La UPR y la criminalización del saber

foto por Ricardo Alcaraz Diaz

El impacto socioeconómico de la UPR es expuesto en el informe y por su importancia citaremos algunas de las principales aportaciones de la universidad al pueblo de Puerto Rico que este recoge: de cada millón de dólares que inyecta la UPR en la economía de Puerto Rico, se generan 560,000 en la economía de Puerto Rico; el gasto total de la UPR en el periodo 2010-2015 tuvo el efecto de generar 7,824.9 millones en ingresos salariales en la Isla; un millón de dólares generados en salarios por el Sistema genera en el resto del sistema económico del País $1,460,000. Esto se une a las diversas distinciones que ha tenido la UPR por sus investigaciones y programas académicos acreditados.

Cabe destacar el compromiso que sostiene la institución con la comunidad, particularmente en el programa de educación a confinados fundado por el distinguido historiador Fernando Picó. En los últimos años también ha habido iniciativas para integrar estudiantes provenientes de caseríos, buscando así brindar  oportunidades de estudio a sectores marginales de la sociedad.

Esta y otras informaciones relevantes sobre  el papel social, económico y de vanguardia intelectual que tiene la UPR no son expuestas lo suficiente por la prensa que acoge comentarios que criminalizan el saber y presentan a la UPR como un espacio para las élites. No debemos de perder de vista que la Junta de Control Fiscal es la que ha puesto a la Universidad de Puerto Rico en un grave aprieto mediante la exigencia de cortar 300 millones de dólares de su presupuesto. Esta petición se hace de manera totalmente irresponsable, ya que la Junta no ha dado justificación para tamaño recorte. Tampoco ha sometido ningún plan de desarrollo económico para la Isla sino que solo busca implantar medidas de austeridad para cobrar la deuda  que atentan contra los derechos civiles y humanos de los puertorriqueñ@s.

Los universitarios sabemos muy bien que somos parte de un país en crisis y que debemos colaborar para que no solo unos sectores lleven el peso de la deuda. Sin embargo, la labor de contribuir a reducir gastos debe hacerse con plena conciencia de la función que la universidad cumple en nuestra vida comunitaria y que el acceso a la educación figura en la Carta Universal de Derechos Humanos. La existencia de sus once recintos ha forjado en gran medida la democratización del conocimiento y  la ampliación de la clase media.

Hay dos elementos que son indispensables para el País y que pueden contribuir  a que no se desvanezcan nuestro plan de salud ni los servicios educativos, ambos fundamentales para el desarrollo económico. En primer lugar, la auditoría de la deuda por la Comisión que fue nombrada para ello, y que dirige la licenciada Eva Prados, es indispensable. Cien mil firmas han sido sometidas en su apoyo. Ya dicha organización expresó que alrededor de 30 millones fueron contraídos ilegalmente, ignorando lo que la Constitución decía al respecto. Todo esto se da con la venia del gobierno de Estados Unidos, por lo tanto, también responsable de los desmanes cometidos.

Ni el gobierno ni la Junta pueden hacer la auditoría, pues la misma debe tener la mayor transparencia posible. ¿Por qué se exige entonces que los universitarios, y el pueblo de Puerto Rico, hagamos recortes sin conocer los detalles de la deuda? ¿Por qué debemos ignorar que la deuda no ha sido auditada? ¿Acaso no nos convertimos en cómplices con la obediencia ciega a la Junta? La respuesta creo que está en el hecho de que dicha Junta ha amenazado con penalizar a aquellos que se nieguen a cumplir con sus requisitos. Hablamos, por lo tanto, de recortes a punta de pistola y la imposición de un estado que ha abolido los derechos humanos y civiles.

El segundo elemento lo constituyen las leyes de cabotaje. Diversos grupos, que incluyen personas de distinta ideología política,  han denunciado la arcaica ley de 1900 que nos obliga a utilizar embarcaciones norteamericanas como medio de transportación de comida, medicamentos y todo lo que se importe, a pesar de su alto costo. Esto encarece un treinta por ciento los productos que recibimos, según investigaciones sobre el tema. El economista José Alameda, estudioso de  los efectos de esta ley,  ha destacado que la misma es anacrónica. Estas dos opciones, la auditoría de la deuda y la eliminación de las leyes de cabotaje, definitivamente, pueden contribuir enormemente a aliviar la crisis económica de Puerto Rico. La senadora Rossana López, quien fuera presidenta de la Comisión de Derechos Civiles del Senado, señaló a la prensa que se «puede estar pagando hasta mil millones de dólares anuales de sobrecargo por transportar mercancía que llega a la isla del exterior y que tiene que pasar por un puerto de EE.UU. continental».

No debemos olvidar tampoco que la UPR ya ha sufrido reducciones importantes a su presupuesto. Nuestra apotación al país mediante esos recortes ya en vigor suman más de 300 millones en los últimos tres años, ademas de la congelación de plazas y ascensos, licencias de estudio e investigación, entre otros renglones.

Lo presentado con anterioridad nos indica que sí existen soluciones que, junto a otras, pueden salvar nuestro sistema universitario público, así como los servicios de salud. La crisis está indudablemente atada a la estructura colonial, a la política partidista que no permite la auditoría de la deuda. Por eso, ¡sigamos en defensa de nuestra universidad! ¡No criminalicemos el saber! ¡No permitamos su ruina en aras de una Junta que no nos representa!