Viviendo la insanidad que nos merecemos
Al momento que escribo, las redes sociales dan cuenta de cinco muertes violentas en veinticuatro horas, una de ellas en medio del ritual de enajenación que conocemos como “Las Fiestas de la Calle San Sebastián”.
Esta tragedia apunta en varias direcciones.
Primero, a que somos una sociedad de violencia donde cualquier discusión puede escalar a una tragedia.
Segundo, esa violencia se construye o define como una anomalía, desasociada de la cultura de competencia y de los verdaderos valores clasistas y consumistas de nuestra sociedad.
Tercero, que ni la fuerte presencia policiaca, ni los planes de contingencia, ni el responsabilizar a los supervisores de la Policía, pero, sobre todo, ni las cámaras de vigilancia son un disuasivo para la violencia social que padecemos.
Cuarto, que no toda la violencia que experimentamos está relacionada con el narcotráfico, aunque la cultura de violencia que caracteriza al ilegalizado negocio parece ya contaminar todos los aspectos de nuestra vida como pueblo.
Finalmente, el incidente de las Fiestas de la San Sebastián también deja claro que la violencia ya nos es cotidiana. Esta es la verdadera tragedia.
Según los informes preliminares que sobre el infortunio circularon en las redes sociales, tras el incidente y, mientras las autoridades todavía investigaban el hecho, la fiesta continuó como si tal cosa hasta la hora de cierre originalmente pautada.
Al mirar este incidente, me pregunto si el mismo no es otra expresión de los mismos males que nos llevan a desatar un motín porque no hay facilidades cómodas para llegar a unas fiestas, donde al fin y al cabo la gente no hace otra cosa que lo mismo que hacen todos los fines de semana.
Ingerimos alcohol, escuchamos música y deambulamos sin rumbo por las calles con la única diferencia que en esta ocasión, como durante “Las Justas en Ponce”, pasado el evento tenemos el derecho de sentirnos importantes alardeando sobre el hecho de que estuvimos allí y de que fuimos parte del suceso.
Me pregunto si estos rituales carnavalescos, así como el uso indiscriminado de la violencia, no son expresiones de una cultura forjada por la baja autoestima que desarrollamos como pueblo colonizado y que a su vez nos crea la necesidad de sentirnos incluidos en medio de un orden social cada vez más excluyente y polarizado. Es algo así como: “Yo soy más importante que aquel que no pudo llegar a las Fiestas de la Calle San Sebastián”, o de igual manera, “yo soy más importante porque tengo más capacidad de agredir”.
También me pregunto qué relación tendrá la tragedia en las Fiestas de San Sebastián con el titular principal de El Nuevo Día al momento que escribo: “Miles sueñan con un boleto de ida”.
Mi reflexión me lleva a pensar sobre cómo las autoridades, y también los medios de comunicación, continúan construyendo la violencia solo como una expresión de la criminalidad y esta última como una burbuja separada del resto del quehacer social, económico y político.
Igualmente, pienso en cómo regularmente esa violencia se construye mayormente solo como un producto colateral de las drogas.
De esta manera, tanto el gobierno que ejerce el control social a nombre del verdadero poder en la Isla, como los medios de comunicación que le sirven de aparato ideológico, nos dejan claro el discurso que nos define a cada uno de nosotros como el problema porque somos malos y no tenemos valores o controles morales.
Este es el mismo discurso que por otro lado exonera al bulímico orden social que nos impone cargas de consumo inalcanzables, mientras nos excluye de los trabajos legales y dignos. Es decir trabajos en los que un obrero se gane suficiente para sostener su familia.
Ante esta situación, el flamante administrador colonial Alejandro García Padilla, anuncia como “nueva” respuesta a la violencia social, la misma insanidad que se viene repitiendo por los pasados treinta años en Puerto Rico.
Esto es, más presencia policiaca, sobre todo en los sectores pobres y marginados, más tecnología de vigilancia y un sistema de cotejo y evaluación sobre los planes de trabajo de los uniformados. Históricamente, ha quedado demostrado que estrategias como esta no detienen la violencia y, más aún, quedó demostrado que fue ineficiente en el asesinato reportado durante las fiestas de la San Sebastián.
Por supuesto, al igual que su predecesor, García Padilla no tiene otra opción que seguir la insanidad antes descrita pues de lo contrario tendría que admitir que el problema de la violencia es uno estructural que solo se puede superar luego de que se cambie el orden social capitalista y colonial en que vivimos los puertorriqueños.
No es hasta que se comiencen a generar verdaderos empleos, no las insultantes propuestas de trabajos chatarras de tiempo parcial que Garcia Padilla anunció con bombos y platillos, que el problema de la violencia podrá ser atendido seriamente.
Pero como la administración colonial no tiene ni la capacidad, ni la valentía, ni los poderes para hacer un plan efectivo ante estos problemas estructurales, la misma se refugia en esfuerzos publicitarios como “Escudo Costero”, eufemismo que una agencia de publicidad diseñó para no llamar la acción “militarización de las costas”.
Esta irresponsable maniobra de relaciones públicas pudiera terminar generando terribles consecuencias no intencionadas. No quiero ni pensar cuál sería el escenario en la eventualidad que uno de eso servidores públicos termine muerto por las balas de un presunto narcotraficante.
El uso de militares que solo están entrenados para una cosa es una alternativa que no dio resultado en ningún sitio donde se les asignaron a los soldados labores policiacas o en contra del narcotráfico.
Al contrario, en México, por ejemplo, la movilización militar para hacer frente a la violencia elevó el número de muertes de nueve mil, durante los seis años antes de la militarización, a cincuenta y cinco mil durante el sexenio posterior. Esto sin hablar de los niveles de corrupción que generó entre las tropas.
Por esta razón, hasta la conservadora Oficina de Las Naciones Unidas para las Drogas y el Delito expresan reservas sobre el uso de militares en trabajo policiaco.
De igual forma, la Organización de las Naciones Unidas también se une a las voces de importantes organizaciones no gubernamentales como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, quienes en el pasado vincularon el uso de militares en labores policiacas a violaciones tanto de los derechos humanos, como de los derechos sociales, económicos y culturales de los pueblos.
Es desde este cuadro social que vive el País de donde me surge la molestia, la frustración, el miedo y el coraje a que hago referencia al comienzo de este escrito.
Pero esa molestia, frustración, miedo y coraje no es por la respuesta de la administración colonial, después de todo, de ellos no esperaba otra cosa.
Mi frustración es con mi pueblo que escucha, no solo con complacencia, enajenación y hasta con complicidad estos fracasados y trillados discursos, sino que prefiere seguir su fiesta y solo protesta porque no había suficiente transporte público para llegar a la isleta de San Juan.
Me pregunto si, al fin y a la postre, no tenemos por gobierno la insanidad que nos merecemos.