Decididos los dominicanos a reclamar derechos

“No le vamos a regalar el voto a ningún político que no haga un compromiso con la comunidad dominicana”, dijo el ingeniero Francisco “Pachín” Ramírez, presidente de la Alianza Dominicana. Ramírez estaba en la sede de la organización en Santurce reunido con Rubén Presbot y Pedro Ruiz Lugo, hablaban, entre otras cosas, del proyecto de ley para crear la oficina de asuntos del  inmigrante, una dependencia que estaría adscrita a la oficina del Gobernador según propone el senador Carmelo Ríos. La oficina tendría a disposición de la comunidad inmigrante, que según el proyecto constituye el 10% de la población del país, asesoría legal, trabajadores sociales, enlaces comunitarios y otros servicios. Los líderes de la comunidad dominicana en la Isla entienden lo apremiante de resolver los asuntos que afectan a sus compatriotas, incluyendo el patrón de abusos al cual los somete la Policía.

“Tiene razón es una realidad que no la puede negar nadie”, dice Ramírez al preguntársele sobre el informe del Departamento de Justicia Federal en torno al abuso policiaco contra la comunidad dominicana. No les sorprende el hallazgo de los federales. Los policías municipales y estatales se encargan de hacerle la vida difícil a los inmigrantes de más de una manera, explican. En la zona de Puerto Nuevo, donde hay una gran concentración quisqueyana reparten boletos de tránsito por doquier cuando los negocios que están abiertos son  los de ellos. Le piden el pasaporte y la residencia a todo el que le parezca a pesar de que no le corresponde a la policía verificar el estatus  migratorio de los ciudadanos. Los líderes de la comunidad están al tanto de esta situación. Y no piensan quedarse de brazos cruzados. “Tenemos que ocuparnos de esa situación”, enfatiza Presbot.

La representatividad política es uno de los reclamos de la comunidad y una de las soluciones que plantean los líderes comunitarios. Según informes recientes en Puerto Rico hay unos 67,000 dominicanos con derecho al voto de unos 250,000 contablizados por el censo. Una de las propuestas es lanzar un candidato a nivel local para el distrito cuatro de San Juan que queda vacante con la salida de Liza Fernández. De hecho Ruiz Lugo ha sido candidato por el PNP en el pasado y no se descarta como posible aspirante a la silla. Pero según Ramírez el asunto del abuso policial lo han tratado de resolver de diversas maneras. Han hecho reclamos al alcalde de San Juan, Jorge Santini y al comandante interino de la policía municipal, Pablo Rodríguez. Le sugirieron un patrullaje de las zonas dominicanas que incluya a oficiales dominicanos. Esta táctica es de uso común en las grandes ciudades de Estados Unidos donde para evitar la discriminación dentro de los cuerpos policiales se esfuerzan por reclutar agentes de los grupos minoritarios.

 “Esa fue una de las cosas que le propusimos al superintendente Figueroa Sancha “, explica, William Ramírez, director del American Civil Liberties Union (ACLU) capítulo de Puerto Rico, “se le hizo la oferta de darles talleres de derechos civiles a la policía”. El licenciado Ramírez está en New Orleans participando de una conferencia amplia sobre derechos civiles a la cual asisten abogados y agentes de ley y orden, incluyendo al superintendente de la policía de la ciudad. “Esto es algo que no se ve en Puerto Rico, al superintendente hablando con abogados de derechos civiles”.

Pero el abogado entiende que el informe del Departamento de Justicia Federal es sólo el comienzo de una serie de cambios necesarios en la uniformada. “La reacción de la policía y del gobernador de Puerto Rico es como si esto fuera una recomendación amigable de unos socios. Esto es un informe serio y se tiene que cumplir con las recomendaciones, las pueden cumplir voluntariamente o por orden del tribunal y para eso estamos nosotros aquí, para vigilar que se cumplan”, concluyó Ramírez.