Las responsabilidades políticas ante la crisis

Pancarta en protesta contra la Junta de Control frente a la Corte Federal.

“Lo que es, es más fuerte”.
-T. W. Adorno

Ante esta situación, con pocas pero notables excepciones, se ha dado un debate público cuyo péndulo tiende a oscilar desde una individualización moralista de las causas de la crisis (la cual se enfoca principalmente en la clase política reinante), hacia la búsqueda de soluciones tecnocráticas, muchas ancladas a la ética del deudor –“¡a los bonistas hay que pagarles!”, reza su alocución típica– que define la subjetividad neoliberal y sus formas de desafiliación, la cual es parte constitutiva del problema y no su solución. Igualmente incapacitante es sucumbir ante el no-tan discreto encanto de la tecnocracia; la tentación impolítica que representa el buscar soluciones tecnocráticas a problemas políticos. Asimismo se rehabilitan lugares comunes sobre el imperialismo americano desde una concepción completamente de-diferenciada, tal vez oceánica, del colonialismo y sus víctimas.

Confrontar una situación como la presente requiere, sin embargo, plantear algunas interrogantes que quizás resultan ser políticamente incómodas, pero que son ineludibles a cualquier análisis políticamente sobrio de una crisis de tal magnitud como la actual. Es por tanto necesario clarificar, aunque sea en forma de esbozo, algunas de las categorías que la discusión sobre la presente crisis invoca desde un punto de vista más historizado, para poder delinear unas coordenadas más políticamente sobrias sobre las distintas formas de responsabilidad política que definen dicha crisis.

1.

¿Cuál es el significado y contenido político de una crisis entendida como fenómeno histórico? Ya a principios del Siglo XX José Ortega y Gasset capturó un aspecto significativo del término crisis y su relación con el ámbito político: “La crisis es un peculiar cambio histórico”.[1] Como tal, toda crisis que se manifiesta en un presente tiene que ser entendida en su compleja historicidad. Ninguna crisis o catástrofe es ex nihilo: toda crisis se extiende al pasado y al futuro, a un antes y a un después; y toda crisis, a pesar de lo que aparentan ser sus impredecibles movimientos, está mediada por múltiples determinaciones históricas. La supuesta ausencia de determinaciones es, por lo tanto, un espejismo. Como ya había señalado Bertolt Brecht en la década de los treinta, los movimientos y efectos de fenómenos humanos resultan impredecibles no porque no haya causas ni determinaciones, sino porque existen demasiadas.[2]

Históricamente el concepto de “crisis” ha estado íntimamente asociado con una fase de transición, evocando así una sensación de cambio interno, dentro de una estructura u organismo, como parte de una fase de transición prolongada que a la vez sugiere el cambio y la continuidad. En más de una ocasión la metáfora predilecta ha sido la del cuerpo, tanto biológico como político; un cambio interno en éste que denota una transición que puede llevar a efectos destructivos de no ser atendida. Para los antiguos griegos y los primeros cristianos se trataba de diagnosticar condiciones de cambio –en las esferas de la medicina, la ley, la política y la teología– que requerían decisiones y juicios importantes en los que entraban en juego asuntos de máxima seriedad: vida y muerte, salvación y condena.

Estos usos apuntaban a la importancia de la observación rigurosa y precisa, así como a la toma de decisiones informadas para remediar una situación que se consideraba crítica. En las connotaciones posteriores del término, ya en el mundo moderno, “crisis” comenzó a significar un fallo estructural de naturaleza sistemática que interrumpe un proceso continuo. Y en aún más recientes determinaciones del concepto, una crisis ha sido frecuentemente entendida como una cadena, o concatenación, de  acontecimientos que de no ser atendida podría llevar a un final catastrófico, un punto de inflexión cuyo advenimiento crea situaciones de consecuencias profundas y significativas ante las cuales se exige acción decisiva y trascendental por igual.

Diagnosticar una crisis en el campo político, por tanto, revierte a una serie de preguntas: ¿Captura este diagnóstico con precisión el orden de las estructuras institucionales, los acontecimientos que trata de explicar? Más importante aún son las siguientes preguntas: ¿Quién habla de crisis, y en nombre de quién? ¿Y qué se está implementando en el nombre de ésta, por quién y con qué fines económicos y políticos? ¿Cuáles son las causas inmediatas de ésta, así como sus aspectos histórico-estructurales? ¿En que consisten sus determinaciones estructurales e institucionales? ¿Quiénes son los beneficiaros directos, así como estructurales, de la presente crisis? ¿ Y a quienes se les puede adjudicar la responsabilidad histórica, así como inmediata, por su advenimiento? ¿Tienen los que padecen las consecuencias de la crisis un atisbo de responsabilidad política por el destino que les acaece?

2.

Las invocaciones de conceptos como “crisis” y “catástrofes”, y las preguntas sobre los responsables de su advenimiento que surgen como corolario de una crisis como la presente, tienen una determinación política innegable. Y la condición crítica actual de la situación colonial puertorriqueña no es una excepción. Algunas de las preguntas más significativas que algunos ciudadanos norteamericanos de izquierda plantean son las siguientes: “¿dónde están las protestas? ¿Si Puerto Rico es ‘la Grecia del Caribe’ (sic), por qué no ha habido movilizaciones masivas?” Esto sin mencionar la pregunta que resulta más desorientadora aún –an unsettling puzzle, como comentó una vecina en la ciudad de Nueva York, con quien ocasionalmente he conversado sobre el tema ya que ambos apoyamos a Bernie Sanders desde una posición socialista que está a la izquierda del movimiento que éste representa. ¿Es que acaso la mayor parte de la población está aliviada y contenta porque la Junta que autoriza PROMESA va a gobernar en lugar de la fétida clase política local?

La falta de movilizaciones y la satisfacción que en muchos genera ser gobernados por la Junta sugiere que esta última se conciba como un castigo a la case política del país y que la ciudadanía se conciba en el rol de espectador pasivo, clamando desde las gradas por un cambio de dirigente, como en el mundo del deporte, sin sentir la necesidad de asumir sus responsabilidades como ciudadanos democráticos por la debacle que el país confronta. Debacle cuyas consecuencias la clase política del país, cuya mayoría, en su condición oligárquica, está materialmente protegida, pero no así la vasta mayoría de los que padecen sus acciones que dada su vulnerabilidad diferenciada necesitan más que nadie hacerse cargo de la situación ejerciendo las libertades y derechos que el poco poder político colonial les permite.

Pero no hay respuestas fáciles a estas interrogantes. Y en el espacio aquí disponible solo se pueden ofrecer algunas conjeturas informadas para intentar delinear una posible explicación a cómo en una de las llamadas democracias más estables de América Latina y el Caribe, el mínimo de alfabetización política, sine qua non del ejercicio de las responsabilidades política básicas del ciudadano democrático, simplemente está ausente. Una de las posibles razones es cómo la política despolitizada lejos de ser un fenómeno epocal, como en el resto del mundo Atlántico-Norte, resulta ser un aspecto estructural de la situación colonial del país. El PPD consolidó un estado capitalista-colonial sobre las bases del clientelismo y asistencialismo para las clases populares; procesos que corrieron a la par con exenciones contributivas para la pequeña burguesía en detrimento de una política industrial real.

La expresión “política despolitizada” es una conceptualización que da cuenta de la transformación del contenido de lo político en la época actual. Intenta articular más rigurosamente lo que algunos han llamado el momento “post-político” que caracteriza el presente. Pero, a su vez,  precisa de forma más matizada este fenómeno ya que cuestiona una de las premisas que subyace a la idea de lo post-político: es decir, la noción de que vivimos en un presente de-democratizado o, peor aún, totalmente despolitizado. Aseveración esta que, aunque atractiva en muchos sentidos, devela una premisa muy cuestionable: la despolitización del presente. Para muchos, y no sin razón, el presente es todo menos despolitizado; todo lo contrario, lo que lo define es una politización de carácter partidista que trunca los esfuerzos de gobernar, como grandes sectores del liberalismo bien pensante norteamericano no se cansan de perorar.

Ecos de estas peroraciones se escuchan en Puerto Rico cada vez con mayor estridencia en el contexto de la crisis actual. Es esta llamada hiperpolitización, que no es otra cosa que la domesticación y canalización fuera de los pilares fundamentales y andamiaje estructural del orden político; una canalización de energías políticas taimadas al ámbito cultural y social que en un contexto de política despolitizada es lo que ha llevado a muchos pensadores políticos contemporáneos a coquetear con la variante más reciente del elitismo y la tecnocracia: la tentación impolítica.

3.

Es ya consabido que como apéndice del imperio norteamericano, en Puerto Rico la vocación modernizadora del PPD, cuya culminación jurídica fue el ELA, se forjó bajo la tutela estadounidense en un marco estrictamente colonial que garantizaba las relaciones capitalistas en la isla ancladas en un marco político consistente con la entonces reinante democracia liberal norteamericana. Lo que ha sido menos ponderado es como este orden sentó las bases para una modalidad de política despolitizada avant la lettre. Es decir, en Puerto Rico una variante de política despolitizada es uno de los efectos estructurales del ELA y la forma de pacificación que llevó a cabo el proyecto político de Luis Muñoz Marín.[3] Si por un lado hubo una alfabetización política de las masas de un alcance demográfico y sociológico sin precedente o equivalente en el país durante los años cuarenta, por otro lado el ELA institucionalizó una dialéctica de politización y despolitización que antecede muchas de las variantes de política despolitizada que definen el presente.[4] Claro, el contenido político actual de la fórmula nunca ha sido estático y presupone variaciones en la intensificación del nivel de despolitización. Y en el caso de Puerto Rico, la política despolitizada forjada por los arquitectos del ELA nunca fue completa; la despolitización actual es mucho más acentuada que la que definió su época de auge.

Esta fórmula, el ELA, consistió en una síntesis que resultó hegemónica por más de un cuarto de siglo, en donde la reivindicación de los derechos políticos más básicos de los pobres y las clases trabajadoras, así como una innegable mejora en sus condiciones materiales de existencia, tomó lugar de forma tangible y vertiginosa. De esta manera, logró neutralizar y cooptar el activismo obrero cuyo grado de alfabetización política rompía con los parámetros de política despolitizada que Muñoz Marín institucionalizaría. Todo esto fue llevado a cabo dentro de un marco colonial-capitalista de corte liberal demócrata que a su vez logró, de forma preventiva, pacificar el campo político y neutralizar cualquier amenaza al orden capitalista-colonial. Operando dentro del contexto ventajoso de la guerra fría, el PPD logró efectivamente la politización despolitizada de las masas puertorriqueñas de forma que logró darle continuidad a la vocación conservadora y contrarrevolucionaria de la cultural política del país; política despolitizada que coetáneamente combinó una politización bajo el principio electoral del voto – como es sabido, “vergüenza contra dinero” fue una de sus múltiples consignas – con una gran reticencia a movilizar a las masas populares y desatar cualquier conflicto que cuestionara los pilares fundamentales del capitalismo, tanto local como foráneo. Aprobación de las masas, no su movilización, fue su principal leitmotiv.

4.

El ELA ya agotó su momentum, es un paradigma exhausto. Su vocación modernizadora, cuyo brío deslumbró a muchos en su época dorada cuando Puerto Rico era representada como showcase del Caribe, ha dejado un legado que es necesario transcender más allá de los lugares comunes que sus conocidos contrincantes – PNP y PIP – representan. Pues el hoyo negro que esta trinidad crea enmascara el maloliente albatros que es el presente estado colonial-capitalista y las realidades políticas y sociológicas que lo sostienen; es decir, todo lo que la presente crisis ha visibilizado. Lo que también distorsiona es el conservadurismo e inercia política y cultural de esta formación social. Ésta es evidente en el falso secularismo del país, y un cristianismo cuyas versiones dominantes oscilan entre un catolicismo reaccionario y un atavismo protestante, agentes anquilosantes que incapacitan al país en el ámbito sociocultural.

Políticamente, este conservadurismo, y la persistencia de lo que se podría llamar una versión colonial de “la voluntad de servidumbre” que Étienne de la Boétie diagnosticó en el siglo XVI, es constatable en el comportamiento de las élites criollas desde los días de la Revolución Haitiana y las guerras de independencia de América Latina, pasando por las postrimerías de la invasión y ocupación norteamericana, hasta la Revolución Cubana. Todos estos procesos suscitaron un influjo de exiliados socialmente conservadores y políticamente reaccionarios que no tuvieron dificultad de incorporarse a una ciudanía cuya vasta mayoría tácita y explícitamente condona sus valores políticos. Sobre este trasfondo, en el contexto de la Guerra Fría, figuras como Muñoz Marín eran enarbolados como alternativas respetables ante la concatenación revolucionaria iniciada en Cuba, como portaestandartes de ese oxímoron llamado democracia liberal.

Si se toma en cuenta este trasfondo, no es difícil comprender porqué una crítica robusta y razonada al capitalismo y sus imperativos, y no solamente a su vertiente neoliberal, es el perro que noche tras noche continua sin ladrar.

5.

La naturaleza profundamente anti-democrática de la Junta que PROMESA autoriza ha sido revelada con gran elocuencia en este medio. Con característica inteligencia y rigor argumentativo Roberto Alejandro ha ofrecido un excelente análisis de PROMESA al que no hay mucho que añadir mas allá de recalcar algo que debería de resultar obvio pero tristemente no lo es: como ésta representa uno de los aspectos más políticamente despóticos  desde un punto de vista democrático; es decir: la no existencia de una comunidad de destino entre la junta y los sujetos a sus medidas.[5] En el arreglo que propone, los que gobiernan –y, que no quede duda, la Junta va a gobernar el país– no tienen que confrontar, ni mucho menos padecer, las consecuencias de sus acciones ante los gobernados. Un atributo que comparte con otras doctrinas neo-imperiales que definen el Atlántico Norte: la doctrina intervencionista, Responsability to Protrect (R2P) y la Troika, su homólogo en el sur Europeo. Asimismo se han documentado las penumbras jurídicas y trazas de ilegalidad alrededor de la deuda y sus acreedores.[6]

Por todas estas razones, la Junta tiene que ser resistida basándose en principios genuinamente democráticos. Las deficiencias de la democracia liberal, especialmente en una situación colonial son consabidas; pero es con más democracia, no revirtiendo a las presunciones y truncamientos que definen el momento elitista de su componente liberal, sino profundizando el momento democrático, que sus límites pueden ser trascendidos. Rechazar la Junta en nombre de una mayor democracia, sin embargo, requiere ir más allá del reclamo de formas de afiliación y derechos sociales que definen una concepción de la democracia participativa que revindica el momento más progresista del socialismo. Dicho de otro modo, rechazar la Junta es indispensable, pero no suficiente. También hay que ajustar cuentas con los responsables de la crisis inmediata, así como con los que han sostenido las estructuras e imperativos institucionales que la han hecho posible para así pensar y forjar nuevas formas de gobernar dentro de los límites reales del sistema capitalista internacional presidido por los Estados Unidos sin aquiescencia ante éste.

Pero esto requiere reconocer los niveles de responsabilidad política que esta crisis devela, así como la responsabilidad política de crear las condiciones para salir de ésta. [7] En este contexto, los llamados a la unidad contra el enemigo común en la presente situación crítica ofuscan más de lo que esclarecen.[8] Este tipo de llamado inhibe un sobrio ajuste de cuentas con las formas de poder que gobiernan la situación colonial en Puerto Rico e invisibilizan las modalidades y grados de responsabilidad política constitutivos de su condición crítica actual. Es decir, hay que pensar la problemática de la responsabilidad política por la crisis mas allá de la responsabilidad compartida por la deuda. Por ejemplo: ¿quiénes son los actores políticos que precipitaron la crisis? Si esta es endémica al andamiaje económico de la situación colonial de Puerto Rico, es obvio que en este contexto ha habido beneficiarios estructurales más allá de los consabidos buitres del mundo financiero internacional: ¿quiénes son estos? Antes de que el espectro de la Junta asediara las costas de la isla, las élites gobernantes han gobernado por ocho años respondiendo al capital internacional. Pero, ¿cuál ha sido el rol del capital local y las formas en que se ha beneficiado por su colusión con las elites gobernantes?

“Lo que es, es más fuerte”, esta enunciación de Adorno que sirve de epígrafe a estas reflexiones lejos de otorgarle normatividad a lo existente apunta a la ventaja que lo existente, en su familiaridad, posee y cómo esto contribuye a su obstinación y a los atascos que ésta impone a cualquier intento de cambiarlo, enmendarlo o transcenderlo.[9]

Forjar alternativas a PROMESA requiere asumir realistamente la persistencia de lo existente y asumir las responsabilidades políticas ante la crisis y sus consecuencias. Esto implica, entre otras cosas, hacerse cargo de los problemas que ésta ha hecho evidente y asumir las consecuencias de encontrar soluciones políticas dignas cuyo peso no recaiga en las clases populares. También demandan sobriamente confrontar las posibilidades y límites de un orden político más digno, así como también asumir las responsabilidades políticas que conseguir tal orden, y sostenerlo, conllevan. Responsabilidad política en este contexto significa hacerse cargo por la condición y bienestar de la vida política como miembro activo de una colectividad que comparte un destino común. Esta es la responsabilidad política que descansa en las masas populares, las mismas que hasta ahora han asentido al régimen capitalista colonial y su asfixiante tríada de partidos políticos que por elitismo, manipulación y pusilanimidad han temido movilizarlas.

Como insistía Brecht, las injusticias son pocos los que las cometen pero muchos los que las padecen.[10] Y solo estos últimos pueden asumir la responsabilidad política por el destino de su vida colectiva que es la precondición para remediarlas. A propósito del gran abolicionista John Brown, W.E.B. Du Bois enfatizó cómo solo la libertad entrena para la libertad, y como el primer paso para asumir la responsabilidad política es la responsabilidad misma.[11] Solo la responsabilidad engendra responsabilidad.

Notas

[1] José Ortega y Gasset, En torno a Galileo, en Obras completas, 10 vols. (Madrid: Taurus, 2005-2010), 6: 421-422.

[2] Bertolt Brecht, Buch der Wendungen, en Große kommentierte Berliner und Frankfurter Ausgabe, ed. Jan Knopf, Werner Mittenzwei, y Klaus-Detlef Müller, 30 vols. (Berlin und Weimar und Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1995), 18: 98.

[3] El intento de reducir el rol Luis Muñoz Marín, cutting him down to size, como la expresión en inglés muy bien lo expresa, responde a punto ciego de una generación de intelectuales históricamente afiliados al independentismo. Hachas por amolar que tienden a reducir el tamaño de ese animal político que fue Muñoz Marín, y como éste remachó a sus oponentes y logró una politización despolitizada sin precedente en la isla. Para una reflexión que con contundente calma y precisión derrumba la más cruda versión de este impulso, recientemente expresada por Héctor Meléndez, véase Rafael Bernabe y César J. Ayala, “Los mitos de Muñoz y el imperialismo: comentario a un comentario,” 80grados, 20 de mayo de 2016 (http://www.80grados.net/los-mitos-de-munoz-y-el-imperialismo-comentario-a-un-comentario/).

[4] La formulación ofrecida por Manuel Maldonado-Denis, hace casi ya medio siglo, captura la dimensión imperialista de esta dinámica: “Solo el análisis a la usanza liberal norteamericana, con su tendencia a analizar la realidad social como ente que puede ser visto desde una perspectiva parcial y parcializada, puede dejar de ver  el carácter de configuración (Gestalt) que tiene [el] sistema imperialista. Los medios coactivos y los medios de persuasión, la explotación y las “concesiones” económicas, la abdicación del poder político por el gobierno nativo y el ejercicio “benévolo” del poder metropolitano son caras de una misma moneda. […] A la población puertorriqueña toda se le manipula, se le coacciona, se le compra, se le miente, se le diluye la resistencia nacional y se le rompe el espinazo en mil y una formas más o menos sutiles o mas o menos desembozadas.” Véase Manuel Maldonado-Denis, “El futuro del movimiento independentista puertorriqueño,” Pensamiento Crítico 6 (julio 1967): 154. A pesar de ciertas equivocaciones muy sintomáticas de los referentes y debates de la época, la obra de este autor continua siendo un ineludible punto de partida para reflexionar sobre la situación política del país como colonia capitalista en la era de la pax americana. Hay, por ejemplo, más de un ápice de exageración en algunas clausulas de esta formulación. Pero no por eso ésta deja de expresar una verdad fundamental de la relación política con los EEUU; realidad, que con las variaciones históricas que corresponden a medio siglo, continua en pie y es constitutiva de la falta de democracia en el país, como hábilmente señalaron Milton Pabón y Emilio González Díaz en obras cuya lectura continúan siendo indispensables.

[5] Véase “La junta de control y sus laberintos,” publicado en dos partes, 10 y 17 de junio de 2016 (http://www.80grados.net/la-junta-de-control-y-sus-laberintos/ )

[6] Véase, inter alia, Ed Morales, “Who’s Responsible for Puerto Rico’s Debt?”, The Nation, 7 June 2016 (https://www.thenation.com/article/who-is-responsible-for-puerto-ricos-debt/) y César J. Ayala, “Behind Puerto Rico’s Debt, Corporations that Drain Profits from the Island,” Monthly Review, 8 December 2015 (http://mrzine.monthlyreview.org/2015/ayala120815.html)

[7] He defendido esta concepción de la responsabilidad política frente a las desafiliación de este concepto en mano de los proponentes de un giro ético en la teoría política y en la teoría crítica contemporánea en Political Responsibility: Responding to Predicaments of Power (New York: Columbia University Press, 2016), passim.

[8] A pesar del gesto cute de corte deconstruccionista que informa su título, el ensayo de Eduardo Lalo, “La unidad (im)posible”, resulta en un llamado analíticamente vacuo y políticamente perogrullesco. Ver Eduardo Lalo, “La Unidad (Im)posible,” 1 de julio de 2016 (http://www.80grados.net/la-unidad-imposible/)

[9] Theodor W. Adorno, Philosophie der neunen Musik, en Gesammelte Schriften, ed. Rolf Tiedemann with Gretel Adorno, Susan Buck-Morss y Klaus Schultz, 20 vols. (Frankfurt: Suhrkamp, 2003), 12: 68.

[10] Brecht, op cit., 144. Brecht consistentemente denunció las artimañas características de las clases dirigentes que demandan “comportamiento moral” y “virtudes especiales” para hacer de sus súbditos cómplices en su dominación. Pero también recalcó como éstas son ineludibles en contextos de desigualdad, miseria y explotación: “El pueblo… no puede negarse a cultivar virtudes especiales. Tendrá que cultivarlas mientras esté en manos de sus gobernantes, y tendrá que hacerlo para derrocar a los que están en el poder.” (150).

[11] W. E. B. Du Bois, John Brown (New York: Modern Library), 236.