¿Quién mató a Berta Cáceres?

Berta Cáceres, líder indígena del pueblo Lenca en Honduras y coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) de ese país, fue asesinada el pasado jueves 3 de marzo. Hace menos de un año Cáceres había sido premiada con el prestigioso Premio Ambiental Goldman, el equivalente ‘ambiental’ del premio Nobel de la paz y el mismo que obtuvieron Alexis Massol y Tinti Deyá de nuestro Casa Pueblo de Adjuntas. El asesinato de Cáceres –así como el de otro líder de COPINH Tomás García, en julio de 2013– ha sido asociados a su activismo contra la destrucción ambiental de sus comunidades, y en particular contra proyectos hidroeléctricos (represas de ríos para generar electricidad) que tendrían impactos significativos en el sustento y la cultura de los Lenca. A partir de nuevas leyes aprobadas en 2009, el gobierno de Honduras otorgó concesiones para 17 de estos proyectos en el territorio Lenca. Entre estos proyectos resalta la represa Agua Zarca, que forma parte de un complejo de cuatro represas propuestas en el río Gualcarque, considerado como sagrado por los Lenca. Este complejo de represas amenaza no solo esa conexión espiritual sino también la disponibilidad de agua y la viabilidad de la agricultura de estas comunidades. No obstante, el proyecto fue aprobado y comenzado sin consultar y obtener consentimiento de los Lenca, en violación al derecho internacional vigente (Convención ILO 169). Gracias a la movilización liderada por Cáceres y COPINH, el proyecto fue detenido y dos de sus principales participantes, el Banco Mundial y la empresa estatal China Sinohydro (la principal desarrolladora de represas en el mundo), se retiraron del mismo.

Cáceres es una de muchos/as activistas cada año en todo el mundo en sus luchas por defender sus comunidades, sus vidas y el medioambiente. Honduras es el segundo país en donde más activistas ambientales y de la tierra son asesinados cada año –109 en un periodo de diez años, entre 2002 y 2013– y el primero en términos proporcionales a su población, de acuerdo al informe Deadly Environment de la organización Global Witness.1 El país con más asesinatos de ambientalistas y defensores de la tierra en ese periodo fue Brasil, con 448, el tercero Filipinas con 67, seguido de Perú (58) y México (40). En total, en esa década 908 defensores del ambiente, la tierra, y las comunidades fueron asesinados en 35 países del mundo (el total global seguramente es mayor, pero se carece de datos al respecto). En un informe de seguimiento en 2015, Global Witness encontró que en 2014 se asesinaron 116 activistas ambientales y de la tierra en el mundo; 40% de las víctimas eran indígenas, y la mayoría estaban luchando contra proyectos mineros, hidroeléctricos, de agricultura industrial, y de extracción de madera.2 Fue en este informe donde la GW resaltó el caso de Honduras y de Berta Cáceres, junto al de otros nombres menos conocidos en la prensa internacional: Telesforo Pivaral, activista guatemalteco opuesto a la minería; Luis de Reyes Marcía, hondureño que luchaba contra la deforestación ilegal, Fernando Salazar, colombiano quien también luchaba contra la minería y por el reconocimiento de los derechos de su comunidad indígena; y Henry Alameda, activista indígena filipino que luchaba contra la minería. Podemos recordar también a otros casos notables de antaño: Chico Méndes, asesinado en 1988 en el Amazonas brasileño por defender las comunidades que vivían del bosque contra la deforestación causada por agro-negocios; o Ken Saro-Wiwa, líder del pueblo Ogoni en Nigeria y también ganador del Premio Goldman, que fue ahorcado por la dictadura militar nigeriana por su oposición a la extracción de petróleo de la compañía Shell y los desastres que causó en el territorio de su nación.

¿Qué tienen en común estos casos? En la prensa y entre muchos comentaristas y ‘expertos’ de temas de desarrollo y derechos humanos, vemos un discurso dirigido a denunciar los ‘estados fallidos’ como Honduras, sus regímenes de impunidad y corrupción, y el involucramiento de la policía y el ejército en los casos de asesinatos y violaciones de derechos civiles en el país. Según esa lógica, Honduras es otra “república bananera” que es muy pobre, corrupta e ineficiente para atender sus problemas, por lo que requiere intervención de los países ‘desarrollados’.

Quisiera argumentar aquí que si bien es importante denunciar las condiciones anti-democráticas y de violación de derechos civiles en países como Honduras, y realizar campañas dirigidas a presionar a los gobiernos de dichos países, este tipo de análisis y acción es insuficiente para entender estas violencias ambientales y para la adjudicación de responsabilidades sobre las mismas. Propongo que miremos más de cerca a esos casos, para ver los patrones de la ‘cadena de producción’ asociada a estos conflictos. La violencia ambiental, como nos recuerdan los geógrafos Nancy Peluso y Michael Watts, es un fenómeno arraigado en las historias locales y las relaciones sociales, conectado con cambios materiales transnacionales, relaciones de poder político, y coyunturas históricas.3 En otras palabras, los conflictos y violencias locales nunca son locales, por eso hay que mirar a los contornos del trasfondo en que se generan eventos como el asesinato de Cáceres.4 Con esta mirada, saltan a la vista otros responsables usualmente escondidos en las narrativas típicas.

El caso de Cáceres es ilustrativo sobre estos puntos. Comencemos con preguntarnos, quién financió el proyecto de Agua Zarca. Además del Banco Mundial y Sinohydro (que como dijimos retiraron el financiamiento), están involucrados Holanda (por medio del Banco de Desarrollo Holandés), Finlandia (por medio del Fondo Finlandés para Cooperación Industrial), y Alemania (por medio de las compañías Siemens y Voith). Brasil se ha comprometido a financiar la construcción de represas hidroeléctricas con empresas brasileñas por medio del Banco de Desarrollo de Brasil en Honduras.5 Contrario a los nombres de las entidades involucradas, estos países no están otorgando fondos ‘de caridad’ ni de ‘ayuda humanitaria’ o si quiera de ‘ayuda al desarrollo’. Las partes involucradas son entidades financieras que prestan dinero para hacer más dinero, como cualquier banco privado.

Más allá del financiamiento, uno de los principales actores ‘escondidos’ detrás de los asesinos de Cáceres y del gobierno de Honduras es Canadá. Hoy día, Canadá es uno de los principales inversionistas en Honduras, con sobre $600 millones en proyectos hidroelétricos, mineros, manufactureros, de turismo exclusivo, y de exploración de petróleo y gas natural. Las empresas mineras canadienses tienen el 90% de las concesiones mineras en Honduras. (Canadá, por cierto, es el principal “hub” para las empresas mineras en el mundo, pero dichas empresas están implicadas en numerosas violaciones de derechos humanos en distintos países, según documentó la entidad Human Rights Watch en su informe anual en 2015.)6 Pero para la minería se requiere energía barata. Una forma de producir esa energía es mediante proyectos hidroeléctricos (represas de agua que generan electricidad), por lo que la actividad minera canadiense directamente genera demanda de proyectos como el de Agua Zarca y otros proyectos a los que las comunidades indígenas que lideraba Cáceres se oponen. De hecho, según reporta Telesur, el año pasado Cáceres había denunciado las amenazas de muerte que le había hecho gente asociada a la empresa canadiense Blue Energy, involucrada en otro proyecto hidroeléctrico en el río Cangel, con capital canadiense y de Estados Unidos.7

Pero la responsabilidad canadiense no se limita al rol de sus empresas. Una investigación del Council on Hemispheric Affairs (COHA) mostró que desde el Huracán Mitch que azotó a Honduras en 1998, y en especial a partir del golpe de estado que en 2009 sacó al presidente electo Manuel Zelaya, el gobierno canadiense ha estado cada vez más involucrado en influenciar la economía y la política del país centroamericano, creando “una fortificación sobre Honduras a través de la inversión en industrias y el apoyo al gobierno ilegítimo creado a raíz del golpe de Estado”.8 La investigación detalla que luego del huracán Mitch, Canadá ofreció a Honduras un “plan de desarrollo” de $100 millones de dólares. Con este plan 40 corporaciones canadienses entraron a ‘desarrollar’ al país, lo que permitió que estas empresas tomaran control de tierras y recursos minerales. Empresas canadienses y de Estados Unidos dirigieron la creación de la Asociación Nacional de Minería Metálica de Honduras y la redacción de una nueva ley minera para que las corporaciones foráneas pudieran reclamar derechos a los recursos del subsuelo así como beneficios contributivos. El gobierno de Manuel Zelaya, electo en el 2006 buscó reformar el sector de la minería. En mayo de 2009, apenas meses antes de que Zelaya fuera depuesto por el ejército, el Congreso presentó una nueva ley minera que proponía aumentar los impuestos a las corporaciones mineras foráneas, prohibir la minería a cielo abierto (esa tan destructiva contra la que luchó también Casa Pueblo en Adjuntas), y requerir consultas con las comunidades locales antes de aprobar proyectos mineros. Esta ley, no obstante, nunca llegó a consumarse gracias al golpe de estado. Más aún, Como observó la entidad del Premio Goldman en su perfil sobre Cáceres, desde el golpe de estado se observó en Honduras un crecimiento explosivo de mega-proyectos altamente destructivos para el ambiente y para las comunidades indígenas: casi 30% del país fue reservado para concesiones de minería, y para generar la energía de estos proyectos, el gobierno aprobó cientos de proyectos de represas hidroeléctricas en ríos por todo el país,9 incluyendo el de Agua Zarca.

No es entonces sorprendente que Canadá fue uno de los pocos países que se mantuvo silente y sin denunciar el golpe de estado y que posteriormente promovió la idea de apoyar el gobierno golpista y se opuso al regreso de Zelaya. Además, fue uno de solo cuatro países (junto a Estados Unidos, Costa Rica y Colombia) que reconocieron las elecciones luego del golpe como enteramente democráticas, y que promovieron el gobierno ilegítimo de Porfirio Lobo y su reintegración a la Organización de Estados Americanos. No obstante, durante el primer año del gobierno de Lobo (2010-2011) hubo al menos 34 asesinatos a activistas del Frente de Resistencia que se oponía a su gobierno ilegítimo.10 Ignorando intencionalmente esta situación, posteriormente en 2013 el gobierno de Canadá aprovechó su posición privilegiada para negociar con el gobierno de Lobo un acuerdo de libre comercio que facilitará aún más la presencia corporativa canadiense en Honduras. Para algunos la inversión canadiense en Honduras significa ‘desarrollo’ y ‘progreso’, para las comunidades que quedan desplazadas y sus formas de vida destruidas, es una violencia que queda expresada de forma más dramática en el asesinato de quienes luchan más activamente por defenderse.

Estados Unidos también tiene, como era de esperarse, un papel protagónico en esta historia. El involucramiento de EE.UU., no obstante, se remonta a mucho antes que el de Canadá. A comienzos del siglo 20, la empresa bananera estadounidense United Fruit Company (hoy Chiquita) convirtió a Honduras en una gran plantación de guineos –una “república bananera” –y el gobierno de Estados Unidos defendió rapazmente esos intereses. Cuando el Partido Liberal comenzó a instituir reformas laborales y agrarias a finales de los años 50, Estados Unidos comenzó a presionar para defender los intereses de la UFC. Ya antes EE.UU. había cultivado fuertes vínculos con el ejército hondureño por medio de apoyo financiero y entrenamiento. En 1963, días antes de unas elecciones en donde el Partido Liberal perfilaba revalidar, ocurrió un golpe militar. El presidente J.F. Kennedy denunció el golpe, pero luego de su asesinato, el nuevo gobierno de L.B. Johnson apoyó la dictadura militar, que duró hasta 1982 con tres golpes de estado adicionales (en 1972, 75 y 78). En los años 80 Estados Unidos entrenó escuadrones militares (incluido el infame Batallón 316) que llevaron a cabo asesinatos y torturas de activistas políticos. Un informe de Amnistía Internacional en 1998 estimó que 184 personas desaparecieron entre 1980 y 1992.11

En 2009, Obama condenó públicamente el golpe, pero posteriormente su gobierno no apoyó el regreso de Zelaya y sí al gobierno post-golpe, que puso a los golpistas en puestos clave. El papel de EE.UU. –y en particular de la secretaria de Estado, Hillary Clinton– en ejercer presiones para evitar que Zelaya regresase fue clave, según admitió la propia Clinton posteriormente.12 Más aún, EE.UU. fue el principal contribuyente a ‘reconstruir’ el gobierno, especialmente en el entrenamiento a la policía y al ejército. Según concluyó el informe de Global Witness, estas fuerzas policiaco-militares están asociadas a muchos de los asesinatos de activistas ambientales en Honduras. Greg Grandin en la revista The Nation reporta que desde el golpe “…ha habido un asalto total contra estas dignas personas, la tortura, el asesinato, la militarización del campo, las leyes represivas… el aumento de las fuerzas de seguridad paramilitares, y la entrega de la tierra y los recursos del país a saqueadores transnacionales … Tal es la naturaleza del ‘gobierno de unidad’ que Clinton ayudó a institucionalizar”.13 La respuesta de Estados Unidos ha sido un silencio cómplice y la continuación del apoyo a las fuerzas de seguridad. Así, los llamados de hoy de ese gobierno exigiendo a Honduras que realice una investigación profunda sobre la muerte de Cáceres son totalmente hipócritas.

Esta historia de intervenciones de los países ricos de ‘occidente’ para suplantar gobiernos democráticos contrarios a sus intereses político-económicos no es nueva, e incluye los golpes de estado en Irán en 1953 (por el intento del gobierno iraní de quitarle control de las reservas de petróleo a una empresa británica, hoy llamada British Petroleum); seguido de Guatemala en 1954 (por el intento del gobierno de redistribuir tierras, incluidas las de la empresa bananera estadounidense Chiquita); Congo en 1960; Brazil en 1964; Indonesia en 1965; Chile en 1970; Uganda en 1971; y la lista sigue.14

Otros casos en Honduras muestran un patrón similar al de Cáceres. En el 2014, el periódico The Guardian reportó que en la región de Bajo Aguán, activistas del Movimiento Unido Campesino del Aguán (MUCA) han sido asesinados, desaparecidos e intimidados por su lucha para recuperar tierras que según ellos fueron robadas por una empresa productora de aceite de palma, el Grupo Dinant.15 El aceite de palma en esta región se ha expandido en casi 50% en los últimos tres años, y Dinant tiene hoy cerca de 22,000 cuerdas en producción. El aceite se usa como alimento, pero también como bio-combustible que los países ricos utilizan como ‘créditos’ para mitigar sus emisiones de cambio climático (en el esquema del Acuerdo de París que critiqué en mi columna anterior, se promueve ávidamente este tipo de proyecto como solución al cambio climático).16 El dueño de la empresa Dinant, Miguel Facussé, es uno de los hombres más ricos y poderosos, y con mayores extensiones de terreno de Honduras, y fue una de las principales figuras que apoyó el golpe de estado a Zelaya. Dinant ha sido asociada por años en conflictos y violencia en torno a la tierra en la región del Valle de Aguán. Zelaya había ordenado un proceso de investigación para resolver este conflicto. No obstante, apenas meses después del golpe de estado, el Banco Mundial entregó a Dinant la primera mitad de un préstamo de $30 millones de dólares para expandir sus operaciones de producción de aceite de palma.17 Desde el 2010 el nuevo gobierno de Lobo militarizó la región de Aguán (actualmente 8,000 tropas del ejército ocupan la región). Estas fuerzas de seguridad, entrenadas y apoyadas materialmente por Estados Unidos han estado vinculadas al asesinato e intimidación de los activistas de MUCA.

En fin, ¿quién mató a Berta Cáceres? Los sicarios por supuesto, y también el gobierno corrupto y criminal de Honduras. Pero el gobierno de Honduras no actuó solo, estuvo acompañado de fuerzas externas que históricamente han minado a ese país y sus gobiernos con el fin de enriquecer a sus corporaciones. A Cáceres –y a los casi mil líderes ambientales muertos en la última década alrededor del mundo– también los mataron las corporaciones mineras e hidroeléctricas; los agro-negocios que acaparan tierras; los países que financian proyectos destructivos como el de Agua Zarca; y los gobiernos como Canadá y Estados Unidos que apoyan golpes de estado, dictaduras y gobiernos corruptos y criminales para avanzar sus intereses políticos y económicos. Y detrás todavía de esas empresas y países, a Berta la mató la maquinaria de la acumulación de capital, esa que busca el enriquecimiento y crecimiento económico por encima de todo, incluyendo la vida misma; ese sistema que depende de acumular por medio del despojo18 en donde comunidades, sus territorios y ecosistemas son ‘desechables’.19 Antes le llamaban  colonialismo y capitalismo, hoy va vestido con el nombre de ‘desarrollo’ y ‘progreso’.