Si la nueva Junta no se apunta a facilitar una nueva ley universitaria que sedimente mejor nuestra libertad institucional, será más de lo mismo y ya tiene sus días contados.
Si la nueva Junta no se apunta a facilitar una nueva ley universitaria que sedimente mejor nuestra libertad institucional, será más de lo mismo y ya tiene sus días contados.
El Recinto de Río Piedras parece encontrar más complicaciones ante las medidas tomadas para controlar las expresiones públicas, intentar sancionar estudiantes y la negativa al diálogo por parte de la Administración.
La gerencia de la UPR «ha secuestrado completamente el proceso de acreditación con el apoyo de un sector de la Junta de Síndicos», denuncian cinco síndicos de la propia Junta.
Más allá del cuestionable récord laboral de Rosado Manzanet en la industria farmacéutica, es poco lo que se conoce sobre el síndico nombrado por el gobernador Luis Fortuño en agosto de 2009.
Lo más alarmante es lo que puede haber detrás de la obstinación del Gobierno por inmiscuirse en los asuntos de la Universidad. La autonomía universitaria se creó para defender la libertad de cátedra, que no es otra cosa que el derecho de aprender y enseñar sin interferencias externas.