La Universidad se transforma sin rastros de democracia

Estudiantes en el Recinto de Río Piedras. Foto: Ricardo Alcaraz

Había prisa, mucha prisa. La medida que el senador Roberto Arango había radicado en enero de 2009, se convirtió en una emergencia el 21 de junio de 2010. A última hora se incluyó en el calendario legislativo, ni siquiera hubo tiempo de leer las enmiendas en el hemiciclo. Ni hablar de celebrar vistas públicas o de presentar informes con recomendaciones. Aumentar el número de miembros de la Junta de Síndicos de la Universidad de Puerto Rico (UPR) era algo que se debía hacer en un día. Aunque no cualquier día. Mientras los estudiantes de la institución estaban reunidos en una Asamblea Nacional para ponerle fin al conflicto huelgario que mantuvo cerrada la Universidad por 62 días, luego de llegar a una serie de acuerdos con la Administración, en el Capitolio se burlaban por la vía rápida.

La ley

La enmienda a la Ley Núm. 1 de 1966, conocida como “Ley de la Universidad de Puerto Rico”, amplió de 13 a 17 los miembros de la Junta de Síndicos. Ésta quedaría compuesta por un estudiante, dos profesores, cuatro egresados y diez “ciudadanos profesionales”. Éstos últimos son nombrados por el Gobernador, al igual que los cuatro egresados. La ley también establece que el Gobernador “designará un comité para identificar, evaluar y recomendar candidatos”.

El proceso legislativo

Hay varios pasos antes de que un proyecto de ley sea aprobado. Luego de ser presentado, el proyecto debe ir a Comisión, en donde se piden memoriales y se citan vistas públicas. Utilizando la información recopilada, se procede a redactar un informe con recomendaciones. El proyecto se incluye en el calendario que reciben los legisladores un día antes de cada sesión. Esto, es lo que se supone que se haga.

Pero la Comisión que debía estudiar la medida de Arango, la Junta de Gobierno, nunca convocó a los senadores, pues así lo asegura uno de sus miembros, el senador Alejandro García Padilla. La medida se incluyó en el calendario ese mismo día. Este legislador popular se enteró de que se votaría ese proyecto cuando llegó al hemiciclo.

El proyecto original de Arango, que proponía que se aumentaran a 31 los miembros de la Junta de Síndicos, sufrió varias enmiendas y no se ofrecieron explicaciones al respecto. Nunca se citaron vistas públicas, ni se presentaron informes.  Simple y sencillamente, no se cumplió el proceso tal y como lo exige el reglamento del Cuerpo.

Incluso la votación del proyecto número 30 del Senado ha dejado muchas interrogantes. La medida fue aprobada con 18 votos a favor, todos de senadores del Partido Nuevo Progresista (PNP). Ocho de los nueve votos en contra, fueron de miembros del Partido Popular Democrático (PPD). El voto restante desconcertó a todos. La senadora del PNP y Presidenta de la Comisión de Educación, Kimmey Raschke, se opuso al proyecto sin ofrecer explicaciones. No se supo en el hemiciclo del Senado qué aspecto de la nueva ley disgustaba tanto a la Senadora como para motivarla a votar de manera distinta al resto de su partido. Cabe señalar que la Comisión de Educación es responsable de evaluar y hacer recomendaciones sobre la composición de la Junta de Síndicos.

Presidente del Senado, Thomas Rivera Shatz. Tomado del blog "A ciencia cierta"

“In politics, stupidity is not a handicap”

La minoría Popular denunció las múltiples violaciones que se habían cometido al reglamento del Cuerpo. El Presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, declaró al periódico Primera Hora que “el Senador que entienda que haya habido una violación (al reglamento) puede ir a la corte”. Pero él sabe que si vamos a la corte no ganamos. Eso ha dicho García Padilla, alegando que el Presidente tendría que haber “hecho bien las cosas” de primera mano. El senador le llamó estúpido al presidente del Cuerpo de la manera más políticamente correcta: citando a Napoleón. Y es que según él, la impunidad con la que el Presidente actúa se debe a que en la política, la estupidez no es un impedimento.

Los nuevos miembros

Los nombramientos de los cuatro miembros nuevos se aprobaron con un informe positivo por parte de la Comisión que preside el senador Carmelo Ríos en menos de tres días, y nuevamente, sin vistas públicas. El doctor Felipe Carro, los abogados Luis Berríos y Aura González, y el contador público Aníbal Jover son los nuevos miembros de la Junta. Todos están vinculados de manera directa al PNP. La Presidenta de la Cámara de Representantes, Jennifer González, aseguró en varios medios que la composición de la Junta le va a impartir una nueva dirección a la Universidad de Puerto Rico. Luego de echar un vistazo en El Sol de Isabela,  portal electrónico de la licenciada Aura González, y leer el editorial en el que afirma que la educación es un privilegio, es válido preguntarse cuál será la nueva dirección que le impartirán a la universidad de todos los puertorriqueños.

Un proyecto más complejo

Con 14 de los 17 miembros de la Junta de Síndicos nombrados por el Gobernador, no sólo se ha destruido la representación de estudiantes y profesores, sino que también se han barrido los escombros de la autonomía universitaria. Pero detrás del control total, está la responsabilidad total. Para el profesor y analista político, Raúl Cotto Serrano, la decisión de ampliar la Junta con semejante desproporción fue políticamente desatinada, pues el partido en el poder cargará con todo el peso de la responsabilidad por el manejo de la institución.

Lo más alarmante es lo que puede haber detrás de la obstinación del Gobierno por inmiscuirse en los asuntos de la Universidad. La autonomía universitaria se creó para defender la libertad de cátedra, que no es otra cosa que el derecho de aprender y enseñar sin interferencias externas. Es evitar que el prejuicio domine sobre el conocimiento. Por lo tanto,  el verdadero asalto, manifiesta el profesor Cotto Serrano, es contra la libertad de cátedra, pues “quieren cambiar la capacidad de crítica en el salón de clase”. “No debe sorprender la pronta sustitución de profesores liberales por algunos más conservadores, y así sucesivamente”, añadió.

EDITORIAL de Sol de Isabela, "Educación, ¿derecho o privilegio? (Pulse la imagen para ampliar)

Pero esta idea no es nueva. Éste ha sido el mecanismo preferido por todas las dictaduras latinoamericanas para difundir sus ideologías e implantar un modelo económico, político y social determinado. El proceso antidemocrático que acompañó a esta ley hasta su aprobación, deja al descubierto que los estudiantes y profesores constituyen un obstáculo para estos fines. Un mes después de la aprobación a la enmienda, el menosprecio a la representación estudiantil quedó subrayado con su exclusión de las reuniones con la Middle States Commission on Higher Education, que puso en probatoria a la Universidad por la torpeza de sus dirigentes en el manejo de los reclamos estudiantiles.

Ante los recortes fiscales indiscriminados y la imposición de una cuota de $800 que entraría en vigor en enero, el descontento sigue aflorando en el campus universitario y los estudiantes comienzan a organizarse nuevamente. Esta vez no acudirán sólo a la Junta de Síndicos, sino que aspiran negociar con la Legislatura y la Fortaleza. Quizás, el liderato estudiantil ha entendido que los tres son un mismo frente, y que no se lucha sólo contra hechos, sino más bien, contra propósitos.