La “tiraera” tomó a algunos por sorpresa, aunque no era nueva. Luego, las reacciones, los comentarios y los distintos pronósticos inundaron los medios y durante días la atención se centró en el enfrentamiento “a muerte” entre dos exgobernadores del mismo partido que, supuestamente, profesan la misma ideología.
Como ocurre a menudo, una dosis alta de lo ventilado era filfa, planteamientos y acusaciones lejos de la realidad y tergiversaciones intencionadas. Y aunque el tema candente fue el destino del Fideicomiso de las Comunidades Especiales, se quedó fuera del debate algo que quisiera reseñar.
Destaco inicialmente lo siguiente: no recuerdo una administración de gobierno, que en las pasadas tres décadas, haya mostrado mayor compromiso y sensibilidad con los temas de la pobreza, el ambiente y las islas de Vieques y Culebra que la que dirigió Sila M. Calderón. Bajo su incumbencia, comenzaron o se desarrollaron al menos diez iniciativas de importancia para nuestro País:
- Se aprobó la Ley Núm. 1 de 1 de marzo de 2001, conocida como la Ley para el Desarrollo Integral de las Comunidades Especiales de Puerto Rico. Luego, con la aprobación de la Ley Núm. 271 de 21 de noviembre de 2002, se crea el Fideicomiso Perpetuo para las Comunidades Especiales. Y el 27 de agosto de 2004, se aprobó la Ley Núm. 232 estableciendo que cuando los municipios contemplen la expropiación de terrenos y viviendas dentro de las comunidades reconocidas como especiales “se requiera una Resolución Conjunta de la Asamblea Legislativa autorizando dicha acción; que haya sido objeto de estudio y consideración mediante vistas públicas en ambos cuerpos legislativos a las cuales hayan sido invitados los municipios y los líderes comunitarios concernidos y tal Resolución Conjunta deberá certificar que la Oficina para el Financiamiento Socioeconómico y la Autogestión, ha realizado una consulta comunitaria en la cual el setenta y cinco (75) por ciento de los que ejerzan su derecho al voto, endosan las expropiaciones y que además dicha consulta se llevó a cabo de acuerdo al proceso establecido por dicha Oficina…(énfasis suplido);
- Se aprobó Ley Núm. 489 de 24 de septiembre de 2004 para el Desarrollo Integral del Caño Martín Peña y se crea la Corporación del Proyecto ENLACE del Caño Martín Peña;
- Se creó el Consejo Asesor Ambiental de la Gobernadora;
- Se aprobó la Ley 550 de 2004 para elaborar el Plan de Usos de Terrenos;
- Se creó la Oficina del Plan de Usos de Terrenos;
- Se aprobó la Ley 267 de 10 de septiembre de 2004 declarando el Desarrollo Sostenible como la política pública del Estado Libre Asociado y el establecimiento de la Comisión para el Desarrollo Sostenible de Puerto Rico;
- Se aprobó la Ley 212 de agosto de 2002, conocida como la Ley de Revitalización de los Centros Urbanos;
- Se fortaleció y amplió la Oficina del Comisionado de Vieques y Culebra;
- Se aprobó la Ley 153 de 2002 declarando a ambas islas “zona especial de desarrollo”;
- Se aprobó el Plan Maestro para el Desarrollo Sustentable de Vieques y Culebra.
Para la aprobación de la legislación mencionada, la gobernadora tuvo a su favor, además de su determinación, una legislatura dirigida por el PPD. Desde luego, en una mirada retrospectiva, todas pudieron ser leyes e iniciativas mejores, pero lo importante fue que marcaron una tendencia en la dirección correcta.
Como era lógico esperar, muchos creímos que el siguiente gobernador, siendo del mismo partido y habiendo hecho un catálogo mayor de promesas, le daría continuidad a las buenas gestiones de su antecesora. Pero no fue así.
Se sabía que los alcaldes, penepés y populares, se oponían al Fideicomiso de las Comunidades Especiales, principalmente porque lo veían como una amenaza a su poder y capacidad de mantener en control y funcionando el clientelismo político. Entonces, iniciada la incumbencia de Aníbal, se fue perfilando un ambiente desfavorable a esa iniciativa. Sencillamente se le bajó el diapasón para complacer el reclamo de los alcaldes.
Con la creación del Consejo Asesor Ambiental, la ex-gobernadora reconoció la importancia de balancear el juego: si tenía un Consejo Asesor de la Industria de la Construcción, por qué no tener uno ambiental. En ese sentido, esa fue una decisión inédita de Sila, que no debemos olvidar fue producto de la presión de los sectores ambientalistas y de los favorecedores de la planificación del País luego de los despidos del Presidente de la Junta de Planificación, Hermenegildo Ortiz y del miembro también de Junta, Félix Aponte. Pues bien, ese buen precedente recibió de Acevedo Vilá un rechazo absoluto: sencillamente eliminó el Consejo Asesor Ambiental.
En cuanto al Plan de Usos de Terrenos (PUT), la ruta a la crucifixión se inició desde que fue anunciado por la Gobernadora en el año 2002. Pero fue Aníbal quien tomó la decisión de frustrarlo, a pesar de haberse comprometido a completarlo. Si Puerto Rico no cuenta con el PUT, es inequívocamente resultado de las presiones enormes que ejercieron la Asociación de Constructores de Hogares y otros sectores al servicio de los desarrollistas, que encontraron caldo de cultivo en la debilidad –rayando en la claudicación– de la administración de Acevedo Vilá, quien “no pudo con el empuje” y cedió frente a los que siempre se han opuesto a la planificación inteligente del territorio para lucrarse a costa del interés público.
La ignominia la coronó lo ocurrido con Vieques y Culebra. Aníbal Acevedo Vilá tenía todo a su favor para hacer por ambas islas lo que ningún otro gobernador había hecho. A su disposición contaba con leyes, planes e instituciones creadas especialmente para su implantación. Inexplicablemente, una de las decisiones con las que Acevedo Vilá inauguró su gestión fue el cierre de la Oficina del Comisionado de Vieques y Culebra. Con ello, echó por la borda un consenso alcanzado entre los partidos, las comunidades de ambas islas y sectores representativos de la sociedad civil, a partir de la recomendación que hizo el informe de la Comisión Especial de Vieques, nombrada por el entonces gobernador Pedro Rosselló. Esa Comisión recomendó crear la Oficina como un instrumento que atendería la realidad especial de la Isla Nena, ante la corroborada ineficacia de las agencias públicas a nivel central. Posteriormente, la ex-gobernadora Sila M. Calderón le dio continuidad ampliando el alcance de dicha oficina incluyendo la isla municipio de Culebra.
En el 2002, se aprobó la Ley 153 que declaró a Vieques y Culebra “Zona Especial de Desarrollo” y ordenó la elaboración de un Plan Maestro. Ese plan, llamado Plan Maestro para el Desarrollo Sustentable de Vieques y Culebra, fue aprobado en diciembre de 2004. Todo ese esfuerzo se echó por la borda. Con la entrada de la administración de Aníbal Acevedo Vilá, se alteró la prioridad que se le había conferido a las dos islas municipios en total perjuicio de las necesidades y urgencias de los viequenses y culebrenses. Al eliminarse la Oficina del Comisionado, quedó desarticulada la gestión pública hacia ambas islas y el Plan Maestro fue engavetado. Los asuntos de Vieques y Culebra, con instancias gubernamentales presentes en el gabinete de la gobernadora Calderón, pasaron a ser atendidos por un Grupo Interagencial venido a menos en las prioridades del gobierno de Acevedo Vilá. Mientras tanto, nuestros compatriotas en esas dos extensiones de nuestra patria, tan martirizadas por la violencia representada por la Marina de Guerra de Estados Unidos, continuaron (y continúan) padeciendo de necesidades básicas a la vez que observan cómo su tierra es devorada por elementos foráneos que se apropian de ella en una nueva invasión que amenaza con desplazarlos.
A pesar de lo señalado, no toda la gestión realizada por la administración del gobernador Aníbal Acevedo Vilá, en lo relacionado a la planificación del País y sus recursos naturales fue agria. Entre sus buenas decisiones están la firma del Plan Integral del Recurso Agua, la Orden Ejecutiva declarando el Corredor Ecológico del Noreste, y la asignación de fondos para la adquisición de terrenos de alto valor ecológico. Sin embargo, tales aciertos quedaron opacados al desaprovechar las condiciones favorables para distinguirse de otros gobernantes y dejarle al País un legado invaluable. Condiciones que, en todos los asuntos reseñados, no necesitaban de la aprobación de la legislatura.
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