, históricamente el énfasis en la política del agua local ha sido en suplir una demanda de agua que se cree intocable en vez de manejar esa demanda para lograr una utilización más eficiente y sustentable del recurso. Ese cambio de paradigma será fundamental para enfrentar los retos que se avecinan.

Precisamente, el debate sobre el Cambio Climático fue también uno de los temas más importantes del año a nivel internacional. La publicación de una encíclica enteramente dedicada al tema ambiental (como la escrita por el papa Francisco) provocó diversas reacciones y gran atención a nivel global sobre la urgencia de acabar con la dependencia a los combustibles fósiles y la deuda ecológica histórica que tienen los países más poderosos del planeta de contribuir de manera más proactiva con la implementación de medidas para reducir los gases de invernadero a nivel global/ (BBC Mundo, 2015)

París también marcó el tono de un nueva era en la discusión sobre Cambio Climático en y fuera de Puerto Rico. La participación del DRNA en la Conferencia de la Convención Marco Para el Cambio Climático de la ONU (COP 21) representa un avance en los esfuerzos para que la Isla pueda insertarse de manera directa y oficial en el debate y negociaciones internacionales sobre Cambio Climático. Los trabajos del Consejo de Cambio Climático de Puerto Rico han logrado visibilizar los esfuerzos de investigación, iniciativas de adaptabilidad y planes de mitigación que se vienen coordinando en la Isla. Según informó el DRNA, la intención es que la Isla se convierta en un miembro asociado u observador del Caribbean Community Climate Change Center, organismo que integra las islas del Caribe en materia de investigación y respuestas al problema del Cambio Climático a nivel regional. Sin embargo, que Puerto Rico no pueda participar de manera oficial de estas negociaciones internacionales evidencia el claro déficit de autonomía política y esto, sin duda, limitará el radio de acción y de participación del país en la esfera internacional.

El plan de uso de terrenos

Si hay un evento en el 2015 de mucha transcendencia para la política ambiental, es la reciente aprobación y firma del Plan de Ordenamiento Territorial (PUT). (El Nuevo Día, 2015) Por décadas, ambientalistas, planificadores, científicos y organizaciones de base han señalado la necesidad de un instrumento de planificación que permita una referencia clara en el ejercicio de ordenación territorial local. Ese documento de referencia es un paso importante para: 1) establecer medidas de conservación claras y demarcar los terrenos de alto valor ecológico; 2) asegurar que los terrenos agrícolas puedan utilizarse para un proyecto de seguridad alimentaria; 3) lograr una mejor gestión de las cuencas hidrográficas y los recursos de agua de la Isla; 4) identificar las zonas más vulnerables a inundaciones y a otros eventos como deslizamientos de terreno; 5) especificar las áreas dónde debe fomentarse o concentrar las actividades comerciales.

Sin embargo, el PUT por si solo no asegura la coherencia en el ejercicio de ordenación territorial. La dinámica desarrollista de las últimas décadas remite a un debilitamiento en el proceso de evaluación de permisos que es incitado por el sector privado y avalado por los gobiernos de turno (ver por ejemplo Concepción, 2007; Rivera Santana, 2015). Y la presente precariedad económica pone todavía más en jaque la posibilidad de que las instituciones a cargo de la planificación y ordenamiento territorial ejerzan de manera efectiva ese mandato del PUT.

Aún así, la firma histórica del PUT en combinación con varios otros esfuerzos de gestión del territorio tales como la aprobación de la Ley del Bosque Modelo Nacional y la reciente delimitación de la zona marítimo terrestre deben posibilitar mejores estrategias de conservación regional del paisaje, monitoreo de proyectos sensitivos y minimizar los campos de debate respecto a lo que es o no deseable. En el futuro cercano se verá cuál de estas fuerzas tendrá mayor peso. Si dejamos que la racionalidad económica neoliberal y la cultura del fast track se impongan, surgirán más casos insólitos como el de la Urbanización Las Lomas en Ceiba donde la falta de prudencia y de un ejercicio de evaluación de permisos riguroso ha resultado en un deslizamiento de grandes proporciones dejando una hilera de casas de la urbanización literalmente al borde del precipicio. (El Nuevo Día, 2015)

Acceso a las playas y el Paseo Lineal de Puerta de Tierra

En el plano urbano, hay otras dos controversias que merecen mencionarse, aunque sea de manera breve. Una de estas es la del Hotel Marriott y el Balneario de Isla Verde. La controversia se remonta al 2005, cuando un grupo de ciudadanos decidió realizar desobediencia civil para reclamar el derecho y acceso a esta playa. El balneario es público y, por tanto, no puede ser sujeto a apropiación de ningún grupo en particular (ver por ejemplo Fontánez Torres, 2009). Como bien de dominio público todo el mundo la debe poder disfrutar y no debe privatizarse. Luego de casi diez años de litigio se reaviva esa lucha contra el desahucio. El reclamo por el acceso a la playa y las costas sigue vivo.

Puerta de Tierra es el escenario de otra controversia ambiental que tiene muchos matices. A priori, la propuesta de restaurar, embellecer el paisaje y realizar un proyecto para que la gente pueda caminar, correr bicicleta, recrearse e incentivar el desarrollo económico mediante el turismo parece sensata. Sin embargo, en la propuesta del gobierno para el desarrollo del Paseo Lineal la comunidad ha identificado varios desaciertos en la implementación del proyecto que empañan la intención original. Algunos de los reclamos en torno al proyecto son: 1) el corte innecesario de vegetación existente, 2) problemas de erosión y sedimentación costera debido a la construcción, 3) destrucción del patrimonio arqueológico encontrado y no considerar estos hallazgos en el diseño e implantación del proyecto, 4) atropello a la comunidad por cambio de ruta en el transporte público y, 5) corrupción por parte de la compañía a cargo de la construcción. Esos reclamos han sido el motivo para que esa comunidad se movilice, continúe investigando y documentando el valor histórico de su entorno, organice actividades educativas con distintos sectores y ponga en marcha varias acciones legales para hacer valer sus reclamos. Esta lucha en torno al Paseo Lineal de Puerta de Tierra revela, entre otras cosas, la falta de sensibilidad de las políticas gubernamentales en relación al contexto ambiental, intereses, valores y cultura de comunidades con sentido de pertenencia.

Desde mi perspectiva, los eventos ambientales discutidos aquí (y otros que se han quedado fuera por falta de espacio) apuntan a las fisuras del modelo de desarrollo económico neoliberal. Aunque no lo presenten exactamente en esos términos, la visión que han tenido algunos movimientos sociales en PR (tal vez una minoría) para enmarcar la crisis ambiental dentro de una crisis político-económica mayor y resistir desde adentro ese modelo de crecimiento económico, convierte a esos movimientos de base en espacios de esperanza para la acción colectiva.

¿Acaso el radio de acción de estos movimientos será suficiente para solucionar el problema de fondo, para lograr cambios profundos en la política ambiental local? Quisiera pensar que sí, pero el claro déficit de democracia y justicia en los procesos de toma de decisiones de muchos de los casos presentados evidencian como las políticas hegemónicas del estado continúan limitando las posibilidades para alcanzar un desarrollo humano integral y sustentable en el plano local.

Los intentos de amordazar a los ciudadanos; la falta de un ejercicio crítico y evaluación rigurosa de los impactos ambientales y a la salud de proyectos sensitivos; y la primacía de intereses económicos por encima de otros intereses y valores son algunas de las manifestaciones más claras de este déficit en el plano político. La relevancia de estos asuntos para nuestra vida cotidiana obliga a redoblar los esfuerzos por lograr una mayor conciencia y autonomía política, a insertarnos más de lleno en el debate ambiental internacional y seguir de cerca diversas formas de resistencia para continuar consolidando las nuestras. Ya no se trata de opción, sino de sobrevivencia.

 

Referencias bibliográficas

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